La jueza del distrito de Los Ángeles, Dolly Gee, rechazó la solicitud de Uber y del proveedor de servicios de mensajería, Postmates, para bloquear la entrada en vigor de la ley AB 5 de California, argumentando que los beneficios públicos del proyecto de ley superaban las preocupaciones de la compañía.

Aunque la jueza admitió que habría consecuencias para las compañías como resultado de la ley, los riesgos para ella eran menos importantes que el interés público de garantizar un salario digno para sus trabajadores.

No obstante, la decisión golpeó severamente la economía de concierto que fundamentalmente dificulta la clasificación de trabajadores como contratistas independientes.

Por su parte, Postmates señaló que la decisión de Gee era procesal y continuaría bajo sus propios medios con el caso, incluida la posibilidad de una apelación.

Uber calificó la ley de California de “parcial y abiertamente política” al tratar de forma preferencial a un grupo arbitrario de empresas.

En la demanda presentada por Uber a finales de 2019, se argumentó que la ley viola la Constitución de Estados Unidos y señala injustamente a las plataformas basadas en aplicaciones.

Uber, Lyft y la compañía de entrega de alimentos DoorDash, destinarán 110 millones de dólares para promover una boleta electoral que eche reversa a la ley AB5, en una votación programada para noviembre de 2020.

De acuerdo con las compañías, la legislación compromete la flexibilidad que permite a sus trabajadores dedicarse a otras actividades.