Oportunidades y desafíos en torno a la IA y las tecnologías de frontera se debatieron en el tercer panel del encuentro Diálogos de alto nivel: Américas Digitales 2030. Allí, referentes del ecosistema digital coincidieron en los peligros que conlleva regular lo desconocido y el impacto negativo que podría tener un abordaje incorrecto en el tratamiento de tecnologías que tienen el potencial de ser motor del desarrollo de los países.

El especialista en TI, Stephen Bereaux, destacó que una de las mayores fortalezas de la IA es su capacidad para acelerar procesos de desarrollo a partir del uso de datos y puntualizó que la velocidad de los avances es un gran desafío para reguladores y gobiernos porque “cualquier intento de regular tiene que ser tan ágil como la tecnología en cuestión”. Indicó que a los desafíos tradicionales, la región suma la heterogeneidad de sus territorios y consideró que “no sólo hay que enfocarse en lo que puede salir mal, sino en lo positivo que se puede sacar de esto”.

El encuentro tuvo lugar en Costa Rica, en el marco del Foro Citel y la IX Asamblea Ordinaria de Citel. Contó con la moderación del presidente del Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina (Enacom), Juan Martín Ozores, quien consideró que en este momento de desarrollo tecnológico, los reguladores tienen el reto de estar a tono con los desafíos que se presentan y, al mismo tiempo, responder a tiempo interrogantes sobre las implicancias y riesgos que pueden surgir con las implementaciones.

Regular, un riesgo

“Podemos utilizar la IA para aumentar la productividad de nuestros países. Es una gran oportunidad, claro que hay riesgos pero no nos podemos perder los beneficios. Es un error imaginar que vamos a regular con foco en la tecnología, creo que lo que debemos regular son mercados. Debemos intervenir en el mercado cuando tengamos claro que algo lo justifique. Todavía no hay un mercado desarrollado, no están claras las fallas del mercado y cómo se deben abordar. Esperamos que el mercado madure y a partir de ahí podemos revisarlo. Si hacemos lo contrario seremos perros corriendo detrás de tecnologías que no entendemos, lo que podría traducirse en un freno para la innovación”, expuso Carlos Baigorri, presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil.

En igual sentido se pronunció Mercedes Aramendía, directora Ejecutiva de la Alianza por la Infraestructura Digital e Internet Abierta en América Latina (Dig.ia-LAC), quien insistió en que “la IA es una oportunidad. Se habla de los riesgos, pero hay que minimizarlos y avanzar”. En su visión, “el potencial es enorme” más aún si se logra su incorporación al tejido productivo de los países, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Al cierre de su alocución, consideró fundamental la cooperación entre el sector público y privado y el desarrollo de políticas públicas a prueba de futuro.

Infraestructura

La secretaria General de Asiet, Maryleana Méndez, coincidió en que la Inteligencia Artificial ofrece una oportunidad para dar un salto en productividad y desarrollo en la región, pero advirtió que el desafío es convertir su adopción en generación de valor. “Estamos utilizando la tecnología, pero eso no necesariamente se traduce en captura de valor”, señaló. Sobre las propuestas normativas, alertó que “la regulación ex ante, sobre todo en América Latina, podría estar deteniendo la transformación”. Al mismo tiempo insistió con el concepto de corresponsabilidad para la sostenibilidad de inversiones que habilitan estas tecnologías.

Sobre la infraestructura que sostienen las nuevas tecnologías también habló Martha Suarez, directora de Dynamic Spectrum Alliance (DSA). Consideró que el avance de IA se puede abordar desde distintos ángulos, entre ellos considerando cómo los usuarios acceden a ella. En este sentido, pidió a los reguladores contemplar todos los escenarios posibles en materia de espectro y sugirió que el camino correcto es “regular lo que se debe regular” y poner énfasis en “acciones que favorezcan la puesta en marcha de infraestructura para favorecer el acceso y que no se generen nuevas brechas”.

El encuentro dejó en claro que la IA representa una oportunidad histórica para América Latina y el Caribe, pero que su impacto dependerá de la capacidad de la región para combinar infraestructura digital, inversión, cooperación y marcos regulatorios inteligentes. En ese equilibrio entre innovación y gobernanza estará, según coincidieron los especialistas, la clave para convertir el avance tecnológico en desarrollo real para las sociedades de la región. Otra vez: regular es parte de los riesgos.

Barcelona, España. En el marco del MWC 2026, la Alianza por una Internet Abierta (AIA) de Brasil anunció su transformación en Dig.ia, Alianza por la Infraestructura Digital e Internet Abierta, ampliando su agenda y sumando nuevos socios estratégicos como Microsoft, Scala Data Centers, Ascenty y Tecto. El anuncio marca un giro hacia una estrategia centrada en atraer inversiones estructurales de largo plazo en infraestructura digital. DPL News asistió al anuncio, donde también estuvieron presentes funcionarios brasileros como el ministro de Comunicaciones de Brasil, Frederico de Siqueira Filho, y representantes del ecosistema digital.

Con esta reformulación, Dig.ia enfocará su actuación en la defensa de un entorno regulatorio estable que permita captar proyectos como Centros de Datos, cables submarinos y redes de EDGE Computing. La entidad, que reúne a 30 empresas del ecosistema digital, entre ellas Amazon, Netflix, Meta, Google y TikTok, busca posicionar a Brasil de forma competitiva en la disputa global por capital destinado a infraestructura digital, en un contexto de expansión de la Inteligencia Artificial y los servicios en la Nube.

El director ejecutivo de la organización, Alessandro Molon, señaló que se trata de ciclos de inversión de entre 20 y 30 años, con aportes multimillonarios, que exigen previsibilidad jurídica y racionalidad tributaria. Según explicó, si bien Brasil cuenta con ventajas estructurales como una matriz energética mayoritariamente limpia y escala de mercado, enfrenta desafíos regulatorios que podrían afectar su competitividad regional en la carrera por albergar nuevas infraestructuras de procesamiento y almacenamiento de datos.

Su par latinoamericana, AIA-LAC, comandada por Mercedes Aramendía, también pasará a llamarse Dig.ia-LAC. Dig.ia y Dig.ia-LAC articularán esfuerzos para promover una agenda regional con foco en inversión, innovación y desarrollo sostenible de la infraestructura digital. “La infraestructura digital es fundamental para el desarrollo productivo y la competitividad de las economías en el siglo XXI. Involucra conectividad, pero también datos, ciberseguridad e infraestructura crítica. Por ello, debe ser tratada de manera transversal, a fin de viabilizar inversión, innovación y crecimiento sostenible”, sostuvo Aramendía.

Creada originalmente en el contexto del debate sobre la llamada “tasa de red” (network fees o fair share), la entidad amplía ahora su campo de acción más allá de la discusión sobre modelos de remuneración para centrarse exclusivamente en la capa de infraestructura y arquitectura de red.

A un año del lanzamiento de la Alianza por una Internet Abierta en Latinoamérica y el Caribe (AIA-LAC), organización lanzada con la premisa de una Internet abierta, neutral y resiliente, DPL News conversó con su directora Ejecutiva, Mercedes Aramendía, sobre los logros y lo que viene, la importancia de los mecanismos de cooperación para la prosperidad digital de la región en el nuevo tablero geopolítico y la necesidad de una regulación inteligente que promueva la innovación.

Aramendía será oradora en el Digital Latam Summit, evento que reunirá a destacados conferencistas para fomentar alianzas estratégicas con impacto regional y global en el ámbito digital. El congreso, organizado por DPL Live, tendrá lugar este 26 y 27 de febrero en el Palacio de Linares, en Madrid.

Nicolás Larocca: ¿Qué logros destacaría en el primer aniversario de AIA-LAC? ¿Qué acciones marcarán este 2026?

Mercedes Aramendía: Estamos profundamente agradecidos por lo construido. En poco tiempo, gracias a la confianza y al apoyo de muchos actores del ecosistema, consolidamos una coalición regional abierta y de diálogo, con un objetivo común: impulsar una Internet abierta, neutral y resiliente, para que más personas puedan acceder, crear, innovar y aprovechar oportunidades. Nuestro foco ha sido aportar evidencia y contribuir a una conversación constructiva, poniendo en valor el rol de los distintos actores del ecosistema digital. Promovemos un enfoque positivo y práctico que ayude a mejorar las decisiones públicas, a fortalecer la confianza entre actores, y a incentivar la innovación, la colaboración, la competencia y la inversión.

Mirando a 2026, tenemos tres prioridades concretas: una mejor gobernanza y reglas más simples y claras, para dar certeza y previsibilidad al ecosistema; más colaboración público-privada y multiactor, con soluciones prácticas y tecnologías complementarias para llegar mejor a todos, evitando barreras o “peajes” artificiales que desalinean incentivos; y más desarrollo de infraestructura digital, porque es la columna vertebral de la economía digital y la base para multiplicar oportunidades.

Nicolás Larocca: ¿Qué mecanismos de cooperación público-privada han funcionado mejor para el cierre de brechas? ¿Qué países han entendido mejor el mensaje de regulación inteligente y por qué?

Mercedes Aramendía: Los mecanismos de cooperación público-privada que mejor han funcionado para cerrar brechas son los que parten de un problema concreto (dónde y para qué), entienden el territorio, fijan metas medibles, definen responsabilidades con claridad y crean reglas habilitantes con incentivos correctos. Un ejemplo muy valioso es Internet para Todos (IPT) en Perú: es un buen caso de cooperación bien diseñada en el que cada actor aporta desde su fortaleza para llegar más lejos y con mayor eficiencia, sin reemplazar al mercado, sino habilitándolo donde antes no llegaba.

También hay que recordar algo simple: Internet, por naturaleza, funciona con cooperación. Millones de acuerdos voluntarios de interconexión y peering, puntos de intercambio de tráfico (IXPs) y CDNs/caching acercan contenido, reducen costos y mejoran la experiencia del usuario. De hecho, Packet Clearing House analizó más de 15 millones de acuerdos a nivel global y encontró que el 99.9996% de los acuerdos de peering tenía términos simétricos. Por eso también conviene aprender de experiencias donde esa cooperación se debilitó. En Corea del Sur, la introducción de pagos obligatorios en interconexión IP (modelo tipo sender pays) se asoció con mayor fricción, disputas y costos más altos, además de menos incentivos para soluciones locales eficientes.

La lección práctica para nuestra región es clara: para cerrar brechas conviene promover marcos previsibles que faciliten inversión y colaboración, evitando esquemas artificiales que puedan encarecer o ralentizar el desarrollo.

Nicolás Larocca: ¿Cómo debería diseñarse una regulación habilitante que no entorpezca la innovación?

Mercedes Aramendía: Una regulación habilitante empieza por principios simples y estables, que dan una base común y permiten responder mejor al dinamismo tecnológico. Destaco la neutralidad tecnológica y de red (permitir elegir entre distintas soluciones), la proporcionalidad y razonabilidad (intervenir sólo cuando hay un problema claro y con la mínima intensidad necesaria) y la previsibilidad (reglas claras y sostenibles), porque la inversión en este sector es intensiva y de largo plazo. Al mismo tiempo, debe cuidarse un equilibrio sano: proteger derechos sin frenar la capacidad de innovar, probar, escalar y mejorar servicios. En la práctica, esto se traduce en una regulación orientada a resultados –cobertura, calidad, asequibilidad y uso– con un ciclo permanente de medir, evaluar y ajustar. Y, dado el ritmo de cambio tecnológico, es clave que sea flexible y adaptable, para gestionar incertidumbre y actualizar soluciones a tiempo, siempre con diálogo y entendiendo la realidad de cada territorio.

A mí me gusta resumirlo en cinco conceptos: habilitar, simplificar, abrir, colaborar y poner a las personas en el centro.

• Habilitar: espectro accesible, incentivos de cobertura y condiciones para inversión.
• Simplificar: permisos, coordinación territorial, infraestructura pasiva, trámites digitales, plazos ciertos y, donde corresponda, silencio positivo.
• Abrir: evitar barreras artificiales y favorecer estándares y acuerdos voluntarios que ya funcionan.
• Colaborar: mesas multiactor, consulta pública, transparencia, evaluación ex post y sandboxes cuando corresponda. 
• Personas: reducir brechas y mejorar la experiencia digital.

Nicolás Larocca: ¿Qué rol puede tomar la región en el nuevo tablero geopolítico y cómo debe interactuar para lograrlo?

Mercedes Aramendía: América Latina y el Caribe tiene mucho para dar y puede jugar un rol muy relevante si se posiciona como una región que da certezas, atrae inversión y acelera inclusión con una visión de Internet abierta y resiliente.

La evidencia ayuda a dimensionar esa oportunidad: un estudio de Telecom Advisory Services estima que, en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, el impacto económico del ecosistema de CAPs (plataformas, aplicaciones y servicios digitales) ya se ubica en torno al 12% al 15% del PIB. También registra inversiones en infraestructura crítica –cables submarinos y centros de Nube– por 3,866 millones de dólares (2017–2025), con un multiplicador estimado de 2.58, un impacto total de 9,576 millones de dólares en el PIB y alrededor de 120,000 empleos asociados, además de inversiones anunciadas por más de 12,700 millones de dólares. Y suma un dato muy relevante para la vida cotidiana: el excedente del consumidor estimado llega a 277,000 millones de dólares en 2025 para esos cinco países. Este proceso es acumulativo: cuando el entorno habilita, la economía digital se traduce en productividad, innovación y bienestar.

El estudio invita a mirar con cuidado el diseño de tasas e impuestos específicos al ecosistema digital, porque pueden afectar la innovación, la inversión y, en algunos casos, trasladarse al costo de acceso para los usuarios. Al mismo tiempo, subraya la importancia de facilitar infraestructura, especialmente el despliegue de cables submarinos, reduciendo fricciones en permisos y cargas asociadas, dado su impacto directo en la calidad de las redes y, por esa vía, en innovación y productividad. También muestra que las políticas públicas pueden impulsar industrias locales cuando usan incentivos efectivos, como por ejemplo: exenciones, financiamiento, reembolsos. Finalmente, destaca que la adopción de Nube tiene un impacto positivo porque habilita la migración a plataformas más seguras y eficientes, aprovechando economías de escala en el procesamiento de datos; por eso, las políticas que facilitan infraestructura de Nube y Centros de Datos tienden a generar efectos económicos positivos.

En definitiva, se trata de habilitar e incentivar la colaboración, la innovación, la inversión y la competencia con evidencia y reglas claras y previsibles, simplificando y construyendo confianza para acelerar resultados.

“La regulación no debe ser un copiar y pegar, sino un traje a medida que interprete el por qué y para qué y tenga en cuenta el contexto y la visión a futuro”, inició Mercedes Aramendía, directora Ejecutiva de Alianza para una Internet Abierta en Latinoamérica y el Caribe (AIA-LAC), en un keynote en el que habló de regulación inteligente y su potencial para que “la innovación llegue a todos y transforme vidas”.

Ciudad de México. “La regulación no debe ser un copiar y pegar, sino un traje a medida que interprete el por qué y para qué y tenga en cuenta el contexto y la visión a futuro”, inició Mercedes Aramendía, directora Ejecutiva de Alianza para una Internet Abierta en Latinoamérica y el Caribe (AIA-LAC), en un keynote en el que habló de regulación inteligente y su potencial para que “la innovación llegue a todos y transforme vidas”.

En el marco de México Digital Summit, la ejecutiva mencionó cinco ejes clave en materia regulatoria: habilitar, a través de espectro accesible, ventanilla única y reglas para facilitar el despliegue; simplificar, de la mano de trámites 100% digitales; abrir, con normativas a favor de la interoperabilidad y la compartición; colaborar; y poner a las personas en el centro. “Una regulación inteligente es la base del desarrollo digital”, indicó.

“Hay que abrir las puertas para conectar a todos”, señaló Aramendía antes de puntualizar sobre principios necesarios: innovación con equilibrio, previsibilidad, simpleza y normas basadas en evidencia y confianza pública. Como lecciones aprendidas valoró como negativa la decisión quien envía paga, por la que se regularon las tarifas por el uso de la red en Corea del Sur, y como positiva la iniciativa de Internet para Todos, en Perú.

“Podemos impulsar la innovación y, al mismo tiempo, proteger los derechos fundamentales. Sí se puede hacer. Hay que pensar cómo regular, si es necesario hacerlo, entendiendo la problemática que se quiere abordar”, concluyó.

Mercedes Aramendía es Directora Ejecutiva de la Alianza por una Internet Abierta en Latinoamérica y el Caribe

Lejos de la narrativa de confrontación, la realidad en Colombia demuestra otra cosa: telcos y OTTs se necesitan mutuamente. 

Esta relación simbiótica e interdependiente ha potenciado la expansión de la conectividad, la mejora de los servicios y el acceso a más y mejores contenidos para los usuarios. La evidencia también desarma el argumento de que el ecosistema requiere nuevas cargas regulatorias, mostrando que su sostenibilidad se construye sobre las bases de cooperación y diálogo.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia publicó recientemente el Estudio sobre el rol de los servicios OTT en el sector de las comunicaciones en Colombia 2024. El documento, elaborado tras consulta pública, aporta evidencia sobre cómo esta relación simbiótica beneficia a todos los agentes y fortalece el ecosistema digital.

Puntos principales 

1. Las OTT generan negocio para las telcos. El aumento de suscriptores está estrechamente ligado al mayor uso de servicios OTT. Los contenidos impulsan la adopción de planes de mayor consumo, potencia la demanda de conectividad, incrementa usuarios y abonados y se ve favorecido por planes con más capacidad a menor precio (de 25 GB en 2020 a 100 GB en 2024, con una reducción de 77% en el precio por GB).
2. Mejor desempeño de las redes. Las inversiones en infraestructura de conectividad de los OTT (cables submarinos, Centros de Datos, CDNs, IXPs) optimizan la entrega de contenidos, mejoran la experiencia de usuario y generan ahorros para las telcos. Hoy, 82% del tráfico en Colombia ya se cursa por cachés y peering local, y sólo 12% es internacional, reflejando este impacto positivo.
3. Tráfico y costos no crecen al mismo ritmo. Aunque el tráfico sigue creciendo en redes fijas y móviles, la tasa anual ha disminuido significativamente (de 103% en 2021 a 10% en 2024). Como manifestó la CRC, esto desvirtúa el argumento de que las plataformas deben pagar por el uso de red, debido a que el incremento del tráfico desborde su capacidad y comprometa la prestación de sus servicios y la sostenibilidad de la industria.

“Telcos y OTTs se necesitan mutuamente: su relación impulsa conectividad, servicios y acceso a mejores contenidos.”

El ecosistema de Internet funciona sobre la base de relaciones e interacciones  interdependientes. Los usuarios contratan conectividad para acceder a contenidos, los operadores amplían su base de abonados gracias a esa demanda, y los OTT invierten en servicios, aplicaciones, contenidos e infraestructura que fortalecen la resiliencia y capacidad de las redes locales e internacionales. Se trata de una relación de beneficios compartidos, donde cada sector aporta desde su rol a la sostenibilidad del ecosistema digital.

La experiencia de Corea: la evidencia

Un informe elaborado por Analysys Mason (junio-agosto 2025) revisa la regulación de interconexión IP en Corea del Sur. En 2016, el país se convirtió en un outlier global al introducir la regulación de tarifas de interconexión IP entre ISPs domésticos bajo el régimen Sender Party Network Pays (SPNP), interrumpiendo un modelo previamente establecido basado en acuerdos comerciales voluntarios y settlement-free.

Principales efectos observados en Corea

• Distorsión de la competencia: los grandes ISPs cobran peering por defecto, utilizando esos márgenes para subsidiar servicios adyacentes, debilitando a proveedores independientes.
• Monopolio de terminación: se cobra por encima de los costos, encareciendo el tráfico local y desincentivando la inversión.
• Infraestructura debilitada: menos cachés, menos IXPs, menor inversión en cables submarinos y Data Centers frente a países vecinos.
• Menos innovación y pluralidad: se frenaron nuevas inversiones y servicios, OTTs salieron del mercado por los altos costos.

Corea es líder en la OCDE en penetración de banda ancha en hogares, pero ocupa el puesto 11 mundial en velocidad de descarga y muestra mayor latencia que otros países de Asia-Pacífico, debido a un ecosistema de interconexión menos desarrollado. 

“La evidencia demuestra que la sostenibilidad digital se construye con cooperación y acuerdos voluntarios, no con cargas artificiales.”

Además, el alto costo de cursar tráfico local desincentiva inversiones en Data Centers de IA y cables submarinos, generando oportunidades perdidas. Este modelo desalienta nuevas inversiones en infraestructura crítica de IA y conectividad, comprometiendo el futuro de Corea del Sur como hub digital regional.

El contraste es claro: mientras 99.998% de la interconexión IP global se basa en acuerdos voluntarios settlement-free que incentivan la inversión y la eficiencia, Corea quedó aislada, con menos inversión, menor pluralidad y peor calidad de servicio.

La experiencia coreana debe ser una alerta para la región: la cooperación público-privada ha sido clave para expandir la conectividad, y las cargas artificiales sin evidencia pondrían en riesgo los avances logrados en inclusión digital.

Sostenibilidad: más mito que crisis

Como lo demuestra el estudio de la CRC, el argumento de que los operadores necesitan tasas de red no se sostiene en la evidencia. Los contenidos impulsan la adopción de planes de mayor consumo; muchos operadores incluso subsidian en sus planes el tráfico de las aplicaciones porque les beneficia; y además no hay correlación clara entre crecimiento del tráfico e inversión (CapEx). 

Las cargas artificiales sólo ponen en riesgo la eficiencia y la colaboración lograda durante años con peering, cachés, CDNs y Data Centers que hacen al ecosistema más resiliente.

“La experiencia de Corea del Sur es una alerta: imponer tarifas de red frena inversión, pluralidad e innovación.”

El camino: cooperación y acuerdos voluntarios

La sostenibilidad del ecosistema digital no depende de nuevas cargas, ni de intervenciones artificiales sin evidencia. Este ecosistema se ha construido durante años sobre la base de acuerdos voluntarios de interconexión que han hecho que las redes sean más resilientes, eficientes y accesibles para los usuarios. Cambiar este modelo pondría en riesgo los avances logrados en conectividad, inversión e innovación. El verdadero camino hacia la sostenibilidad es incentivar la cooperación, promover la inversión inteligente y preservar la apertura y neutralidad de la red, colocando siempre al usuario en el centro.

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¿Otra carga… para quién, por qué y con qué evidencia?

En algunos países de América Latina y el Caribe (ALC) ha vuelto a sonar un tema viejo. El mal llamado “fair share” -nombre tendencioso para una propuesta con consecuencias negativas para los usuarios, la innovación y el desarrollo del ecosistema de Internet.

Desde la Alianza por una Internet Abierta, una coalición que une diversas voces del ecosistema digital de ALC queremos hablar claro: no se trata de una “contribución justa”, sino de una medida regresiva y perjudicial para el ecosistema digital.

Antes de imponer reglas que la evidencia ha demostrado que no funcionan, lo que corresponde es solucionar los problemas de siempre que afectan al sector

telecomunicaciones, como el alto precio del espectro radioeléctrico y la complejidad de los procesos de autorizaciones para prestar servicios. Estos problemas son complejos y exigen soluciones integrales, no respuestas simplistas, como las tarifas de red.

¿Dónde están hoy los verdaderos desafíos?

El desafío principal en la conectividad ya no es la cobertura. Más de 94% de la población latinoamericana vive en zonas con señal móvil, pero más del 30% no utiliza el servicio. 

Por otra parte, 6% que resta cubrir es el más difícil: zonas rurales o remotas, donde los satélites LEO y los pequeños ISP que cubren la última milla tienen un rol clave.

La brecha que persiste es de usabilidad. Resolverla requiere servicios y dispositivos más asequibles, expandir contenidos relevantes, fortalecer habilidades digitales, generar confianza y mejorar la experiencia del usuario.

Imponer nuevas cargas que puedan limitar el acceso a contenido, frenar la innovación y fortalecer los monopolios en la última milla, va en sentido contrario a lo que necesitamos para cerrar la brecha digital que persiste.

¿Quiénes han sido clave para cerrar esa brecha?

Todos los actores del ecosistema digital tienen un rol importante.

Los Proveedores de Contenidos y Aplicaciones (CAPs) han desarrollado plataformas educativas, redes sociales, herramientas para pymes, contenidos en idiomas locales y

servicios financieros digitales. Estudios recientes (Katz, 2024) demuestran que el video on demand (VOD) impulsa la adopción de banda ancha, especialmente en hogares de menores ingresos.

Los CAPs ayudan a dinamizar la demanda, crean empleo e invierten masivamente. En la última década se destinaron más de 883 mil millones de dólares a infraestructura digital global: redes de distribución de contenido, cables submarinos, Centros de Datos y fibra óptica. A esto se suma su inversión en herramientas como la Nube y la Inteligencia Artificial,

que también potencian las telcos, así como en contenidos, aplicaciones y servicios digitales.

¿Qué pasa con el tráfico y la inversión?

Diversos estudios —como el de BEREC y el de Analysys Mason— muestran que el aumento del tráfico no implica un aumento proporcional en los costos. Según la consultora SMC (2025), la inversión anual CAPEX de los operadores en Latam se mantiene estable en torno a los 11.000 millones de dólares. 

Se espera que las inversiones aumenten, pero a menor ritmo que el tráfico, por lo que la inversión por exabyte caería de 165 a 62 millones de dólares. La relación inversión/ingresos pasaría del 20% (2016-2018) al 14% en 2030.

En ALC, 84% del tráfico es fijo, no móvil, y el costo marginal de las redes fijas tiende a la baja gracias a la eficiencia tecnológica, el caching y los acuerdos voluntarios. 

Por otro lado, hoy, 99.9996% de los acuerdos de interconexión (peering) se hacen por consenso de las partes. No hay falla de mercado, asimetrías, ni crisis de sostenibilidad.

¿Qué muestran los datos económicos?

Como informa SMC, con base en información pública y de la GSMA, los ingresos de los operadores móviles en ALC crecieron de 67 mil millones en 2016 a 85 mil

millones de dólares en 2024. 

El ARPU aumentó y los márgenes EBITDA se mantuvieron robustos, superando 35% para los principales operadores. La sostenibilidad del sector depende de su capacidad de transformación, lo cual implica generar nuevas fuentes de ingreso a través de la consolidación, mejoras en eficiencia y también mediante la reducción del costo del espectro y de cargas regulatorias innecesarias.

En este contexto, las TIC aportan valor al ecosistema al generar ahorros, habilitar nuevos casos de uso, optimizar las operaciones, agilizar el mantenimiento de las redes y mejorar la experiencia del usuario.

¿Y qué implican las tasas de red?

1. Doble cobro. Cobrar a los CAPs por un tráfico que ya pagan los usuarios es como si una empresa eléctrica cobrara a los fabricantes de lavarropas por la energía que usan las familias.
2. Intervención innecesaria. El ecosistema digital y los acuerdos de peering funcionan gracias a sinergias, colaboraciones y relaciones simétricas.
3. Riesgos reales. Se afectaría la neutralidad de red, la diversidad, la competencia y la libertad de elección del usuario. Podría fortalecerse el monopolio de los operadores en la última milla y aumentar el costo para los usuarios.
4. Precedente fallido. En Corea del Sur —el único país que implementó una medida similar— bajó la calidad del servicio y se limitó la competencia.

¿Quién ganaría con las tasas de red?

Nadie. Perderían los pequeños ISP, los desarrolladores, las plataformas emergentes y, sobre todo, los usuarios. Las tasas distorsionarían los incentivos, dificultarían el peering y el caching y romperían el delicado equilibrio que ha permitido el desarrollo del ecosistema, afectando también a los propios operadores.

¿Qué necesitamos entonces?

Impulsar la colaboración, los acuerdos voluntarios, la regulación inteligente y evitar repetir experimentos fallidos. El ecosistema digital de América Latina ha progresado gracias a la colaboración y al consenso. Repetir errores ajenos sería dar un paso atrás. Lo que necesitamos es más innovación, más cooperación e impulsar el desarrollo.

Hoy se lanzó formalmente la Alianza por una Internet Abierta en Latinoamérica y el Caribe (AIA-LAC), una organización que defiende la Internet abierta, neutral y resiliente en un contexto donde los debates sobre el Fair Share están floreciendo en la región.

AIA-LAC está liderada por Mercedes Aramendía, que hasta unas semanas estuvo al frente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) de Uruguay, en una gestión que se destacó por hitos como la apertura sectorial, la subasta 5G y la portabilidad numérica en ese país. 

En diálogo con DPL News, Aramendía opinó que el Fair Share (la contribución justa al despliegue y mantenimiento de las redes de telecomunicaciones) sería una medida arbitraria y sin fundamentos. Propuso buscar acuerdos entre los diversos actores del ecosistema digital. “Buscar acuerdos y formas que permitan que todo el ecosistema digital se desarrolle de manera eficaz”, resaltó.

En Brasil ya existe la Aliança pela Internet Aberta, que lidera Alessandro Molon “y nosotros ahora vimos la necesidad de ampliar el trabajo de la alianza para América Latina y el Caribe. O sea, somos distintas, pero somos parientes”.

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“Estamos viendo que el tema del Fair Share se está empezando a plantear en algunos países de la región, como Colombia o México. Incluso el tema ha variado, en un momento se planteaba por parte de algunas telco la necesidad de que se establezcan network fees específicamente, ahora en algunos casos se está analizando la modificación de los Fondos de Servicio Universal u otro tipo de aportes que en definitiva se terminarían aplicando a quienes generan contenido o a plataformas que generan aplicaciones para servicios digitales.

”Entonces, ante este movimiento, diversas empresas y asociaciones de la región entendieron que era importante unirse, unir las diversas voces, buscar diversos sectores vinculados con todo lo que es la economía digital y trabajar juntos para dar otra voz a lo que es esta temática, que desde nuestro punto de vista sería algo muy negativo para el desarrollo del ecosistema digital”, explicó Aramendía.

Confirmó que la asociación la integran Mercado Libre, Amazon, Google, Meta, TikTok, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) y están en conversaciones con otras asociaciones y empresas para sumarse.

Para AIA-LAC, los riesgos asociados con la imposición de tarifas de red son la creación de barreras para que personas, gobiernos y empresas de todos los tamaños puedan acceder, crear y compartir contenido, aplicaciones y servicios libremente; aumento de costos para los usuarios de Internet; impacto, directo e indirecto, en servicios que dependen de tecnologías como la computación en la Nube y la Inteligencia Artificial; y afectación a la innovación y al emprendimiento en la región.

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Pero para la industria de telecomunicaciones, la ecuación a largo plazo no cierra. En 2024, las grandes empresas de telecomunicaciones de América Latina hicieron un llamado a los gobiernos de la región para que las Big Tech contribuyan de manera justa a la financiación de las redes de infraestructura.

A través de la GSMA, destacaron el modelo de inversión desequilibrada que persiste en la actualidad. Hacer frente a la futura demanda de Internet requerirá inversiones adicionales en las redes de telecomunicaciones, que los operadores no podrán costear solos, por los desafíos de sostenibilidad, argumentaron.

Sobre este punto, Aramendía destacó: “estoy convencida que la forma que tiene mayor impacto y más sostenible es buscar acuerdos entre los diversos actores del ecosistema. Hay que trabajar juntos para buscar soluciones. Pero creando cargas artificiales sobre sólo uno de los actores del ecosistema no es algo sostenible, ni tienen realmente un fundamento. Hay que buscar acuerdos como los de peering, de interconexión o de compartición. Siempre lo mejor es sentarse, conversar, buscar si hay problema, buscar las soluciones al objetivo; pero establecer cargas arbitrarias, sin fundamento, va a generar barreras artificiales”.

Los operadores tradicionales también aducen que existen desequilibrios en el mercado, por la carga regulatoria heredada que tienen los operadores y que los servicios sobre Internet no poseen.

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Sobre este tema, Aramendía resaltó que los servicios digitales también tienen carga regulatoria de defensa del consumidor o competencia. “No hay una justificación que haga necesaria la intervención. Lo que habría que procurar es simplificar los marcos para que se pueda seguir desarrollando y promoviendo los sectores. Pero porque algo esté mal, no creo que tendríamos que trasladarlo a otro, sino que tenemos que trabajar juntos, buscar acuerdos y buscar formas que permitan que todo el ecosistema digital se desarrolle de manera eficaz, eficiente y que permita alcanzar el objetivo que todos queremos, que la economía digital se siga universalizando”.

“Hay que buscar el equilibrio entre la protección de los derechos humanos y promover la innovación”, agregó.

Asimismo, destacó las inversiones en infraestructura que hacen las plataformas, como en cables submarinos, Data Centers, CDN e interconexión.

En cuanto al rol del regulador en esta discusión, Aramendía afirmó que, en la mayoría de los países, los organismos regulatorios no tienen específicamente competencia para entrar en esta temática y que uno de los focos de la Alianza es trabajar colaborativamente para brindar información de calidad a los reguladores y a quienes toman las decisiones.

Salvador de Bahía, Brasil.- En la democracia como en la transformación digital, las personas deben estar en el centro, coincidieron oradores de un panel del ICT LAC Summit en el que también se compartieron retos y certezas relacionadas con esta convivencia que desafía a América Latina. El acceso y las tecnologías deben estar al servicio del ciudadano pero, cuidado, hay aspectos que atender.

“Las bondades de Internet traen consigo desafíos. Debemos enfrentarnos y dar respuesta a ellos. Los riesgos en este caso están vinculados a la veracidad de la información, la hiperpolarización política y discursos cada vez más violentos”, señaló Elaine Ford, directora fundadora de Democracia Digital. Agregó que la problemática estuvo muy a la vista este año, en el que la mitad de la población mundial fue a las urnas, y señaló que América Latina es un escenario propicio para el debate por una tendencia cada vez más marcada de desapego de partidos tradicionales y desconfianza en las autoridades por parte de la población.

Por su parte, Mercedes Aramendía, titular de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones de Uruguay (Ursec), valoró que “la transformación digital tiene un alto impacto en la democracia, en cómo las personas interactúan y conversan. Son conceptos que tienen que convivir. Hay muchas oportunidades pero también retos, como la desinformación”. También hizo hincapié en la importancia de “educar y capacitar a los ciudadanos” porque “la tecnología puede usarse de forma positiva o negativa”.

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Para Meredith Leter, jefa de la Unidad Legal y de Licencias de la Autoridad de Telecomunicaciones (TAS) de Surinam, “para permitir que las herramientas digitales ayuden a la democracia, necesitamos conexiones confiables y es muy importante la inclusión de todos. Hay que preguntarle a las personas qué quieren para responder a sus demandas”. Añadió que el próximo año es electoral en Surinam (se elegirá presidente y otros cargos en mayo) y que sería muy interesante ver una mayor participación de la tecnología en el proceso, que contará con unos 30 partidos interesados.

El desafío es mayor en escenarios de fuerte concentración de poder, marcó Pedro Salazar, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien también señaló como arista a atender que “una democracia robusta requiere de un debate correcto en el que los que interactúan lo hagan de forma respetuosa y eso en el mundo digital no sucede”.

El reto regulatorio también estuvo en el centro del debate. Al cierre, el especialista Sadi Contreras Fuset llamó a la región a trabajar en bloque e iniciar una nueva etapa en esta materia. “La única forma de hacer democracia digital es regular en conjunto, esto es generar una regulación consensuada entre todo el ecosistema en la que el gran beneficiado sea el ciudadano”, concluyó.

La reciente decisión de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil de reconocer que la TV de paga y el streaming son el mismo mercado relevante, fue uno de los argumentos esgrimidos por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) para entender procedente la solicitud de los cableoperadores de Montevideo TCC, Montecable y Nuevo Siglo de funcionar como consorcio para dar Internet y TV de paga en la capital uruguaya.

Con la firma del presidente Luis Lacalle Pou, Uruguay finalmente autorizó a las compañías a operar de forma consorciada la prestación del servicio de televisión por abonados (clase D) y trasmisión de datos (clase C).

“En lo que a Ursec respecta, se analizó e informamos que se podía avanzar en la línea solicitada”, dijo hace unos días la titular del regulador, Mercedes Aramendía, ante la consulta de DPL News sobre el tema. Este medio ahora accedió al informe completo de la Gerencia de Regulación Jurídica y Económica, en el que figuran razones, estudios y el caso de Brasil para avalar el pedido. Ese informe aparece entre los considerandos de la resolución que autoriza el pedido.

De acuerdo con el documento, quienes solicitaron son competidores en el servicio y suman el 53 por ciento del share en Montevideo. Actualmente compiten allí e “incluso alguno de ellos cuenta con autorización para operar en todo el territorio nacional”. En síntesis, la sumatoria de sus suscriptores de televisión en todo el país es de 94 mil 222, el 19 por ciento del total (Ursec, 2023).

Aquí entra el argumento del regulador, que podría sintetizarse en que los cambios del mercado y de los consumidores hacen que la revisión contemple otros aspectos, como la injerencia del streaming.

“Uruguay perdió 23 por ciento de la base de TV paga en los últimos tres años”, señala el informe y agrega distintos estudios para resaltar el crecimiento de plataformas OTT (principalmente Netflix, también Amazon, Disney+ y otros) en el gusto del consumidor, especialmente en el público joven.

El reporte contempla “el cambio en los hábitos de consumo en la industria del entretenimiento a nivel global, optando los consumidores por las plataformas de streaming en detrimento de la televisión lineal, algo mucho más importante en las generaciones más jóvenes”. Esta situación “obliga a los reguladores a comprender las preferencias de consumo de medios de las nuevas generaciones, la necesidad de adaptarse a un panorama mediático en constante evolución y un significativo crecimiento del streaming”.

Aquí aparece el caso de Sky, pues se señala expresamente que este año la Anatel de Brasil reconoció que “la TV paga y streaming son el mismo mercado relevante”, para dar lugar a la medida cautelar presentada por Sky para dejar de ser considerado operador con poder de mercado significativo. El documento de Ursec menciona en las notas al pie la nota publicada por DPL News sobre este asunto.

Para la Ursec, entonces, la realidad de Uruguay “no difiere” de la situación plasmada por la Anatel, por lo que se puede interferir que las conclusiones arribadas en Brasil pueden ser trasladados al mercado uruguayo, es decir, interpretar a este mercado relevante como la suma de abonados tradicionales más usuarios de streaming y aportar esa información a la decisión final.

“El 57 por ciento de las personas utilizan la TV de forma diaria para conectarse a Internet, y la actividad más popular es el consumo o descarga de contenido multimedia en línea; alrededor del 50 por ciento de las horas destinadas al entretenimiento audiovisual son en plataformas de streaming”, amplió Aramendía sobre la realidad local. Sumó a esto la caída de abonados en TV de paga y el incremento del tráfico de datos de banda ancha fija y móvil.

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Antes se analizó, además, que la solicitud planteada no da espacio a un nuevo permiso, sino a una autorización para adoptar una nueva modalidad para la prestación de servicios de TV para abonados y transmisión de datos, contando los peticionantes con los respectivos permisos. En otras palabras, Ursec interpretó que se trata de una cuestión de forma más que de fondo.

Agrega inmediatamente que los peticionantes serían entrantes en el mercado de transmisión de datos, sin vinculación con otras empresas del segmento, por lo que no correspondería aquí negar la autorización. “El consumo de datos no para de crecer (…) y hay que facilitar el acceso”, había subrayado sobre este segmento Aramendía. Las tres empresas ya contaban con permisos respectivos para ambos servicios involucrados.

La aprobación al pedido de los cableoperadores de Montevideo se da cuando aún no se ha resuelto el destino del proyecto de nueva Ley de Medios en Uruguay que, según la última redacción, abre las puertas a que cualquier prestador de TV de paga pueda pedir licencia para dar banda ancha en el país.

Hasta 2021, existía en Uruguay prohibición expresa —se cambió el artículo 56 de la Ley de Medios en la Rendición de Cuentas— para que oferentes de TV paga participen del mercado de banda ancha fija, mientras que Claro y Movistar han visto recurrentemente rechazados sus pedidos para obtener una licencia que les permita tener una oferta multiservicio.

En la situación actual, y en medio de la carrera por las elecciones presidenciales de octubre, los cableros montevideanos podrían convertirse en el primer gran operador que ofrezca servicios de TV e Internet.