Prensa DigitalEs

La Asociación Española para la Digitalización, DigitalES, que engloba a las empresas de telecomunicaciones, tecnología e innovación digital, ha celebrado hoy en el Congreso de los Diputados la jornada “Infancia y adolescencia en la era digital: un reto legislativo y social”, un encuentro que ha reunido a representantes institucionales, parlamentarios, y del tercer sector, con el objetivo de analizar los riesgos a los que se enfrentan los menores en internet y avanzar hacia una digitalización más segura, inclusiva y responsable.

Isaura Leal, secretaria segunda de la Mesa del Congreso de lo Diputados, dio la bienvenida al Congreso a los asistentes, y llamó a alcanzar el mayor consenso posible de los grupos políticos para conseguir una ley que proteja al niños y adolescentes.

Durante la inauguración, Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalES, recordó que seis de cada diez adolescentes acceden a contenidos pornográficos, muchos antes de los ocho años, y que los casos de ciberacoso aumentaron un 37% en el último año, lo que, según destacó, “exige una respuesta pública y social al mismo ritmo que evolucionan los riesgos digitales”. 

Sánchez Galindo subrayó que la protección de la infancia es una “condición para la innovación, no un freno”. Destacó que DigitalES fue la única patronal tecnológica firmante del Pacto de Estado por la protección de los menores en internet, e insistió en que la futura Ley Orgánica de protección debe ser “una norma urgente y eficaz, con una distribución clara de responsabilidades a lo largo de toda la cadena de valor digital”. 

En este sentido señaló que “desarrolladores de software, plataformas y redes sociales deben desempeñar un papel central en la implementación de herramientas de verificación de edad, clasificación de contenidos y control de acceso, en línea con la normativa europea Digital Services Act (DSA)”. Para el director general, la norma “debe exigir además la retirada inmediata de contenidos ilícitos”.

“Para la protección de la infancia no valen excusas ni económicas ni técnicas” subrayó, alertando de que no podemos permitir que se produzca una falsa sensación de seguridad en la sociedad, “que es lo que sucedería si no somos capaces de integrar plenamente a las grandes plataformas, redes sociales y proveedores de servicios intermediarios en internet”

Bloque social

En la primera mesa de la jornada, las organizaciones participantes —Save the Children, UNICEF y Fundación SOL—, representadas respectivamente por Catalina Perazzo, Nacho Guadix y Claudia Perazzo, coincidieron en la urgencia de reforzar la protección de la infancia en el entorno digital desde una responsabilidad compartida entre familias, administraciones y plataformas tecnológicas.
Las organizaciones subrayaron la necesidad de:

• Mecanismos reales de verificación de edad y control parental, acompañados de educación digital y afectivo-sexual para familias y menores.
• Mayor responsabilidad y transparencia de las plataformas, especialmente en la prevención del abuso y la explotación sexual infantil, el tratamiento de datos y la moderación de contenidos.
• Dotar de recursos a las familias y reducir las brechas digitales, para que puedan ejercer un acompañamiento efectivo.
• Legislar con agilidad y con una visión estructural de la inteligencia artificial, reconociendo su impacto en la exposición, la privacidad y los sesgos que afectan a niños y adolescentes.

En conjunto, coincidieron en que la tecnología no es el problema, sino la falta de respuesta y coordinación social, y en que la protección digital de la infancia requiere acción urgente, cooperación y coherencia entre lo legal, lo educativo y lo tecnológico.

Bloque parlamentario

En las intervenciones de los grupos parlamentarios (PP, PSOE, Vox, Sumar y PNV), todos los representantes coincidieron en la necesidad de una acción coordinada y un consenso amplio en torno a la futura Ley Orgánica, aunque con distintos matices.

Juan Luis Pedreño (PP) sugirió que su grupo no apoyará la ley en su redacción actual, al considerarla “poco práctica y sin base suficiente para ser aplicable”. Reclamó una estrategia nacional alineada con Europa y alertó del riesgo de generar una “falsa sensación de seguridad” si la norma no aborda de forma realista los contenidos inapropiados y los algoritmos que los promueven.

Adriana Maldonado (PSOE) defendió la ley como una oportunidad para garantizar los derechos digitales de los menores y situar a España al nivel de otros países europeos. Recordó que el Parlamento Europeo ha aprobado establecer en 16 años la edad mínima de acceso a redes sociales,” algo que no se está cumpliendo”, y subrayó que los sistemas de verificación de edad serán la herramienta clave para hacer cumplir las obligaciones de las plataformas.

Alberto Rodríguez Almeida (Vox) reivindicó el papel central de los padres en la educación digital de los hijos y criticó que el texto legal “mencione a los progenitores apenas dos veces”. Sostuvo que la protección de los menores debe provenir de las familias y no del control estatal, advirtiendo que el Gobierno “no debe sustituir a los padres en sus responsabilidades”.

Nahuel González (Sumar) defendió que la regulación debe priorizar el interés general frente al beneficio empresarial. Propuso limitar el poder de las grandes tecnológicas, educar en el uso ético de las herramientas digitales y garantizar la soberanía sobre los algoritmos. “El odio y la desinformación venden, y ahí es donde la política debe actuar”, afirmó.

 Nerea Rentería (PNV) destacó la importancia de una coordinación efectiva entre el Estado y las comunidades autónomas, respetando las competencias territoriales y la diversidad lingüística y cultural. Consideró necesario un nivel homogéneo de protección en todo el país y abogó por una ley consensuada, realista y con involucración de las plataformas y redes sciales en el diseño de entornos seguros.

En la clausura del encuentro, el presidente de DigitalES, Federico Linares, hizo un llamamiento para alcanzar una ley “ambiciosa y aplicable” que distribuya las responsabilidades, exigiendo más a quienes diseñan los entornos digitales globales, como plataformas o redes sociales, y evitando sobrecargar a quienes sostienen las redes. “Muchos de los riesgos nacen en entornos digitales globales diseñados sin suficiente atención a la protección de los menores”, afirmó.

La clausura corrió a cargo del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien destacó que el 94% de la ciudadanía apoya la regulación del acceso de menores a entornos digitales. Bolaños anunció que el Gobierno impulsará la colaboración con el sector privado para implantar sistemas eficaces de verificación de edad, y avanzó que España propondrá el debate a nivel europeo, con el objetivo de que la futura ley sea “referente en Europa y garante de los derechos digitales de los menores”.