Un duro golpe para la BBC se desencadenó este lunes en el Reino Unido. La Secretaria de Cultura, Nadine Dorries, anunció el congelamiento de la tarifa anual de 159 libras esterlinas de la televisora, mediante la cual financia su existencia.

Durante los dos próximos años, la BBC no podrá subir el precio de su suscripción, lo cual significa que deberá buscar la manera de ahorrar 2 mil millones de libras para poder sostenerse, tomando en cuenta que la inflación actualmente es de 5.1 por ciento, de acuerdo con un informe de Daily Mail.

La emisora obtiene unos 3 mil 200 millones de libras esterlinas a través del cobro de la licencia anual para acceder a sus contenidos. En los últimos años, ha tenido que hacer ajustes para seguir produciendo contenidos.

El impacto de este congelamiento podría ser incluso más grave para la televisora, ya que Dorries considera vincular futuros incrementos de tarifas por debajo de la inflación, lo que implicaría que la BBC se vería obligada a encontrar mayores ahorros.

Con los conservadores en el poder, la BBC enfrenta un panorama complicado para mantener su modelo de negocios. El gobierno estudia la posibilidad de reemplazar todo el esquema de financiación de la emisora, de cara a la revisión de los estatutos de la corporación que se renovarán en 2027.

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Para el Partido Conservador, la BBC transmite contenidos con “sesgo de izquierda”. A los altos funcionarios británicos no les gusta la cobertura que da al primer ministro Boris Johnson, y la califican de ser parcial y prejuiciosa.

Tras el anuncio de la Secretaría de Cultura, un portavoz de la BBC dijo que su cobertura “ha incluido perspectivas de todo el espectro político, incorporando diferentes puntos de vista dentro del Partido Conservador, y se ha adherido a las pautas editoriales sobre imparcialidad en todo momento”.

Más allá de las críticas a una supuesta imparcialidad, el gobierno también apuntó que la medida de congelar la tarifa se da en atención a la contracción de la economía familiar en el territorio británico, en el contexto de la recuperación post Covid-19.

El año antepasado, la BBC subió el costo de la licencia anual y eliminó la gratuidad de la tarifa para las personas adultas mayores, a excepción de aquellos que viven en hogares con menores ingresos.

Los medios públicos en la región latinoamericana adolecen de soberanía cultural, producción de contenidos propios, inclusión de la ciudadanía, diversidad de voces e independencia, pues generalmente dependen de los recursos del gobierno para existir y de la voluntad del poder político en turno, advirtió Omar Rincón, investigador y profesor de Comunicación y Periodismo de la Universidad de los Andes, en Colombia.

Aunque en teoría los medios presumen autonomía, en la realidad no son independientes, ya que sus directivos son elegidos por el gobierno y suelen responder a las necesidades políticas. Por ello, existe un problema de relevancia social de los medios públicos y no se impidió en Ecuador y Colombia, por ejemplo, el cierre de sistemas de radiodifusión, explicó el experto durante el Encuentro Internacional de Medios Públicos.

Rincón destacó que, en América Latina, existen ejemplos de buenos contenidos, como la programación de Canal 11 y Canal 22, en México; Pakapaka, en Argentina; o Señal, en Colombia. Pero no hay continuidad en la creación de nuevos programas, que respondan a las necesidades de las audiencias.

Agregó que los medios también deben entender que participan dentro de todo un ecosistema al que deben adaptarse, puesto que existen plataformas digitales que permiten a las personas ver lo que deseen cuando quieran.

En contraste, los medios públicos en Alemania buscan garantizar su independencia financiera y de gestión a través de un modelo en el que existe un consejo de administración en el que participan representantes de diferentes grupos de la sociedad, incluidas las comunidades indígenas, organizaciones de mujeres, la iglesia, partidos políticos, empresarial, grupos campesinos, entre otros, expresó Anne-Katrin Mellmann, editora y conductora de Info Radio, servicio público informativo de la RBB en el país europeo.

Además, la también excorresponsal de radio en América Latina de la ARD-Sistema Público de Radiodifusión de Alemania comentó que el sistema de medios públicos alemán es posible gracias al financiamiento de los ciudadanos, quienes pagan 17.5 euros al mes. En la nación teutona, el marco jurídico es resultado de la historia; “después de la dictadura del nacional-socialismo, era necesario crear un sistema que ya no pudiera servir para manipular la opinión”, comentó.

Ray Suárez, presentador del programa WorldAffairs que se transmite por la cadena KQED en Estados Unidos, señaló que en el país norteamericano se entiende que los medios deben responder al interés público. No obstante, una parte de los recursos financieros para la operación de la radiodifusión pública proviene del gobierno federal y estatal, lo cual genera presión política sobre los contenidos. Y, además, constantemente los medios tienen que recaudar fondos para seguir funcionando.

El conductor de radio añadió que la radiodifusión pública se enfrenta a otro desafío: la revolución digital. En la actualidad, existen diferentes ofertas de plataformas como Amazon, Netflix y HBO, que han llegado a replantear el futuro de los medios. Ahora, las audiencias deciden cuándo y cómo ver contenidos de video, mientras que a su vez se está presenciando un resurgimiento del podcast. A estos cambios tendrán que adaptarse la radio y televisión, tanto pública como privada, y aún no se sabe cuáles serán todas las implicaciones, puntualizó.

“En toda Europa, la democracia está amenazada”, inicia la editorial publicada este jueves, donde los líderes de los medios de servicios públicos argumentan que existe una necesidad urgente de asegurar la soberanía digital en Europa. Piden una regulación que garantice la prominencia del contenido de valor público en todas las plataformas principales.

La carta está firmada por las máximas autoridades de los medios públicos: BBC, France Télévisions, ARD, ZDF, Rai, RTVE y EBU, señales que invierten anualmente más de 18 mil millones de euros en contenidos.

Estas compañías defienden que Europa necesita un entorno en línea justo y transparente, basado en el éxito de la legislación GDPR de Europa, para garantizar la soberanía digital. Asimismo, piden una legislación que obligue a las plataformas a brindar acceso a los datos de los consumidores.

En la carta, las señales detallan que en el mundo de hoy prevalece una creciente desconfianza en las instituciones, y es avanzado el grado de propagación de la desinformación y el discurso de odio.

“El rápido aumento de las plataformas mundiales no reguladas también es un terreno fértil para difundir mensajes que manipulan, engañan e incluso influyen en el curso de las elecciones”, destaca en el texto. Agrega que, desde el final de la censura estatal en Europa, el pluralismo mediático “no ha estado más en riesgo”, y que en este caso los ejecutores han sido reemplazados por algoritmos.

Aseguran que las plataformas globales están alterando la forma en que se muestra, atribuye y remunera el contenido de los medios europeos. “Determinar cómo gestionar este panorama en constante cambio de una manera que defienda nuestros valores y capacite a los ciudadanos europeos es una prioridad urgente para los líderes europeos”.

Las señales también se quejan de que los operadores de plataformas tienen una responsabilidad limitada por el contenido que ponen a disposición, a pesar del impacto negativo que pueden tener en la formación de opinión.