La administración de Javier Milei defiende la reducción de la participación del Estado en diferentes actividades y empresas de Argentina, al punto que Arsat fue durante el tratamiento del proyecto de Ley Bases una de las compañías susceptibles de privatización. Aunque eso finalmente no quedó plasmado en el texto aprobado, el destino del capital de la firma estatal de telecomunicaciones es campo de debate por estas horas.

La ley vigente señala que al menos 51 por ciento de las acciones de la compañía debe permanecer en manos del Estado, entonces el debate se concentra en el porcentaje restante. “Creo que el 49 por ciento ese que sale a capital privado tiene que quedar en manos de los actores actuales, los que estamos invirtiendo en el país hace tantos años”, dijo Marcelo Tulissi, en su rol de presidente de la Cámara Argentina de Cableoperadores e Internet PyME (Cacpy).

En el marco de un panel durante el encuentro “La revolución de la economía digital”, organizado y transmitido por La Nación, la presidenta de Infraestructura Digital Argentina (IDA), Leticia Vásquez, hizo hincapié en los 100 MHz de espectro que se le otorgaron a Arsat en la banda de 3.5 GHz como un activo a considerar en un eventual cambio accionario. Sobre esto, el interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Juan Martín Ozores, había dicho que seguramente le será solicitado ese espectro a Arsat para disponibilizarlo en una próxima subasta.

También participó el gerente general de Fecosur, Enrique Alonso, quien valoró el rol de las cooperativas en el ecosistema de telecomunicaciones de Argentina.

Antes habló Andrea Folgueiras, CTIO de Telefónica, quien consideró que “el próximo salto tecnológico es la personalización”, y habló del camino de la compañía para desplegar permanentemente la tecnología más nueva, buscando eficiencia de recursos, de espectro, de personas y al mismo tiempo dar más capacidad y ganar en cobertura. La firma ofrece servicios a unos 100 millones de clientes en Hispanoamérica.