El Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Salud anunciaron dos licitaciones orientadas a ampliar la conectividad en servicios públicos y expandir la infraestructura de Internet en regiones con baja cobertura en el país. Las iniciativas suman R$ 604 millones (US$ 123 millones) en recursos del Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (Fust).

La primera licitación prevé una inversión de R$ 104 millones (US$ 21,2 millones) para conectar hasta 3,800 Unidades Básicas de Salud (UBS) en todo Brasil. La medida integra acciones de fortalecimiento de la telesalud en el Sistema Único de Salud (SUS) y busca ampliar el acceso a servicios digitales en áreas con menor disponibilidad de especialistas.

Según el gobierno, la iniciativa forma parte del programa Agora Tem Especialistas y puede contribuir a reducir hasta un 30% el tiempo de espera para consultas, exámenes y cirugías.

Además de la conexión a Internet, el proyecto incluye la implementación de redes Wi-Fi internas en las unidades, permitiendo el uso de herramientas digitales por parte de los profesionales de salud y la integración de datos clínicos.

La segunda licitación, por un valor de R$ 500 millones (US$ 101,8 millones), integra el programa Acessa Crédito Telecom y está orientada a ampliar la infraestructura de conectividad en municipios pequeños y áreas remotas.

Los recursos provienen de una operación de financiamiento junto al Banco Interamericano de Desarrollo y serán destinados al fortalecimiento de Prestadoras de Pequeño Porte (PPP), responsables de gran parte de la cobertura de Internet en localidades de hasta 30,000 habitantes.

La propuesta también incluye la selección de nuevos agentes financieros, como bancos e instituciones de fomento, que serán responsables de operar las líneas de crédito destinadas a proveedores regionales.

Según el gobierno, el objetivo es ampliar el acceso al financiamiento para inversiones en banda ancha fija de alta velocidad, con foco en regiones rurales, comunidades tradicionales y áreas de difícil acceso.

CIO

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha lanzado un contrato pionero para detectar mediante algoritmos de inteligencia artificial (IA) posibles prácticas fraudulentas en licitaciones públicas. Así lo ha adelantado elDiario.es. En concreto, Competencia ha sacado a concurso un contrato de “servicios para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de Inteligencia Artificial e Inteligencia de Negocio”. Este, licitado por procedimiento abierto y con un período inicial de 24 meses, está valorado en aproximadamente 2,6 millones de euros.

Entre los sistemas de información de la CNMC que se van a desarrollar y mantener con este servicio cabe destacar en primer lugar el sistema BRAVA, acrónimo del inglés Bid Rigging Algorithm for Vigilance in Antitrust (Algoritmo de Manipulación de Licitaciones para la Vigilancia Antimonopolio). Se trata de un desarrollo propio de la CNMC que, mediante herramientas de IA y técnicas estadísticas, ayuda al organismo a detectar de oficio prácticas anticompetitivas en licitaciones públicas.

Leer más: https://www.cio.com/article/3633953/competencia-lanza-un-contrato-para-detectar-mediante-ia-licitaciones-irregulares.html

Gestión Alejandro Milla

La empresa de telecomunicaciones Gilat confirmó su interés en seguir de cerca el lanzamiento de varias licitaciones y ampliaciones de proyectos en Perú, por lo que aseguró que sus expectativas al cierre del año son positivas. Además, brindó detalles de la etapa final de su proyecto de internet de banda ancha para la región de Amazonas.

Adi Sfadia, CEO Gilat, comentó que esperan avances adicionales en los próximos meses en cuanto a su cartera de proyectos en territorio nacional. “Sabemos de la existencia del vencimiento de varias grandes licitaciones, así como varias ampliaciones de proyectos. Estamos muy satisfechos con la sólida cartera de proyectos que tenemos en Perú”, destacó en suúltima presentación de resultados financieros.

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La Diaria


Este lunes el Sindicato Único de las Telecomunicaciones (Sutel) emitió un comunicado en el que advierte que el Estado uruguayo deberá enfrentar juicios millonarios si continúa con el llamado a empresas para la administración de la base de datos en el proceso de cambio hacia la portabilidad numérica.

Desde el Poder Ejecutivo promueven este sistema por el que cada persona y no las empresas serían las propietarias de su número de teléfono celular; alegan que se trata de que los usuarios tengan más libertad para cambiar de compañía conservando el número; para esto se tienen que unificar los datos y es necesario contratar una empresa que los administre.

Leer más: https://ladiaria.com.uy/trabajo/articulo/2021/8/sutel-advierte-que-si-el-ejecutivo-continua-con-licitaciones-para-la-portabilidad-numerica-se-perderan-millones-en-juicios/

Hoy

Dos informáticos paraguayos, en su afán de contribuir con la detección de posibles irregularidades en licitaciones estatales, crearon un bot que identifica anomalías en las compras públicas y luego las difunde en Twitter.

Juan Pane y Julio Paciello son dos compatriotas que decidieron unir su ingenio, habilidad y conocimiento en el área de la computación para crear la cuenta @controlcivicopy.

En entrevista con el canal GEN, ambos explicaron que dicho perfil de Twitter tiene como principal finalidad difundir anomalías dentro de las compras públicas que son encaradas en diversas instituciones, lanzadas a través del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Pane comentó que la idea surgió luego de analizar cómo podían hacer para controlar “dentro de todo el océano de datos y de compras públicas”, buscando poder encontrar “las cosas raras” que pudieran existir, refiriéndose a presuntas irregularidades.

Valiéndose de la inteligencia artificial y el “machine learning”, la cuenta de Control Cívico lo que hace es aprender el comportamiento normal de los valores de las compras públicas y detectar cualquier desviación de dicho comportamiento, reflejándolo a través de tweets. En este caso, esto no necesariamente significa que haya un hecho de corrupción sino más bien que se hayan identificado ciertas anomalías, aclaró.

A partir de estas publicaciones, la prensa puede encargarse de indagar para confirmar si se trata o no de una irregularidad que pudiera desencadenar en posibles hechos de corrupción dentro de las licitaciones públicas, siendo un aliado en el rol de contralores de los medios de comunicación, indicó.

Por su parte, Paciello recordó que a diario se publican muchos llamados a licitación pública y por ello el trabajo sería muy complicado si se hace la revisión uno a uno, siendo ésta una herramienta para elaborar una “preclasificación de riesgo” que facilita dicha tarea.

Al utilizar un modelo de “machine learning”, el bot necesita datos históricos para entrenarse, por lo que constantemente irá procesando mayor información para filtrar los datos que recopile.

En esta primera etapa, @controlcivicopy revisará toda la información estructurada que se encuentra en el portal de la DNCP, todavía sin llegar a extraerla de los archivos en PDF de los pliegos de bases y condiciones.

La FM-Iván Hernández

El presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, indicó que uno de los asesores de la ministra de tecnologías, Karen Abudinen, el abogado Camilo Valencia, participa en la licitación que busca conectar a internet a cerca de diez mil escuelas rurales en Colombia, por lo que habría un conflicto de intereses.

A este proceso público se presentaron varias empresas que aspiran a quedarse con el contrato de dos billones de pesos, de los cuales 170 se entregarán en anticipos en los próximos 30 días. De acuerdo con Bustos, Camilo Valencia aparece como apoderado de la Unión Temporal SES Inred, integrada por SES Telecomunicaciones y Red de Ingeniería, pero a su vez es asesor de la ministra TIC.

“Él asesora a la ministra a través de un contrato suscrito con el Ministerio y la Secretaría General”, indicó Bustos y recordó que el abogado “negó dentro de la audiencia de adjudicación en la cual hemos participado, la existencia de ese contrato. No obstante, es innegable que existe y por eso recusamos tanto a la ministra como a Camilo Valencia que negaron la validez de esa relación”.

De acuerdo con Bustos, el hecho de que el asesor participe en la audiencia pública representaría una violación al derecho a la igualdad e imparcialidad que debe acompañar un proceso de esta naturaleza, por lo que “estamos pidiendo la intervención urgente de la Procuraduría para velar por las garantías procesales frente a esas recusaciones que formuló la Red de Veedurías”.

En ese sentido, destacó que este proceso tiene otras falencias puesto que hay respuestas “que no se han dado”, en tanto que “hay firmas que han salido en el proceso hasta ahora por la falta de una supuesta autenticación que no se exige en el actual ordenamiento jurídico por expreso mandato del Presidente Duque para normas COVID-19 y una de ellas fue una firma de origen chino”.

Además, recordó que China “ya presentó una queja de reclamo ante la Cancillería, ante el exabrupto que consiste en la manipulación abierta de ese proceso”.

Sin embargo, la polémica no para ahí ya que la denuncia asegura que se ha permitido la participación de algunas firmas sin los requisitos ideales de capacidad económica y experiencia.

 “Hay firmas que incluso tienen problemas legales con el mismo MinTIC, son empresas que pueden tener problemas de quiebra. En últimas, estamos frente a la posibilidad de un Odebrecht 2″, puntualizó Bustos.

Este medio de comunicación intentó comunicarse con la ministra de las tecnologías, para conocer su versión pero hasta el momento de publicación de este artículo no se pronunció.

La Secretaría de Comercio y Desarrollo Económico, y la Autoridad de Comunicaciones de Hong Kong propusieron reasignar 90 MHz en la banda de 2.5 a 2.6 GHz, con el fin de que el espectro pueda ser utilizado en la implementación de servicios 5G.

Actualmente, las frecuencias están concesionadas a tres operadores móviles para las redes 4G, pero los permisos vencen en marzo de 2024. Aunque en este momento los servicios de cuarta generación son más populares, en el futuro será necesario satisfacer la demanda de 5G, dijeron las autoridades.

Señalaron que las características de propagación de radio de este espectro permite proporcionar una cobertura más amplia y su ancho de banda posibilita soportar una alta capacidad de transmisión, por lo que servirá para satisfacer la demanda futura de casos de uso 5G.

La Autoridad de Comunicaciones puntualizó que los posibles concesionarios de las frecuencias podrán usarlas de manera tecnológicamente neutral, incluso para 5G o la generación anterior.

Por el momento, el proyecto de reasignación fue puesto a consulta pública. Se espera que los precios de reserva por el espectro se den a conocer en fechas cercanas a la licitación.

Además, en el país se está buscando adjudicar otros 80 MHz en la banda de 4.9 GHz, después de la subasta principal llevada a cabo en octubre de 2019. Los interesados podrían ser Hutchison 3 y SmarTone, quienes no participaron en el concurso anterior.

La Covid-19 ha venido a impactar la vida de todo el planeta. Desde China hasta América ha expandido en muy poco tiempo la propagación de la enfermedad. Quizá luego de China, Europa ha sido la región más afectada hasta ahora; sin embargo, en América Latina puede tener consecuencias importantes, no sólo en el área de la salud, sino también en la económica.

Las telecomunicaciones han demostrado una vez más, con hechos concretos, la transversalidad sobre la economía y la vida de las personas. Debido al acceso a Internet, a través de las redes fijas y móviles la mayoría de las empresas, gobiernos e incluso el sector educativo han mantenido parte de sus actividades gracias a la inversión de los operadores de telecomunicaciones en su infraestructura.

Por otra parte, aunque se han tomado medidas en muchos países de corta duración como el caso de las cuarentenas, hasta ahora en un periodo no mayor a dos meses, probablemente existe el riesgo de que puedan extenderse.

La ampliación puede traer consecuencias más serias sobre la economía, en muchos casos donde las actividades se centran en el comercio de los llamados “comodities”, las cuales requieren de un número importante de la actividad de las personas.

Sin embargo, en la región todavía no se han desplegado las redes 5G que ofrecen posibilidades de implementar el Internet de las cosas (IoT) o aplicaciones de virtualización o Realidad Virtual orientadas a mejorar la productividad de la industria, agricultura, servicios, educación y servicios de salud.

Para desplegar 5G, el primer paso es llevar adelante los procesos de asignación de espectro, los cuales pueden verse detenidos o retrasados debido al enfoque que en estos momentos puntuales realizan los reguladores de la región en coadyuvar en esta emergencia.

En este sentido, es importante que los reguladores no descuiden la tarea de la planificación y administración del espectro, así como los estudios que muchos están llevando a cabo para colocar a disposición de las empresas el espectro necesario para el despliegue de 5G. Especialmente, porque de existir un lapso prolongado de la actividad económica, será necesario tomar medidas de promoción de la inversión para lograr la cobertura en áreas prioritarias, en un tiempo menor a lo hasta ahora previsto por las autoridades de regulación.

Adicionalmente, las clásicas obligaciones de cobertura que vienen desarrollando algunos reguladores en los procesos de asignación de espectro recientemente llevados a cabo, como el caso de Colombia, deberán cambiar a una estrategia de promoción de cobertura. Lo anterior, con el objetivo de impulsar el uso de 5G por las actividades productivas.

Ya se ha discutido ampliamente que esta tecnología debe aprovecharse para impulsar el cierre de la brecha digital, no sólo en el acceso de las personas, sino también por las actividades económicas.

Es en este aspecto que se deberá colocar el foco en los próximos procesos de asignación de espectro. Ante un posible escenario de una recesión económica, deberán ejecutarse medidas que impulsen la reactivación del aparato productivo, si las implicaciones de la Covid-19 se extienden en un tiempo mayor al hasta ahora previsto.

Aunque el espectro es un driver impulsor de las inversiones, deberán analizarse otras medidas que tengan el objetivo de facilitar el despliegue y las inversiones en un tiempo menor para que continúen colaborando en la recuperación de la economía.

Por otra parte, para lograr desplegar las redes 5G en menor tiempo, probablemente sea necesario implementar medidas como la compartición de espectro y de red, las cuales en Europa hasta ahora han sido acordadas por algunos operadores para cubrir zonas rurales con tecnología 3G y 4G. Estos esquemas permitirán ampliar la capacidad de la red en los lugares donde se desarrollen las actividades productivas cuyo objetivo sea impulsar para la recuperación de la productividad.

El crecimiento de las actividades económicas a través del uso de la tecnología en estos tiempos de la pandemia, la estamos comenzando a observar en Estados Unidos, donde empresas como Amazon han visto el incremento de su actividad y el comercio electrónico. Adicionalmente, en países latinoamericanos como Chile y Argentina han comenzado a reportar el incremento del consumo en el acceso a Internet.

En fin, lejos de pensar que esta situación pueda traer un retraso en la necesidad de otorgar espectro para 5G, probablemente sea necesario mantener o acelerar el ritmo de trabajo que han llevado a cabo los reguladores, para desplegar 5G e impulsar la economía en nuestros países latinoamericanos.

La licitación de ondas milimétricas que realiza la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) finalmente concluyó, luego de que terminara la fase dos del proceso, correspondiente a la asignación de las licencias. El regulador estaba subastando 3,400 MHz disponibles en las bandas de 37, 39 y 47 MHz.

Hasta el momento no se conocen la identidad de los ganadores del concurso. La FCC informó que publicará el aviso público de cierre en los próximos días, que proporciona una notificación oficial a los licitantes ganadores donde especifica los plazos para los pagos y brinda detalles para otros procedimientos posteriores a la subasta.

La primera fase de la subasta había concluido a fines de enero, donde los 31 interesados habían realizado ofertas por 7 mil 561 millones de dólares en 104 rondas. En la segunda fase de asignación se realizaron 70 rondas, que agregaron 8 millones de dólares en ingresos al monto final.

En total se entregaron 14 mil 144 licencias como bloques de 100 MHz que cubren áreas económicas parciales (PEA).

Mientras se resuelve la disputa por el contrato de 10 millones de dólares otorgado por el Pentágono para la creación de tecnología de computación en la nube, la jueza federal, Patricia E. Campbell, dictaminó que el Departamento de Defensa (DoD) no podrá avanzar con su trabajo conjunto con el ganador de la licitación, Microsoft, hasta que la demanda de Amazon tenga resolución.

La orden emitida prohíbe que el Departamento avance con cualquier trabajo en el contrato del proyecto Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI), que se tenía planeado dar inicio el 14 de febrero pasado, comenzando por construir las partes no clasificadas en torno al proyecto.

“Confiamos en nuestra adjudicación del contrato JEDI Cloud a Microsoft y seguimos enfocados en poner esta capacidad crítica en manos de nuestros guerreros de la manera más rápida y eficiente posible”, dijo el Teniente Coronel Robert Carver, portavoz del Pentágono, en un comunicado.

La petición de Amazon para detener el trabajo del DoD y Microsoft se fundamentó bajo el argumento de que si el Departamento comenzaba a trabajar en el proyecto mientras se desarrollaba la protesta de oferta subyacente, sólo se afianzaría a Microsoft como contratista titular.

No obstante el juez exigió a Amazon una fianza de 42 millones de dólares para cubrir daños y costos en caso de demostrar que la licitación no fue otorgada erróneamente.

El Teniente General Brad Schwedo, jefe de información del Estado Mayor Conjunto, dijo a la Corte en una declaración que “Estados Unidos no puede esperar el éxito militar en la lucha contra los conflictos del mañana con la tecnología de ayer. Brindar al Departamento de Defensa un acceso rápido a una nube empresarial, una que brinde potencia informática y almacenamiento elásticos, es vital para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Sin embargo, Amazon señaló que no debería ser persuadido con el argumento de dañar la seguridad nacional, debido a que desde su solicitud inicial en 2018, el proyecto se ha enfrentado a otras batallas legales y al menos una investigación interna.