Justo en medio de la primera y la segunda vuelta electoral, por la que se decidirá quién gobierna Chile entre 2022 y 2026, la sala de la Cámara de Diputados local envió una resolución por la que solicitó al Poder Ejecutivo poner en marcha una norma que “regule el uso de Big Data” en organismos públicos y sectores económicos relevantes.

El escrito –disponible aquí– pide un marco regulatorio “adecuado para mejorar, difundir y transparentar el uso de los macrodatos en la toma de decisiones relevantes de la ciudadanía, así como también potenciar su capacidad de predictibilidad y reducir su margen de error”.

En palabras más simples, luego se señala como propósito que el Big Data sea una “herramienta útil” y que se utilice “de un modo adecuado, legítimo y no abusivo” considerando que lo relevante de esta tecnología “no es la cantidad de datos obtenidos, sino su análisis para guiar decisiones y movimientos estratégicos de gobierno o de negocios”.

La resolución 856, aprobada por 136 votos a favor y una abstención, también pide aplicar las urgencias legislativas y demás trámites necesarios para promulgar los proyectos de ley que regulan materias sensibles al ámbito de Big Data, como los de protección de datos personales y la ciberseguridad.