El Comercio-Marcela Mendoza Riofrío

El 31 de mayo el Tribunal de Contrataciones de la Ocse decidió que los pedidos de reconsideración de Telefónica del Perú no tenían lugar y ratificó por la vía administrativa las sanciones aplicadas al operador: suspenderlo por seis meses de brindar servicios al Estado.

Los casos por los que se aplicó dicha sanción fueron dos: uno por un proceso en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otro en el Despacho Presidencial (DP). 

En el caso del DP, el 2 de mayo se había declarado que se le daría una sanción de suspensión de seis meses porque no presentó información exacta sobre un proceso de capacitación. Telefónica pidió reconsiderar la medida y el 31 del mismo mes esta fue ratificada. 

Según figura en el texto de la Resolución N° 1422-2019-TCE-S2, Telefónica había presentado certificados de capacitación en control de incendios y uso de videocámara al personal del despacho a fines del 2015, pero luego de una auditoría se determinó que no existió la capacitación pues los trabajadores refirieron no haberla recibido.

Telefónica alego que no tenía necesidad de alterar la información porque no recibiría ningún beneficio con ello y que dicha capacitación se dio al momento de entregar los equipos, pues no se necesitaba una clase especial para ello. El operador pide reconsiderar la sanción por considerarla excesiva pero el Tribunal no lo consideró procedente. 

El MEF consideró que no se habían cubierto todos sus requerimientos y procedió a anular el contrato.

OBSERVACIONES DESATENDIDAS
En el caso del MEF la sanción también fue impuesta el 2 de mayo y el respectivo pedido de reconsideración de Telefónica rechazado el 31 del mismo mes.

La Resolución 1434-2019- TCE-S4 señala que el operador español fue responsable de que el MEF resuelva el Contrato N° 010-2016-EF/43.03.SAU al no haber atendido las observaciones realizadas a su servicio en el 2016. 

Se indica que el MEF comunicó a Telefónica sus observaciones y le dio el plazo de diez (10) días calendarios para subsanarlas, lo cual no ocurrió. Ante ello optaron por comunicarle por vía notarial su requerimiento, pero no obtuvieron la respuesta esperada y se procedió a resolver el contrato.

Telefónica alegó que sí había cumplido con subsanar las observaciones y no había causa para resolver el contrato.Además estableció que se acudió a una conciliación y a un arbitraje por la materia.

La resolución cita que en la conciliación no se llegó a ningún acuerdo y que el arbitraje fue concretado fuera del plazo previsto por ley (debió darse en 15 días) por tanto se mantiene la falta. La mayoría de miembros del Tribunal votó a favor de no eliminar la sanción y hubo un voto dirimente que pidió reducirla a tres meses.​

Un contrato importante para los operadores es el que permite llevar Internet a los cientos de colegios ubicados a nivel nacional.

OTROS CASOS
​A lo largo del 2018 y lo que va del 2019 en los procesos de compras públicas en la Ocse se han presentado algunas controversias que ya fueron mencionadas por El Comercio en ediciones pasadas. 

Uno de esos casos fue el concurso para brindar Internet a cuatro grupos de colegios del Minedu. El proceso fue ganado por Bitel, quien tenía un costo superior al de Telefónica por varios millones de soles. El operador español no fue calificado porque se dijo que existía un vacío o falta de precisión en la presentación del ingeniero que se encargaría del proyecto. Telefónica consideró indebida dicha medida y el caso fue remitido a Contraloría. 

Otro caso sonado fue el de la Sunat. Los otros operadores manifestaron su disconformidad porque en las bases se pedía que una parte de la conexión se diera en cobre, que es bastante menos veloz que la fibra óptica y es el estándar en todos los concursos actuales, incluido el antes citado del Minedu.

Telefónica, quien ganó esta licitación, ya era proveedor de la Sunat con anterioridad y tenía desplegado enlaces de cobre en diversas sucursales, el cual no tendría que reemplazar, lo que le permite manejar menores costos en sus ofertas. 

El Comercio-Marcela Mendoza Riofrío

El tribunal de la OCSE ha sancionado a Telefónica y por eso no podrá participar en ningún concurso estatal durante los próximos seis meses. Esto tendrá efectos en sus estados financieros, pero también en la relación a mediano plazo con el Estado.

Telefónica en la última década ha sido el principal proveedor del Estado de los servicios de telecomunicaciones (también está entre los más grandes entre todos los sectores) y planeaba mantenerse así, aun cuando tenía en Bitel un nuevo e intenso competidor en precios. 

Según la firma española, en los últimos dos años había ganado más del 60% de los concursos, desde ministerios hasta municipalidades, pasando por Sunat y Essalud. En el 2017 ganó el 63% de los procesos (174 de 275 concursos) en los que participó y en 2018 el 69% (218 de 317 procesos). Para el 2019 tenían ya en el primer trimestre el 58% ganado (38 de 66).

Donde no era un fuerte proveedor era en los grandes proyectos de infraestructura que se licitaron en Proinversión en los últimos cinco años. La Red Dorsal (US$330 millones) estuvo a cargo de la mexicana Azteca y las 21 redes regionales (unos US$1.800 millones) están en manos de varias empresas, siendo la más grande Gilat con unos US$549 millones. Telefónica solo tiene una red en Lambayeque (US$ 59 millones). 

Se esperaba que la Red Dorsal y las regionales ya estuviesen atendiendo a diversidad de entidades estatales, colegios y postas. Pero dados los retrasos, el Minedu, por ejemplo, todavía acude a la OSCE para contratar servicios de Internet y ahí concursan los operadores móviles, como Bitel y Telefónica. Pero Telefónica no podrá hacerlo por seis meses. 

Se estima que al menos por unos tres años más las diferentes entidades estatales seguirán licitando estos servicios por su cuenta hasta que las regionales estén listas. Por tanto, poder concursar sigue siendo importante. 

Dar acceso a Internet en colegios era uno de los proyectos que le interesaba a Telefónica mantener este año. (Ilustración: Giovanni Tazza / El Comercio)

CONSECUENCIAS VARIADAS
La relación de Telefónica con el Estado es muy amplia y va más allá de las ventas por servicios y equipos que se hace a través de la OSCE, opinó Carlos Huamán, director de DN Consultores. 

El operador aporta impuestos, pero además tiene un compromiso de contribución y compromiso social para reducir la brecha digital, explicó. Desde los teléfonos públicos en zonas rurales hasta las conexiones en Loreto, pasando a la más reciente creación de IpT, un proyecto que busca elevar la conectividad rural. 

Si bien la sanción es para nuevas ventas de servicios al Estado y no afecta todo lo ya contratado y comprometido – se sigue atendiendo a los clientes públicos con normalidad – cae un velo negro que afecta la imagen del grupo, pone una pausa en algunas iniciativas y puede generar recelo en los socios para la gestión de nuevas acciones sociales. 

ENTRE 2017 Y 2019 ( PRIMER TRIMESTRE) TELEFONICA HA GANADO CONTRATOS EN EL ESTADO POR UNOS S/ 663 MILLONES. 

Huamán precisó que las consecuencias se pueden extender más allá de los seis meses. Si bien no pueden concursar hasta diciembre, los contratos que se realizan son por lo general para brindar servicios por tres años (en algún caso solo 12 meses). Eso quiere decir que quien no gana o no concursa pierde a un cliente por un periodo más largo que el medio año de sanción.

En los estados financieros se sentirá la pérdida en ingresos a fin de año. Podrían ser unos S/ 140 millones si consideramos la mitad de lo generado el 2018 ( S/ 287 millones) o hasta un poco más si vemos que ya en el primer trimestre se habían cerrado negocios por S/ 192 millones. 

Eso significará que dejará de recibir al menos el 2% de lo facturado anualmente. Monto elevado si consideramos que más o menos eso es lo que perdió en su balance del 2018 y que se había propuesto reflotar con mejor desempeño de Movistar en el segmento móvil. 

Alejandro Jimenez, ex gerente del Osiptel, consideró que el daño incluso es mayor porque puede llegar hasta los S/600 millones. Hay que considerar, dijo, que no podrá renovar contratos en ningún nivel del Estado, tampoco hacer adendas de extensión por proveedor único ni participar en nuevas licitaciones.

Telefónica viene arrastrando dos años de decrecimiento y esto la ha llevado incluso a reformular sus gastos, optando por vender inmuebles y torres (la semana pasada acordó la venta de más de 600) para optar por el arrendamiento. En ese contexto, perder algunos ingresos es inconveniente y perjudicial para todas las empresas del grupo y no solo la división de ventas corporativas.