Durante el evento Future of Digital Policy and Regulation, convocado por DPL Live, la socia en SAI Derecho y Economía, Lucía Ojeda Cárdenas, explicó las fronteras de los marcos regulatorios en materia digital.

En su intervención, la experta aseguró que “es necesario entender que la transformación digital es un proceso permanente y actual que no podemos dejar a merced de un futuro que ya vivimos”.

En este sentido, se debe avanzar en el camino regulatorio, pero sobre todo es necesario ser muy cautelosos a la hora de copiar y pegar modelos extranjeros.

“El trabajo y las experiencias de otros países son valiosos, pero no podemos sencillamente  copiar sus modelos y aplicarlos en nuestros países, pues se trata de atender nuestras propias necesidades también y la realidad es que tenemos retos importantes”, enfatizó Ojeda.

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De acuerdo con el censo de 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, el 52 por ciento de las viviendas en el país no tiene Internet, 89 por ciento de las conexiones pertenece a un entorno urbano y uno de cada cinco negocios usa Internet para el desarrollo de su actividad. Estos desafíos son locales y deben ser atendidos con la misma premura.

Ojeda señaló que si se quiere impulsar la conectividad en México, “debemos fortalecer el trabajo de conexión primero, vale la pena tomarlo en cuenta para promover la competencia. Además, necesitamos más diálogo para atender y entender cómo se va a aplicar esto en el marco regulatorio.

Para lograr que en México y otros países de la región logren una buena regulación en la materia es necesario:

1. Fortalecer las capacidades técnicas de funcionarios y tomar decisiones que promuevan el trabajo.
2. Generar instancias de coordinación y estudios de fenómenos para ejecutar acciones conjuntas con otras autoridades, como privacidad, competencia y ciberseguridad.
3. Lineamientos de entendimientos para potenciales riesgos.
4. Neutralidad competitiva y tecnológica.
5. Tomar ventaja o experimentar el procedimiento de solución híbrida que la intervención de la autoridad puede corregir y no sólo para prohibir.