Temu, uno de los gigantes del comercio electrónico de China, deberá pagar 200 millones de euros por vender productos ilegales.

La Comisión Europea (CE) informó que la plataforma infringió la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), ya que no evaluó adecuadamente los riesgos sistémicos asociados a la venta de productos ilegales, lo que representa una amenaza directa para la seguridad de los consumidores en la Unión Europea (UE).

Las investigaciones de la CE determinaron que existe una alta probabilidad de que los usuarios encuentren artículos ilícitos al navegar por el sitio.

Se concluyó que la evaluación de riesgos presentada por Temu en 2024 fue insuficiente y no cumplió con los estándares legales exigidos por la DSA, basándose en datos generales en lugar de pruebas específicas sobre su servicio.

La Comisión explicó que uno de los hallazgos más alarmantes provino de una prueba de “cliente misterioso”, la cual reveló fallos de seguridad.

Los resultados mostraron que una gran cantidad de cargadores eléctricos no superaron las normas básicas y que diversos juguetes para bebés presentaban riesgos químicos o de asfixia por piezas desmontables, superando los límites legales de seguridad.

“Las evaluaciones de riesgos no son meros trámites burocráticos, sino la base de la DSA. La evaluación de riesgos de Temu subestima los riesgos concretos, carece de especificidad, no se fundamenta en pruebas sólidas y no es exhaustiva.

“Deja a los reguladores, usuarios y al público en general en la incertidumbre sobre la verdadera magnitud del daño potencial que representan los productos ilegales vendidos en Temu. Ha llegado el momento de que Temu cumpla con la ley”, advirtió Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia de la Unión Europea.

Temu dispone hasta el 28 de agosto de 2026 para presentar un plan de acción a la Comisión, tal como exige el artículo 75 de la Ley de Servicios Digitales. El plan deberá detallar las medidas necesarias para subsanar el incumplimiento de sus obligaciones de evaluación de riesgos. 

El Consejo Europeo de Servicios Digitales dispondrá de un mes a partir de la recepción del plan para emitir su dictamen. Posteriormente, la Comisión dispondrá de un mes más para adoptar su decisión final y establecer un plazo razonable para su implementación.

Prensa Comisión Europea

La Comisión Europea concluyó preliminarmente que Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos infringían la Ley de Servicios Digitales (DSA) por no proteger a los menores de la exposición a contenido pornográfico en sus servicios.

Evaluación de riesgos 

Las conclusiones preliminares de la Comisión indican que Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos no identificaron ni evaluaron diligentemente los riesgos que sus plataformas suponen para los menores que acceden a sus servicios. 

Incluso cuando se identificaron riesgos, Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos no realizaron una evaluación exhaustiva, ya que no utilizaron metodologías objetivas y exhaustivas. Por ejemplo, la evaluación hizo hincapié de manera desproporcionada en las preocupaciones centradas en las empresas, como el daño a la reputación, en lugar de centrarse en los riesgos sociales para los menores, como exige la Ley de Servicios Digitales. 

Además, los hallazgos muestran que en sus evaluaciones de riesgos Stripchat, Xvideos y XNXX tergiversaron o no consideraron sus reuniones con organizaciones de la sociedad civil especializadas en los derechos de los niños y las herramientas de garantía de la edad.

Medidas de reducción del riesgo 

La Comisión también concluyó preliminarmente que Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos no han implementado medidas efectivas para evitar que los menores accedan a sus servicios, por lo tanto, no protegen los derechos y el bienestar de los menores.

A pesar de afirmar en sus Términos de Servicios que sus servicios son solo para adultos, las cuatro plataformas permiten a los menores acceder a sus plataformas con un simple clic confirmando que son mayores de 18 años. 

La Comisión considera que la «autodeclaración» no es una medida eficaz, y también considera que las medidas de mitigación adicionales, como la difuminación de páginas, las advertencias de contenido y las etiquetas «restringidas a adultos», implementadas por todas estas plataformas, no impiden efectivamente que los menores accedan a contenidos nocivos.

En esta fase, la Comisión considera que Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos deben aplicar medidas de verificación de la edad que preserven la privacidad para proteger a los niños de contenidos nocivos. 

Estas conclusiones no prejuzgan el resultado final de la investigación.

Próximos pasos

En el ejercicio de su derecho de defensa, XVideos, XNXX, PornHub y Stripchat tienen ahora la posibilidad de examinar los documentos que figuran en los expedientes de investigación de la Comisión y responder por escrito a las conclusiones preliminares de la Comisión. Las plataformas pueden tomar medidas para remediar las infracciones. Paralelamente, se consultará al Comité Europeo de Servicios Digitales. 

Si finalmente se confirman los puntos de vista de la Comisión, esta podrá emitir una decisión de incumplimiento, que podrá dar lugar a una multa proporcional a la infracción que en ningún caso superará el 6 % del volumen de negocios anual mundial total del proveedor. La Comisión también puede imponer multas coercitivas para obligar a una plataforma a cumplir.

Antecedentes

Estas conclusiones preliminares forman parte de los procedimientos formales incoados por la Comisión contra XVideos, XNXX, PornHub y Stripchat en el marco de la Ley de Servicios Digitales el 27 de mayo de 2025. Los hallazgos preliminares se basan en una investigación en profundidad que incluyó un análisis de los informes de evaluación de riesgos de Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos, datos y documentos internos, así como las respuestas de las plataformas a las solicitudes de información y entrevistas con expertos en el campo.  

La Comisión utilizó las Directrices de la Ley de Servicios Digitales de 2025 sobre la protección de los menores como punto de referencia para evaluar el cumplimiento por parte de las plataformas de la obligación de garantizar un elevado nivel de privacidad, seguridad y protección de los menores. Las directrices de la Ley de Servicios Digitales identifican la verificación de la edad como una medida proporcionada y eficaz para mitigar el riesgo de que los menores accedan a servicios de contenidos para adultos. La Comisión está desarrollando una aplicación de verificación de la edad de la UE, que servirá como norma de referencia para un método de verificación de la edad fácil de usar y que preserve la privacidad. Esta aplicación de verificación de la edad se está probando actualmente con los Estados miembros, las plataformas en línea y otros terceros. Será plenamente interoperable con las futuras carteras de identidad digital de la UE.

En el transcurso de estas investigaciones, el trabajo de la Comisión ha contado con el apoyo de las autoridades nacionales pertinentes, incluidas la Autoridad de Radiotelevisión y Servicios Digitales chipriota y la Oficina Checa de Telecomunicaciones, respectivamente, los coordinadores de servicios digitales para Chipre y para Chequia, los dos Estados miembros de establecimiento de estas plataformas de muy alta capacidad. También se consultó a ARCOM, al coordinador francés de servicios digitales y a la autoridad alemana de medios de comunicación de Renania del Norte-Westfalia, entre los reguladores nacionales que ya habían tomado medidas para investigar las plataformas pornográficas a nivel nacional.   

Paralelamente, los coordinadores nacionales de servicios digitales, responsables de su supervisión, están llevando a cabo una acción coordinada contra las plataformas pornográficas más pequeñas no conformes. Esta acción coordinada tiene por objeto garantizar que la Ley de Servicios Digitales se aplique de manera coherente en todas las plataformas en línea de todos los tamaños en la UE.

La Comisión Europea constató de forma preliminar que TikTok incumple la ley de Servicios Digitales por su diseño adictivo, el cual “podría dañar el bienestar físico y mental de los usuarios”. La compañía ahora puede presentar su defensa a fin de evitar una decisión definitiva que derive en multas por incumplimiento.

La generación constante de nuevos contenidos y características como el desplazamiento infinito, la reproducción automática, notificaciones push y un sistema de recomendaciones altamente personalizada son los argumentos que considera el informe, que al mismo tiempo alerta que TikTok no aplica medidas razonables para mitigar riesgos.

En esta instancia, la Comisión consideró que la compañía “necesita cambiar el diseño básico de su servicio” y sugirió medidas como la desactivación del “desplazamiento infinito” y la implementación de interrupciones de tiempo de pantalla.

“La adicción a las redes sociales puede tener efectos perjudiciales en las mentes en desarrollo de niños y adolescentes. La Ley de Servicios Digitales responsabiliza a las plataformas de los efectos que pueden tener en sus usuarios. En Europa, hacemos cumplir nuestra legislación para proteger a nuestros hijos y a nuestros ciudadanos en línea”, dijo Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia de la Comisión Europea.

La Comisión Europea (CE) reforzará el escrutinio sobre WhatsApp, la aplicación de mensajería privada y canales de Meta, bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

Bruselas incluyó a WhatsApp dentro de la lista de plataformas en línea muy grandes, en la que se encuentran plataformas con más de 45 millones de usuarios en Europa, como Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube y Snapchat.

En su función de Canales, WhatsApp tenía 51.7 millones de usuarios activos en el primer semestre de 2025, lo que para la CE justifica su supeditación a obligaciones más estrictas para proteger a los usuarios en el marco de la Ley de Servicios Digitales.

Sin embargo, el servicio de mensajería privada de WhatsApp, que permite a los usuarios enviar mensajes de texto, notas de voz, fotos, videos, documentos y realizar llamadas de voz y video, queda excluido de la aplicación de la DSA.

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Tras su designación, la Comisión Europea explicó que Meta, la matriz de WhatsApp, tiene cuatro meses para garantizar que la aplicación cumpla con las obligaciones adicionales para plataformas en línea de gran tamaño.

Las nuevas obligaciones incluyen la debida evaluación y mitigación de cualquier riesgo sistémico derivado de los contenidos que se comparten en los Canales; por ejemplo, las violaciones de los derechos humanos como la libertad de expresión, la manipulación electoral, la difusión de contenido ilegal y las preocupaciones sobre la privacidad derivadas de sus servicios.

Si la plataforma no cumple con las obligaciones, Bruselas podría imponer una multa por hasta el 6% de su facturación anual global, según la Ley de Servicios Digitales.

El Departamento de Estado de Estados Unidos negó la visa a cinco ciudadanos europeos; entre ellos, el excomisario de la Unión Europea (UE) Thierry Breton, a quien acusa de “coaccionar” a las plataformas de redes sociales estadounidenses para que censuren contenidos y puntos de vista.

Thierry Breton fue comisario europeo de Mercado Interior entre 2019 y 2024. Su liderazgo fue clave en la elaboración de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), la principal normativa de la UE que obliga a las grandes plataformas digitales a moderar contenidos, garantizar transparencia y combatir delitos como el discurso de odio y la desinformación en línea. 

Para el ala conservadora de Estados Unidos, la DSA es un instrumento de censura que debilita la protección de los datos de ciudadanos estadounidenses. Además, considera que viola su normativa en materia de protección a los consumidores.

La controversia se intensificó en diciembre cuando la Unión Europea impuso una multa millonaria a la red social X (antes Twitter) por incumplir su legislación digital, lo que desde Washington fue interpretado como un ataque directo a empresas tecnológicas estadounidenses.

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Según el gobierno de Estados Unidos, la regulación europea ha generado una nueva ola de tensiones transatlánticas sobre la regulación digital y la libertad de expresión.

La medida forma parte de una política orientada a evitar lo que Washington describe como “censura extraterritorial” de voces estadounidenses a través de normas tecnológicas adoptadas fuera del país.

Además de Breton, la negativa de visa afecta a directivos y líderes de organizaciones europeas dedicadas al combate de la desinformación y el odio en Internet, incluidas figuras vinculadas a entidades como el Center for Countering Digital Hate, Global Disinformation Index y HateAid.

El Departamento de Estado calificó a los afectados como “activistas radicales y ONG instrumentalizadas”, quienes, a su juicio, han impulsado medidas de censura dirigidas “contra oradores y empresas estadounidenses”.

Bruselas rechaza y defiende soberanía digital

Tras el anuncio de Estados Unidos, la Comisión Europea expresó su condena al veto de visado. Bruselas afirmó que defiende la libertad de expresión como un derecho fundamental y justificó que la UE tiene “el derecho soberano de regular su espacio digital de acuerdo con sus valores democráticos”.

Por su parte, Francia y Alemania rechazaron la medida como una forma de “intimidación” y una amenaza a la “soberanía digital” europea.

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, escribió en X (antes Twitter) que la DSA fue adoptada democráticamente por el Parlamento Europeo y los Estados miembros, y que no tiene efecto extraterritorial en Estados Unidos.

La nueva medida de Washington refleja el choque entre EE. UU. y la UE sobre cómo regular las plataformas digitales y la economía digital en general. Se suma también a una serie de acciones por parte de EE. UU. en busca de que Bruselas dé marcha atrás a su vigilancia digital.

Recientemente, en este mes de diciembre, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos amenazó con imponer tasas, restricciones y sanciones contra empresas europeas como Siemens, Accenture y Spotify si Bruselas continúa “acosando” a las empresas estadounidenses con medidas que califica como discriminatorias.

La Comisión Europea (CE) impuso una multa de 120 millones de euros a la red social de Elon Musk, X, por incumplir múltiples obligaciones de transparencia y acceso a datos contempladas en la Ley de Servicios Digitales (DSA).

De acuerdo con la CE, es la primera decisión de incumplimiento bajo la DSA, y se debe a una serie de infracciones que incluyen el diseño engañoso de su controvertida “marca de verificación azul”, la falta de transparencia en su repositorio de publicidad y la restricción del acceso a datos públicos para investigadores.

La Comisión Europea argumenta que el uso de la marca para “cuentas verificadas“, cuando cualquier usuario puede pagar para obtenerla sin una verificación significativa, infringe la obligación de la DSA de prohibir prácticas de diseño engañosas.

La autoridad asegura que este sistema dificulta a los usuarios juzgar la autenticidad de las cuentas y el contenido, exponiéndolos a estafas como fraudes de suplantación de identidad y otras formas de manipulación por parte de actores maliciosos.

Adicionalmente, la información de la CE advierte que X incumple los requisitos de transparencia y accesibilidad de su repositorio de anuncios. La DSA exige repositorios de anuncios accesibles y con capacidad de búsqueda, esenciales para que investigadores y la sociedad civil puedan detectar estafas, campañas de amenazas híbridas, operaciones de información coordinadas y anuncios falsos.

Sin embargo, X incorpora barreras de acceso y carece de información crucial, como el contenido, la temática del anuncio y la entidad legal que lo financia, socavando así la posibilidad de analizar los riesgos de la publicidad en línea.

La tercera falta grave radica en la negación de acceso a los datos públicos de la plataforma a investigadores. Las condiciones de servicio de X prohíben el acceso independiente a sus datos públicos, incluso mediante scraping, a investigadores elegibles.

Además, los procesos internos de X para la entrega de datos imponen barreras innecesarias. La Comisión asegura que este impedimento socava la investigación independiente sobre diversos riesgos sistémicos relevantes en la Unión Europea, vital para el cumplimiento de la DSA.

La multa impuesta se calculó atendiendo a la naturaleza, la gravedad y la duración de estas infracciones en términos de usuarios de la UE afectados.

Tras la decisión, X dispone de 60 días hábiles para informar a la Comisión de las medidas específicas para poner fin a la infracción relacionada con las marcas de verificación azules, y 90 días hábiles para presentar un plan de acción para abordar las infracciones relativas al repositorio de publicidad y el acceso a datos públicos.

Andrew Puzder, embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, respondió a la multa impuesta a X a través de una entrevista en Bloomberg Televisión.

“Las únicas multas importantes y significativas que se han impuesto hasta ahora han sido contra empresas estadounidenses”, alegó Puzder.

La Unión Europea estrenó nuevas normas de la Ley de Servicios Digitales (DSA) que otorgan a investigadores acceso a datos de las plataformas en línea como las redes sociales.

De acuerdo con la Comisión Europea (CE), este acceso tiene como objetivo principal permitir el estudio del impacto social derivado de los sistemas de estas plataformas.

En un comunicado, la CE dijo que la implementación del acceso a datos con esta medida marca un hito en la transparencia de las operaciones digitales.

Asimismo, recalcó que el acceso será para investigadores previamente autorizados y calificados para poder hacer la solicitud de los datos que requieran para una investigación.

“Estas medidas permitirán a investigadores calificados solicitar acceso a datos previamente inaccesibles de grandes plataformas en línea y motores de búsqueda. Los datos propios de las plataformas son fundamentales para comprender los posibles riesgos sistémicos derivados, por ejemplo, de los sistemas de recomendación.

“También contribuirán a abordar riesgos como la propagación de contenido ilegal y las estafas financieras, garantizando así una experiencia en línea más segura para los usuarios, especialmente para los menores”, señaló la Comisión Europea.

La CE también dijo que si bien estas medidas abren la puerta a nuevas investigaciones, también incorporan salvaguardias diseñadas para proteger los intereses de las empresas.

Detalló que para acceder a los datos de las plataformas, los investigadores deberán someterse a una evaluación rigurosa, la cual será llevada a cabo por los Coordinadores de Servicios Digitales, que son las autoridades nacionales encargadas de la implementación de la Ley de Servicios Digitales.

Si los investigadores cumplen con todos los criterios establecidos por la ley y si sus proyectos de investigación son pertinentes para el estudio de riesgos sistémicos, como la difusión de contenido ilegal o los efectos negativos en la salud mental, las plataformas estarán legalmente obligadas a cumplir con sus solicitudes.

Los Coordinadores de Servicios Digitales ya están trabajando en conjunto para asegurar que las solicitudes de acceso a datos se evalúen de manera uniforme en todos los Estados miembros y dentro de los plazos establecidos.

“La creación de un entorno en línea más seguro comienza con el estudio de los riesgos. Con las normas de la Ley de Servicios Digitales, los investigadores independientes podrán ahora estudiar nuevos datos de las plataformas en línea”, comentó Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia de la Comisión Europea.

La Comisión Europea (CE) presentó las directrices para la protección de menores en línea, junto con un prototipo de aplicación de verificación de edad, en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). La medida busca garantizar que niños y adolescentes puedan seguir explorando las oportunidades del ecosistema digital sin exponerse a riesgos como el contenido nocivo, el ciberacoso o el contacto con desconocidos.

Estas directrices, que serán parte del artículo 28 de la DSA, establecen principios para que las plataformas adopten medidas proporcionales y adecuadas según su tamaño y nivel de riesgo, sin vulnerar los derechos de los menores.

En primera instancia, aborda la privacidad y seguridad: las plataformas deben configurar las cuentas de los niños como privadas por defecto, para minimizar el contacto no deseado con desconocidos, y deben desactivar las funciones que puedan contribuir a un uso excesivo.

La DSA también solicitará un mayor control para los niños sobre sus feeds de recomendaciones, en donde se priorice la retroalimentación directa de los menores, en lugar del comportamiento de navegación, para evitar que entren en círculos de comportamientos inapropiados.

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Respecto a salud mental y ciberacoso, se exige a las plataformas en línea eliminar de su interfaz ciertas características o funciones de diseño persuasivas que puedan generar comportamientos adictivos, problemas de salud mental o facilitar el ciberacoso.

Además, deben implementar medidas de seguridad en torno a los chatbots de Inteligencia Artificial (IA), o permitir a los menores bloquear o silenciar a los usuarios, entre otras medidas proactivas.

Por último, las plataformas deben ofrecer un diseño accesible y adaptado a los niños; las herramientas de denuncia deben permitir a los menores denunciar contenido y brindar retroalimentación y apoyo rápidos.

Las nuevas directrices de la CE para la protección de menores en línea fueron construidas mediante un proceso de consulta que incluyó a jóvenes, expertos, plataformas digitales y organizaciones de la sociedad civil.

Verificación de edad para la protección de menores

En paralelo, la Comisión Europea presentó el prototipo de aplicación de verificación de edad, una herramienta que permite a los usuarios demostrar que son mayores de 18 años sin revelar su identidad exacta ni otros datos personales. La aplicación ha sido diseñada para ser intuitiva, segura y compatible con las futuras Carteras de Identidad Digital Europeas (eID), que se desplegarán antes de finales de 2026.

Durante la fase piloto de 2025, Dinamarca, España, Francia, Italia y Grecia serán los primeros países en adaptar y personalizar el modelo a nivel nacional. El objetivo es que las versiones locales estén disponibles a principios de 2026, con estrategias de implementación específicas para cada país.

Una vez entre en funcionamiento, hacia finales de 2026, la verificación de edad será obligatoria en plataformas de alto riesgo, como aquellas con contenido para adultos, mientras que se podrá aplicar estimación de edad en casos de menor riesgo donde existan otras medidas de mitigación.

La estrategia forma parte de la hoja de ruta “Una mejor Internet para los niños” y del trabajo del Comité Europeo de Servicios Digitales.

La Comisión Europea abrió una consulta pública para mejorar la protección de los menores en línea. El proyecto, basado en la Ley de Servicios Digitales (DSA), busca reforzar la seguridad infantil en plataformas digitales, desde redes sociales hasta sitios de video y juegos en línea.

La propuesta incluye medidas como verificar la edad de los usuarios, la configuración predeterminada de cuentas privadas, recomendaciones de contenido más seguras, mecanismos de moderación adaptados a niños y canales de denuncia fáciles de usar. También ofrece orientación sobre cómo las plataformas deben organizarse internamente para cumplir con estos objetivos.

“El borrador de directrices que publicamos contribuirá a crear un entorno en línea mejor y más seguro para los usuarios más jóvenes”, declaró Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia. “La seguridad de los niños en línea es nuestra máxima prioridad”.

El texto preliminar no solo apunta a las gigantes tecnológicas —como las que superan los 45 millones de usuarios mensuales en la Unión Europea—, sino también a cualquier plataforma accesible para menores, con excepción de micro y pequeñas empresas.

Jóvenes embajadores de la iniciativa Better Internet for Kids (BIK+), junto con otros actores relevantes, han participado activamente en la elaboración del borrador. La consulta pública estará abierta hasta el 10 de junio de 2025 y la Comisión invita a participar a niños, padres, autoridades nacionales, empresas tecnológicas y expertos.

Está previsto que las directrices se adopten antes del verano, lo que representará un avance significativo en los esfuerzos de la UE por crear un ecosistema digital más seguro para la infancia.

La Comisión Europea llevará a España, Chipre, República Checa, Polonia y Portugal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por aplicación inefectiva de la Ley de Servicios Digitales.

La acusación responde a que estos países no designaron ni facultaron un coordinador nacional de servicios digitales ni establecieron las normas sobre sanciones aplicables.

La Ley de Servicios Digitales exige a los Estados miembros que designen a una o varias autoridades competentes en lo relativo a la supervisión y la ejecución del Reglamento y que una de ellas sea designada como su coordinador nacional de servicios digitales. Polonia no lo hizo y el resto sí, pero sin encomendar “las competencias necesarias para llevar a cabo sus tareas” que corresponden. En tanto, ninguno de los Estados mencionados estableció el régimen de sanciones.

Como etapa previa, la Comisión inició procedimientos de infracción y envió, luego, los dictámenes correspondientes. “Dado que esos Estados miembros no han adoptado las medidas necesarias, la Comisión ha decidido llevarlos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, agregó la Comisión.