El Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina (Enacom) emitió su aporte de información técnica a la Comisión Nacional de la Competencia (CNDC) respecto de la solicitud de compra de Telefónica por parte de Telecom.

Según pudo saber DPL News el documento incluye las siguientes obligaciones para el comprador, las cuales debería cumplir en un plazo no mayor a 24 meses:

• Desinversión de 6 millones de clientes móviles con la respectiva infraestructura asociada, de los cuales 4 millones corresponden al Área Metropolitana de Buenos Aires, 1 millón a la región norte y 1 millón a la región sur.
• Devolución de 130 MHz de espectro. Esto será por etapas, iniciando con 60 MHz inmediatos a nivel nacional, 10 MHz en el norte y 10 MHz en el sur.
• Devolución de clientes de Internet fija en sitios en el que excede 50% de participación minorista y de clientes de acceso a Internet fija para ingreso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Pago de deudas del Fondo de Servicio Universal e infracciones al sistema TIC.
• Desistimiento del 100% de las acciones judiciales contra el Estado.

La opinión del Enacom es parte del proceso que está llevando la CNDC, ahora es esta entidad la que deberá expedirse sobre los remedios finales para avalar la operación. DPL News consultó con Telecom, quien detalló que al momento no ha sido formalmente notificada de ninguna resolución ni recomendación de ningún organismo gubernamental

La operación fue anunciada hace más de un año por mil 245 millones de dólares. Para el comprador, fue un paso en su estrategia de inversión en el plano local, que le permitiría “aumentar su oferta de servicio y velocidad con una red más robusta, federal y homogénea”. Para Telefónica, en tanto, la desinversión local fue parte de su estrategia de salida de Hispanoamérica, territorio en el que ahora solo mantiene operaciones en México y Venezuela.

Claro Brasil dio luz verde a una nueva captación de gran volumen en el mercado financiero. En una asamblea general extraordinaria realizada el 15 de diciembre, los accionistas aprobaron la 17ª emisión de debentures de la compañía, que puede alcanzar hasta R$ 3,000 millones (alrededor de US$ 543.8 millones). Los recursos se destinarán a proyectos de inversión en infraestructura del sector de telecomunicaciones.

La emisión se realizará mediante una oferta pública, dirigida exclusivamente a inversores profesionales, bajo el régimen de registro automático de la Comisión de Bolsa y Valores. Las debentures no serán convertibles en acciones y no cuentan con garantías específicas, algo habitual en este tipo de operación. Los títulos vencerán recién en enero de 2036, con el inicio de la amortización previsto sólo a partir de 2034.

Según el acta de la asamblea, los recursos captados se utilizarán para financiar nuevas inversiones, reembolsar gastos ya realizados o amortizar financiamientos vinculados a un proyecto considerado prioritario por el Ministerio de Comunicaciones. Este encuadre permite que la operación se rija por las normas de las denominadas debentures incentivadas, que ofrecen beneficios tributarios a los inversores.

La remuneración de los títulos estará indexada a la inflación, medida por el IPCA, con pago de intereses semestrales. La tasa final aún se definirá en el proceso de bookbuilding, dentro de los límites aprobados por los accionistas.

Cinco días

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prosigue su ofensiva para liberar a Telefónica de las obligaciones como operador dominante que heredó de su situación como exmonopolio. La última iniciativa en este sentido ha sido la apertura de un proceso de información pública para que Telefónica deje de prestar el servicio mayorista de líneas alquiladas tradicionales de la oferta de referencia de líneas alquiladas (ORLA-T), según figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes. Esta oferta, conocida en la jerga reguladora por el acrónimo ORLA, regula los servicios mayoristas que Telefónica ofrece a sus competidores para que estos puedan conectar clientes empresariales mediante circuitos, con un ancho de banda garantizado y simétrico, a sus propias redes troncales, según explica la CNMC. El trámite de información pública se extenderá durante un mes para que cualquier persona física y jurídica pueda formular observaciones o sugerencias.

Leer más: https://cincodias.elpais.com/companias/2024-11-19/la-cnmc-prosigue-su-ofensiva-para-liberar-a-telefonica-de-sus-obligaciones-como-exmonopolio.html

Diario Financiero

Determinar la cantidad de antenas bajo el atenuante de fuerza mayor y la compensación del daño económico son los mayores nudos de la disputa.

Leer más: https://www.df.cl/empresas/telecom-tecnologia/multa-a-wom-por-5g-seguira-suspendida-tras-rechazo-de-tribunal-a-recurso

Diario Financiero

La firma no cumplió en octubre de 2022 con los compromisos en despliegue de antenas y en abril pasado llegó al siete por ciento de las localildades pactadas en la licitación. Subtel podría cobrar boletas de garantía.

Leer más: https://www.df.cl/empresas/telecom-tecnologia/aumenta-presion-sobre-wom-tras-incumplir-segundo-hito-del-5g-y-senadores

Neko tendrá que invertir en la Entidad Administradora de Conectividad de Escuelas (EACE) incluso después de renunciar a la banda de 26 GHz para el 5G. 

El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) decidió mantener la obligación de la empresa de aportar R$ 53,7 millones a EACE.

Neko fue uno de los ganadores de la subasta del 5G, adquiriendo un bloque de 200 MHz de la frecuencia más alta por R$ 8,49 millones. Con esto, la proveedora asumió el compromiso de pagar otros R$ 53,7 millones, en seis cuotas, para el proyecto que lleva conectividad a las instituciones de enseñanza básica sin acceso a Internet.

Pero la empresa presentó su renuncia a la licencia del 5G en mayo del año pasado, antes del vencimiento de la primera cuota, y tampoco pagó la segunda cuota dentro del plazo.

El área técnica de Anatel entendió que hubo incumplimiento contractual por parte de Neko, lo que fue confirmado por el consejero Vicente Aquino, relator del proceso. Ahora, además de tener que cumplir con el total de la obligación, Neko tendrá que hacerse cargo de la multa del 0,33 por ciento diario, hasta el límite del 20 por ciento, de las dos primeras cuotas.

Aquino comentó que el monto adeudado por Neko podría llevar Internet de alta velocidad a al menos 215 escuelas durante tres años y beneficiar a 38.700 estudiantes.

El Consejo de Anatel ejecutará la garantía otorgada por Neko y Ezze Seguros se hará cargo del valor de R$ 53,7 millones, ajustado según el índice general de precios.

Diario Financiero

La Corte Suprema acogió el recurso de queja interpuesto en contra de los ministros integrantes de la quinta sala de la Corte de Santiago, que dictaron una sentencia que revocó la decisión de la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, que condenó a la empresa Claro Chile S.A. al pago de una multa diaria y a otra multa principal, por incumplimiento en las obligaciones impuestas en un contrato público, y en su lugar, desestimaron el pago de la multa diaria y rebajaron el monto de la multa principal.

La compañía se adjudicó un concurso público para prestar servicios de internet y telecomunicaciones, comprometiéndose a ofrecer servicios de telefonía móvil y datos a 1.281 localidades y dar conectividad a 13 rutas que en conjunto suman más de 850 kilómetros. De igual forma, se obligó a suministrar el servicio público de transmisión de datos con acceso a internet, exento de pago por dos años, a 503 establecimientos educacionales.

En este contexto, los días 3 y 4 de marzo de 2020 se efectuó una visita de inspección en Tortel, región de Aysén, localidad de Puerto Yungay, y se constató el incumplimiento de la obligación de suministrar el servicio de internet prometido, incumpliendo las bases del concurso público.

Leer más: https://www.diarioconstitucional.cl/2023/04/14/claro-debera-pagar-mas-de-1000-utm-en-multas-por-incumplir-obligacion-de-proveer-internet-a-localidades-australes/

Expansión

Telefónica ha cerrado este miércoles una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas verdes de 1.000 millones de euros con una sobredemanda que ha permitido reducir el cupón al 6,125%, respecto al 6,75% del que partía la puesta en circulación de los instrumentos financieros.

La compañía ha acudido al mercado tras anunciar una oferta de recompra por dos bonos híbridos cuyo valor suma un importe conjunto de 2.250 millones de euros y que finaliza el próximo 31 de enero.

Se trata de la segunda vez que Telefónica renueva un instrumento financiero de este tipo en los últimos tres meses, ya que en noviembre también emitió obligaciones perpetuas subordinadas verdes por 750 millones de euros para sustituir la amortización de otros 621 millones de euros en bonos.

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Expansión

Las firmas que se unen quieren que los ‘Remedies’ sean mínimos y que los reciban los rivales más débiles o cualquiera menos digi. Las obligaciones más agresivas serían contratos mayoristas a bajo precio en fijo y móvil.

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Un cambio autorizado por el Directorio de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) otorga a la Superintendencia de Planificación y Regulación (SPR) la función de aprobar los valores de los compromisos de inversión en casos de subastas u otros actos regulatorios.

Los consejeros aprobaron la medida, que modifica la Ordenanza N° 407, de 2014, en Circuito Deliberativo, el 21 de octubre. Anteriormente, la SPR se encargaba de evaluar únicamente los valores mínimos de otorgamiento, concesión, permiso y autorización para la explotación de servicios de telecomunicaciones; autorización de uso de radiofrecuencia; autorización de uso de derechos de numeración y exploración satelital.

Ahora, la comisión también se encarga de aprobar los valores de los compromisos de inversión que cumplan con las políticas públicas de telecomunicaciones.

La acción se debe a la necesidad de Anatel de cotizar los compromisos de inversión en otros actos regulatorios, no solo en los documentos de licitación.

Análisis del ponente

El consejero informante Emmanoel Campelo afirmó, en su voto, que el precio del Aviso 5G, incluidos los compromisos, fue aprobado por la SPR. “Sin embargo, dado que la referida delegación no preveía la fijación de precios de los proyectos a realizar debido a la adecuación de las Concesiones del STFC u otros actos normativos en general, dichos procesos resultan ser más lentos, a pesar de que la mayoría de ellos son exactamente los mismos (en diferentes lugares y áreas) que los de la Licitación de 2021”.

Actualmente, sin que se mencione qué autoridad es la responsable de aprobar el cálculo de los compromisos, se entiende que la Junta Directiva debe evaluar los números. “Como considero que la fijación de valores de inversión, no sólo de los relacionados con la adecuación, sino de otros actos normativos en los que Anatel impone obligaciones similares, se aproxima a las actividades realizadas para la tarificación de avisos públicos, entiendo que es posible delegar la competencia para la aprobación de tales valores”.

Los demás miembros de la junta siguieron el análisis de Campelo y se aprobó el cambio.