Esta entrevista forma parte de un especial de contenidos que DPL News ha preparado para mostrar algunos de los temas más relevantes que se abordarán en México Digital Summit 2025 los próximos 4 y 5 de noviembre. Regístrate gratis aquí.

Uno de los principales retos que tienen las nuevas personas comisionadas de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de México es anteponer los derechos humanos a la hora de reglamentar, por lo que lo ideal es “diseñar sistemas de gobernanza descentralizados que empoderen a los ciudadanos”, declaró María Elena Estavillo, fundadora y directora general del Centro-i para la Sociedad del Futuro.

En entrevista con DPL News, Estavillo afirmó que se debe “regular de manera que se equilibren los objetivos de desarrollo tecnológico con la centralidad de los derechos humanos, teniendo muy presente el poder económico y político que tienen quienes controlan las tecnologías digitales”.

Otro reto, destacó María Elena Estavillo, es innovar en la forma de regular, especialmente en una actualidad en la que la tecnología evoluciona constantemente, por lo que “hay que generar nuevas formas ágiles, flexibles, adaptativas y colaborativas para regular las tecnologías digitales, incluyendo la Inteligencia Artificial.

Respecto a la propuesta de incorporar el artículo 30-B al Código Fiscal de la Federación, el cual permitiría a las autoridades fiscales tener acceso en línea, de manera permanente y en tiempo real a los sistemas y bases de datos de las plataformas digitales, Estavillo suscribió la postura del Consejo Ejecutivo de la Economía Digital (CEDIG), la cual afirma que dicha disposición “amenaza directamente el derecho a la privacidad”.

El CEDIG y Estavillo enfatizan que la reforma propuesta “no sólo es innecesaria e ineficaz para fines fiscales, sino que representa una amenaza estructural a los derechos humanos, a la libertad económica y a la confianza en el ecosistema digital mexicano”.

Recordaron que este planteamiento ya había sido propuesto en el proyecto de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y que fue eliminado por el Congreso, debido a la afectación a derechos fundamentales y a la inclusión digital.

“En lugar de imponer medidas intrusivas o coercitivas, es indispensable construir un entorno de confianza y transparencia, donde la autoridad actúe como aliada para facilitar el cumplimiento voluntario, simplificar los procesos y ofrecer certidumbre jurídica. Sólo así podrá incentivarse la formalización, fortalecer la recaudación y consolidar una economía digital dinámica, competitiva y sustentada en principios de equidad, solidaridad y respeto mutuo”, advirtieron.

La propuesta de nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión de México carece de neutralidad en el tema de competencia, un pilar indispensable para que haya inversiones en el sector, aseguró a DPL News, María Elena Estavillo, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La especialista en temas de competencia económica aseguró que ha sido precisamente el principio de neutralidad lo que a lo largo de varios años incentivó las inversiones en telecomunicaciones y radiodifusión.

La propuesta de nueva ley requiere “recuperar el principio de neutralidad a la competencia y no desincentivar inversiones que han sido indispensables para la cobertura de la población que ha estado a cargo de las empresas privadas”, comentó Estavillo.

También advirtió que la nueva ley debería priorizar la existencia de una entidad que tome decisiones colegiadas, como ocurría en el caso del Pleno del IFT.

La excomisionada propuso incluso la creación de un nuevo consejo consultivo conformado con expertos en diversas áreas, tal y como el que tenía el IFT.

“Crear una entidad con toma de decisiones colegiada, transparencia y apoyada en consejos consultivos (científico, ciudadano o técnico) puede reducir algunas de las preocupaciones relacionadas con la gobernanza y la concentración de facultades (de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones)”, apuntó Estavillo.

La experta también mencionó que la nueva ley necesita reestructurar la protección de derechos humanos, evitar fórmulas que puedan facilitar la censura, las que ya han sido declaradas inconstitucionales, como el registro de usuarios móviles, o bien espacios de discrecionalidad, como por ejemplo en las disposiciones de colaboración con la justicia.

Por otro lado, dijo que se necesitan nuevas reglas que establezcan piso parejo entre distintos servicios e infraestructura, neutralidad regulatoria y neutralidad tecnológica. Explicó que los derechos humanos deben protegerse sin importar la tecnología o la infraestructura que se esté usando para ejercerlos.

“Aprovechar la oportunidad de corregir aspectos que no funcionaron de la Ley Federal de Competencia Económica, como las reglas de propiedad cruzada que ahora se pasan a la autoridad antimonopolios y requieren actualizarse para un entorno digital convergente”, añadió.

Finalmente, dijo que es necesario revisar aspectos que entran en conflicto con acuerdos multilaterales, como el respeto a la neutralidad a la competencia, a la libertad de expresión y la obligación de contar con un regulador independiente que se acordó en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Consulta el especial sobre la nueva Ley Telecom en México

Entre los múltiples claroscuros que se observan en el dictamen de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México, hay uno que podría generar aún mayor incertidumbre jurídica, dar pie a una avalancha de litigios de constitucionalidad e inmovilizar el quehacer de los reguladores.

María Elena Estavillo, cofundadora y directora general de Centro-i para la Sociedad del Futuro, advirtió que, tal como está escrito, el dictamen de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión fragmenta la regulación económica.

Si bien se pretende trasladar las atribuciones de regulación económica a una nueva entidad aún no creada, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) también tendrá facultades en ese ámbito, además de encargarse de la regulación técnica.

En opinión de Estavillo, existe “una enorme confusión entre las facultades regulatorias y las facultades de competencia”, pues “se van las facultades de competencia a la nueva autoridad de competencia, pero le añaden una parte de regulación económica con una redacción sumamente confusa”.

Durante un webinar organizado por Access Partnership, la también excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) señaló que no se puede separar la regulación económica de este sector, dejando una parte en la cancha de la ATDT y otra en la de una autoridad de competencia.

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Si no se resuelve esa inconsistencia en la ley, como lo plantea Estavillo, se “va a crear todas las posibilidades de litigio; va a ser bien fácil pelear la constitucionalidad de las acciones regulatorias por parte de la autoridad de competencia y la de telecomunicaciones (la ATDT)”.

“Este tema es bien importante porque sí puede causar la inmovilidad de las dos autoridades en esta materia. Estoy hablando de una buena parte de la regulación económica”, sentenció la experta.

Dado este panorama, Elena Estavillo coincidió con Irene Levy, representante en Québec de la Cámara de Comercio del Canadá en México, en que se necesita revisar en conjunto la iniciativa en materia de telecomunicaciones y la de competencia, como un sistema.

Además, la directora de Centro-i reiteró la relevancia de mantener el principio de neutralidad de la competencia en la ley, ya que fue eliminado en el dictamen que se presentó en el Senado.

No hacerlo, aseguró, puede desincentivar las inversiones y generar más incertidumbre, ya que se suma al planteamiento, contenido en el mismo proyecto, de que el Estado se convertiría también en proveedor de servicios y competiría directamente con el resto de jugadores en el mercado pero con condiciones preferenciales.

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La paradoja del espectro y la conectividad

Durante el webinar de Access Partnership, Estavillo, Levy y Fernando Borjón, asesor senior en Access Partnership, coincidieron en que ciertos contenidos de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión representan un retroceso.

Además de que desaparecen los órganos autónomos, particularmente el IFT, el Estado va a tener un estatus preferencial desde la Constitución y se va a extraer de las reglas de competencia y de las regulaciones de telecomunicaciones y radiodifusión, explicó Levy.

De esta manera, el Estado se convierte en un Estado operador para el cual no aplicarían las mismas reglas que sigue el resto. La justificación es que se busca ampliar la conectividad en México, y, aunque legítima, no es funcional, según los expertos.

Para Estavillo, no se trata de negar que el Estado vaya donde las empresas no llegan, pero hay que tener claro hasta dónde. Si el Estado entra a competir indiscriminadamente, se desincentiva la inversión. 

Y más allá de querer llevar por sí mismo los servicios a los usuarios finales, el Estado tiene otros mecanismos para acelerar el cierre de la brecha digital, comentó Fernando Borjón.

Bajar los costos del espectro, un insumo esencial para los servicios de telecomunicaciones, es una forma directa de propiciar las inversiones e impulsar la ampliación de la conectividad digital, señaló el especialista de Access Partnership.

“El costo del espectro es muy caro en México ―añadió― y hay que tener visión de largo plazo: si puedes dejar ir ingresos fiscales este año, a cambio de beneficios sociales, beneficios económicos y competitividad del país, son inversiones finalmente. Pero tienes que tener una visión de mediano y de largo plazo”.

Si se quiere realmente que baje el costo del acceso a Internet, sentenció Borjón, hay que bajar el costo del acceso al espectro.

La propuesta de nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión de México carece de neutralidad en el tema de competencia, un pilar indispensable para que haya inversiones en el sector, aseguró a DPL News, María Elena Estavillo, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La especialista en temas de competencia económica aseguró que ha sido precisamente el principio de neutralidad lo que a lo largo de varios años incentivó las inversiones en telecomunicaciones y radiodifusión.

La propuesta de nueva ley requiere “recuperar el principio de neutralidad a la competencia y no desincentivar inversiones que han sido indispensables para la cobertura de la población que ha estado a cargo de las empresas privadas”, comentó Estavillo.

También advirtió que la nueva ley debería priorizar la existencia de una entidad que tome decisiones colegiadas, como ocurría en el caso del Pleno del IFT.

La excomisionada propuso incluso la creación de un nuevo consejo consultivo conformado con expertos en diversas áreas, tal y como el que tenía el IFT.

“Crear una entidad con toma de decisiones colegiada, transparencia y apoyada en consejos consultivos (científico, ciudadano o técnico) puede reducir algunas de las preocupaciones relacionadas con la gobernanza y la concentración de facultades (de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones)”, apuntó Estavillo.

La experta también mencionó que la nueva ley necesita reestructurar la protección de derechos humanos, evitar fórmulas que puedan facilitar la censura, las que ya han sido declaradas inconstitucionales, como el registro de usuarios móviles, o bien espacios de discrecionalidad, como por ejemplo en las disposiciones de colaboración con la justicia.

Por otro lado, dijo que se necesitan nuevas reglas que establezcan piso parejo entre distintos servicios e infraestructura, neutralidad regulatoria y neutralidad tecnológica. Explicó que los derechos humanos deben protegerse sin importar la tecnología o la infraestructura que se esté usando para ejercerlos.

“Aprovechar la oportunidad de corregir aspectos que no funcionaron de la Ley Federal de Competencia Económica, como las reglas de propiedad cruzada que ahora se pasan a la autoridad antimonopolios y requieren actualizarse para un entorno digital convergente”, añadió.

Finalmente, dijo que es necesario revisar aspectos que entran en conflicto con acuerdos multilaterales, como el respeto a la neutralidad a la competencia, a la libertad de expresión y la obligación de contar con un regulador independiente que se acordó en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“No podemos cerrar brechas, ni contribuir con la inclusión del sector si el mismo sector no se suma a la inclusión”, ese fue el llamado de María Elena Estavillo, Cofundadora y consejera de Conectadas, Directora General en Centro-i para la Sociedad del Futuro, y moderadora de la Sesión Flash 5 titulada Mujeres digitales en el marco de México Digital Summit, organizado por DPL Live.

María Elena Estavillo

Fabiola Peña, gerente Regional para México y Centroamérica de la ALAI reiteró la necesidad de invitar a mujeres a eventos como el México Digital Summit, con propósitos que van más allá de cumplir “la cuota de género” en algún espacio. 

“Hay organizadoras de eventos que invitan a las mujeres diciendo: ‘es para que vengas y cumplas la cuota de género’. Entonces no están invitando a las mujeres por sus aportes en la industria, ni por su conocimiento, sino porque quieren cumplir una cuota y las mujeres estamos en todo el derecho de rechazar ese tipo de invitaciones que son casi groseras”, aseveró Peña. 

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Andrea Escobedo, Vicepresidenta de ideaTIC de Canieti, inició su intervención con el concepto “hackear el sistema, para que las mujeres tengamos cada vez una mayor representación en escenarios como este”.

Andrea Escobedo

En su turno, Laura Reyna de la Garza, gerente de Asuntos Públicos de TikTok, aseguró que “hacer negocios con las mujeres es una iniciativa disruptiva, principalmente en un país como México con unas cifras de desigualdad tan altas”.  

Laura Reyna de la Garza

Las panelistas coinciden en que el sistema laboral está listo para sumar a más mujeres en las operaciones de sus empresas. Sin embargo, no es una cuestión sólo de las empresas sino también de las personas. Esto significa que se requieren realizar algunos ajustes en la logística y en cómo medir los resultados y la efectividad de las empresas. 

“Contar con perfiles más diversos es también contribuir con la innovación en las empresas. Aquí, hay un trabajo interesante porque genera impacto no sólo dentro de las empresas sino también para la sociedad en general”, aseguró Reyna, de TikTok.

“No es que las mujeres no queramos levantar la mano o que no le estemos echando ganas para participar, se trata de que las condiciones estructurales nos lo impiden. Pensemos en ¿qué estamos haciendo dentro de nuestras organizaciones para impulsar o para frenar que estos escenarios se den?”, invitó Escobedo de ideaTIC de Canieti.

“Esta plática no tiene fin. Es muy importante para mí y para nosotras que este tipo de conversaciones se sigan dando y que cada vez más mujeres participemos”, concluyó Peña de ALAI.

La brecha digital en México y América Latina ya no sólo se trata de un tema de cobertura de redes, sino de inclusión y capacitación para el uso de las nuevas tecnologías, coincidieron especialistas durante la mesa “La ciudadanía digital del mañana”, en el Mobile 360 Latin America de la GSMA.

José Luis Peralta, director General en el área de Presidencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), advirtió que la brecha digital no es falta de conectividad nada más, sino que los ciudadanos deben ser capaces de usar las tecnologías cotidianamente porque si no, quedarán destinados a la marginación.

“Las telecomunicaciones son el insumo esencial en el ecosistema de la transformación digital, siempre hablamos de brecha de acceso pero también hay brecha de asequibilidad y la brecha de uso.

“Hay algo más preocupante. Hay datos que revelan que 80 por ciento de empleos serán reemplazados por carreras STEM para 2030. El 66 por ciento del total del empleo y 64.5 por ciento del empleo manufacturero en México está en riesgo de ser automatizado, según la OEA (Organización de los Estados Americanos) ”, advirtió Peralta.

Por lo anterior, el funcionario del IFT aseveró que la ciudadanía en general, sin importar si son profesionistas o no, necesita capacitación, ya que requiere aprender el uso de las herramientas de tecnologías digitales.

María Elena Estavillo, fundadora y directora general de Centro-i para la Sociedad del Futuro, hizo un llamado para que se generen políticas públicas más inclusivas y que realmente capaciten a la sociedad para la transformación digital.

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“Hoy estamos hablando de un portal esencial para ejercer todos nuestros derechos fundamentales como la educación, salud, pero también acceso a justicia, seguridad, libertad de expresión. Para ejercer los derechos ciudadanos digitales debemos participar en el ecosistema digital. Pero también implica transformar la manera en que hemos estado haciendo muchas cosas, como comunicarnos, trabajar, aprender, derechos políticos, cómo nos manifestamos, etcétera.

“Por ello, el tema de la inclusión es tan importante, porque no vamos a tener cierre de brechas y podemos ir generando nuevas brechas con cada avance tecnológico”, advirtió la excomisionada del IFT.

Abel Hibert, vicepresidente de Asuntos Públicos de AT&T México, señaló que cuando se habla de ciudadanos digitales, la tecnología y el Internet son algo tan básico como tener la credencial para votar, que sin ella no puedes votar; sin Internet no puedes ser un ciudadano digital.

“Existen varios modelos en el mundo para cerrar la brecha digital. Nos enfocamos mucho en la parte de oferta, es un problema de recursos, no es problema de tecnología. Para resolver los problemas del país nada más hace falta dinero”, señaló Hibert de manera irónica.

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Agregó que la asociación entre el sector público y privado es importante, pues llevar infraestructura a los lugares alejados es bastante costoso, pero es más costoso si no hay demanda. “Por eso se deben hacer los esfuerzos para hacer asequible la tecnología para las personas”, dijo.

Enrique Iglesias Rodríguez, especialista en el sector telecom del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hizo referencia al cierre de la brecha digital de género. Aseveró que se trata de algo urgente impulsar a las mujeres en el sector y en el conocimiento de herramientas digitales.

Añadió que las brechas digitales vienen en buena medida originadas por el tema de asequibilidad, entendida como el porcentaje del ingreso de la base de la pirámide. Señaló que el 40 por ciento de la población con menos recursos es la base de la pirámide.

Añadió que la banda ancha fija es muy poco asequible en la región y pocos ciudadanos pueden acceder a ella.

El Centro-i para la Sociedad del Futuro presentó este miércoles Conectamex, una plataforma que busca promover la transformación digital de México, a través de una reflexión ética sobre la tecnología que permee desde la base de la sociedad hasta los sectores productivos.

La Directora General del think tank, Elena Estavillo, destacó durante el lanzamiento que Conectamex pretende generar propuestas, propiciar la concurrencia de actores clave, atraer a nuevos agentes del ecosistema digital y facilitar el acceso a recursos e información para sumar esfuerzos a favor de la transformación digital.

Por ello, la nueva plataforma busca impulsar la transformación digital como una herramienta para construir un nuevo modelo de desarrollo más inclusivo, sostenible en el largo plazo y más resiliente, aprovechando las capacidades de todas las personas para lograr un crecimiento más igualitario.

Conectamex tiene el objetivo de empujar la transformación digital como una prioridad y una necesidad, ya que se trata de una palanca de la recuperación económica, la competitividad y productividad, que tiene impacto transversal en el desarrollo nacional.

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“Tenemos que incorporar a todos los sectores, tenemos que hacerlo de una manera urgente. No es algo para dejarlo más adelante (…), porque precisamente la transformación digital nos ayuda a resolver otras prioridades”, señaló.

Estavillo dijo que México necesita generar un entorno habilitador, en el que existan las condiciones e incentivos adecuados para la innovación, la inclusión digital y las sinergias, de manera que se favorezca la adopción de plataformas, contenidos, tecnologías y nuevos modelos de negocio propios de la economía digital.

La especialista y excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) también hizo un llamado a las empresas, organizaciones, instituciones, academia y sociedad civil a sumarse a Conectamex, para trabajar juntos en pro de la transformación digital.

Si bien la base de este proceso de transformación son las telecomunicaciones, Estavillo puntualizó que las discusiones y acciones deben trascender este sector, ya que “la transformación digital es un tema de educación, de salud, de justicia, de desarrollo urbano, de integración regional”.

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Durante la presentación, Estavillo dio a conocer un “documento semilla” elaborado por el Centro-i, el cual plantea los ejes estratégicos que abordará la plataforma: especialmente, la inclusión digital, la competitividad y productividad, el crecimiento económico, la incidencia de los espacios digitales en el ejercicio de derechos y en la democracia, así como los desafíos y oportunidades para generar las condiciones de un entorno habilitador.

Javier Juárez Mujica, presidente del IFT, destacó la relevancia de la transformación digital para generar mayor prosperidad y crecimiento económico, y disminuir la desigualdad en el país, tarea a la que busca abonar la nueva plataforma Conectamex.

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Sobre todo, la pandemia de la Covid-19 evidenció el potencial de la transformación digital como un habilitador para el ejercicio de derechos fundamentales y el acceso a mayores oportunidades, comentó Ana de Saracho, directora de Asuntos Públicos, Regulación y Negocio Mayorista de Telefónica México.

“En México siempre hemos tenido un enorme problema con el futuro”, aseguró la senadora Beatriz Paredes. Por ello, resaltó la necesidad de mirar hacia los desafíos futuros que plantea el entorno digital; por ejemplo, la ciberseguridad, la modernización del marco normativo en materia de protección de datos y el aprovechamiento de tecnologías como la Nube.

Los retos que presenta la transformación digital son urgentes, pero a su vez requieren una visión pacífica y constructiva. En ese sentido, la directora de Centro-i, Elena Estavillo, puntualizó que Conectamex tiene un espíritu de sumar esfuerzos y generar sinergias.

La semana pasada tuve la oportunidad de platicar con Adriana Labardini, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sobre su carrera y el machismo al que se ha enfrentado.

Me contó cómo a lo largo de su carrera fue testigo y víctima de violencia contra las mujeres, pero aquella que describió al interior del IFT fue muy reveladora.

Y es que una de tantas anécdotas que tiene la fundadora del IFT revela cómo, aunque el órgano regulador mexicano surgió como una institución moderna en el sector, no se pudo desprender de la cultura de machismo tan arraigada en México y en América Latina.

Adriana Labardini y María Elena Estavillo rompieron el techo de cristal en el Instituto, y aún estando en los puestos altos al ser parte del Pleno, vivieron hechos sexistas que suponen cómo todavía en esas altas esferas capturaron, desde el lado masculino, la “lealtad” de otras mujeres en puestos más abajo.

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Esta charla con Labardini la publiqué en el sitio web de Once Noticias, sin embargo, la rescato y destaco hoy en este espacio porque considero que es un tema del cual se debe hablar y dar a conocer para romper con esas prácticas.

Conforme la comisionada (María Elena) Estavillo y yo llevábamos ya tres años (en el IFT), veíamos mucho miedo en las mujeres, nadie puede dar ni medio paso. Había mujeres jefas de departamento o subdirectoras que les prohibían hablar con nosotras. Un día invitamos a un grupo grande de mujeres de niveles jerárquicos bajos a que charlaran media hora con nosotras en nuestra oficina, sobre cómo se sentían, cómo veían el sistema de servicio profesional de carrera, si tenían las mismas oportunidades, si las entrevistas eran justas, si sentían que sus jefes ya tenían candidatos favoritos para el puesto, si había casos de violencia. Las invitamos a tener un cafecito y creo que se podían tomar 20 minutos para escucharlas.

Tres minutos antes de esa reunioncita en mi oficina, estas chicas tenían, literal, que pedir permiso hasta para ir al baño. Tuvieron que avisarles (a sus jefes), y en tres minutos recibí 15 llamadas de directores generales para decir por qué las invitaba yo, que seguramente con quien quería hablar yo era con el director General.

Como no nos convencieron que fueran sus jefes quienes fueran a hablar, a los dos minutos antes de la reunión nos avisan de la administración que hay simulacro de terremoto. Los simulacros siempre te avisaban una semana antes, nunca era dos minutos antes. Lo hicieron a las nueve de la mañana, cuando vamos escuchando la alarma del simulacro en el edificio.

Pusieron en riesgo a todo el personal con tal de que no habláramos, imagínense el miedo que tendrían porque platicáramos por cuestiones de derechos de las mujeres.

El gran reto en el Instituto es que si a la cuestión de género le agregas que hay grupos políticos, es mucho peor. A María Elena y a mí nos sorprendió que esas mujeres que son protegidas por ese equipo no sólo de comisionados, sino a nivel medio, a ellas las van a proteger sólo en la medida que protejan a los hombres de ese grupo.

Cuando opinan diferente o proponen un proyecto regulatorio o emiten públicamente una opinión diferente, son de alguna manera sancionadas o expulsadas de ese grupo de confianza. Entonces ellas se vuelven operadoras para no perder la chamba o facilitadoras de ciertas conductas misóginas.

La comisionada María Elena Estavillo, con quien también tuve la oportunidad de platicar sobre el tema en estos días, coincide con la vivencia narrada por Adriana Labardini.

Adriana (Labardini) y yo impulsamos la realización de una encuesta sobre violencia de género al interior del Instituto. Esta fue una historia larga, pero recibimos un combate interno tan fuerte que no das crédito, tuvimos que realizar esa encuesta en un parque, no pudimos usar las instalaciones del Instituto siendo comisionadas. Era una encuesta de violencia contra mujeres al interior del Instituto, nos dábamos cuenta cómo no existían los mecanismos para atenderlas, eran muy deficientes o eran mecanismos de revictimización de muchas mujeres que no quisieran iniciar ninguna acción.

Ambas excomisionadas y fundadoras del IFT coinciden en que hoy las cosas seguramente han cambiado porque se crearon iniciativas al interior del Instituto que protegen y apoyan a las mujeres, aunque consideran que no son suficientes. Sin embargo, no hay que olvidar que en 2021 hubo un caso de denuncia de acoso por parte de una funcionaria, que por ello fue despedida, y recontratada una vez que se hizo pública la información.

Por otro lado, no olvidemos que el Pleno del IFT sigue incompleto y son cuatro hombres los actuales comisionados. Sigue pendiente por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador enviar a sus dos perfiles femeninos seleccionadas para ocupar dos plazas como integrantes del Pleno del regulador.

Telefónica advirtió que aunque en América Latina se ha avanzado en el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, existen otro tipo de retos específicos para poder generar una región digitalizada.

Así lo dio a conocer en el Primer Informe de la Sociedad Digital en Latinoamérica, el cual señala que existen factores que también son determinantes para garantizar que el cambio hacia una sociedad tecnológica se produzca de la manera más fluida e inclusiva posible, sin dejar a nadie atrás.

El estudio asegura que los gobiernos de América Latina deben tener en consideración acciones que ayuden a superar los desafíos en los distintos campos que plantea este proceso, y que sienten las bases para aprovechar todas las oportunidades que van surgiendo de mejorar el bienestar de los ciudadanos.

Durante la presentación del informe, Ana de Saracho, directora de Asuntos Públicos, Regulación, y Negocio Mayorista de Telefónica México, advirtió sobre las desigualdades digitales entre la sociedad en México y la región, y aseguró que además de la conectividad y dispositivos, a los latinoamericanos les hace falta apoyo en la educación digital.

“Es necesario tener las herramientas para poderse conectar y también son necesarias las habilidades digitales porque hay gente con cobertura y con acceso a algún dispositivo, pero no tiene la capacidad de exprimir todo el beneficio de esta digitalización”, comentó.

María Elena Estavillo, directora General de Centro-i para la Sociedad del Futuro, señaló que México es un país de grandes desigualdades tanto en temas económicos, sociales y digitales.

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Hizo un llamado a los gobiernos federales, municipales y locales para participar en el cierre de las brechas en conjunto con la iniciativa privada, pues dijo que una sola empresa es imposible que lo haga.

“Somos un país de grandes desigualdades. Tenemos lugares del país con nivel desarrollado, pero tenemos otros donde ni el 30 por ciento de la población tiene acceso a las telecomunicaciones. Son dos países, dos realidades, aunque no lo somos. El gran reto es el de cerrar brechas, tener modelos de desarrollo que vayan atendiendo de una manera deliberada este desarrollo desigual.

“A pesar de los avances que hemos tenido, eso nadie lo puede negar, los últimos siete años hemos crecido en penetración, cobertura y capacidad de redes, pero cuando vamos al micro cosmos de medio urbano y rural o estados de la república, tenemos desigualdades enormes. La brecha lejos de cerrarse, se está abriendo”, afirmó Estavillo.

El estudio señala que la educación se convierte en un elemento clave para formar ciudadanos del siglo XXI, además de que se plantea el reto de formar a una mano de obra que combine habilidades digitales con otras necesarias para desenvolverse en los entornos laborales actuales.

Asimismo, resalta la necesidad de potenciar el protagonismo de la mujer en la nueva sociedad digital de América Latina. Agrega que resulta crucial eliminar las brechas digitales de género que existen actualmente, tanto en el acceso a la tecnología como en la formación en disciplinas científicas y tecnológicas y en el desempeño de profesiones relacionadas con las TIC.

10 habilidades digitales a desarrollar

El estudio de Telefónica señala 10 habilidades digitales principales que se deben desarrollar en América Latina.

1. Capacidad de aprendizaje.

2. Adaptabilidad y manejo de la frustración.

3. Colaboración.

4. Comunicación verbal y escrita.

5. Creatividad e innovación.

6. Solución de problemas y toma de decisiones.

7. Pensamiento crítico.

8. Manejo de información y de datos.

9. Liderazgo.

10. Tecnología y pensamiento computacional.

Para alcanzar la igualdad de género en el sector TIC de América Latina, hace falta impulsar una perspectiva diferencial en las políticas digitales, acciones, planes y presupuestos que atañen al ecosistema digital, tanto en el ámbito público como en el privado.

Así lo plantearon Sonia Agnese, analista senior de Omdia e integrante de Chicas TIC, y Elena Estavillo, presidenta de Conectadas, al presentar una propuesta de hoja de ruta para incluir el enfoque de género de manera integral a nivel mundial, regional, nacional, local y organizacional.

En el marco del Congreso Latinoamericano de Transformación Digital (CLTD) 2021, las expertas expusieron los resultados de un taller de igualdad de género efectiva que se llevó a cabo en el marco del evento, con el objetivo de recabar aportes para elaborar el documento.

La propuesta destaca que la digitalización debe ser incluyente. Para ello, se requieren acciones como fomentar la participación activa de las mujeres en el diseño, la implementación y monitoreo de estrategias y políticas; e invertir en estudios, informes estadísticos e investigación para medir las brechas y el impacto de las TIC en el empoderamiento de las mujeres.

También advierte la necesidad de diseñar políticas para garantizar el acceso a las tecnologías para niñas y mujeres; fomentar las capacidades digitales y su llegada a carreras STEM; desplegar acciones para erradicar la violencia de género en el entorno digital; impulsar una cultura de la igualdad, y buscar el compromiso con la perspectiva de género desde los más altos niveles de responsabilidad de empresas y gobiernos, entre otros elementos.

Elena Estavillo explicó que la propuesta de estrategia integral considera imprescindible adoptar la perspectiva de género en el desarrollo de tecnologías como la Inteligencia Artificial, con el objetivo de no replicar los sesgos existentes en las sociedades y resolver la subrepresentación de las mujeres.

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Paula Ferrari, directora regional de Comunicaciones Corporativas y Marketing de Advocacy de GSMA en América Latina, comentó que ya existen varias iniciativas y acciones que buscan promover el cierre de brechas en el sector, pero están atomizadas.

Por ello, las expertas resaltaron la importancia de sumar esfuerzos en América Latina para elaborar, gestionar y publicar datos de la inclusión y la brecha de género en el sector de manera periódica, con el apoyo de una organización regional que se encargue de la disponibilidad de esa información.

Maryleana Méndez, secretaria General de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), agregó que el enfoque de género debe abordarse desde la transversalidad inherente a las TIC, pues influyen en múltiples sectores sociales y económicos. Desde esa visión transversal, se pueden unir las capacidades de todas las carteras de gobierno, apuntó.

A nivel global, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) está tratando de empujar proyectos para promover la participación de niñas y mujeres en las TIC, y elaborar datos con enfoque de género. En ese sentido, Sergio Scarabino, representante para Sudamérica de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), dijo que se pueden aprovechar trabajos como estos para aterrizar las estrategias enfocadas en América Latina.

Desde los organismos reguladores del sector, la perspectiva de género también debe ser una prioridad, pues “la revolución digital va a ser inteligente solamente si es incluyente”, destacó el comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México, Javier Juárez.

El comisionado expresó que los reguladores tienen que cuestionar las propias normativas que emiten, preguntándose siempre si hay sesgos de género en las disposiciones, y también podrían incluir evaluaciones de impacto regulatorio que analicen los posibles efectos, positivos o negativos, de las regulaciones para alcanzar la igualdad de género en las TIC.