La decisión del Poder Ejecutivo de habilitar a cinco cableoperadores a dar Internet fue sólo el comienzo de una nueva etapa de debate sectorial en Uruguay. Ahora, el gobierno presentó su proyecto de Rendición de Cuentas e incluyó en él, tal como lo había prometido, la propuesta de derogar la Ley de Medios vigente. Aunque la iniciativa es la de mayor impacto, no es la única que atañe al mercado y que, por incorporación u omisión, avivará las llamas en una discusión que recién comienza.

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Fue el pasado 30 de junio que el gobierno envió al Parlamento su propuesta para que sea discutida por la Cámara de Diputados primero y el Senado después. Son 304 artículos que, según sus defensores, garantizarán un refuerzo para los sectores como la educación, ciencia y tecnología y la educación pública. En la exposición de motivos hay un apartado específico de innovación y se contempla a las telecomunicaciones dentro de las misiones en materia de infraestructura. También se proponen cambios en la Ley de Protección de Datos Personales.

Derogación de la Ley de Medios

El artículo 206 es el que estará en el centro del debate en materia sectorial. Es el que proclama expresamente la derogación de la Ley 19,307, así como sus disposiciones modificatorias, concordantes y reglamentarias. En el siguiente apartado (207) se restablece la vigencia de las disposiciones afectadas por dicha ley y en el posterior (208) se indica que las concesiones otorgadas durante su vigencia se mantendrán en los términos establecidos en los actos administrativos correspondientes.

La derogación de la Ley de Medios promulgada por la administración de José Mujica fue una de las promesas del gobierno actual, incluso desde antes de convertirse en oficialismo. La discusión parlamentaria promete poner trabas a la continuidad de estos artículos dentro de la propuesta pero, si prospera, redundará, por ejemplo, en que ya no exista la prohibición para que cableoperadores ofrezcan Internet, en que no haya limitaciones a la titularidad de servicios de TV para abonados y que ya no exista el límite de 25 por ciento que hasta ahora aplica como máximo de suscriptores que podrá tener un único operador del servicio.

Lo que sigue llena, al menos parcialmente, los espacios que dejaría la eliminación de la normativa vigente. El artículo 210 proclama que las personas con discapacidad deberán tener derecho a la accesibilidad de los servicios de comunicación audiovisual para lo que, entre otros aspectos, se incorporarán sistemas de subtítulos, lenguaje de señas o autodescripción (artículo 211), en especial los contenidos de interés general como informativos, educativos, culturales y acontecimientos relevantes. Además, se avanzará en fomentar la producción de contenidos nacionales y la formación de profesionales afines, según el borrador.

Otro punto relevante: aunque quede sin efecto la Ley de Medios, seguirá vigente su artículo 39, pues el proyecto de Rendición de Cuentas propone que se mantenga la transmisión de partidos de las selecciones de fútbol y básquet por TV abierta. ¿Cómo lo especifica? Advierte que “no correrá exclusividad de transmisión” en encuentros internacionales de estos seleccionados. Esos eventos, si son transmitidos por TV, “deberán estar disponibles a través de un servicio de radiodifusión de TV abierta”. Tendrá que estar disponible en vivo y en directo –no diferido–.

Bloqueo de contenido ilegal

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) podrá solicitar la inhabilitación en tiempo real del acceso a contenidos ilegales de eventos deportivos en directo en línea, indica el artículo 215. Para esto debe haber una denuncia del titular de los derechos o su representante, a partir de la cual se podrán dictar medidas cautelares de bloqueo que se ejecutarán temporalmente, por un plazo no mayor a 30 días. Los proveedores de acceso a Internet o intermediarios deberán retirar las emisiones ilegales lo más rápido posible hasta un máximo de 30 minutos desde la notificación.

Sobre este punto, se agrega que “a efectos de evitar el bloqueo de contenido legal, la Ursec deberá promover el bloqueo del acceso completo a un servidor que aloja servicios y contenidos legales, sino únicamente al contenido ilegal”. También se pregonará la cooperación entre ISP y titulares de derechos. El artículo previo, el 214, hace énfasis en que si bien los intermediarios o ISP no son responsables por los datos almacenados o transmitidos, “deben actuar con prontitud para retirar el contenido o hacer que el acceso a él resulte imposible” en cuanto tenga conocimiento de que se haya ordenado retirarlo. Más tarde se busca sustituir el artículo 712 de la Ley 19,924, que atañe a la difusión de contenidos a través de Internet o red similar con fines comerciales por parte de personas no legitimadas a ofrecer dicho contenido.

Planes para Antel y otros

En la exposición de motivos hay detalles sobre los planes para la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel),  empresa en la que, según el texto, se alcanzó un 37 por ciento de ejecución del plan previsto de inversiones para la actual administración –de 811 millones de dólares. La estatal apuntará a ampliar sus redes para alcanzar nuevos clientes; proyecta seguir con el despliegue de fibra óptica, con foco en el interior del país y se propone “comenzar a adquirir parte del equipamiento necesario para avanzar en el despliegue de la tecnología 5G”.

También en la exposición de motivos, el apartado con foco en la innovación señala que “teniendo en cuenta las capacidades existentes en el país, se entiende que hay áreas donde el país debe apostar a fortalecer y desarrollar ecosistemas dinámicos y empresas de alto valor agregado”. En consecuencia, se propone priorizar tres segmentos: la tecnología digital aplicada a innovación; la biotecnología, aplicada a la salud humana y animal, nuevos materiales y alimentos avanzados, la vacuna y la farmacéutica y la tecnología verde: las energías renovables, los nuevos combustibles y nuevos materiales asociados a la economía circular.

Hay otros artículos con impacto indirecto en el sector, entre ellos los significan la reasignación de presupuesto para áreas audiovisuales, el que crea un fondo con destino a la financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación liderado por jóvenes y aquél por el que se da al Ejecutivo facultad para constituir el Fondo de Desarrollo Audiovisual y Cultural para los Medios Públicos. También se indica que los funcionarios públicos con más de cinco años de actividad en Ursec podrán solicitar su incorporación definitiva.

El apartado 290, en tanto, indica que la Agencia de Información y Gestión del Sistema Nacional Integrado de Salud, conjuntamente con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic) suscribirán un acuerdo de complementación técnica y de servicio de tecnología para asegurar la continuidad operativa y los planes de trabajo en el marco del Programa Salud.uy. Se encomienda, en este sentido, al Ejecutivo que determine la fecha de suscripción del acuerdo entre las partes.

Quejas

“Nos preocupan los artículos 214, 215 y 216”, dijo a DPL News Raúl Echeberría, director Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI). “El objetivo es compartido pero, tal como fueron propuestos, aportan más riesgos y problemas que beneficios”, indicó para luego agregar que “si bien es claro que se busca atacar la transmisión ilegal de señales televisivas, el texto actual refiere a un conjunto mucho más amplio de contenidos audiovisuales, lo cual es negativo”.

Para la asociación, los puntos abordados en esos ítem requieren “mucha más discusión”. Adicionalmente, considera que los mecanismos de bloqueo de contenidos en tiempo real “no ofrecen suficientes garantías y ponen responsabilidad excesiva en los hombros de distintos participantes de la cadena”. La propuesta de ALAI es no modificar al momento el artículo 721 de la ley 19,924 ni agregar nuevos mecanismos que ya fueron considerados y desechados tras el debate de esa normativa.

En los mismos artículos (y en otros) concentraron sus quejas otras entidades. El Director Ejecutivo de Observacom, Gustavo Gómez, señaló en su cuenta de Twitter que la propuesta da “más poderes al regulador para ordenar a redes sociales y telefónicas a eliminar contenidos audiovisuales y bloquear cuentas y sitios Web sin orden judicial”. En este contexto, coincidió en que “la Rendición de Cuentas no es el lugar (ni da tiempo suficiente) para analizar y debatir cuestiones tan complejas”. También señaló que derogar la Ley de Medios generaría un serio retroceso en materia de libertad de expresión.

“No obstante, tal como se propone el artículado, es importantísimo que se generen mayores instancias de cooperación público-privada y entre los privados en ese tema. En eso estamos totalmente de acuerdo con el gobierno”, retomó Echeberría, que se mostró optimista en poder conversar sus comentarios en las instancias venideras. Mientras tanto, analizarán las implicancias de otros artículos, como aquellos que introducen modificaciones a la ley de protección de datos personales. “La discusión recién comienza, hay tiempo para tener posiciones más concluyentes”, concluyó.

También presentó su postura la Asociación Mexicana de Defensores de Audiencias (AMDA), la cual consideró que “la derogación de la ley de Medios implicaría un grave retroceso en distintos ámbitos: mayor concentración de medios en pocas manos, discrecionalidad y, por tanto, menos transparencia en el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión; eliminación del derecho a la objeción de conciencia, se acabaría la autonomía de los medios públicos y regresarían las obsoletas facultades para cerrar medios de comunicación que, por ejemplo, afecten 'la imagen y el prestigio de la República'”.

En una carta firmada por su presidenta, Beatriz Solíz Leree, la entidad hizo énfasis en un punto que fue el más discutido fuera del debate puntual en materia sectorial: “Como lo han advertido diversas organizaciones en la sociedad de Uruguay, (de aprobarse el proyecto) se restituirían normas aprobadas durante la dictadura en los años setenta y ochenta y que son contrarias a los estándares internacionales de libertad de expresión y derecho a la información que se han impulsado a través de distintos mecanismos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CICH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.

En cuanto a los derechos de las audiencias, agregó AMDA, “una mayor concentración (...) y el debilitamiento en la autonomía de los medios públicos tiene una afectación muy grave en la pluralidad, diversidad y la inclusión de los contenidos y es fuente para alentar lo que ha combatido desde hace décadas como los discursos de odio y discriminación, entre otros. (...) También se modificaría el reconocimiento de los derechos de las audiencias y las bases fundamentales para su tutela”. En este contexto, la asociación pidió que “se impida esta acción antidemocrática y la reforma a la ley de Medios sólo se centró en los artículos que de acuerdo a la Corte tuvieron problemas de inconstitucionalidad”.

Impacto por omisión

No aparecen en la propuesta dos artículos que sí fueron parte de la partida el año pasado, pero que no se mantuvieron tras el trámite parlamentario. No figura en esta nueva propuesta la creación de un Fondo Nacional de Telecomunicaciones ni tampoco aparece el apartado que disponía que las transferencias en la titularidad de los servicios de comunicaciones –incluido acciones– deberían contar con previa autorización del Poder Ejecutivo.

También hay que hablar de omisión de un viejo reclamo de los privados: la propuesta del gobierno ni siquiera menciona la posibilidad de incluir obligaciones de compartición a Antel. El punto quedará, al menos con esta redacción, entre los pendientes de una eventual nueva Ley de Medios, que se ha debatido también largamente en Uruguay aun con otra normativa como parte de la legislación vigente.

Lo cierto es que hay una larga lista de artículos del proyecto de Rendición de Cuentas que rozan el sector. El corto tiempo que existe para el debate y lo complejo de los temas a tratar –y que estos no han podido resolverse en discusiones más específicas– es el alma de las quejas y un arma que podría terminar por declinar la posibilidad de que los ítems mencionados permanezcan en el documento definitivo. Los que sí sean incorporados se sumarán a la normativa del sector, que está en proceso de cambios en Uruguay.

Expansión – Ana Luisa Gutiérrez

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pasa por un momento de debilitamiento interno debido a la falta de tres comisionados de los siete que requiere para contar con un Pleno completo, sumado el rechazo de las ternas de comisionadas por parte del Ejecutivo, lo cual hará más complicada la entrada de nuevos funcionarios al organismo. En este contexto, los especialistas en el tema aseguran que es necesario que el ente regulatorio promueva una controversia constitucional para defender su autonomía.

Michel Hernández Tafoya, presidente de Observatel, dice que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador haya considerado inválidos los perfiles a candidatas al IFT, su resolución no es definitiva, ya que el que deberá validar dichas ternas es un tribunal o, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, aunque Observatel continuará con el procedimiento de amparo de la determinación del Ejecutivo, este proceso será largo. Por ello, Hernández considera que ya es necesario que el IFT promueva una controversia constitucional, en un escenario en el que el primer mandatario sigue amagando a los entes autónomos, si bien ya no con advertencias de desaparición, sí a través de su debilitamiento interno y recortes presupuestarios.

“Cuando se reforma la constitución para crear al IFT también se le otorgan algunos mecanismos como la controversia constitucional para defender su autonomía. Y si sus facultades están en juego, a mí me parece que esos comisionados están obligados por lo menos a discutirlo, y si no lo hicieron en la gestión de Cuevas me parece que fue por la falta de interés ante la defensa institucional. Por eso yo creo que sí cambian las condiciones a partir de la llegada de Juárez y es probable que sí se haga (la controversia constitucional)”, aseveró el presidente de Observatel.

Expansión buscó al Instituto Federal de Telecomunicaciones pero no emitió postura a la publicación de este texto.

El IFT ha tenido recortes presupuestarios en los últimos tres años. De 2018 a 2021, pasó de 1,998 millones de pesos a 1,510 millones de pesos, lo que representó una caída de 24.4%. La disminución en su gasto anual llevó al órgano regulador a plantear la cancelación o aplazamiento de proyectos en 2020 para ajustarse a lo que le fue asignado.

AMLO rechaza la lista de aspirantes a comisionadas para el IFT y la Cofece

Además de una reducción presupuestaria, el órgano regulador enfrenta una crisis de recursos humanos que incluso lo ha llevado a modificar su estatuto interno para operar con sólo cuatro comisionados.

Para Jorge Moreno Loza, abogado de telecomunicaciones y titular del despacho Expanzione, la falta de comisionados ya está pasando factura al IFT al no permitirle atender otros temas. Actualmente, señala el experto, se ha centrado en regular y supervisar a los operadores del sector, pero ha olvidado temas como el desarrollo de infraestructura o las políticas para el cierre de la brecha digital.

“Al final de cuentas aquí hay un tema real: aunque el IFT es la autoridad independiente para regular el sector de las telecomunicaciones, la política pública y materia digital y de telecomunicaciones sigue siendo principalmente de la SICT y por ende depende del Ejecutivo”, comentó Loza.

La importancia de abrir el diálogo

Además de una controversia constitucional, los especialistas señalan la importancia de un diálogo entre el IFT y el gobierno, porque el debilitamiento del regulador no sólo afecta su funcionamiento sino también las sinergias con las dependencias de gobierno como la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes (SICT) para lograr una política pública encaminada al cierre de la brecha digital.

Esta situación ya es visible. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el IFT y SICT no cuentan con una coordinación para avanzar en la estrategia de cobertura de conectividad para todo el país, a través de la instalación de internet inalámbrico.

La SICT asegura que el Instituto no ha proporcionado los programas de cobertura social que concertó con los prestadores de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión para cuantificar el avance de los programas de cobertura social en 2020.

“El IFT debe acercarse al ejecutivo de una forma distinta porque hacia fuera se nota una total desconexión entre el ejecutivo y el Instituto, creo que si lo queremos es abonar y crecer debe haber una mesa de diálogo”, expresó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió al amparo promovido por Observatel para que enviara sus propuestas de candidatas y candidatos para el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a las que dijo que las listas carecen de validez. 

Así lo dio a conocer el Observatel y su director general, Michel Hernández, quienes señalaron su preocupación por la falta de elección de comisionadas y comisionados por parte del Ejecutivo federal. 

“Como parte del juicio de amparo promovido por Observatel A.C. para que el Presidente López Obrador envíe sus propuestas de candidatas y candidatos a comisionados en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y en la Comisión Federal de Competencia Economica (Cofece), el titular del Ejecutivo rindió su informe en el que señala que las convocatorias y los procedimientos que dieron lugar a las seis listas que le fueron enviadas por el Comité de Evaluación para ocupar el mismo número de cargos vacantes carecen de validez, bajo el argumento de que fueron emitidas únicamente por dos de los tres miembros que deben integrar el Comité”, señaló el Observatel en un comunicado. 

Observatel señaló que la Constitución establece que el Comité de Evaluación, encargado enviar al Ejecutivo las listas de candidatas y candidatos, estará integrado por los titulares del Banco de México (Banxico), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sin embargo, el 15 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Reforma Constitucional en Materia Educativa por medio del cual desapareció el INEE.

En ese sentido, señaló Observatel, el Ejecutivo argumenta que para considerar legalmente constituida el Comité de Evaluación se debió incorporar a dicho órgano a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) de la Secretaría de Educación Pública y como esto no sucedió el Presidente “no se encuentra en aptitud legal de proceder a seleccionar y proponer al Senado de la República a candidatos para ocupar los cargos de comisionados”. 

El Observatel advierte que el Decreto de reforma en materia educativa no prevé la participación del CNSPD en el procedimiento constitucional para la selección de candidatas y candidatos a comisionados del IFT y Cofece. 

Asimismo señala que en procedimientos anteriores en los que el Comité de Evaluación ya se encontraba integrado únicamente por dos miembros a causa de la desaparición de INEE, el Ejecutivo sí ha seleccionado candidatas para ocupar el cargo de comisionadas tanto en Cofece como en IFT. Observatel recordó el caso de Ana María Reséndiz Mora, quien fue ratificada como comisionada de Cofece el 29 de septiembre de 2020 por el Senado de la República, y dos candidatas a comisionadas en IFT que posteriormente fueron rechazadas en el Senado.

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“Por otra parte, el argumento del Ejecutivo es preocupante porque todo indica que el presidente López Obrador no seleccionará a las candidatas y candidatos a comisionados del IFT y Cofece de las listas que ya le fueron enviadas por el Comité de Evaluación, salvo que el Poder Judicial lo ordene. En ese sentido, el amparo de Observatel y la Controversia Constitucional presentada por la Cofece para que el Ejecutivo cumpla con este mandato constitucional resultan fundamentales para la integración y funcionamiento adecuado de estos dos órganos constitucionales autónomos que actualmente no pueden ejercer todas sus facultades, ya que algunas requieren el voto de al menos cinco comisionados y al dia de hoy se integran únicamente por cuatro, respectivamente.

“Observatel presentará ante el Juzgado de Distrito encargado de resolver el amparo, los alegatos correspondientes para desvirtuar este y otros argumentos del Ejecutivo que buscan extender por tiempo indefinido la situación actual en la que operan estos órganos”, dijo Observatel. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe hacer públicos los proyectos de resolución de las acciones de inconstitucionalidad y de la controversia constitucional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) en México, exigieron diversas organizaciones civiles en una carta enviada al ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Se trata de los Proyectos de Resolución de las acciones de Inconstitucionalidad 82/2021 y su acumulada 86/2021, y de la Controversia Constitucional 71/2021 promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por diversos senadores integrantes de la LXIV Legislatura y por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), respectivamente, exige la carta.

De acuerdo con las organizaciones firmantes, es urgente transparentar dichos documentos, ya que se trata de un tema con “graves, inminentes y potencialmente irreversibles riesgos” si se crea un padrón celular que contempla la recopilación de datos biométricos.

“Sin perjuicio de que quienes suscribimos esta carta no tenemos ningún elemento para dudar de la integridad y honestidad de los impartidores de justicia que han resuelto y resolverán las demandas relacionadas al Panaut, no se puede soslayar el impacto, real o percibido, de estos actos de intimidación, como los que han emprendido el Presidente de la República y otros funcionarios para minar la independencia y autonomía de la judicatura, lo cual obliga a este PJF (Poder Judicial Federal) a privilegiar la transparencia de sus deliberaciones y decisiones en este asunto.

“Por ello, las organizaciones que suscribimos esta carta reiteramos nuestra solicitud de que los proyectos de resolución de las acciones de inconstitucionalidad y la Controversia Constitucional mencionadas sean publicadas con suficiente anticipación a su discusión por parte del Pleno, de manera que los argumentos presentados por organizaciones de la sociedad civil por vía de Amicus Curiae sean considerados oportunamente y la SCJN se encuentre en una mejor posición para resolver un asunto de enorme trascendencia para la vigencia de los derechos humanos en México”, dice la misiva.

Las organizaciones recordaron que a raíz de las decisiones del Poder Judicial Federal en este asunto, se emprendió una campaña pública de hostigamiento desde el gobierno federal en contra de jueces encargados de procesar las demandas de amparo, incluyendo campañas de desprestigio en conferencias de prensa y la utilización del aparato del Estado para investigar al personal judicial.

Algunas de las organizaciones firmantes son la Red en Defensa de los Derechos Digitales; Observatel; Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad; Artículo 19, entre otras.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicaron una actualización de los derechos mínimos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones en México, sin embargo, especialistas cuestionan algunos puntos.

La nueva carta de derechos incluye 138 derechos, a diferencia de la anterior que tenía únicamente 41.

Michel Hernández Tafoya, director General de la asociación civil Observatel, cuestionó algunos derechos, ya que considera que la carta no es tan amigable para los usuarios, además de que eliminaron algunos derechos importantes.

El especialista explicó que en el tema de desbloqueo de teléfonos, la carta anterior establecía que los usuarios tenían derecho a que les informaran por escrito si el equipo se entregaba desbloqueado, además del derecho que tenían de desbloquearlo una vez pagado el dispositivo. No obstante, en la nueva carta se eliminó la obligación de informar, y da un plazo de 24 horas para que la compañía telefónica desbloquee el dispositivo.

También señaló que es de llamar la atención que aunque la banda ancha es un derecho humano, y el IFT publicó el 27 de diciembre los parámetros aplicables, en la nueva carta no se hace mención al derecho que tienen los usuarios a recibir este servicio bajo esos parámetros.

Hernándes Tafoya destacó, asimismo, que en la nueva carta se incorporan derechos en materia de neutralidad de la red; sin embargo, acusa que “la redacción es cuestionable y engañosa porque reconoce el derecho a acceder a contenidos, aplicaciones y servicios ofrecidos por el proveedor, pero eso no dicen los lineamientos del propio IFT”.

“Creo que una carta de derechos mínimos debería ser más amigable para los usuarios y mucho más simple. En lo personal, me gustaba más el formato de la anterior, siento que en esta casi copian la NOM184”, aseveró.

¡Excelente lunes! Continúa con las medidas de seguridad por la pandemia de Covid-19 y acude a vacunarte el día que te corresponda de acuerdo con el plan de vacunación de  tu país. Mientras tanto, comienza la semana leyendo las noticias más importantes sobre el ecosistema digital. Aquí te las presentamos:

1. Uruguay cierra el año con promesa de portabilidad; mucho ruido y pocas nueces

En el mes de los balances, hay que decir que Uruguay tuvo mucho movimiento, pero más ruido que nueces en materia de telecomunicaciones. La portabilidad numérica antes de fin de año es una promesa que vence pronto, aunque las autoridades confían en cumplirla.

2. 5G representará tres cuartas partes de los ingresos generados por los operadores en 2026

En 2026, los ingresos generados por los servicios 5G llegarán a 600 mil millones de dólares, lo que representa el 77 por ciento de los ingresos facturados por los operadores globales, de acuerdo con un reciente estudio de la firma de investigación Juniper Research.

3. Las 5 prácticas fabulosas para garantizar la ciberseguridad en las empresas, por Cisco

La actualización tecnológica proactiva, la tecnología bien integrada, la respuesta oportuna a incidentes, la pronta recuperación ante desastres y la detección precisa de amenazas fueron las cinco prácticas principales que garantizaron la resiliencia empresarial durante este 2021.

4. Altice firma adenda y pagará 20 mdd por espectro 5G en República Dominicana

Altice firmó la adenda a su contrato de concesión con el Indotel y pagará 20 millones 678 mil dólares durante los próximos 3 años por la asignación de 70 MHz en la banda de 3.5 GHz, como parte de la subasta 5G.

5. Argentina | El Hoyo, en Chubut, ya cuenta con 4G de Claro

Como parte de su plan de expansión, Claro Argentina llevó 4G a la localidad chubutense de El Hoyo. La tecnología se puso en funcionamiento tras un proceso de actualización de la red que incluyó, además, la instalación de un enlace satelital. 

6. EE. UU. emite restricciones al transporte aéreo para evitar interferencias con 5G

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció nuevas restricciones para el transporte aéreo para evitar el uso de altímetros de radio (radares) y otros sistemas utilizados en maniobras de aterrizaje o en altitudes bajas donde las señales inalámbricas 5G podrían interferir con los instrumentos.

7. ​​México | Observatel promueve amparo por incumplimiento del gobierno mexicano en inclusión digital

El Observatorio de las Telecomunicaciones (Observatel) promovió un amparo, que le fue concedido, para solicitar que el gobierno de México dé cumplimiento a su mandato constitucional de crear una Política de Inclusión Digital Universal (PIDU).

8. #DPLTechReview | Soundform Move de Belkin: audífonos inalámbricos ultra cómodos para hablar y escuchar música por horas

Las 5 principales cualidades de los audífonos inalámbricos Soundform Move de Belkin son: su comodidad, su autonomía, su resistencia al sudor y salpicaduras, controles tácticos y su buen emparejamiento y alcance.

El Observatorio de las Telecomunicaciones (Observatel) promovió un amparo, que le fue concedido, para solicitar que el gobierno de México dé cumplimiento a su mandato constitucional de crear una Política de Inclusión Digital Universal (PIDU).

La organización civil reveló que el amparo fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, el 24 de noviembre de 2021.

“En términos generales, plantea que existe un mandato constitucional expreso para el Estado y particularmente para el Ejecutivo federal de elaborar la Política de Inclusión Digital Universal con metas anuales y sexenales.

“Los parámetros mínimos de la PIDU están definidos esencialmente en la Constitución y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, recordó el Observatel.

Asimismo, aseveró que la omisión en la que incurren las autoridades responsables vulnera directamente los derechos de los ciudadanos señalados y lastima el ejercicio de otros derechos humanos que son habilitados por las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), como la igualdad, el acceso a la educación, al trabajo y la salud, entre otros.

Observatel apuntó que dicha situación de una falta de política pública afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la población.

Asimismo, advirtió que al carecer de una política digital con metas específicas, propicia que el Estado mexicano tome decisiones que alejan a la población de la digitalización. “Por ejemplo, la imposición de mecanismos de censura en Internet como el de ‘notificación y retirada’, sanciones desproporcionadas (bloqueo) a prestadores de servicios digitales que incumplan con obligaciones fiscales, establecimiento de precios elevados de espectro radioeléctrico que dificultan el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, o el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, entre otras medidas contrarias a la digitalización que se han adoptado recientemente en nuestro país”, agregó la organización civil.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México tiene la facultad de interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que crean el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), por lo que debe hacerlo, advirtió Observatel.

La organización señaló que el Panaut vulnera derechos humanos a los que la CNDH está obligada a proteger.

“Consideramos importante destacar que las reformas a la LFTR vulneran también el principio de presunción de inocencia y los derechos de acceso a las Tecnologías de la

Información y Comunicación (TIC), y a las telecomunicaciones, incluido el acceso a banda ancha e Internet, lo que a su vez repercute de manera negativa en el ejercicio de otros derechos fundamentales reconocidos a nivel constitucional.

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“Al respecto, la CNDH se encuentra facultada para promover una acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal que vulneren cualquiera de los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Por lo anterior, hacemos un llamado para que dicha Comisión ejerza esta facultad, de manera que la SCJN pueda analizar integralmente las afectaciones que genera la creación del Panaut a los derechos mencionados”, señaló Observatel (Observatorio de las Telecomunicaciones de México) en un comunicado.

Además, la organización civil celebró la decisión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de interponer una acción de inconstitucionalidad al padrón este martes 27 de abril.

La decisión del INAI fue tomada en sesión del Pleno, y la votación para interponer dicha acción legal fue votada por unanimidad.

El Poder Ejecutivo dobló la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México, pues este último ha sido omiso ante iniciativas que afectan sus atribuciones y no las ha defendido, aseguraron especialistas.

Irene Levy, presidenta de Observatel, aseveró que las decisiones del rumbo de las telecomunicaciones y radiodifusión se toman desde Palacio Nacional y no desde el IFT como debería ocurrir.

Durante una mesa sobre los retos del IFT organizada por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Levy cuestionó el silencio del órgano regulador mexicano frente a la aprobación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que obliga al IFT a administrar y vigilar dicho registro.

La abogada dijo que no nada más se trata de tener en el papel un organismo independiente y autónomo, sino que se necesita confianza en sus funcionarios, en los procesos para nombrarlos, que se compruebe que el entorno de esos organismos se respeta la autonomía, pues en la actualidad ocurre todo lo contrario.

“De no tener esto, en realidad sucede lo que vemos hoy, existen dudas, sospechas y suficientes razones para decir: ¿sí será México realmente un país con instituciones autónomas en materia de telecomunicaciones?, ¿será México un país donde sabemos por dónde van las decisiones y que no se van a definir en Palacio Nacional?

“No le veo mucha salida, es tal el embate, tal la caballeriza que se ha lanzado en contra a los autónomos, que está muy difícil pensar cómo sobrevivir sin comprometer la autonomía”, señaló la especialista.

Acusó al IFT de ser omiso en la defensa de los usuarios de telecomunicaciones, ya que ante la aprobación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil no hizo comentario alguno.

“Desgraciadamente, creo que esto va a empeorar (…). Cuando en mi opinión, (el IFT)  tendría que haber salido con un comunicado muy potente defendiendo a los ciudadanos respecto a la reforma para crear el nuevo RENAUT, no dijo absolutamente nada.

“Este es un ejemplo para decir cómo el IFT se está plegando a lo que le dicen arriba”, aseveró Irene Levy.

Desde el martes 13 de abril, día en que el Pleno del Senado aprobó la creación del padrón, el IFT no ha dado una postura oficial a pesar de que usuarios, especialistas y organizaciones civiles han dicho que el registro violará derechos constitucionales y obligará al regulador a participar en la administración de este.

Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group, coincidió sobre la falta de postura del IFT en el tema del padrón celular y la defensa de los usuarios. Dijo también que se trata de un claro ejemplo de que el órgano regulador ha sido rebasado.

Aseveró que el Instituto, en lugar de ser un órgano autónomo garante, y defender ese papel, va a someterse a una obligación de quitarle el servicio a usuarios que no se registren en el padrón.

“En este instante el IFT puede estar marginando a muchos mexicanos de sus derechos por no hablar o ser omiso. Lo que estamos viendo en esta creación del padrón es el surgimiento de una barrera para el ejercicio de derechos fundamentales. Eso no puede suceder. El IFT no puede quitar esos derechos”, apuntó Negrete.

 La foto que puso en duda al IFT

Jorge Fernando Negrete, quien también participó en la ponencia organizada por la Barra Mexicana de Abogados, recordó la fotografía en Palacio Nacional de la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador junto con los CEOs de AT&T, América Móvil, Telefónica, Altán Redes, el director de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, y el titular de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional para anunciar un contrato de interconexión, donde no hubo representación del órgano regulador.

“Lo que no me gustaría ver es esa foto que se tomó el presidente junto a los dueños de las empresas para anunciar, junto con Altán, un contrato de interconexión. Este es el tipo de preocupación que tenemos al respecto”, comentó.

Irene Levy coincidió con Negrete respecto a esa reunión y esa fotografía que se convirtió en un símbolo que elimina al IFT como órgano garante y regulador del sector.

“Es una pésima y terrible noticia el simbolismo de esa fotografía de AMLO teniendo de un lado a Raymundo Artis, del otro a Emiliano Calderón de la supuesta estrategia digital, y a los operadores. Esa fotografía destruye completamente la confianza en las instituciones y específicamente destruye la idea de tener un organismo constitucional autónomo.

“Regresamos a esa idea de que las decisiones en materia de política pública se toman en Los Pinos (hoy en Palacio Nacional); esa imagen destruye la autonomía del IFT en esa dimensión de respeto del entorno a esta Institución, y ya ni hablamos de la iniciativa de Monreal y todo el torpedeo para desaparecer al IFT”, agregó Irene Levy.

Al gobierno de México le falta compromiso sobre el desarrollo de la Política de Inclusión Digital Universal (PIDU) y la Estrategia Digital Nacional (EDN), políticas que a más de dos años de la nueva administración federal no se han desarrollado, reveló Michel Hernández, Consejero de Observatel.

El miembro de Observatel publicó las respuestas a solicitudes de información hechas al gobierno federal sobre las estrategias mencionadas; sin embargo, las instituciones consultadas contestaron en algunos casos que no eran sus atribuciones, o bien que la estrategia seguía aún en construcción. Incluso, algunas mostraron desconocimiento del tema.

El documento señala que las instituciones encargadas de desarrollar la PIDU son, de acuerdo con el marco jurídico, la Oficina de la Presidencia a través de la Coordinación de la EDN, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); mientras que a la Secretaría de la Función Pública le correspondería vigilar la aplicación de algunas estrategias o políticas asociadas a la PIDU.

Michel Hernández solicitó a la Oficina de Presidencia información sobre la PIDU, y la respuesta que recibió fue que realizaron una búsqueda exhaustiva; sin embargo, no encontraron documentación al respecto en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, por lo que pidieron que se hiciera la solicitud a la SCT, pues ellos son los encargados de conducir y elaborar las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión. 

Al no ser su atribución, el Consejero de Observatel consultó a la Oficina de la Presidencia sobre la EDN, y ésta contestó que “al momento (28 octubre 2020) no se ha concluido el trabajo de elaboración de dicho documento”.

También solicitó información a la SCT sobre la PIDU y su respuesta fue la siguiente: “La política de Inclusión Digital Universal continúa en desarrollo y construcción (10 julio 2020), ya que consta de varios elementos tales como el Programa de Cobertura Social y el Programa de Conectividad de los Sitios Públicos más los que se implementen en el futuro. Por lo tanto, la Política de Inclusión Digital Universal no está concluida”.

Además, la SCT aseveró en la misma respuesta que las acciones y desarrollo de dichos programas están a cargo de la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. No obstante, Hernández señala que en el Acuerdo de Creación de dicha empresa pública no hace referencia alguna sobre dichas obligaciones y atribuciones.

El Consejero de Observatel acudió entonces a solicitar información a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, pero su respuesta no estuvo relacionada con la PIDU.

“Pareciera incluso que CFE Telecomunicaciones no está al tanto de la existencia de un mandato constitucional a cargo del Ejecutivo relativo a la elaboración de la PIDU”, señala el documento.

Asimismo, el documento muestra la consulta hecha a la Secretaría de la Función Pública, quien en su respuesta refirió a la política fijada por la Administración de Enrique Peña Nieto sobre la EDN 2013-2018.