El Economista Antonio Lorenzo

A grandes males, grandes remedios. Mañana entra en vigor un nuevo decreto ley que dota al Gobierno de competencias excepcionales para poder tumbar una eventual república digital catalana. Entre las nuevas atribuciones del Ejecutivo sobresale el posible cierre inmediato de las webs, aplicaciones y servicios online que considere lesivas para el orden y seguridad pública, así como para la seguridad nacional. Para llevar a cabo esta actuación, el Ejecutivo no necesitará la autorización de un juez, sino que bastará el criterio del Ministerio de Economía y Empresa para llamar a las puertas de los proveedores de acceso a Internet, acceder a las redes y atajar cualquier foco de amenaza. La misma actuación afectaría a la red neutral desplegada por la Generalitat catalana, formada por 382 kilómetros de fibra óptica.

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La Información – Bruno Pérez

La semidesconocida Subdirección de Inspección de las Telecomunicaciones del Ministerio de Economía tiene encomendadas una serie de tareas fundamentales para el correcto funcionamiento de la red española de telecomunicaciones. De ella depende, por ejemplo, que las instalaciones funcionen correctamente, que los operadores respeten el espacio que tienen asignado y no invadan el de sus competidores, que no se cuelen transmisiones de emisores  piratas no autorizados y que se respeten las condiciones de calidad en el servicio prometidas a los usuarios. El organismo trata de hacer su trabajo lo mejor posible, pero arrastra un problema crítica: la ausencia de personal cualificado suficiente para cumplir con sus funciones a plena satisfacción.

El Ministerio de Economía trató el pasado mes de diciembre de resolver el problema con la convocatoria de un concurso específico con el que pretendía dar cobertura al más de medio centenar de vacantes existentes en la red territorial de los Servicios de Inspección de Telecomunicaciones. La maniobra no resultó todo lo exitosa que cabría esperar. Economía buscaba incorporar 67 profesionales especializados para prestar desde la Administración un servicio para el que según sus propias estimaciones necesita de al menos 150 personas, sin embargo únicamente consiguió incorporar a 30. El resto de las plazas quedaron desiertas.

Con un déficit de personal cercano a una tercera parte de las necesidades estimadas por el Ministerio para cumplir las funciones de inspección que tiene encomendadas en el campo de las telecomunicaciones, a Economía no le ha quedado otro remedio que recurrir al apoyo de una empresa externa y, según han confirmado fuentes del Ministerio, en los próximos días sacará el pliego para la contratación lo antes posible de un externo que le ayude a fiscalizar el correcto funcionamiento del mercado de las telecomunicaciones en España.

La última vez que se recurrió a una empresa externa para realizar este trabajo fue en 2017 y se le encomendó nada menos que la medición, control y supervisión del espectro radioeléctrico, un trabajo más que delicado que incluía por ejemplo la identificación y resolución de las incidencias ocasionadas por el despliegue de la red 4G por toda España que afectó a algo tan delicado como la correcta recepción de la señal de la TDT en numerosos municipios del país.

El trabajo fue realizado por la empresa Gamma Solutions, que percibió 1,4 millones de euros, de los 4,9 millones presupuestados para la prestación de este servicio, según la información disponible en la Plataforma de Contratación del Estado. Esta compañía forma parte del entramado societario de Diggia, que incorporó el pasado mes de noviembre al expresidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez.

Según el Plan Anual de Inspección de las Telecomunicaciones para 2019, este ejercicio los esfuerzos se orientarán en torno a cinco grandes ejes: el control y la protección del dominio público radioeléctrico, la protección de los derechos de los usuarios finales de comunicaciones electrónicas, la vigilancia del mercado de los equipos y aparatos de telecomunicaciones, el control de las infraestructuras y la verificación de los servicios de acceso de banda ancha. Como grandes novedades, la Inspección colaborará con la Agencia Tributaria para extremar el control sobre los aparatos de telecomunicaciones que se introducen por vía importación desde terceros países y también rastreará el cumplimiento de los compromisos de despliegue de la banda ancha por todo el territorio.

• Las iniciativas desplegarán casos de uso de esta tecnología y están encabezadas por compañías como Vodafone y Huawei, por un lado, y Telefónica, Nokia y Ericsson, por otro.

El Ministerio de Economía y Empresa español seleccionó dos proyectos de tecnología 5G para ser impulsados con un presupuesto de más de 36 millones de euros.

El primero se realizará en Andalucía y pertenece a la Unión Temporal de Empresas (Utes) conformada por Vodafone y Huawei Technologies; el segundo, se desplegará en Galicia con la participación de Telefónica, Telnet Redes Inteligentes, Cinfo Contenidos Informativos Personalizados, el Centro Internacional de Oftalmología Avanzada, Idronia Multimedia Solutions, Nokia y Ericsson.

Con estas iniciativas, el gobierno español busca que, cuando 5G llegue a la madurez tecnológica y comercial, el país esté en condiciones adecuadas para la prestación de servicios y pueda aprovechar las oportunidades de esta tecnología en la transformación digital.

El piloto en Andalucía durará dos años y medio, con más de 25 millones de euros en inversión. La Utes desarrollará casos de uso en ámbitos como la agricultura y sanidad; seguridad y defensa; economía y cultura digitales; así como ciudades, territorios inteligentes y turismo. Algunos tendrán aplicaciones de Realidad Virtual y Realidad Aumentada, mientras otros se trabajan con drones o reconocimiento facial.

Para lograr esto, se extenderá una red 5G en varios puntos, con un total de 36 nodos de radio, en las bandas de frecuencia de 3.7 y 26 GHz, y en los formatos NSA y SA, con lo cual se podrán ensayar comunicaciones confiables y de muy baja latencia, banda ancha de alta velocidad y capacidad, y la computación de borde.

Con un presupuesto mayor a 11 millones de euros durante dos años, la Utes en Galicia tendrá como propósito desplegar casos de uso como la retransmisión de eventos, el coche conectado, supervisión de infraestructuras ferroviarias mediante drones, acceso inalámbrico fijo, al igual que diagnósticos de salud remotos.

Las redes que se desarrollarán son similares a las del otro proyecto, aunque con menos nodos. Además, Telefónica ofrecerá a otras empresas la infraestructura y asesoramiento de laboratorios enfocados en Internet de las cosas (IoT), informó el Ministerio.

El Consejo de Ministros de España ha autorizado la convocatoria para la concesión de ayudas por un valor de 150 millones de euros para la extensión de despliegues de redes de banda ancha con velocidad de acceso superior a 100 Mbps.

La convocatoria de ayudas será realizada por el Ministerio de Economía y Empresa mediante resolución de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, con cargo al Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA).

El objetivo del programa es acelerar el despliegue de redes en las zonas sin cobertura actual ni prevista en los próximos tres años, denominadas zonas blancas y situadas en entornos rurales con baja densidad de población.

La convocatoria PEBA-NGA podrá facilitar el acceso a redes de banda ancha a 2.196 millones de personas que actualmente no disponen de ella.

Con la nueva convocatoria de ayudas se prevé que en 2021 el 93.45 por ciento de la población tenga cobertura de Internet con velocidades de acceso superiores a 100 Mbps.

El despliegue de este tipo de redes se realiza principalmente con tecnología de fibra óptica hasta el hogar (FTTH).

Las ayudas que se concederán en régimen de competencia competitiva combinan 25 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y 125 millones de euros que proceden del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).Las solicitudes deben presentarse una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado y tienen hasta el 20 de mayo de 2019.

El Ministerio de Economía y Empresa de España publicó el proyecto del real decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital

El decreto establece que se liberará la banda de frecuencias de 694-790 MHz (banda de 700 MHz), utilizada actualmente por los servicios de TDT y adecuada para el despliegue de las redes de quinta generación (5G).

La liberación de la banda de 700 MHz permitirá destinarla a usos diferentes de los servicios de radiodifusión, principalmente los relacionados con los servicios avanzados de comunicaciones electrónicas de carácter pan-europeo, con el fin de favorecer el uso más eficiente del espectro para la introducción y el impulso de los servicios asociados a la telefonía móvil de quinta generación dentro del Plan Nacional de 5G.

Este proyecto proporciona seguridad y garantías para la continuidad y el futuro del servicio de Televisión Digital Terrestre.

En concreto, se garantiza el uso de la banda de 470-694 MHz, que continuará siendo utilizada para el servicio de TDT. En esta banda se dispondrá de las mismas redes de TDT que existen en el Plan técnico actualmente en vigor, y se mantendrá la oferta de canales existentes en la actualidad.

El Real Decreto establece que cada múltiple digital tendrá capacidad para integrar cuatro canales de televisión en alta definición, al tiempo que podrá continuar las emisiones actuales en definición estándar y se prevé que para el 1 de enero de 2023 todos los canales de televisión evolucionen sus emisiones a alta definición.

Se establece que todos los aparatos receptores de televisión digital terrestre que se pongan en el mercado español, transcurrido el plazo de seis meses deben tener la capacidad de recibir las emisiones en alta definición.

Los de mayor tamaño deberán incorporar también la capacidad de recibir emisiones en ultra alta definición, emisiones con la tecnología de transmisión DVB-T2 y servicios interactivos HbbTV.

El proceso de liberación de la banda de 694-790 MHz finalizará el 30 de junio de 2020, como establece la Unión Europea.