Reforma Luis Pablo Segundo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el próximo miércoles 17 de enero el mecanismo denominado “notificación y retirada”, incluido en la Ley Federal de Derechos de Autor, que censura de forma agresiva contenidos de Internet.

En junio de 2020, las Cámaras de Diputados y Senadores aprobaron cambios a dicha ley, como parte de los acuerdos en el T-MEC.

Las modificaciones legalizaron e incentivaron la censura masiva de contenidos y expresiones en Internet, pues cualquier persona podría denunciar violaciones a los derechos de autor sin la necesidad de comprobar la autoría de los contenidos originales y sin contar con pruebas de infracción.

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La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) se pronunció en contra de una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, que prevé un pago o un “moche digital” según la propia Canieti, por concepto de copia privada.

La Cámara, que agrupa a empresas tecnológicas y de telecomunicaciones, explicó que dicha propuesta pretende la determinación de un pago compensatorio a quien no necesariamente va dirigida la norma, por el uso de una obra protegida por el derecho de autor o derechos conexos, es decir, los fabricantes o importadores de aparatos, dispositivos, soportes tecnológicos o cualquier otro que permita la copia o reproducción sonora, visual o audiovisual de obras conocidas o por conocerse protegidas por la Ley de la materia.

“Esto, constituyendo una violación, se insiste, de otros derechos sin que se logre el justo equilibrio entre la industria cultural, sus creadores y la tecnología, en los términos expresados en la propia de la Iniciativa”, advirtió la Canieti.

Insistió en que establecerán erróneamente a los sujetos obligados o, en su defecto, afectará los derechos de sujetos no obligados al pago de la remuneración compensatoria por concepto de copia privada y, en consecuencia, afectará los beneficios que busca el desarrollo de la economía digital.

La iniciativa ha sido suscrita por los senadores Ricardo Monreal y Alejandro Armenta, del Grupo Parlamentario de Morena; Miguel Ángel Osorio, del Grupo Parlamentario del PRI, y Miguel Ángel Mancera, del Grupo Parlamentario del PRD.

La Canieti explica que la Ley establecerá suposiciones, situaciones o acciones que podrían no darse en cuanto a los sujetos obligados a cubrir la remuneración compensatoria, es decir, los fabricantes e importadores, y en consecuencia también los consumidores o usuarios finales, de aparatos, dispositivos, soportes tecnológicos o cualquier otro que permita la copia o reproducción sonora, visual o audiovisual de obras conocidas o por conocerse.

En un comunicado, la Cámara advirtió que los usuarios de tecnología también pueden verse afectados si se realiza la reforma a la mencionada Ley. Incluso, habría afectaciones a otras industrias importantes en el país, como la automotriz.

“El impacto se trasladará también a otros bienes, mercancías o procesos de la industria automotriz, de autopartes, eléctrica, médica, farmacéutica, bancaria, de seguros, turística, de la educación, de seguridad, de radio y televisión, cinematográfica, entre otras, que también son usuarias de aparatos, dispositivos, soportes tecnológicos o cualquier otro que permita la copia o reproducción sonora, visual o audiovisual lícita de obras de autor”, alertó la Canieti.

Asimismo, explicó que la remuneración compensatoria mencionada resultará contraria al principio de equidad, ya que da por hecho que los aparatos, dispositivos, soportes tecnológicos o cualquier otro que permita la copia o reproducción sonora, visual o audiovisual de obras conocidas o por conocerse, serán utilizados para reproducir una copia privada, legal o no, cuestión que no necesariamente resulta cierta.

Añadió que, en su caso, el sistema de compensación debe asegurar que el pago de la misma sea sólo soportado por aquellos que efectivamente realicen copias privadas que no se hayan pagado previamente, y no por otros, violando los derechos fundamentales de igualdad y autonomía de la voluntad.

Reforma Ailyn Ríos

El pago por derechos de autor que deben pagar los dispositivos de almacenaje o reproducción de una obra, no deben ser transferidos al consumidor final, señaló Mariza de la Mora, especialista en el tema en ClarkeModet.

Actualmente en el Congreso existe la iniciativa para reformar la Ley Federal del Derecho de Autor en Materia de Remuneración Compensatoria por Concepto de Copia Privada, presentada por el diputado morenista Sergio Mayer.

Con ella se pretende imponer una cuota a smartphones, tablets, pantallas o incluso las consolas de juegos al suponer que toda la gente que utilizan estos dispositivos con capacidad de almacenamiento realizan una copia privada de contenidos disponibles en Internet.

De acuerdo con la especialista, por ética, los fabricantes, importadores o distribuidores de estos dispositivos y equipos no deberían transferir al usuario final la cuota (canon) que tienen que pagar, que va de 30 centavos por cada CD que se compre, hasta 3 mil 570 pesos por copiadora multifuncional de 70 o más páginas por minuto.

“Los sujetos que van a tener que hacer este remuneración compensatoria son los fabricantes e importadores porque son quienes generan tal cual los instrumentos o aparatos con los que se puede duplicar, compactar o distribuir las obras literarias, artísticas o audiovisuales.

“Así como los sujetos obligados solidarios, que son los distribuidores mayoristas y comercializadores no deberían transmitir esta cuota de remuneración al usuario final. Esto sería por ética, de los mismos fabricantes”, comentó Mariza de la Mora.

De no ser absorbido la cuota por los fabricantes, distribuidores o importadores, los consumidores en México tendrán que pagar, en su conjunto, entre 4 mil 187 millones de pesos y 6 mil 205 millones de pesos anuales más por el sobreprecio, según estimaciones elaboradas por el Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET).

Lo recaudado por el cobro de este canon sería distribuido a través de las sociedades de gestión colectiva con el fin de distribuir la remuneración entre quienes ostentan los derechos de una o varias obras, sin embargo, no se menciona si el número de obras registradas sería un determinante para el porcentaje a distribuir, agregó la especialista.

La iniciativa indica que si el soporte o aparato de reproducción o almacenamiento es de nueva creación, los fabricantes, importadores y distribuidores podrán autoimponerse una tarifa considerando como referencia el aparato o soporte que más se asemeje.

La especialista puntualizó que no hay un canon para aplicar a los servicios en la nube.

Varias cuotas

Las cuotas que se cobrarían por dispositivo o soporte de almacenamiento o reproducción variarían según las características técnicas de los mismos. Aquí algunos ejemplos. (En pesos)*

*Propuesto en el dictamen

Fuente: Iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor

El Universal Carla Martínez

Los consumidores en México pagarán entre 4 mil 187 y 6 mil 205 millones de pesos anuales más por el sobreprecio generado por la adquisición de smartphones y computadoras, estima el Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), derivado de la Iniciativa que reforma y adiciona disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor en Materia de Remuneración Compensatoria por Concepto de Copia Privada.

La iniciativa será discutida este miércoles en la Cámara de Diputados, menciona el instituto en un comunicado.

Sobre la iniciativa presentada por el diputado Sergio Mayer de Morena, el IDET menciona que se presenta en un momento en el que la adopción de la tecnología y la conectividad son esenciales para el desarrollo y la recuperación económica del país.

“Los dispositivos de acceso a la conectividad han reducido la incidencia de generación de copias privadas, pues permiten el acceso a más contenidos de manera legal, al habilitar su consumo por la vía del streaming”, explica el IDET.

Por lo que la compensación por copia privada desincentiva el acceso y uso de dispositivos tecnológicos, así como obstaculiza la adopción de la conectividad en la población con menor poder adquisitivo.

“De acuerdo con los montos del canon propuestos en la Iniciativa de Ley, México se posicionaría como uno de los países con el monto más alto aplicado en smartphones entre principales países del mundo, a pesar del menor poder adquisitivo de su población, de hecho, México tendría un gravamen superior a países como Francia y Alemania”.

Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) coincidió en la preocupación por los alcances de la iniciativa pues una interpretación errónea puede traducirse en una afectación a los derechos de sujetos no obligados al pago de la remuneración compensatoria por concepto de copia privada y, en consecuencia, afectar los beneficios que busca el desarrollo de la economía digital.
 
“La industria representada sigue manifestando su desacuerdo en que se mantengan como sujetos obligados al pago de la remuneración compensatoria a los fabricantes, comercializadores, distribuidores e importadores de equipos o dispositivos”, subraya la Canieti en su posicionamiento.

El Economista

Hoy se discute en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la Ley de Federal de Derecho de Autor que, de aprobarse, derivaría en la imposición de un cobro por el uso de dispositivos tecnológicos, cuya finalidad sería compensar a los creadores de contenidos protegidos por derecho de autor, por la posible producción de copias privadas de sus obras.

La iniciativa, presentada desde el 21 de abril pasado por el morenista Sergio Mayer Bretón, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, establece que el cobro referido se trata de una “remuneración compensatoria justa y equitativa por el trabajo creativo que los autores desarrollan en favor de la cultura”.

“Este mecanismo que recibe el nombre de ‘canon digital’ busca compensar el supuesto daño que sufren los creadores y artistas, al existir una posibilidad de que estos dispositivos se utilicen para realizar copias privadas de sus contenidos y creaciones sin generar una retribución para estos”, explicó el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet).

De acuerdo con la iniciativa esta remuneración sería exigida a los fabricantes o a los importadores de los equipos, para lo cual se plantea un tabulador de pagos. Para fines prácticos, los dispositivos susceptibles de este pago son aquéllos con capacidad de almacenamiento, compactación, duplicación o reproducción, entre los que se encuentran los smartphones, computadoras, tabletas e incluso consolas de videojuegos y dispositivos como el Apple TV o el Fire TV de Amazon.

“Los sujetos obligados a cubrir la remuneración compensatoria establecida en el párrafo que antecede son el fabricante que comercialice en territorio nacional o el importador de equipos, aparatos, soportes o instrumentos técnicos, o cualquier otro que permita la reproducción sonora, visual o audiovisual, en cualquiera de sus modalidades conocidas o por conocerse, que sean idóneos para reproducir o copiar cualquier tipo de obras literarias y artísticas, interpretaciones o ejecuciones, ediciones, fonogramas, videogramas y transmisiones protegidas por esta Ley”, se lee en la iniciativa, que se ventiló en una serie de conversatorios de la Comisión de Cultura durante mayo, junio y julio pasados.

En su momento, Sergio Mayer expresó que el cobro que plantea la iniciativa no debería elevar el costo de los dispositivos, pues debería ser absorbido por los fabricantes. “No vamos a permitir que el usuario final pague el costo de acceso a los materiales de audio, video, artes visuales y trabajos escritos; hablamos de un derecho, no de un impuesto”, afirmó a mediados de mayo, aunque especialistas han advertido que el costo se podría trasladar al usuario.

El Idet explicó que la política detrás de la compensación vía canon digital comenzó hace más de dos décadas, cuando se registraba un uso intensivo de dispositivos y medios de soporte tradicional como casetes, CDs y DVDs.

No obstante, la recaudación del canon digital registra una trayectoria a la baja en la mayoría de los países en los que es aplicable, como en Canadá, donde la caída registrada se ubica en un rango de 90 a 95% en los últimos años.

“El principal factor que ha provocado esta disminución recaudatoria es el reemplazo en el uso de soportes tradicionales frente a medios digitales, consecuencia de los cambios tecnológicos y la transformación de los hábitos de consumo de contenidos audiovisuales”, dijo el Idet.

Añadió que los dispositivos digitales han propiciado que los usuarios incurran cada vez menos en la generación de copias privadas, puesto que permiten el acceso a más contenidos legalmente, al habilitar su consumo digital y el streaming.

De acuerdo con datos de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, los ingresos generados por formatos digitales representan ya más de la mitad (58.9%) del total del mercado a nivel mundial. El streaming ha sido el formato de mayor crecimiento desde su introducción en el 2005, año en el que registró una participación de 0.5% de los ingresos del mercado musical y que en el 2018 ascendió al 46.6% del total.

Debido a ello y a la crisis económica actual, el Idet opinó que “no solo es inviable imponer el pago de un canon digital en México, sino que ni siquiera es aconsejable en momentos en que en lugar de establecer obstáculos en materia de conectividad, lo que se requiere son mecanismos que permitan que un mayor número de mexicanos puedan acceder a dichos servicios”.

Cnnexpansión Eréndira Reyes

Las reformas propuestas por el senador Ricardo Monreal para la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podrían caer en prácticas de censura de acuerdo a diversas organizaciones de derechos digitales, e incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Abren la legalización de la censura en internet porque en uno de los artículos y en una de las reformas de la Ley Federal de Derechos de Autor se incluye una medida conocida como notificación de retirada, donde se solicita la remoción o baja de un contenido sin que exista una orden judicial previa. O sea quien reclama por una falta de derechos de autor no tiene que comprobar que haya un delito, y esto puede caer como mecanismo de censura”, precisó Vladimir Cortés, oficial del Programa de derechos digitales en Artículo 19.

Además de la remoción del contenido, los castigos que se han modificado por infringir alguna falta también han sido modificados. Las reformas por la implementación del TMEC proponen penas de hasta 10 años de cárcel para quienes evadan los ‘candados’ que marca la Ley.

Luis Fernando García, director de R3D, explicó en un hilo de Twitter que existen razones legítimas por las que las personas eluden estas medidas de protección, tales como copiar un DVD, hacer capturas de pantalla, examinar el código de un programa, instalar (o desinstalar) software, entre otras.

Sin embargo, además de este tipo de claroscuros, el oficial del Programa de derechos digitales de Artículo 19 indica que las prácticas de censura se pueden volver algo común, respaldadas bajo esta regulación.

“Una investigación hecha este año y que publicó el Wall Street Journal puso este tipo de abuso que devino en la remoción de 52,000 enlaces de Google”, puntualizó Cortés.

La tecnológica puso en marcha su sistema para cumplir con la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (DMCA), por la que debe dar de baja contenidos cuando exista una denuncia de un titular de derechos de autor. Sin embargo el Wall Street Journal encontró cómo organizaciones y personas abusan de este sistema para remover contenido legítimo del buscador.

La crítica que hacen las organizaciones denuncian que las reformas no contemplan excepciones para la elusión de medidas tecnológicas de protección, que la ley estadounidense sí prevé.

Aunque la ley ya fue aprobada por las Cámaras, ya existe una iniciativa hecha por la senadora Antares Vázquez Alatorre para reformar la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal, a fin de garantizar la libertad de expresión en Internet, que refuerza el trabajo que han buscado las organizaciones de derechos digitales.

“Tendremos unos cuantos meses para definir el futuro de este tema, sobre todo la sociedad civil ha abierto la discusión en torno a este tema a través del hashtag #SinCandadosNiCensura donde se muestra el descontento que existe en torno de esta ley”, indicó Cortés.

Tecreview Liliana Corona

Ahora, será más común que te encuentres con la leyenda “hemos bloqueado tu video” y hasta tus memes podrían sufrir.

Cualquier contenido que compartas en internet como videos, textos, imágenes y archivos es susceptible de ser censurado.

El video de tu mascota haciendo algo tierno, las clases de guitarra que estabas tomando…todo puede bloquearse gracias a las modificaciones a la Ley Federal de Derechos de Autor y al Código Penal Federal que entraron en vigor la semana pasada.

Cualquier persona puede alegar que el contenido que subiste a internet le pertenece. Por tanto, los proveedores de servicios en línea como YouTube y las distintas redes sociales pueden bloquear tu contenido.

Vladimir Cortés, del Programa de Derechos Digitales de Artículo 19, dice que se censura sin contar con pruebas. No se tiene que demostrar ante un juez que el contenido es violatorio de derechos de autor.

Lo que se está haciendo es censurar primero y averiguar después.

“Es una clara violación al derecho de libertad de expresión. También al debido proceso y a las garantías judiciales que tenemos constitucionalmente”, explica.

¿Por qué te afectan esos cambios?

No solo se trata del veto. Con estas modificaciones, una queja -fundada o no- podría traer multas de millones de pesos para quien sea denunciado.

Incluso, los medios de comunicación puede ser bajados de internet hasta por 15 días. Esto, mientras se aclara si hubo o no violaciones a los derechos de autor.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) afirma que con los cambios se legaliza la censura en la web.

“Estas reformas aprobadas configuran el más grave retroceso legislativo para la libertad de expresión del que se tenga memoria”, advierte.

La R3D señala que las reformas también ponen en peligro de seis años de cárcel a las personas que “rompan candados digitales”.

Es decir, alguna restricción del fabricante de hardware o software para modificar la información de un dispositivo o programa.

“Estos candados (digitales) obstaculizan el derecho de las personas a reparar sus propios dispositivos, modificarlos a sus necesidades, utilizar piezas o consumibles de marcas diferentes o estudiarlos para detectar sus vulnerabilidades”, explican.

¿Se pueden revertir esas medidas?

Las modificaciones a la Ley Federal de Derechos de Autor son parte de un compromiso que se realizó para el avance en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sin embargo, su aprobación y entrada en vigor no dieron oportunidad al análisis de las medidas.

Como la figura de “Parlamento Abierto” que permitiría correcciones y mejoras, que toda ley debería tener.

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), dice que la batalla no está perdida.

“Seguramente vendrán acciones de inconstitucionalidad por parte de diversos actores que se ven afectados, como proveedores de internet”.

Una forma que la ciudadanía tiene de inconformarse en contra de las modificaciones es a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

Estas organizaciones recomienda que para alzar la voz se interponga una queja a través de su sitio web. Otra alternativa para llegar a la CNDH es la plataforma desde R3D.

“Las personas pueden hacer esta petición para que la CNDH, en el marco sus facultades, pueda realizar esta acción de inconstitucionalidad. Esto para dejar en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de modificar la ley”, señala Cortés.

Reforma Ailyn Ríos

Las reformas en la Ley Federal de Derechos de Autor contempla como infracciones administrativas e incluso penales a quien rompa o eluda las medidas tecnológicas de protección, conocidas como candados digitales.

Especialistas consideraron que los cambios a la Ley son necesarios para garantizar que desarrolladores tecnológicos y proveedores de software obtengan las regalías necesarias por sus creaciones y el castigo a quienes distribuyan o usen parches, códigos o hardware que permitan obtener servicios y contenido de forma ilegal.

Para Dafne Méndez, especialista en derechos de autor, eliminar las prácticas ilícitas es una oportunidad para aumentar las aportaciones fiscales derivadas del uso de software o hardware legal.

Por el tipo de delito que representan estas infracciones, el Código Penal considera en primera instancia mecanismos alternativos para resarcir el daño, conocidos como acuerdos reparatorios, los cuales serán aplicables por cinco años, pero en caso de que haya reincidencia por parte del infractor los castigos ameritarían hasta 10 años de cárcel.

Gilda González Carmona, especialista en derechos de autor y propiedad intelectual, indicó que las personas que comercializan en las Plazas de Computación deben poner especial cuidado en no violar esta Ley.

Luis Fernando García, director de Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D, comentó que algunos fabricantes colocan los candados tecnológicos para el hardware o software para controlar y restringir lo que los usuarios pueden realizar e incluso podría tener alcances en las reparaciones de equipos.