Proceso Jorge Bravo

Nicolás Maquiavelo, pensador agudo del Renacimiento, jamás supo de 5G, plataformas digitales ni fibra óptica. Pero si hoy leyera la iniciativa de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sus frases cobrarían vigencia. Este artículo imagina al autor de El príncipe y Discursos sobre la primera década de Tito Livio analizando la propuesta que pretende redefinir el ecosistema digital de México.

“El primer método para conocer la inteligencia de un gobernante es mirar a los hombres que tiene a su alrededor”. La iniciativa fortalece la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y deposita en una sola figura la política, regulación y ejecución técnica del sector. No hay debate colegiado, no hay contrapeso, no hay independencia regulatoria. 

Maquiavelo hubiera levantado una ceja: un príncipe prudente confía en consejeros sabios, un príncipe temerario gobierna rodeado de silencios. La concentración de poder en la ATDT no es signo de fortaleza, es vulnerabilidad institucional.

“El príncipe prudente debe preferir rodearse de hombres sabios”. El diseño de la ATDT carece de consejo técnico y especializado. Sin voces diversas, las decisiones regulatorias se vuelven un monólogo. Ningún gobernante (por astuto que sea) posee todo el conocimiento que exige el ecosistema digital: desde órbitas satelitales hasta inteligencia artificial pasando por preponderancia. Rodearse de especialistas no erosiona la autoridad, la legitima.

“Es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambos”. Un artículo faculta a la ATDT a bloquear plataformas digitales mediante lineamientos administrativos, sin orden judicial ni ley específica. El mensaje es claro: la autoridad prefiere ser temida (capaz de apagar el interruptor de cualquier aplicación incómoda) que ser amada por respetar la libertad de expresión y los derechos. La historia enseña que el miedo dura mientras se tenga el control del interruptor; la innovación encuentra rutas para esquivarlo.

“La ambición es tan poderosa que hace que todos los engaños parezcan honrosos”. Bajo el eufemismo de “protección al usuario”, la iniciativa introduce un registro de usuarios móviles. Ya antes la Suprema Corte declaró inconstitucional un padrón similar por violar la privacidad y exponer datos biométricos. Cambiar de nombre al mismo mecanismo no disfraza su esencia: vigilancia preventiva. La ambición de control se viste de seguridad, pero termina desnuda cuando se han filtrado bases de datos o se persigue al disidente.

“Los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio”. La neutralidad de la red (garantía de que el proveedor no discrimine contenidos ni velocidades) aparece debilitada en la propuesta: las definiciones se borran, los lineamientos se vuelven difusos. En un país donde la conectividad es la puerta a educación, trabajo y entretenimiento, alterar la ecuación podría costar caro. El ciudadano puede tolerar un debate ideológico, pero no perdonará que le ralenticen el video que usa para entretenerse, estudiar o vender.

‘La naturaleza de los pueblos es voluble; es fácil persuadirlos, pero difícil mantenerlos persuadidos’. La ley exige permiso previo de la Secretaría de Gobernación para transmitir contenidos financiados por gobiernos y organismos extranjeros. Es la reedición de la censura previa: un filtro político disfrazado de soberanía. Los gobernantes pueden persuadir momentáneamente a la opinión pública de que “protegen al país”, pero cuando los canales internacionales desaparezcan y las voces críticas queden fuera del espectro, el desencanto será rápido. La volatilidad de las audiencias digitales aconseja prudencia, no mordaza.

“El fin justifica los medios” (máxima apócrifa, pero útil). Quien redactó el capítulo de revocación de concesiones abraza esa lógica: si el Estado cree que un medio se tuerce, podrá retirar la licencia por “finalidades distintas” a las solicitadas. El concepto es tan elástico que cabe la arbitrariedad. La seguridad jurídica (oxígeno de la inversión) queda supeditada al humor del príncipe regulador.

“Nada grande se ha hecho jamás sin peligro”. Mover al Estado para cerrar la brecha digital es una causa noble. El peligro surge cuando los operadores estatales abandonan su misión social de conectar para competir donde ya hay cobertura. Altán Redes y CFE Telecom deben tender redes donde nadie más invierte, no disputarle el mercado a quienes ya arriesgaron capital. De lo contrario, ni los privados expanden cobertura ni los públicos cumplen su propósito. Se pierde el riesgo emprendedor y no gana la inclusión digital universal.

“Las guerras no se evitan; sólo se posponen para beneficio del adversario”. La guerra mexicana contra los altos precios del espectro radioeléctrico lleva años pospuesta. La iniciativa incluye remedios como el “acceso dinámico” y la “compartición” de frecuencias, pero esquiva el problema: las tarifas más altas de la región. Mientras Hacienda vea el espectro como cajero automático, las redes se construirán tarde, 5G llegará lento y la digitalización seguirá rezagada. Posponer la batalla verdadera termina por beneficiar a otros países que ya redujeron costos y aceleraron su conectividad.

“El pueblo se contenta con la apariencia: basta que no le falte la forma”. Entre las “formas” que desaparecen están los principios de la radiodifusión pública: independencia editorial, financiamiento, participación ciudadana. Sin esos baluartes, los medios públicos corren el riesgo de ser tribunas gubernamentales. Maquiavelo advertía que la apariencia puede bastar para el aplauso inicial, pero la realidad termina imponiéndose. Cuando un noticiero de un medio público elogia sin matices al poder, la audiencia cambiará de canal buscando voces libres.

Si Maquiavelo caminara por los pasillos del Senado donde se discute la ley telecom, diría que “los Estados que quieren prosperar deben fundarse en buenas leyes y buenas armas; las armas de la era digital son la innovación, la inclusión, la pluralidad y la libertad”.

El desafío no es redactar una ley que centralice controles, sino una que convierta la infraestructura digital en el cimiento de una sociedad sin discriminación, donde todos ejerzamos plenamente nuestros derechos en línea. El príncipe moderno no teme la crítica; la escucha, la regula con independencia y la transforma en progreso.

La historia enseña que los gobernantes que abrazan la censura y la concentración quizá sobrevivan un tiempo, pero los pueblos conectados (como las aguas del Arno que Maquiavelo observaba) siempre encuentran cauces para fluir.

Twitter: @beltmondi

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) también tuvo participación en los Conversatorios para el Análisis y Propuesta de Dictamen de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Senado, donde acusó que la preponderancia por sector únicamente beneficia a las empresas transnacionales y a las televisoras. 

Rafael Marino Roche, representante del STRM, aseguró que la preponderancia por sector  conllevó a un desarrollo de la infraestructura con menores alicientes y condiciones para lograr una inclusión digital para la gran mayoría de la población, sobre todo aquella con menores ingresos y zonas de difícil acceso. 

“Esta ley creó una compleja y tortuosa regulación asimétrica que estableció como eje central de su política la protección de las empresas transnacionales y a las televisoras sobre la base de este hecho, ya que la preponderancia no existía en ninguna regulación en el mundo”, acusó Marino Roche. 

También dijo que dicha regulación ha significado no alcanzar una competencia efectiva de los operadores y ha generado fallas en el mercado, lo cual ya desincentivando la inversión en el sector, a pesar de que éste requiere una creciente cantidad de recursos para incrementar la infraestructura y poder lograr una mayor modernización, conectividad y cobertura en todo el país. 

“Considero necesario subrayar lo que ha mencionado un experto en TIC, Crisanto Plaza, en su libro “La regulación tecnológica en la era digital en Europa”, la cual afirma que la regulación ex ante, si no tiene una temporalidad, terminará por quebrar al operador incumbente, y los otros terminarán convirtiéndose en operadores perezosos. 

“Recupero está afirmación porque está situación se ajusta actualmente a nuestro país y con ella no se beneficia a los usuarios, solamente propicia la falta de inversión, innovación y despliegue de redes”, afirmó el representante del sindicato de telefonistas.