La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, una legislación que moderniza el marco regulatorio y sustituye una normativa obsoleta, de hace 29 años, que se ha vuelto incapaz de responder a los avances actuales en telecomunicaciones.

Esta nueva ley asegura a los usuarios un acceso eficiente de Internet, telefonía, radio y otros servicios relacionados con las tecnologías de la información.

Con esta iniciativa, se deroga la anterior Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales (Ley 200), que data de 1995, que era insuficiente para abordar los cambios tecnológicos actuales. En marzo pasado, esta propuesta fue presentada a la Asamblea Legislativa para su consulta.

La ley asegura una competencia justa, fomenta el desarrollo de infraestructura y garantiza la cobertura nacional, al tiempo que prohíbe el cobro por servicios no prestados. Además, la ley protege el derecho a la portabilidad numérica, permitiendo a los usuarios conservar su número móvil o línea fija.

El dictamen también separa las funciones operativas y regulatorias dentro del sector, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la supervisión. Busca promover la inversión y la competencia en el mercado, asegurando que los servicios sean accesibles y asequibles para todos los usuarios.

Asimismo, introduce un enfoque de “sandbox regulatorio” para fomentar la innovación y flexibilidad en modelos de negocio dentro del sector.

Al mismo tiempo, crea un nuevo Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones Convergentes (Fodetec), para promover el cierre de la brecha digital, la inclusión y la transformación digital. Esta ley también apoya y protege a las pequeñas empresas de telecomunicaciones, conocidas como MicroTelco.

La ley otorga al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), el ente regulador de las telecomunicaciones, las herramientas necesarias para una supervisión efectiva, fomentando la investigación, la innovación y la implementación de una regulación de cuarta generación que impulse la expansión de redes seguras.

Otro cambio que introduce esta legislación es el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Cada empresa de telecomunicaciones estará obligada a garantizar el servicio de intérprete de lenguaje de señas en sus centros de atención. Además, los usuarios tendrán derecho a recibir sus estados de cuenta con funciones de accesibilidad adaptadas a sus necesidades. Asimismo, cada centro de atención deberá contar con la infraestructura necesaria para asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad.

Otro avance significativo de la legislación es el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad para que tengan acceso a todos los servicios de telecomunicaciones.

La Ley General de Telecomunicaciones Convergentes entrará en vigencia en un plazo de 12 meses después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo envió a la Asamblea Nacional una reforma a la Ley de Telecomunicaciones denominada “Ley General de Telecomunicaciones Convergentes”, por considerar que la Ley Número 200 “Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales” es muy antigua. 

La iniciativa enviada el 08 de marzo, señala en la exposición de motivos que la Ley Número 200 “Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales” existe desde 1995, por lo cual su enfoque regulatorio se centra sobre los servicios de telefonía fija y telefonía celular.

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