Mony de Swaan, quien fuera presidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) desde 2010 hasta 2013, periodo en el cual se promovió la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, platicó con DPL News sobre la propuesta de nueva ley de telecomunicaciones propuesta por Claudia Sheinbaum.

El politólogo, cuyo periodo como funcionario público en el sector de las telecomunicaciones mexicanas se caracterizó por la búsqueda de mayor competencia y el fortalecimiento de la regulación, aseguró que la propuesta de ley incurre en violaciones al Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), además de que en algunos puntos viola la Constitución. 

Alejandro González (AG): ¿Qué piensas de esta iniciativa de ley de telecomunicaciones, basado en tu experiencia en la Cofetel y como promotor de aquella reforma de 2013? 

Mony de Swaan: claramente ha excluido sectores productivos importantes y especialistas. Es una ley que fue hecha en una oficina del gobierno federal, no necesariamente con la experiencia para algo tan trascendental. Y desde eso mismo, al parecer, el origen de la aprobación del dictamen se refleja también en lo práctico. 

Ahora tenemos que agradecer que se nos permita comentar como consumidor. 

AG: ¿qué diferencias encuentras entre el proceso de la reforma de 2013 con la que se está impulsando actualmente? 

Mony de Swaan: hubo, sin duda, una decisión de no socializar la primera parte del proyecto, que fue la parte del Pacto por México y la reforma constitucional. El Pacto por México eran los tres principales partidos, y a Morena se le invitó y no quiso participar. Es decir, por lo menos estaban casi todas las fuerzas políticas en ese momento. Hoy en día, sólo es la coalición gubernamental. 

Pero (en aquella reforma) la (ley) secundaria se abrió totalmente. Entonces sí hay una diferencia muy importante. Y la otra es que es que en ese momento los textos, tanto constitucionales como legales tenían, entre otras cosas, las propuestas de los reguladores. Entonces había una experiencia aprobada basada básicamente en las propuestas de los reguladores. Ahora estoy poco optimista respecto a qué tanto se puede trabajar en una mesa con decenas de personas, me parece que se va a complicar el proceso, pero, por lo menos, está abierto.

AG: ¿de qué deberíamos preocuparnos los ciudadanos con la propuesta de la nueva ley? 

Mony de Swaan: hay muchas razones para preocuparnos. Desde las más evidentes o las más estridentes que tienen que ver básicamente con los temas de censura, esa es la más preocupante aunque no haya sido la intención y haya sido error, descuido o una interpretación. Y cosas tan delicadas como el bloqueo de plataformas digitales tendría que preocuparnos. Es increíble que nadie haya salido a explicar qué se pretendía. 

No recuerdo que nadie del Estado o el Ejecutivo haya explicado qué estaban buscando. Eso hubiera tranquilizado algunas críticas.

A mí me preocupa los artículos 56, 57 y 58. Esos son, me parece, los más alarmantes. Porque si bien una virtud de la iniciativa es reconocer que el principal problema en el país tiene que ver con cobertura y asequibilidad, la solución que propone es totalmente equivocada.

Por un lado, eliminar cualquier consideración de neutralidad competitiva otorgando al Estado mexicano la posibilidad de ofrecer servicio al usuario final con fines de lucro me parece violatorio del Tratado de Libre Comercio, de la Constitución y es violatorio de los principios más elementales de competencia. 

Toca por completo el régimen de concesiones y nos regresa a la última vez que se otorgó espectro de uso comercial con adjudicación directa a TV Azteca, hace más de 40 o 50 años. 

Le da la posibilidad al Estado mexicano la posibilidad de desplazar abiertamente a operadores que llevan años apostando por competir en el sector y ampliar la mancha de cobertura de servicios, me refiero a los pequeños y medianos operadores que han florecido a partir de la reforma de 2013. Antes no existían los Operadores Móviles Virtuales (OMV) y van a ser más afectados por una actuación que violenta la neutralidad competitiva por parte del Estado. 

Hay conflictos de interés y conflictos que van a afectar al consumidor. 

AG: mencionaste que es un retroceso de 40 ó 50 años. ¿Consideras que además inhibe las inversiones de todos tamaños?

Yo no conozco la opinión de AT&T, América Móvil o Movistar, pero es un hecho que los pequeños y medianos operadores están cuidando sus inversiones hasta ver qué pasa. Yo formo parte de un consejo de un operador que es mediano y tomó la determinación hace poco tiempo de congelar sus inversiones hasta no ver qué queda de la ley. 

Un operador como AT&T y América Móvil tienen más músculo y pueden aguantar algunos embates por parte del Estado mexicano, pero incluso ellos van a esperar a ver cómo se ejecuta la ley. Si no se mueve esto que comentamos de la neutralidad competitiva, la apuesta va a ser que el Estado fracase en su intento por ofrecer servicios al usuario final. 

AG: ¿dónde podríamos quedar parados como nación en esta ola de transformación tecnológica digital a nivel global en caso de que pase una ley como esta?

Mony de Swaan: ni siquiera estamos frente a una iniciativa vanguardista, que cambió por completo la concepción del país y hay una apuesta por la innovación, por el establecimiento de clústers, la promoción de iniciativas que permitan dar el salto tecnológico. Básicamente, es una ley que sustituye la palabra IFT por ATDT (Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones), que imprime una visión profundamente estatista del sector, un Estado muy intervencionista, poco controlado y hasta retrógrado. 

Ni siquiera corrigieron la reforma de 2013, que tuvo debates que se perdieron y también errores que se cometieron. Por ejemplo, no abordan ni por asomo el debate en materia de si la preponderancia es por servicio o sector. Hemos visto que el único servicio que aumentó sus precios y su concentración fue la televisión de paga. Eso lo alertamos varias veces quienes nos oponíamos a que la preponderancia de aplicara por sector. Eso no se corrige ni con la experiencia de 12 años. 

Es una ley que va a enviar un muy mal mensaje. Tiene la fortuna de que del otro lado de la frontera hay alguien que tiene una visión similar al de la 4T. El presidente Trump intentó concentrar todas las facultades, no respeta autonomías y básicamente está utilizando los órganos reguladores para agendas políticas, es decir, para colmo no tenemos ese contrapeso porque algunos apuestan a que el T-MEC sea una barrera a lo que se está intentando en México. 

AG: ¿hay algo bueno o algo que rescatarías tú de esta ley?

Mony de Swaan: hay cosas buenas que vale la pena reconocer. No necesariamente en su aterrizaje, pero sí en sus diagnósticos y objetivos, como el tema de cobertura de servicios y asequibilidad. 

Otra virtud es la homologación de trámites, hay una marcada decisión de ahora sí ejercer la facultad que es homologar todos los trámites para el despliegue de infraestructura del país. 

Hay algunas condiciones de compartición de infraestructura que son valiosas, aunque el aterrizaje no es muy claro. 

Consulta el especial sobre la nueva Ley Telecom en México

La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) denunció que existe preferencia para entidades gubernamentales en la propuesta de nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que perjudica al sector privado. 

De acuerdo con un documento publicado por la Canieti, en el que explica su postura respecto a la propuesta, señala que ésta prevé otorgar concesiones de espectro radioeléctrico para uso comercial sin licitación. 

En ese sentido, la Canieti advierte que se trata de un tema que viola la neutralidad competitiva, además de que es contrario al acuerdo establecido en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y otros tratados internacionales. 

“El otorgamiento de concesiones de bandas del espectro radioeléctrico para uso comercial mediante asignación directa, sin un proceso licitatorio, que conlleva el pago de la contraprestación derivado del proceso competitivo, implica un tratamiento preferencial no justificado en favor de las entidades gubernamentales y en perjuicio del sector privado, lo que es violatorio del principio de neutralidad a la competencia que debe regir a la actuación estatal y que está protegido por la Constitución y tratados

internacionales”, acusó la Canieti en su postura. 

Insistió en que se trastoca el régimen de competencia económica, al permitir destinar recursos públicos para competir en condiciones preferenciales únicamente por su condición de entidad gubernamental y regulatoria.

Canieti explicó que el otorgamiento de concesiones comerciales al Ejecutivo federal para que compita directamente en el mercado minorista, es dar ventajas sin que haya un previo análisis regulatorio. 

“Otorgar ventajas y sin previo análisis de impacto regulatorio, en el pago de derechos por el uso o aprovechamiento de la banda de 700 MHz del espectro radioeléctrico frente al resto de los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones, los cuales tienen que pagar 10 veces por el uso de bandas similares del espectro radioeléctrico de telecomunicaciones”, agregó. 

La organización empresarial también recordó que el artículo 28 constitucional establece que haya procesos de licitación para permitir la explotación comercial de espectro radioeléctrico, por lo que realizar asignaciones directas violarían la Constitución. 

Canieti también critica a las facultades que la propuesta de ley prevé otorgarle a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), pues afirma que algunas de ellas corresponden al Poder Legislativo. 

“El proyecto supone facultades generales de regulación administrativa en múltiples áreas, como infraestructura, soterramiento, plataformas digitales, neutralidad de la red y, en general, en todo lo concerniente a telecomunicaciones y radiodifusión, que pueden traducirse en la facultad de crear normas generales abstractas y obligatorias o restricciones, es decir, de facultades materialmente legislativas, conferidas constitucionalmente al Congreso de la Unión, lo cual generaría un escenario fuera del marco legal preestablecido”, agrega la Canieti. 

El gobierno de Claudia Sheinbaum continúa moviendo sus fichas en materia de telecomunicaciones. El proyecto de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, enviado al Senado mexicano y aprobado en comisiones al cierre de la edición, materializa la visión de la Cuarta Transformación respecto de que el Estado desempeña un doble rol, de habilitador, a través de la política pública y la regulación, y proveedor directo de servicios, los cuales, según el propio documento, “no constituirán monopolios”. 

Provisión del servicio de Internet: no monopolio

La ley propuesta indica que asignaciones de concesiones únicas y sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso comercial le serán otorgadas al Ejecutivo Federal en aras de cumplir con “los objetivos de cobertura social y universal del Estado mexicano y garantizar la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, incluido el Internet de banda ancha”. 

La ley dice que el gobierno también podrá proveer el servicio de Internet a usuarios finales, por sí o mediante asociación público-privada, siempre que el Estado mantenga en todo momento el control del proyecto, refiriéndose a Altán Redes, que es una asociación público-privada en la cual la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya tiene 49 por ciento de las acciones de la Red Compartida. 

En el artículo 56 de la Sección VIII se establece que, conforme al artículo 28 de la Constitución, “las funciones que el Estado ejerza en la provisión del servicio de Internet no constituirán monopolios”.

Esto sigue al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de octubre de 2024 que modificó el cuarto párrafo del artículo 28 constitucional para estipular esa excepción: 

“No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos, litio y generación de energía nuclear; el servicio de Internet que provea el Estado; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional.”

El concepto de “monopolio” no aparecía en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014 que quedaría abrogada a la entrada de la nueva ley telecom, para la cual la neutralidad a la competencia, entendida como la “obligación del Estado de no generar distorsiones al mercado como consecuencia de la propiedad pública”, era uno de sus pilares. 

Servicio directo de telecomunicaciones por el Estado

La redacción de estos pasajes de la nueva ley reaviva la polémica respecto de la facultad del Estado de brindar servicios de telecomunicaciones a usuarios finales y las quejas que han manifestado los operadores privados —sobre todo los pequeños operadores y los móviles virtuales (OMV)— respecto a una competencia desleal, debido a que la Red Compartida debe proveer servicios mayoristas sin discriminación.

La provisión del servicio de Internet por parte del Estado la ejecutaría la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que acaba de inaugurarse como empresa pública tras la reforma de 2024 y que, por lo tanto, iniciará una nueva fase de operación que trascenderá a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT).

Pero también a través de Altán Redes, que explota en su totalidad los 90 MHz en la banda de 700 MHz, recibe subsidios públicos y ofrece servicios mayoristas a empresas de gran calado como Bait de Walmart, lo cual afecta el modelo de negocio de los Operadores Móviles Virtuales.

Esto ha encendido las alertas entre los analistas del sector, quienes advierten que la participación directa del Estado en el mercado de las telecomunicaciones podría conducir hacia un monopolio de facto, en el que la empresa pública proveedora de Internet quede liberada del régimen de competencia económica, como sí lo están los demás operadores.