Con la retirada del Proyecto de Ley de Inteligencia Artificial de la agenda legislativa de 2025 en Brasil, Brasscom (Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información y la Comunicación) comenzó a alertar sobre el riesgo de que la Medida Provisoria (MP) del ReData (Régimen Especial de Tributación para Servicios de Data Center) no sea convertida en ley dentro de su plazo de vigencia, que vence a fines de febrero.

La entidad evalúa que, sin la incorporación del régimen al Proyecto de Ley de IA, la tramitación del incentivo fiscal para Data Centers pasa a depender exclusivamente de la MP 1318/25, en un calendario considerado especialmente ajustado por el sector.

La movilización cobró fuerza después de que los presidentes de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, y del Senado, Davi Alcolumbre, confirmaran que el Proyecto de Ley de Inteligencia Artificial quedará para el próximo año.

Con el Congreso en receso hasta febrero y el impacto del feriado de Carnaval sobre la reanudación de los trabajos, Brasscom defiende la instalación inmediata de la comisión especial de la MP aun antes de la pausa parlamentaria.

La evaluación es que, con el órgano formalmente constituido, sería posible avanzar en articulaciones técnicas y políticas incluso durante el receso, reduciendo el riesgo de pérdida de vigencia de la medida.

La entidad considera que el poco tiempo disponible para la relatoría y la deliberación es una preocupación central si la comisión sólo se crea tras el regreso del Congreso. La MP ya fue prorrogada y tiene vigencia hasta el 25 de febrero de 2026, pero el sector ve dificultades para cumplir todas las etapas legislativas en ese intervalo.

En paralelo a la articulación política, Brasscom inició discusiones técnicas sobre los códigos de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) que podrían ser contemplados por la exención fiscal prevista en el ReData. Técnicamente, se trata de un sistema compartido por los países del bloque para clasificar mercancías y definir su tratamiento tributario y comercial.

La propuesta inicial, según la entidad, ya reúne cerca de 30 NCM y está bajo análisis de la Asociación Brasileña de la Industria Eléctrica y Electrónica (Abinee), con participación del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (MDIC).

El objetivo es establecer una mesa de negociación para ajustar la lista, buscando un equilibrio entre el estímulo a la instalación de Data Centers y la protección de la industria nacional de equipos, sin comprometer los flujos comerciales ya existentes en el ámbito del Mercosur.

El ReData sólo producirá efectos a partir de 2026, al anticipar disposiciones de la reforma tributaria en la compra de equipos para Centros de Datos, con exención del IPI y del PIS/Cofins y la expectativa de ampliación del beneficio por parte de los estados, vía Confaz, con desgravación del ICMS.

A pesar del escenario de incertidumbre, dentro del gobierno hay quienes creen en una solución aún este año, hipótesis que dependería de la designación de un relator de plenario para la MP.

El Proyecto de Ley 2.338/2023, de Inteligencia Artificial, fue finalmente aprobado la noche de este martes 10 de diciembre en el Pleno del Senado Federal de Brasil, mediante una votación simbólica —no nominal— y en régimen de urgencia, bajo críticas. El texto, que establece garantías y protección de los derechos de autor y clasifica niveles de riesgo para sectores como trabajo, seguridad, salud y otros, es un sustituto del relator Eduardo Gomes (PL-TO) y ahora pasa a la Cámara de Diputados para su tramitación.

La votación, prevista para las 14:00 horas, inició a las 19:00 y no permitió discusiones adicionales. Se rechazaron varias de las 200 enmiendas propuestas, ya sea por redundancia con puntos del texto o por considerarse excesivamente restrictivas, como la enmienda 230, que buscaba eliminar todo el capítulo 2, el cual aborda los derechos de las personas afectadas por sistemas de Inteligencia Artificial. Una de las preocupaciones era el uso indebido de datos de niños, por ejemplo.

“Mi postura es que el estímulo a la innovación debe ir de la mano con la protección de los derechos de la población, especialmente los de los sectores más vulnerables, como los niños y las minorías sociales”, defendió la senadora Teresa Leitão (PT-PE) al apoyar la propuesta.

Como ya se preveía, el PL también crea el Sistema Nacional de Regulación y Gobernanza de Inteligencia Artificial (SIA), supervisado por la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD), con la participación de otros reguladores y especialistas, para garantizar el cumplimiento de las normas.

El texto aprobado clasifica los sistemas de IA según niveles de riesgo y establece la necesidad de intervención humana cuando sea requerida. Los sistemas de bajo riesgo, como los asistentes virtuales, estarán sujetos a normas generales, mientras que los de alto riesgo, como vehículos autónomos y sistemas de vigilancia, deberán pasar por evaluaciones de impacto algorítmico. Los sistemas de riesgo excesivo, como armas autónomas o vigilancia masiva en tiempo real, están prohibidos, salvo en situaciones específicas.  

Otro ámbito de preocupación fue el tema de derechos de autor y uso de imagen. La nueva legislación permite el uso de contenidos protegidos con fines no comerciales, como investigación y educación, siempre que se respeten los derechos de los autores y se cite adecuadamente la fuente. Además, exige consentimiento previo para el uso de imágenes o voces, protegiendo el honor y la reputación de sus titulares.

La urgencia de regular este tema se basó no sólo en una necesidad geopolítica, como se propuso en la declaración del G20, sino también en la preocupación por la manipulación en el ámbito virtual y la proliferación de noticias falsas, mencionada por algunos parlamentarios al recordar el ataque antidemocrático a la Plaza de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023.

Críticas

Uno de los opositores a la aprobación fue el senador Eduardo Girão (Novo-CE), quien, además de considerar que la votación fue apresurada, acusó al PL de ser una ampliación del control estatal, a su juicio “dando espacio para la censura”, ya que el ajuste en el nuevo texto de la ley cambió la forma en que se creará el Sistema Nacional de Regulación de Inteligencia Artificial (SIA). En lugar de obligar la creación del sistema, el Congreso autoriza al gobierno a crearlo.

Según el ponente, este cambio se hizo para evitar problemas legales. Algunos miembros del gobierno y grupos opositores al proyecto señalaron que el Legislativo no podría, por ejemplo, designar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) para coordinar el SIA, ya que eso podría considerarse una invasión de competencias del Poder Ejecutivo, lo cual sería inconstitucional.

El senador Eduardo Gomes (PL-TO), relator del Marco Legal de Inteligencia Artificial (IA) de Brasil, presentó un voto complementario al proyecto de ley PL 2338/2023, incorporando más 20 enmiendas integrales al PL que debe ser votado la próxima semana.

Se incluyeron, entre los cambios propuestos, reglas que flexibilizan los mecanismos de autorregulación y la revisión de los criterios de riesgo de los sistemas de IA, especialmente aquellos aplicados en la gestión de infraestructuras críticas.

Entre los elementos ya autorizados en la propuesta, la autorregulación permite que los agentes de IA se asocien voluntariamente para promover mejores prácticas de gobernanza durante todo el ciclo de vida de los sistemas de IA, incluyendo el intercambio de experiencias y la estandarización técnica.

Ahora, con la enmienda, se añade la adopción de estándares y certificaciones reconocidos internacionalmente, con el objetivo de garantizar la interoperabilidad global y la visibilidad para los agentes de IA.

Te puede interesar: Milei oficializa como asesor a su mano derecha para Inteligencia Artificial

Clasificación de alto riesgo

La responsabilidad de la regulación de la clasificación de los sistemas de IA de alto riesgo, como ya se sabe, fue atribuida al Sistema Nacional de Regulación y Gobernanza de Inteligencia Artificial (SIA), coordinado por la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD).

Con la enmienda, se entiende que la clasificación de alto riesgo se aplica sólo cuando hay impacto ilícito o abusivo a la integridad física o a la interrupción de servicios esenciales. Esto refleja las demandas del sector de telecomunicaciones, enfatizando que la regulación debe centrarse en las aplicaciones de la tecnología, considerando la probabilidad y la gravedad de los impactos adversos.

La enmienda aceptada por el relator incluye la consideración de daños “significativos” al evaluar nuevos sistemas de alto riesgo y exige notificación previa a los agentes de IA sobre la reclasificación de sistemas, garantizando que estén al tanto de los cambios regulatorios.

En resumen, el texto detalla las propuestas y enmiendas al marco legal de IA, destacando la importancia de la autorregulación, la definición de criterios claros para la clasificación de sistemas de alto riesgo y la necesidad de notificación previa a los agentes de IA sobre cambios en la regulación.

O senador Eduardo Gomes (PL-TO), relator do Marco Legal de Inteligência Artificial (IA), apresentou um voto complementar ao projeto de lei PL 2338/2023, incorporando mais 20 emendas integrais ao PL que deve ser votado na próxima semana.

Entre as mudanças propostas foram incluídas regras que flexibilizam mecanismos de autorregulação e a revisão dos critérios de risco dos sistemas de IA, especialmente aqueles aplicados na gestão de infraestruturas críticas.

Entre os itens já autorizados na proposta, a autorregulação, permite que agentes de IA se associem voluntariamente para promover melhores práticas de governança durante todo o ciclo de vida dos sistemas de IA, incluindo o compartilhamento de experiências e a padronização técnica. 

Agora, com a emenda, adiciona a adoção de padrões e certificações reconhecidas internacionalmente, visando garantir interoperabilidade global e visibilidade para os agentes de IA.

Leia também: Meta deve suspender o uso de dados pessoais para treinar IA no Brasil

Classificação de alto risco

A responsabilidade pela regulamentação da classificação dos sistemas de IA de alto risco, como já é sabido, foi atribuída ao Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial (SIA), coordenado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Com a emenda, entende-se que a classificação de alto risco se aplica apenas quando há impacto ilícito ou abusivo à integridade física ou à interrupção de serviços essenciais. Isso reflete as demandas do setor de telecomunicações, enfatizando que a regulação deve focar nas aplicações da tecnologia, considerando a probabilidade e a gravidade dos impactos adversos.

A emenda acatada pelo relator inclui a consideração de danos “significativos” ao avaliar novos sistemas de alto risco e exige notificação prévia aos agentes de IA sobre reclassificação de sistemas, garantindo que estejam cientes das mudanças regulatórias.

Em resumo, o texto detalha as propostas e emendas ao marco legal de IA, destacando a importância da autorregulação, a definição de critérios claros para a classificação de sistemas de alto risco e a necessidade de notificação prévia para os agentes de IA sobre mudanças na regulação.