Búsqueda

Hace cuatro años, la Justicia condenó a Google a desindexar —es decir, quitar del buscador— noticias vinculadas a un caso que había conmocionado a Carrasco en 2012: el de una familia del barrio acusada de contratar en condiciones irregulares a varias mujeres bolivianas como trabajadoras domésticas.

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Bogotá, Colombia.- “El debate sobre la moderación y el control de contenido no es ajeno ni menor. Las medidas que buscan imponer responsabilidades amplias o difusas a los intermediarios digitales generan incertidumbre jurídica, aumentan los costos de cumplimiento y limitan la capacidad de estos servicios para operar eficientemente. Si bien es fundamental proteger a los consumidores y usuarios en línea, es igualmente importante evitar que estas obligaciones se transforman en exigencias de vigilancia previa o censura de contenidos”, con estas palabras abrió el “Diálogo sobre libertad de expresión, gobernanza digital y derechos fundamentales”, la directora Ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), Maria Fernanda Quiñones. 

En su participación, Quiñones señaló que para que el ecosistema continúe creciendo y beneficiando a millones de colombianos, se requiere “una Internet abierta, plural y segura. Hoy más que nunca, es fundamental trabajar conjuntamente el sector privado, la academia, la sociedad civil y el gobierno. Sólo a través de esta ruta de construcción colectiva podemos avanzar hacia una gobernanza digital que garantice los derechos humanos, fomente la innovación y genere valor para toda la ciudadanía”.

En el marco del evento, el senador Alfredo Deluque se dirigió a los asistentes también como presidente del Foro de parlamentarios de Iberoamérica y destacó que el idioma español ya no sólo es una lengua de “arte y poesía, sino también de código y algoritmos”, por lo que la región hispanohablante “tiene no sólo el compromiso, sino la responsabilidad de liderar esta conversación”.

“Hemos sido testigos de cómo la propaganda digital busca romper el equilibrio constitucional manipulando la opinión ciudadana y debilitando la libre expresión. Por eso la defensa de la libre expresión no es sólo un tema técnico sino un imperativo moral en donde todos pueden expresarse sin miedo a represalias”, aseveró el senador.

Declaración conjunta de la industria digital para la libertad de expresión

Deluque aprovechó el evento para proponer la creación de una declaración conjunta de la industria digital para la libertad de expresión, un documento que incluya un compromiso claro para asegurar que las plataformas no cedan ante presiones, no busquen censurar voces legítimas, ni implementen filtros automáticos que, bajo el discurso de combatir la desinformación, terminen silenciando la crítica.

De acuerdo con el senador, la declaración también debe incluir transparencia total sobre los mecanismos que la industria ya implementa para proteger el buen nombre, la honra, la privacidad y la seguridad de los usuarios.

Además, sugiere el llamado a la acción global en la que se contemple la invitación a otras regiones para que sumen esfuerzos con Iberoamérica como líder moral y práctico de la defensa de una Internet libre.

“Esta declaración debe ser un faro, para que los derechos de todos sean respetados, es hora de que demos ejemplo, de que demostremos que la tecnología puede ser un aliado de la democracia”, concluyó el senador.

La creciente tensión entre la libertad de expresión en las redes sociales y la regulación gubernamental ha sumado un nuevo capítulo con Trump Media & Technology Group, empresa vinculada al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la plataforma de videos Rumble, demandando al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes.

La demanda fue presentada en un tribunal de los Estados Unidos, con acusaciones de que Moraes habría violado la libertad de expresión garantizada por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense al “censurar voces conservadoras” en la red social Rumble.

El proceso se centra en las órdenes del juez contra Allan dos Santos, un activista brasileño de derecha y seguidor del expresidente Jair Bolsonaro, quien a su vez es aliado de Trump. Allan dos Santos reside en Estados Unidos desde 2021, cuando Moraes ordenó la eliminación de sus cuentas en todas las redes sociales y le prohibió crear nuevas, tras considerar que estaba involucrado en actividades como la difusión de desinformación y amenazas a la Corte Suprema de Brasil.

En la demanda contra el juez del Supremo Tribunal Federal, la acusación principal es que estas decisiones constituyen una forma de “censura extraterritorial”, es decir, una interferencia de Brasil en plataformas de redes sociales dentro de los Estados Unidos. Esto se considera una violación de los derechos constitucionales estadounidenses, en particular de la ya mencionada Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión.

Libertad de expresión en EE. UU. y Brasil

En Estados Unidos, la libertad de expresión es un principio fundamental garantizado por la Primera Enmienda de la Constitución. La legislación estadounidense pone un fuerte énfasis en la protección del discurso, especialmente en las plataformas digitales, que son vistas como un espacio esencial para el debate público.

Sin embargo, esta libertad no es absoluta, con excepciones relacionadas con la difamación, el discurso de odio y la incitación a la violencia. En cuanto a la censura digital, las plataformas tienen la libertad de moderar el contenido, pero la intervención del gobierno para restringir la libertad de expresión es limitada.

En Brasil, la situación es diferente. La Constitución de 1988 garantiza la libertad de expresión, pero también impone restricciones en casos de discurso de odio, noticias falsas y amenazas al orden democrático.

El país, especialmente bajo la presidencia de Bolsonaro, experimentó un aumento en las tensiones sobre el control de las redes sociales, con investigaciones contra movimientos de apoyo al expresidente y acciones legales contra sus aliados políticos.

En 2023, el STF ordenó la suspensión de algunas cuentas en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), como parte de los esfuerzos para combatir la desinformación y el discurso extremista. Entre otras consecuencias, esto llevó a la suspensión de la propia plataforma durante un mes en Brasil.

La demanda presentada por Trump Media y Rumble pone en cuestión la relación entre el derecho a la libertad de expresión en las redes sociales y los esfuerzos del gobierno brasileño por moderar contenidos.

Con las plataformas digitales convirtiéndose en un campo de batalla para conflictos ideológicos y políticos, la jurisprudencia sobre censura y libertad de expresión sigue evolucionando, planteando desafíos tanto en Brasil como en Estados Unidos. Al mismo tiempo, este caso podría abrir una ventana de debate sobre la regulación del espacio digital desde una perspectiva global.

En la última oportunidad de ByteDance para evitar la prohibición de su red social TikTok en los Estados Unidos, la compañía argumenta que esto atentaría contra la libertad de expresión de los usuarios y los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, este argumento no ha logrado convencer a los jueces de la Suprema Corte, quienes consideran que no se está debatiendo la supresión de ideas, sino el posible uso de la red por un adversario externo para usos malintencionados.

ByteDance se enfrenta a su última audiencia frente a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, en la que ha buscado convencer a los jueces que la ley que prohíbe TikTok está en contra de la Primera Enmienda de la Constitución, y por tanto, atenta contra la libertad de expresión. Noah Francisco, representante legal de la compañía, cuestionó los motivos del Congreso para prohibir TikTok, y consideró que se pudieron haber evaluado alternativas para atender los riesgos, según la información publicada por el sitio BBC.

Durante la audiencia, también estuvo presente Jeffrey Fisher, el representante legal de los creadores de contenido, quien respaldó el argumento de la red social en que su prohibición es un atentado a la libertad de expresión. El abogado también cuestionó el por qué sólo se ataca a TikTok, cuando otras plataformas de origen chino como Temu también tienen operaciones en los Estados Unidos.

Fisher argumentó que el gobierno de los Estados Unidos aún podría emitir legislación para protegerse del uso malintencionado de la red social, como obligarla a divulgar su origen y riesgos, sin tener que prohibir su operación.

No obstante, según la relatoría publicidad por la BBC, al parecer ninguno de estos argumentos han convencido a los jueces, quienes en numerosas ocasiones han señalado que el gobierno no está en contra de la libertad de expresión, sino que quiere establecer protecciones que impidan el mal uso de los datos de ciudadanos estadounidenses por adversarios externos.

El juez Brett Kavanaugh apuntó que la principal preocupación del gobierno es acerca de los datos recopilados por TikTok sobre sus usuarios en los Estados Unidos, y cómo estos pueden ser usados dada la cercanía de la red social con China. En ese sentido, acusó que el país asiático podría usar los datos para chantaje o espionaje de los usuarios, que eventualmente podrían terminar trabajando en lugares como el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés).

Al respecto, Fisher no negó la existencia de este y otros riesgos, pero cuestionó las medidas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos, hasta el extremo de prohibir la plataforma. Asimismo, apuntó que el Congreso sí considera también un riesgo las ideas que puedan ser promovidas en la plataforma, y que pudieran verse influenciadas por China.

John Roberts, juez de la Suprema Corte, desestimó tales argumentos al insistir en que “al Congreso le parece bien que se expresen. No les parece bien que un adversario extranjero, tal y como ellos lo han determinado, esté recopilando toda esta información”, afirmó.

Elizabeth Prelogar, abogada que representa a los Estados Unidos, también ha centrado sus argumentos alrededor del riesgo de China, que podría usar la plataforma de TikTok como un arma para dañar los intereses de los Estados Unidos.

“Sabemos que la RPC [República Popular China] tiene un apetito voraz por hacerse con toda la información posible sobre los estadounidenses”, añadió, refiriéndose a TikTok como un “arma potente” que representa un riesgo, según informa la BBC.

Asimismo, respaldó la posición de los jueces, al señalar que la ley que prohíbe TikTok no se refiere en específico al contenido o a suprimir la expresión de ideas, sino al riesgo que representa como una puerta trasera para el Partido Comunista chino.

La abogada no dio una respuesta directa cuando fue cuestionada por los jueces respecto a si la ley debería suspenderse hasta esperar la investidura de Donald Trump. Sin embargo, consideró que si la ley continúa en efecto, podría obligar a ByteDance a acelerar sus esfuerzos por encontrar un comprador estadounidense.

La audiencia terminó cerca del medio día, a la expectativa de una decisión final por parte de la Suprema Corte.

Surge comprador

En medio del juicio por TikTok, Project Liberty y su consorcio de socios en The People’s Bid, revelaron la entrega de una propuesta a ByteDance para adquirir los activos estadounidenses de TikTok. Según la compañía, esta propuesta permitiría mantener el servicio de la plataforma a los 170 millones de usuarios, y establecer medidas para proteger sus datos.

“Hemos presentado una propuesta a ByteDance para hacer realidad la visión de Project Liberty de un TikTok reimaginado, construido sobre una pila de tecnología estadounidense que pone a las personas en primer lugar”, dijo Frank McCourt, fundador de Project Liberty.

Proceso Jorge Bravo

El reciente mensaje de Mark Zuckerberg sobre los cambios en las políticas de moderación de contenido en Facebook, Instagram y Threads es un viraje controversial en un momento crítico para la democracia global. 

La decisión de eliminar los verificadores de datos y reemplazarlos por un sistema de “notas comunitarias” revela una alineación con las políticas de Donald Trump y un cambio estratégico en la lucha contra la desinformación. 

Este giro ocurre en un contexto en el cual Meta enfrenta diversos desafíos regulatorios y críticas internacionales por el uso indebido de datos personales y la difusión de desinformación.

Zuckerberg estructuró su discurso en torno a seis puntos que buscan justificar su decisión de restaurar la “libre expresión”. El principal es la eliminación de los verificadores de datos. El fundador de Facebook argumenta que los verificadores son políticamente sesgados, cometen errores, generan censura y han erosionado la confianza en lugar de fortalecerla.

La iniciativa de los verificadores de datos nació como respuesta a la crisis de desinformación que explotó tras las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. En aquel momento las redes sociales fueron acusadas de facilitar la difusión de noticias falsas afectando procesos democráticos en todo el mundo. Facebook implementó un sistema que trabajaba con organismos y medios independientes para revisar contenidos sospechosos y reducir su alcance. Aunque imperfecto y debatible, el esfuerzo era un compromiso con la responsabilidad social de una plataforma global.

Otro punto es la simplificación de las políticas de contenido. Meta eliminará restricciones en temas como inmigración y género. Sostiene que estas medidas han sido usadas para silenciar opiniones, lo cual podría desproteger a comunidades vulnerables frente a discursos de odio disfrazados de opiniones.

El historiador Yuval Noah Harari ha advertido sobre el poder de los algoritmos en plataformas como Facebook para amplificar discursos de odio y confundir a la opinión pública. Los sistemas algorítmicos no son neutrales sino que aprenden y se adaptan a los sesgos de los usuarios con tal de alcanzar objetivos preprogramados. 

Al simplificar las políticas de contenido y depender de notas comunitarias, Meta delegará en algoritmos y usuarios una responsabilidad que debería ser gestionada y revisada por expertos.

La cereza en el pastel y la motivación de estos cambios es la colaboración con el gobierno de Estados Unidos para –¡vaya ambición!– “defender la libre expresión a nivel global”, una declaración de alineamiento con las políticas tecnológicas de Trump matizada de intervencionismo político y regulatorio. Este punto resulta especialmente alarmante, dado el historial de Trump en la utilización de las redes sociales para amplificar desinformación y polarizar la opinión pública.

En palabras de Zuckerberg, vamos a “colaborar con el gobierno de EU para defender la libre expresión a nivel global. Trabajaremos con el expresidente Trump y otros para contrarrestar las presiones de gobiernos que atacan a empresas estadunidenses y promueven la censura. EU tiene las protecciones constitucionales más fuertes para la libre expresión, pero en otras regiones como Europa, América Latina y China, la situación es cada vez más restrictiva. Necesitamos el apoyo del gobierno estadunidense para revertir esta tendencia global”.

Mientras Zuckerberg aboga por la “libre expresión”, Meta enfrenta restricciones y sanciones en diversas regiones. La Comisión Europea la multó con 797.72 millones de euros por infringir las normas de defensa de la competencia al vincular su servicio de anuncios clasificados en línea (Marketplace) a Facebook e imponer condiciones comerciales desleales a otros proveedores.

Meta excluyó a Europa del lanzamiento de su Inteligencia Artificial “debido a la naturaleza impredecible del entorno regulatorio europeo”. En Brasil las autoridades suspendieron el lanzamiento de Meta AI por uso indebido de datos personales para el entrenamiento de sistemas de IA Generativa. En Estados Unidos enfrenta la demanda de 41 estados de la Unión Americana por afectar la salud mental de infantes y adolescentes.

La decisión de Meta coincide con el regreso de Trump a la Presidencia de EU y se alinea con su enfoque hacia las grandes tecnológicas: menos regulación y más libertad para difundir contenido, independientemente de sus responsabilidades. Se abre una enorme preocupación global, dado que las políticas digitales de Estados Unidos tienen un impacto significativo en otros países.

Si coincidimos en que la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia, también lo es la responsabilidad de las plataformas digitales como espacios públicos para prevenir daños sociales. Las palabras de Zuckerberg representan no un regreso a los orígenes sino un retroceso en el compromiso de Meta con la moderación responsable y un intento de congraciarse con el sistema militar industrial que gobierna Estados Unidos.

¿Meta está protegiendo la libre expresión o es un escudo para la desinformación y el odio? ¿La estrategia es un reflejo de los auténticos valores de Zuckerberg o una jugada temporal para agradar a la administración Trump?

Las plataformas de redes sociales moldean el debate público. Zuckerberg puede hablar de volver a las “raíces” de la libertad de expresión, pero las raíces requieren de un suelo fértil con auténticos nutrientes de principios y valores democráticos (derechos de las minorías, representación, igualdad, fraternidad, racionalidad, cooperación, pluralismo, tolerancia, legalidad, ciudadanía, paz social, convivencia con la diversidad, participación, procesamiento de intereses diversos, gobernabilidad, derechos individuales y colectivos) que garanticen que el árbol no produzca frutos contaminados ni una sombra tóxica para la sociedad con noticias falsas, discursos de odio y desinformación.

X: @beltmondi

La Suprema Corte de los Estados Unidos aceptó atraer el caso promovido por ByteDance, matriz de TikTok, para determinar si su posible prohibición atenta contra la libertad de expresión establecida en la Primera Enmienda de la Constitución.

“Se ordena a las partes que informen y argumenten la siguiente cuestión: si la Ley de protección de los estadounidenses contra aplicaciones controladas por adversarios extranjeros, tal como se aplica a los peticionarios, viola la Primera Enmienda”, señala la Corte en un comunicado.

ByteDance tendrá una última oportunidad para presentar sus argumentos ante la Corte estadounidense para evitar la prohibición de su popular aplicación social. La compañía argumenta que su prohibición atentaría contra la protección a la libertad de expresión y la cláusula de acceso a un debido proceso.

En abril del presente año, el presidente Joe Biden emitió una ley para prohibir la operación de TikTok en Estados Unidos, al considerar que la aplicación representa una amenaza a la seguridad nacional, ya que podría ser utilizada por agentes externos para labores de espionaje y poner en riesgo la privacidad de los usuarios estadounidenses.

La ley recibió el apoyo bipartita tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado del país norteamericano, por lo que expertos creen que hay pocas probabilidades de que la Corte pueda emitir un fallo a favor de ByteDance.

La ley daba a ByteDance 270 días para encontrar un comprador de origen estadounidense para evitar la prohibición. La compañía se ha negado a vender la aplicación, por lo que se ha enfocado en buscar protección legal y ofrecer alternativas para demostrar que no representa una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos.

A principios de diciembre, la empresa de origen chino solicitó a una Corte federal que pusiera en pausa la ley, dándole oportunidad para presentar sus argumentos ante la Suprema Corte. Sin embargo, un panel de tres jueces determinó la constitucionalidad del acto y negó la suspensión temporal.

La Suprema Corte comunicó que el juicio oral se realizará el próximo 10 de enero de 2025, apenas nueve días antes de que se cumpla el plazo establecido por la ley para que TikTok deje de operar en el país.

ByteDance espera que todavía exista una oportunidad más de presentar su caso ante el presidente electo Donald Trump, quien a pesar de que también intentó bloquear la operación de la aplicación durante su primer mandato, ha insinuado en que TikTok es necesaria para mantener la competencia en el mercado de las redes sociales, dominado principalmente por Meta.

Los “tiempos nuevos” presentan desafíos inéditos para el periodismo, entre los que los tres principales son: la Inteligencia Artificial, la posverdad y la polarización, consideró el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

“Los tremendos desafíos que la Inteligencia Artificial supone para la manipulación de la información y el engaño, para que las grandes corporaciones, públicas o privadas, manejen nuestras democracias, es evidente”, declaró el mandatario en el marco la 80ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Durante su discurso en la ceremonia de apertura de la SIP, realizada el pasado 17 de octubre en Córdoba, Argentina, Peña recalcó que el periodismo contemporáneo “enfrenta problemas que sus antecesores no conocían o no tenían”. 

Obsolescencia y rejuvenecimiento

En su alocución, Peña hizo hincapié en la urgencia de transformación y modernización de la prensa. Denunció que algunos medios paraguayos siguen aún atados a la ‘lógica de la dictadura’.

“Veo todavía a algunos medios de prensa de mi país aprisionados con un enfoque perimido [obsoleto], en lugar de tener en cuenta los problemas actuales. Como todo en la vida, el aggiornamento no es sólo una linda palabra del italiano, sino una necesidad vital”, sentenció.

“Una prensa que no esté atenta a esta nueva realidad, sucumbirá y será historia. El mundo de la posverdad es un mundo peligroso, en el que gana el más fuerte, o mejor, el más mentiroso”, ahondó.

Autoritarismo y censura

Durante el evento, Santiago Peña también ratificó su compromiso con la libertad de prensa, “en forma inequívoca y entusiasta”. En ese contexto, lamentó que algunos gobiernos autoritarios, “intolerantes y autocráticos” sigan insistiendo en acallar voces críticas y denunció la censura y el exilio de cientos de periodistas críticos de Nicaragua y Venezuela.

En el marco del evento, Peña firmó la Declaración de Chapultepec, que establece los principios de libertad de prensa y expresión en las Américas, luego de los señalamientos que han tenido su gobierno y su partido de propiciar un clima adverso para la prensa y los medios de comunicación en Paraguay.

“La Chama” y “El Pana” son los dos nuevos rostros de los presentadores de la Agencia de Noticias de Venezuela, y aunque son muy realistas, son personas creadas por Inteligencia Artificial (IA), con el propósito de proteger la identidad de los periodistas y reporteros humanos de la central informativa para que no se conviertan en blanco de posibles represalias gubernamentales.

La Agencia ha señalado que la decisión de implementar presentadores de IA no sólo responde a la necesidad de proteger a su personal, sino también a la urgencia de continuar informando a la población con independencia y veracidad, y surge como una medida para resguardar a los periodistas que han sido víctimas de acoso, amenazas e incluso detenciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Con esta innovación, la agencia de noticias espera marcar un antes y un después en la lucha por la libertad de prensa en el país.

Los presentadores de IA incorporan síntesis de voz y generación de imágenes y permiten que la Agencia mantenga su programación de noticias usual.

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La reacción del público divide opiniones. Mientras algunos celebran la innovación como un paso necesario para preservar la libertad de expresión, otros muestran preocupación por las implicaciones éticas y el posible distanciamiento de la realidad humana en la labor periodística.

Aunque es una medida de fuerza mayor, con esta decisión Venezuela se suma a una tendencia global en la que la IA se utiliza en diversas áreas de la vida pública.

Proceso Jorge Bravo

El arresto de Pável Dúrov, fundador y CEO de la plataforma de mensajería instantánea Telegram, por el gobierno de Francia, ha desatado preocupación por el futuro de los derechos digitales en el mundo. El “delito” fue la falta de cooperación de Telegram con las autoridades francesas en su lucha contra la pornografía infantil, el tráfico de drogas y el lavado de dinero dentro de la app.

Este acto parece más una trama política que una medida para combatir la desinformación y pone en duda el compromiso de Francia con los valores democráticos de libertad y legalidad. La detención de Dúrov sienta precedente que podría ser utilizado por otros países para socavar los derechos fundamentales en la era digital.

El arresto se basa en la premisa falsa de que Telegram es responsable por el contenido que circula en su aplicación. Esta idea es errónea y peligrosamente desproporcionada. Las plataformas de mensajería como Telegram, WhatsApp o incluso redes sociales como Facebook o YouTube, no son responsables del contenido que publican los usuarios. Estos servicios actúan como intermediarios, proporcionan un espacio donde las personas pueden comunicarse libremente, siempre y cuando sigan las reglas de la comunidad que las propias plataformas han establecido.

En Estados Unidos, la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones establece que ninguna plataforma de internet es legalmente responsable del contenido publicado por sus usuarios. Esta legislación ha protegido la libertad de expresión en línea y ha permitido que las plataformas digitales prosperen sin temor a represalias legales por los actos de terceros.

Aunque el principio de la Sección 230 no es universal, el arresto de Dúrov en Francia ignora las lecciones en otros contextos, donde la protección de los intermediarios es clave para mantener un ecosistema digital abierto y libre.

El caso de Dúrov no es el único en el cual un gobierno ha tomado medidas draconianas contra una plataforma digital. En Colombia, Uber fue víctima de una resolución de competencia y ataques de sindicatos de taxis, quienes han presionado para restringir su operación bajo el argumento de que su modelo de negocio es ilegal. Esta persecución afecta la economía colaborativa, limita las opciones de los consumidores, restringe la competencia y coarta el derecho a la movilidad.

En Brasil, WhatsApp y Telegram han enfrentado bloqueos temporales por negarse a cumplir órdenes judiciales que atentaban contra la privacidad de los usuarios. Hace unas semanas el empresario Elon Musk anunció la salida de X (Twitter) de Brasil, también por una decisión judicial. Estas acciones demuestran un patrón alarmante: los gobiernos utilizan la ley para intentar controlar la narrativa digital, sacrificando los derechos digitales de los ciudadanos.

La captura tiene tintes geopolíticos que exceden la preocupación por la desinformación. Dúrov, originario de Rusia y crítico de Vladimir Putin, ha rechazado las demandas del Kremlin por entregar datos de los usuarios, enemistándolo con el gobierno ruso. Aun así, parece poco probable que Francia actúe en nombre de Putin, dado que la relación entre ambos países se tensó durante la guerra en Ucrania.

Más bien, el arresto de Dúrov es una señal de que Francia está dispuesta a sacrificar principios como la libertad en un intento por ganar influencia en la arena geopolítica. Es difícil imaginar cómo esta acción podría cambiar el curso de la guerra entre Rusia y Ucrania o cómo podría mejorar la relación de Francia con Putin. Lo que sí es claro es que este tipo de medidas socavan la credibilidad de Francia como defensor de los derechos humanos y la libertad de expresión.

El problema de la desinformación y los discursos de odio en el mundo digital necesita ser abordado sin perseguir a los líderes de las plataformas digitales. En lugar de criminalizar a las empresas tecnológicas, los gobiernos deberían centrarse en soluciones constructivas y colaborativas.

Ya se ha hablado mucho de promover la alfabetización digital desde el aula temprana y entre los ciudadanos para que puedan identificar y resistir la desinformación, desde adaptar programas educativos en escuelas hasta campañas de concientización. También exigir a las plataformas que sean más transparentes sobre cómo funcionan sus algoritmos de recomendación y moderación de contenido, así como plantear mejores prácticas sin sacrificar la libertad de expresión.

Según la lógica de París, todos los CEOs de redes sociales deberían estar preocupados por su seguridad. Facebook, X, YouTube, TikTok y otras plataformas también albergan contenido tóxico y problemático. No hemos visto a Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sundar Pichai o Shou Zi Chew ser arrestados. Desde ya les recomendamos no pisar Francia. Entonces, ¿por qué Dúrov?

Telegram dice ofrecer un nivel de privacidad y encriptación superior, por lo que su enfoque en la libertad de expresión y la resistencia a la censura la convierte en un objetivo para los gobiernos que desean tener un mayor control sobre las comunicaciones de sus ciudadanos.

Muchas veces son los actores políticos quienes intoxican la plaza pública digital. Desde campañas de desinformación hasta el uso de bots y seguidores fanáticos para confundir a la opinión pública, los políticos son los primeros en aprovecharse de las lagunas en la regulación digital para su beneficio. Gracias a ellos la información falsa y los discursos de odio proliferan, mientras que las plataformas son culpadas por no controlar algo que, en muchos casos, es impulsado por quienes ostentan o aspiran al poder. Desde 2019 un informe del Oxford Internet Institute evidenció que los intentos de manipulación son exponenciales y están siendo utilizados por gobiernos democráticos y autoritarios de 70 países.

El arresto de Pável Dúrov por Francia es un ataque directo a la libertad de expresión y un peligro para el futuro de los derechos digitales. En lugar de hacer lo fácil y mediático que es castigar a las plataformas por proporcionar un espacio de comunicación, las autoridades deben enfocarse en educar y empoderar a los usuarios para que utilicen estos espacios de manera responsable.

Twitter: @beltmondi

Tercera Información

Los trabajadores del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) en Uruguay, realizaron un paro de 24 horas este martes en Montevideo (capital) en rechazo al proyecto de Ley de Medios que promueve el Ejecutivo.

El proyecto modifica varios elementos con respecto a la comunicación en el país suramericano y fue aprobado por las cámaras de Diputados y de Senadores, en esta última instancia se incluyó un artículo que viola la libertad de expresión y de prensa.

Por ese motivo, a pesar de haberlo aprobado hace dos semanas, la Cámara de Diputados se niega a respaldar nuevamente el proyecto por las violaciones a tales derechos, por lo cual, se le exige a la coalición de los partidos del Gobierno que se comprometa a vetar esos artículos para vetar el proyecto.

Leer más: https://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/18/06/2024/trabajadores-de-telecomunicaciones-rechazan-ley-de-medios-en-uruguay/