La Estrella de Panamá

El informe del estado de Internet en América Latina y el Caribe será presentado este jueves en la ciudad de Panamá.

Se estarán revelando los resultados de tres países de la región, clasificados dentro de cada una de estas categorías: Libre (Costa Rica), parcialmente libre (Nicaragua) y sin libertad (Venezuela).

Los resultados de Costa Rica serán expuestos por el investigador Oscar Jiménez, del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica.

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Diario de Cuba

Cuba ocupa el cuarto puesto entre los países con menos libertad de internet a nivel global, indicó la ONG internacional Freedom House en su informe anual sobre el tema correspondiente al periodo entre junio de 2021 y mayo de 2022.

Esa calificación, que ubica a la Isla como un país de internet “No libre”, supone un puesto por debajo en comparación con 2020. Ahora Cuba acumula 20 puntos de 100 posibles en el ranking de Freedom House, que mide la existencia de obstáculos para conectarse a la red de redes, así como los límites impuestos a los contenidos en línea y las violaciones a los derechos de los internautas. 

Solamente China, con diez puntos, Myanmar, con 12, e Irán, con 16, califican peor que la Isla en el ranking.

De acuerdo con el informe, “a pesar de las mejoras en la infraestructura técnica, Cuba tiene una de las tasas de conectividad más bajas del hemisferio occidental, el acceso regular a Internet sigue siendo extremadamente caro y las conexiones son deficientes”.

Asimismo, “las autoridades monitorean el uso y trabajan para dirigir el tráfico a la intranet controlada por el Gobierno. El Estado participa en esfuerzos de manipulación de contenido y bloquea sitios de noticias independientes. La disidencia política es punible en virtud de una amplia gama de leyes, incluidos los Decretos Leyes 35 y 370, que se han utilizado en los últimos años para intimidar y silenciar al periodismo digital”.

Freedom House subraya que internet fue otro escenario de represión de las protestas antes, durante y después del 11J. “Las autoridades restringieron la conectividad a Internet, bloquearon las redes sociales y las plataformas de comunicación e interrumpieron selectivamente el servicio de los opositores”, resume el documento.

El informe enfatiza que, tras la entrada en vigencia del Decreto-Ley 35 de la Telecomunicaciones en agosto de 2021, quedó plasmado en el orden legal la obligación de los proveedores de servicios de censurar contenido en línea sin supervisión judicial ni medidas de transparencia.

Asimismo, el nuevo Código Penal, aprobado en mayo de 2022 y que entrará en vigencia en diciembre próximo, “criminaliza aún más el discurso en línea, estableciendo penas explícitas y frecuentemente más severas para varios presuntos delitos cometidos a través de las redes digitales, incluidas las calumnias y el uso de las redes sociales para organizar protestas”, precisa.

En 2021, “las autoridades continuaron utilizando el Decreto-Ley 370 para detener arbitrariamente, multar y amenazar a periodistas independientes y activistas digitales, mientras que el Decreto-Ley 35 se utilizó por primera vez para sancionar a activistas”.

El régimen de la Isla ha seguido usando tales mecanismos de censura y represión. Durante las protestas callejeras y cacerolazos ocurridos en diversos poblados de la Isla, en especial en Nuevitas en agosto de 2022, y en La Habana entre fines de septiembre e inicios de octubre últimos, se han reportado cortes localizados de internet.

La intervención estatal y la creciente vigilancia de los usuarios de Internet, en conjunto con la presencia de grandes compañías que controlan las páginas más visitadas de la red, han provocado una disminución de la libertad de Internet por undécimo año consecutivo, según el más reciente reporte de Freedom House.

El informe señala que los mayores deterioros para la libertad de Internet se documentaron en Myanmar, Bielorrusia y Uganda, donde las fuerzas estatales reprimieron a la población en medio de crisis electorales y constitucionales. La disminución de 14 puntos en la puntuación de Myanmar es la mayor registrada desde que comenzó el proyecto Freedom on the Net.

Advierte que durante el año, más gobiernos arrestaron a usuarios por discursos políticos, sociales o religiosos no violentos. Los funcionarios suspendieron el acceso a Internet en al menos 20 países y 21 Estados bloquearon el acceso a las plataformas de redes sociales.

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Se sospecha que las autoridades de al menos 45 países obtienen software espía sofisticado o tecnología de extracción de datos de proveedores privados. La limitada regulación de la venta y compra de estas herramientas, junto con su casi ubicuidad y bajo costo en la práctica, ha creado una crisis para los derechos humanos, indica el reporte.

Entre estos países, destaca el gobierno mexicano como uno de los peores abusadores del uso del spyware Pegasus, mientras que otros países como India, Nigeria, Marruecos, Myanmar y Hungría también han utilizado este tipo de software para actividades de espionaje contra la población, periodistas y activistas.

“La intervención estatal debe proteger los derechos humanos en línea y preservar una Internet abierta. El poder emancipador de Internet depende de su naturaleza igualitaria. Para contrarrestar el autoritarismo digital, las democracias deben garantizar que las regulaciones permitan a los usuarios expresarse libremente, compartir información a través de las fronteras y hacer que los poderosos rindan cuentas”, destaca el informe.

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El estudio estima que tan sólo 21 por ciento de la población de Internet vive en países con libertad en Internet, un 28 por ciento en países con libertad parcial y 39 por ciento en países sin libertad en Internet. El estudio de Freedom House cubre aproximadamente el 88 por ciento del total de la población mundial de Internet.

Adicionalmente, el estudio estima que al menos 75 por ciento de los usuarios mundiales de Internet vive en un país donde los individuos han sido arrestados o encarcelados por postear contenido en temas religiosos, sociales o políticos. Un 64 por ciento vive en países donde los gobiernos han desplegado comentaristas progobierno para manipular la discusión en línea, mientras que el 41 por ciento habita países donde los gobiernos han desconectado las redes de Internet por razones políticas.

En particular, el estudio señala a China como el país con el peor ambiente para la libertad en Internet por séptimo año consecutivo. Detalla que las autoridades chinas impusieron penas de prisión draconianas para los disidentes en línea, prensa independiente y las comunicaciones cotidianas. La pandemia de Covid-19 sigue siendo uno de los temas más censurados.

Asimismo, destaca que Estados Unidos declinó por quinto año consecutivo en el ranking mundial, derivado de la proliferación de la información falsa, engañosa y manipulada que incluso afectó la aceptación pública de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

En la versión de este año, Freedom House también destaca la creciente influencia de las grandes compañías de Internet, que comienzan a atraer la atención de los gobiernos. Las autoridades de al menos 48 países aplicaron nuevas reglas para las empresas de tecnología sobre contenido, datos o competencia durante el año pasado.

Freedom House advierte que esta nueva supervisión gubernamental, con algunas excepciones positivas como prevenir el acoso en línea y las prácticas de manipulación del mercado, se está explotando para someter la libertad de expresión y obtener un mayor acceso a datos privados.

“Las actividades en línea de los usuarios ahora son moderadas y monitoreadas de manera más generalizada por las empresas a través de procesos que carecen de las salvaguardias que ofrece la gobernanza democrática, como la transparencia, la supervisión judicial y la rendición de cuentas pública”, agrega.

El informe explica que más gobiernos han introducido reglas controversiales para controlar la libertad de expresión de los usuarios, diseñadas para suprimir el contenido que critica al gobierno, violar el debido proceso al eliminar la necesidad de una orden judicial o al exigir el uso de Inteligencia Artificial (IA) para la eliminación de contenido, las cuales pueden resultar en un daño colateral significativo para la expresión política, social y religiosa.

“Los usuarios se encuentran cada vez más solos para lidiar con los turbios sistemas de moderación de las empresas y proteger sus derechos en línea”, advierte.

Radio Televisión Martí

Cuba volvió a calificar como país “no libre” y bajó el puntaje a 21, en el informe sobre libertad global de internet que publica anualmente la organización Freedom House.

Freedom on the Net, que incluye el estudio de 70 países y los ubica en una escala de 0 (menos libre) a 100 (más libre), señala que en Cuba las autoridades supervisan el uso de internet, y buscan dirigir el tráfico a la intranet controlada por el gobierno.

El reporte subraya que el estado cubano “participa en esfuerzos de manipulación de contenido y bloquea los sitios de noticias independientes”, y hace referencia al Decreto Ley 370, utilizado por el régimen para castiga a la disidencia política e intimidar y silenciar a los periodistas en línea.

“Una serie generalizada de protestas públicas contra el gobierno realizadas a fines de 2020 y a lo largo de 2021 se facilitaron en línea, ya que los cubanos eludieron la censura del gobierno a través de innovaciones digitales de base. Las autoridades impusieron restricciones de conectividad generalizadas y bloquearon las plataformas de redes sociales en respuesta”, detalla el reporte.

Entre las mejoras de infraestructura claves, entre junio de 2020 y 31 de mayo de 2021, Freedom House apunta que más cubanos tienen acceso a Internet, y a velocidades de Internet más rápidas, que en años anteriores, aunque, aclara, “es probable que las cifras reflejen el acceso a servicios móviles estatales en los que todavía se alienta a los usuarios a conectarse a la intranet controlada por el estado”.

Según datos oficiales, a finales de 2020 había casi 1,5 millones de usuarios de 4G en Cuba, lo que equivale al 25,6 % de la cobertura móvil. En febrero de 2021, el Ministerio de Comunicaciones informó que 4,2 millones, de los 7 millones de personas con acceso a internet en la isla, se conectan a través de teléfonos móviles, lo que indica que en poco más de dos años esta forma de acceso ha superado a todas las demás.

La isla sigue teniendo, a pesar de las mejoras en la infraestructura técnica, una de las tasas de conectividad más bajas del hemisferio occidental, y el acceso regular a Internet sigue siendo extremadamente caro y las conexiones, deficientes, destaca el informe.

Luego de las protestas de noviembre de 2020, que se coordinaron a través de las redes sociales después de que el gobierno allanó la sede del Movimiento San Isidro y bloqueó Facebook, Twitter, Telegram y WhatsApp, las autoridades impusieron restricciones de conectividad a gran escala, recuerda el reporte.

Como consecuencia, el régimen pasó a desconectar a activistas y periodistas de Internet y las redes móviles “para dejarlos sin comunicación durante fechas clave durante el período de cobertura”.

En abril de 2021, el gobierno anunció la adopción del Decreto Ley 35, que impone amplias obligaciones a los proveedores de servicios de censurar el contenido en línea sin supervisión judicial o medidas de transparencia; la ley entró en vigencia en agosto, tras las históricas protestas que sacudieron la isla, el 11 de julio pasado.

El informe concluye que el gobierno cubano “manipula el panorama de la información en línea a través de políticas y otras iniciativas destinadas a mantener el dominio de los medios y las narrativas progubernamentales, y desacreditar las fuentes de información independientes”.

Además, en Cuba, la “penalización por la actividad en línea es común”. Freedom House señala que en la isla, los periodistas independientes, influencers y los activistas de derechos humanos, “a menudo se ven atrapados en las represiones que acompañan a los disturbios políticos o sociales”, como sucedió el 11J.