El Economista Nicolás Lucas

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) entregó una concesión de espectro a una organización civil, para que esta entidad cree un canal de televisión de carácter social para la Ciudad de México y su área conurbada, el primero en la historia de la capital y con alcance todavía para radiar hasta una distancia de 45 kilómetros desde su antena de transmisiones, cuando ésta se encuentre al aire.

El regulador IFT ya había entregado varias concesiones para televisión o radio de uso social en otras regiones de la República, pero nunca en la capital e incluso algunos entes han renunciado a esos canales por escasez de recursos o desinterés de las audiencias en sus contenidos.

La nueva frecuencia se ubicará en la banda de VHF. Es decir, entre los rangos que van de los 54 a 72 MHz y de los 76 a 88 Megahercios, con lo que es posible que en los televisores de los capitalinos la organización civil se mire en los canales digitales 10, 12 o 13 de la ciudad que aún se encuentran disponibles.

La concesión fue aprobada de manera unánime en el IFT el pasado miércoles 7 de junio, según la resolución P/IFT/070623/239, y responde a las solicitudes que una organización civil presentó desde el año 2018 y en el contexto de la configuración del Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias (PABF) del año 2019, eventos en que los interesados en explotar señales de espectro pueden manifestar esa necesidad al IFT y entonces esta autoridad valida si la petición es procedente o no.

En la Ciudad de México las frecuencias para nuevas emisoras de radio AM y FM se encuentran agotadas, pero el IFT halló que sí habría la posibilidad de adjudicar una concesión para un canal de televisión de carácter social.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) define a las concesiones de uso social como aquellos canales de radio o televisión que difunden contenidos con propósitos culturales, científicos o educativos y sin fines de lucro a una determinada comunidad.

En el contexto de la configuración del PABF del año 2019, organizaciones civiles y empresas comerciales presentaron 19 solicitudes al IFT para que este regulador creara nuevos espacios en la radio AM/FM de la capital, pero el IFT calificó a todas las peticiones como improcedentes por una nula disponibilidad espectral en la ciudad.

En cambio, el IFT consideró como procedente la inclusión de una frecuencia para crear un nuevo canal de televisión de uso social que cubriera la zona geográfica ubicada entre las latitudes y longitudes de los 19°26’35” y 99°08’40”.

Entonces se presentaron como interesados por ese canal las personas y organizaciones con identificación José Antonio Aguilar Arellano, RYTSM, A.C., Comunicación Agrícola, A.C., Instituto Michoacano de Radiodifusión, A.C., e Isabel Cristina Wall Olivier, de acuerdo con En Frecuencia. El IFT aclaró en uno de sus informes que la frecuencia no sería destinada a un ente público, dado que en esta plaza ya existen por lo menos cinco canales principales con varios canales multiplexados a su vez que son operados por entidades públicas, como universidades y gobiernos.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones está por inscribir en su Registro Público de Concesiones el título de concesión de la organización civil que operará el nuevo canal de televisión de la capital, y los plazos y criterios que ésta deberá acreditar para salir al aire en una ciudad que es sede de tres cadenas de nacionales de televisión comercial (Televisa, TV Azteca e Imagen TV) y donde el programa más visto, según el mismo IFT en sus informes del año 2021, es “La Rosa de Guadalupe”.

El nuevo canal, con una concesión habilitada solamente para transmisiones de tipo social, competirá entonces en un mercado de 24 millones de televidentes y dominado por al menos nueve televisoras, que a su vez aquí radiodifunden contenidos a través de una treintena de canales principales y multiplexados, y con contenidos comerciales y sin fines de lucro al aire durante las 24 horas del día.

La industria mexicana de la televisión habría generado ingresos de 4,619 millones de dólares en el año 2022, por la inversión publicitaria de los anunciantes, de acuerdo con estimaciones de PWC, y el mercado televisivo de la Ciudad de México participa en este sector con un tercio de esos ingresos generados. Sin embargo, al ser el nuevo canal uno con concesión de uso social, sus tenedores se encuentran imposibilitados de lucrar con su señal de televisión, aunque sí podrían captar recursos de donaciones, que a su vez tendrán que ser verificados por la autoridad.

Fuentes indicaron a este medio que el canal entregado el 7 de junio a la asociación civil no es la misma frecuencia de espectro que el concesionario “Compañía Internacional de Radio y Televisión, S.A.” no pudo retener para la operación del entonces canal 27 (10.1 virtual), por lo que esa señal podría también ser competida por un interesado de carácter comercial o uno que manifieste operar otro canal de uso social, si el regulador ve viable también esa otra opción.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México declaró inconstitucional la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2017 en donde se eliminaron los Lineamientos sobre Derechos de las Audiencias que había emitido el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Dicha reforma modificó obligaciones de los concesionarios y les otorgó la libertad de establecer sus propios códigos de ética sin que el IFT los revisara.

Este martes 19 de enero, la Primera Sala otorgó por unanimidad un amparo al Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos.

México | Las 6 razones para declarar inconstitucional la reforma contra las audiencias

De acuerdo con la Corte, el IFT es el que tiene la facultad de revisar y regular todos los asuntos que tengan que ver con los derechos de las audiencias.

La sentencia señala que si se delega a los concesionarios la facultad de definir las reglas que protegen a las audiencias –por ejemplo, los códigos de ética–, se corre el riesgo de que no haya imparcialidad y, por lo tanto, exista un sesgo económico y parcial.

La resolución de la Primera Sala tiene como consecuencia que los programas de radio y televisión deberán distinguir cuando se trate de una opinión o información. 

En mayo de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó un amparo que un juez de distrito otorgó a la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA), donde argumenta la inconstitucional de dos párrafos del artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) de 2017 y un artículo transitorio.

Reforma Ailyn Ríos

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la industria de la radiodifusión deben crear grupos de trabajo para revisar en conjunto lineamientos sobre los derechos de las audiencias, coincidieron especialistas.

El jueves pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó un amparo que revive la facultad legal del IFT para emitir lineamientos sobre derechos de las audiencias a los que las empresas de radio y televisión abierta tendrán que someterse.

En 2016 el Instituto emitió lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias, que fueron motivo de fuertes reclamos de las empresas del sector que acusaron limitaciones a la libertad de expresión e imposibilidad práctica para aplicarlos.

Federico Hernández, socio del despacho Hogan Lovells, mencionó que sería necesario que el Instituto haga una nueva revisión de los lineamientos escuchando a la industria y a todos los interesados para llegar a nuevas medidas, sin desproteger los derechos de los usuarios.

De acuerdo con la sentencia de la SCJN, el Congreso tendrá 30 días hábiles para derogar la reforma de 2017 al artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en la que se eliminó la facultad del IFT para expedir los lineamientos y que facultó a los concesionarios para generar libremente sus códigos de ética en un marco de autorregulación, sin estar sujetos a permisos ni convalidaciones posteriores de ninguna autoridad.

Hasta que no se deroguen los cambios de la reforma de 2017 el Instituto no podrá realizar acciones respecto a los lineamientos, dijo Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI).

El Economista Nicolás Lucas

Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, senador de Chiapas por Morena, prepara una iniciativa para suprimir los tribunales especializados en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión que surgieron a partir de la reforma estructural de 2013 para resolver pleitos en la materia.

El senador manifestó esa determinación después que se conociera la interposición de diversos amparos contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que promovió Morena en el Congreso de la Unión, para conformar un registro de los usuarios de servicios móviles a través de sus datos sensibles y con el objetivo de combatir a la delincuencia organizada, esto según la argumentación de ese partido político. 

Hasta este martes 27 de abril, existen 58 medidas cautelares en contra del llamado “Panaut” de Morena y el primer amparo contra este padrón fue aceptado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. 

Allí, quien otorgó la suspensión contra el Panaut fue el juez Juan Pablo Gómez Fierro, el mismo que concedió otro amparo contra la Ley Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Las coincidencias de que aquel juez haya concedido los amparos contra dos iniciativas apoyadas por el mismo presidente López Obrador, hace pensar al senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar que existen intereses privados que han contaminado a los tribunales especializados y es por ello que planteó su desaparición:

Estamos en el estudio de esta iniciativa y el fundamento será: no debe haber juzgados especiales para privilegiar cierto tipo de intereses (…) La estoy preparando, porque prácticamente llegan a un solo juzgado todos los amparos y no puede ser en esta materia (…) Como que se prepararon —los tribunales especializados—, es por si en el futuro se hacían reformas que perjudicaran los intereses privados, con jueces ad hoc”, dijo el legislador. 

Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva del Senado y secretario de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, dijo que es preferible que se adicionen facultades a tribunales con existencia anterior a los especializados para que resuelvan asuntos que deriven de las industrias de telecomunicaciones y radiodifusión, a tener tribunales especiales que respondan a intereses privados.

De perseguir su intención, la iniciativa del senador Ramírez pasaría por una reforma del artículo 94 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) del año 2013 y también del décimo segundo artículo transitorio de esa misma legislación, y de los artículos 314 y 315 del título décimo sexto de la ley reglamentaria de la LFTR, del año 2014, entre otros, pues todo ellos amparan la existencia de los tribunales especializados en telecomunicaciones y competencia económica.

A diferencia de lo que piensa el senador Ramírez Aguilar, los tribunales especializados en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, y en algunos casos con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han resuelto importantes diferencias que en su momento enfrentaron a distintos actores de esas industrias. 

Casos relevantes son la llamada “tarifa cero”, que protagonizó Telmex contra el Congreso de la Unión y operadores de la industria; el asunto sobre la dominancia de Televisa en televisión de paga; el caso MVS y su canal 52; el amparo de Radio Centro contra un resultado de licitación de espectro, y muchos otros casos de relevancia para la radiodifusión y telecomunicaciones.

Esta es la tercera ocasión en que desde el Congreso de la Unión y segunda vez directamente desde el Senado en que se pretende trastocar el ecosistema que tiene que ver con el sector de telecomunicaciones mexicano. 

Un año atrás, el Senado planteó la fusión de todos los órganos reguladores en una misma entidad que se hubiese llamado Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob) y al mismo tiempo, la Cámara de Diputados recortó otra vez el presupuesto anual del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), quien por ley ahora debe disponer de una partida especial de recursos para hacer su parte en el Panaut.

El Economista Nicolás Lucas

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de la diputada María Luisa Noroña Quezada y tercera fuerza política en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa de reforma al inciso decimosexto del artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que trata sobre los derechos de los usuarios y más en específico, sobre el criterio de los saldos en la modalidad de prepago.

La iniciativa propone que las recargas de saldo en las suscripciones de prepago no estén sujetas a ningún plazo de vigencia o expiración y que el saldo no consumido en el periodo para el que fue contratado se abone en la siguiente recarga para que pueda ser utilizado por el usuario en el plazo de un año más.

De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al cierre de junio de 2019 existían en México un total de 98 millones 14,185 líneas de telefonía celular en prepago y 60 millones 950,080 líneas de internet igualmente en prepago, por lo que todos esos usuarios serían los potencialmente beneficiados de la nueva ley, en caso de que la propuesta del PRI gane votos en la Cámara de Diputados.

La fracción decimosexta del artículo 191 de la llamada Ley telecom ya aborda el criterio de las recargas, pero en la iniciativa priista de reforma se expone que ese párrafo no fue escrito del todo claro por el constituyente en la reforma sectorial del año 2013, pues hace posible una interpretación “mañosa” y “abusiva” de los operadores de telecomunicaciones en lo que toca a la vigencia del saldo, lastimando así a aquellos consumidores de escasos recursos que abonan recargas de menos de cien pesos.

María Luisa Noroña Quezada, diputada por Jalisco, con licenciatura trunca en educación y miembro de las comisiones de Igualdad de Género, Relaciones Exteriores, Comité de Ética, Desarrollo Urbano y Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, expuso en su iniciativa que cae en el rubro de telecomunicaciones que la economía de muchas familias mexicanas no les permite acceder a un esquema de pospago en telefonía e Internet móviles.

Noroña argumentó que en México el 50% de los usuarios de prepago recargan entre 50 y 100 pesos de saldo en cada abono que realizan; un 26%  abona de 30 a 50 pesos y un 8.0%  recarga menos de 30 pesos.

“En México, lo que motiva a elegir un esquema de prepago a uno de pospago es la economía familiar, ya que también se pueden hacer recargas desde diversos puntos comerciales de fácil acceso y abundante disposición, para su línea y con diversos y accesibles montos que pueden ir desde los 20 pesos”, escribió la legisladora.

La iniciativa de Noroña Quezada aún debe atravesar todo el entramado parlamentario para conseguir éxito y con un respaldo del PRI que apenas representa el 9.2% de los diputados en San Lázaro.

La propuesta también tendría que ser estudiada en las comisiones de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados y eventualmente estudiada también en el Senado por su naturaleza de cámara revisora, todo eso para que un día el Artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en su inciso XVI, quede escrito de la siguiente manera:

“Artículo 191. Los usuarios gozarán de los derechos previstos en esta Ley y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como en las demás disposiciones aplicables”. 

El inciso XVI del Artículo 191 destaca:

“XVI. A que en los servicios móviles de prepago, el saldo recargado o el no consumido no sea sujeto a ningún plazo de vigencia, expiración, utilidad, aprovechamiento, reactivación, validez o caducidad, ni a condicionamiento alguno para su disponibilidad, disposición y utilización; y a que, el saldo no consumido, le sea abonado en las recargas que se lleven a cabo dentro del año siguiente a dicha fecha”.

La propuesta del PRI, un nuevo reto para una industria que cojea en ARPU

La industria de telecomunicaciones y radiodifusión generó ingresos por 118,404 millones de pesos en el segundo trimestre del 2019, según estimaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y sólo el negocio de prepago tendría un valor de 26,000 millones de pesos, una cifra que pudiera dar cuenta de un enorme mercado para una docena de operadores móviles virtuales y tres operadores de red que básicamente se reparten la telefonía celular y la banda ancha móvil, además de unas cuantas empresas del segmento fijo que comienzan a ofrecer suscripciones móviles también.

Sin embargo, el consumo promedio mensual de servicios medido en dinero o ARPU (Average Revenue Per User) se encuentra deprimido en México y este hecho ha representado un reto en su levantamiento para las compañías del sector, independiente de su tamaño, color o músculo financiero.

Como muestra, en México el ARPU móvil en prepago de Telefónica cerró en 43 pesos el 2019. Movistar es la única compañía que desglosa ese dato en comparación con sus competidores directos: Telcel y AT&T, pero revela el posible impacto al ARPU que provocaría una iniciativa como la que promueve el Partido Revolucionario Institucional.

En Perú y Argentina se han discutido temas similares de prepago tanto en telefonía celular y datos móviles, pero no han prosperado del todo por otros factores que se adicionan al argumento del ARPU, explican analistas consultados:

Gerardo Mantilla, hoy analista en Artifex Consulting y anteriormente regulador en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, dijo que primero debe definirse a qué capa del segmento del prepago debiera aplicarse una iniciativa como la planteada el martes 3 de marzo en la Cámara de Diputados, pues en el mercado existen planes en que el usuario abona una cantidad que se agota conforme un cuota fija de minutos de voz, mensajes de texto o datos móviles, o una combinación de todo ello; mientras que existen otros planes de prepago con todo ilimitado por un periodo definido.

Mantilla plantea que sería más conveniente tratar de migrar a aquellos usuarios que abonan, por ejemplo, más de 200 pesos a su cuenta de prepago, pues en México ya existen planes libres de pospago desde 200 pesos mensuales. Gerardo Mantilla añade que la acumulación de puntos de saldo, sea en mensajes, voz o datos, resulta una complejidad para las compañías de telecomunicaciones, porque puede impactar en una disminución del ARPU; en momentos en que además éstas necesitan flujo para desplegar nuevas redes de servicio y responder a la aguerrida competencia del sector. “Una propuesta así me parece que ya fue rechazada en Argentina”, dijo.

En la misma línea se muestra Juan Gnius, analista en la firma argentina de consultoría Telracom. Gnius indicó que una adecuación de ese tipo al inciso XVI del artículo 191 de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión generaría una cartera artificial de usuarios para las compañías; es decir, un consumidor podría tener más de una línea con saldo, usando activamente una, a sabiendas de que tiene otra alterna con abono disponible.

“Esto sí afecta negativamente al ARPU, porque demora el tema de recargas; porque no se obliga al usuario a nueva recarga y porque además va a complicar la limpieza de base de clientes de los operadores, que cada ciertos meses hacen limpieza de los números, los desconectan y además, el impacto puede ser hasta impositivo; esto, si en el caso de México se pagan impuestos por tener ciertas cuotas de usuarios. Así era en argentina: tributar por cantidad de clientes”.

El Universal Carla Martínez

Para concretar la reducción de los tiempos oficiales en la radio y la televisión se requiere modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), indicó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

“[El Presidente] dijo que no se necesitaba una reforma legal para su reducción, pero al referirse a los tiempos oficiales, sí debe reformar la LFTR; de lo contrario, su actuación sería ilegal. Si sólo busca eliminar el tiempo fiscal, debe modificar o abrogar el decreto de Hacienda de 2002”, comunicó la asociación.

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ante empresarios de radio y TV que analizará los tiempos oficiales y los reducirá a través de un decreto.

El compromiso presidencial de reducir los tiempos oficiales ocurrió durante la Sexagésima Semana Nacional de la Radio y la Televisión, que organiza cada año la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), pero coincide con un momento de crisis comunicacional y fuerte cuestionamiento a las decisiones y declaraciones del gobierno en diversos temas.

Si el Ejecutivo federal modifica estos tiempos afecta los 48 minutos diarios establecidos en el artículo 41 de la Constitución a disposición del Instituto Nacional Electoral (INE), los cuales se utilizan al inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral.

“Estos 48 minutos constitucionales son el resultado de los 30 minutos del tiempo del Estado previstos en la LFTR y los 18 minutos del tiempo fiscal de la televisión del decreto de Hacienda de 2002”.

Esta reducción también impacta en el derecho a la comunicación de los mexicanos.

59 años de tiempos oficiales

 Los tiempos del Estado, establecidos en 1960, equivalen a 30 minutos gratuitos al día, de acuerdo con la Ley, mencionó la Amedi.

Mientras que el tiempo fiscal es un impuesto decretado en 1968 por Gustavo Díaz Ordaz y representa un pago en especie que destinan las empresas con concesiones para el uso de bienes de la nación como el espectro radioeléctrico y declaradas expresamente de interés público, como las estaciones de radio y las emisoras de televisión.

“Originalmente, este tiempo fiscal equivalía a 12.5% de transmisión, pero el 10 de octubre de 2002, mediante el decretazo, el gobierno de Vicente Fox lo redujo a 1.25%, quedando en 18 minutos diarios para las estaciones de TV y 35 minutos en radio, para la difusión de materiales del Poder Ejecutivo federal con una duración de 20 a 30 segundos”.

El Economista Nicolás Lucas

AT&T hizo un llamado a evaluar los riesgos que podrían derivar de un respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al amparo 717/2016 promovido por Radiomóvil Dipsa, controladora de Telcel, en contra del artículo 208 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).

La SCJN pospuso para la siguiente semana una discusión para determinar si el Congreso de la Unión tiene la atribución para aplicar una regulación asimétrica en materia de prohibición de tarifas o condiciones diferencias en los servicios que se originan y terminan en la red del agente económico preponderante, en este caso Telcel, o si dicha facultad sólo corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

“Antes de su prohibición legal, el efecto ‘club’ fue una de las prácticas que más dañó a la competencia y a los usuarios. Consideramos que no debemos regresar a la posibilidad de que el preponderante realice esta práctica que desplaza indebidamente a sus competidores, eleva precios y afecta el bolsillo de los consumidores (…) En AT&T seguiremos trabajando para generar mejores condiciones de competencia, en beneficio de los mexicanos”, dijo la operadora en un comunicado.

El artículo 208 de la LFTR impone a Telcel a no fijar tarifas o condiciones diferenciadas en todos los servicios que viajen dentro de su red, las llamadas tarifas “on-net” o de efecto “club”, y a no comprar en exclusiva dispositivos celulares, entre otras obligaciones.

Telcel confía en que el máximo tribunal del país dará la razón a su argumentación, como ocurrió hace dos años sobre otro amparo ganado en cuanto las tarifas de interconexión de voz o “tarifa cero”.