La Ley de Servicios de Confianza de Paraguay, promulgada el 30 de diciembre y publicada el martes 4 de enero en la Gaceta Oficial, da continuidad al ecosistema de dinero móvil en el país, declaró la Secretaria General de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), Maryleana Méndez. 

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Consultada por DPL News, Méndez explicó que el ecosistema de las billeteras electrónicas en Paraguay es “un caso de éxito reconocido regionalmente, y a nivel mundial, que promueve la inclusión financiera de los paraguayos a través de servicios innovadores”.

Por su parte, la asociación mundial de operadores móviles (GSMA) explica que, desde hace una década, Paraguay se ha convertido en un ejemplo de inclusión financiera gracias a la implementación de varios servicios de billeteras electrónicas, un ecosistema en el que los operadores desempeñan un papel clave a través de servicios como Tigo Money, Giros Claro y Billetera Personal. 

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La ingeniera y exreguladora costarricense indicó que millones de billeteras electrónicas que ya están en uso mantendrán su esquema de funcionamiento, el cual, dijo, ha demostrado ser útil, confiable y seguro para realizar transferencias y pagos de bienes y servicios. 

“Las billeteras electrónicas son uno de los principales instrumentos de base para la digitalización, por lo que celebramos una decisión que promueve la inclusión digital y el uso productivo de de la conectividad y confiamos que el respectivo reglamento sea consistente con estos mismos principios”, manifestó Maryleana Méndez en representación de la Asiet tras la publicación de la ley.

Se estima que cerca de dos millones de ciudadanos utilizan billeteras móviles en el país sudamericano, y diversas asociaciones, como la Asiet y la GSMA, y organismos internacionales, habían advertido que la versión anterior del proyecto podría expulsarlos del sistema financiero. 

La normativa, que fue vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo, tiene el objetivo de establecer un marco jurídico para las transacciones electrónicas, como las transferencias de dinero a través de billeteras electrónicas asociadas al teléfono móvil. 

La GSMA señala que el ecosistema del dinero móvil en Paraguay se sustenta en una red de 14 mil puntos que benefician a miles de familias de bajos ingresos, y la operación promedio es de 150 mil guaraníes, alrededor de 20 dólares, por lo que los esquemas de identificación deberían tener niveles de seguridad proporcionales al riesgo.

Por ello, advirtió que, de haberse aprobado la ley sin el veto presidencial al artículo 103, que exigía la identificación electrónica con un alto nivel de seguridad realizado por un “Prestador de Servicios de Confianza”, la identificación hubiera requerido el mismo presencial tanto para cuentas que cursan transacciones millonarias como para aquellas que mueven valores pequeños como las billeteras electrónicas. 

Oposición bancaria

No obstante, el sector bancario manifestó su rechazo al veto presidencial con el que finalmente se publicó la nueva ley. La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) expresó que considera un grave error de valoración sobre el impacto del artículo 103 en el negocio de los giros de los operadores móviles y lamentó que el Ejecutivo “priorice el interés de una empresa en particular, poniendo en riesgo a la población, pasando por alto los más actuales y modernos estándares en los servicios digitales”. 

La Asoban agregó que “la seguridad alta ayudará a reducir sustancialmente la criminalidad, delitos y crímenes que hoy nos acechan a diario, dada la habilitación de líneas telefónicas y billeteras electrónicas con sistemas débiles de identificación de los usuarios” y advirtió que seguirá insistiendo en el Congreso en que esta es “hondamente beneficiosa para usuarios y ciudadanos y no implica que el negocio de los giros de las telefónicas sea afectado”. 

¡Buen jueves! Feliz Día de Reyes. Continúa con las medidas de seguridad por la pandemia de Covid-19 y acude por tu vacuna de refuerzo el día que te corresponda. En esta edición del DPL News Express te presentamos las noticias más importantes sobre el sector de las telecomunicaciones en toda América, así como la cobertura del primer día del Consumer Electronics Show 2022 (#CES2022) en Las Vegas:

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Dos años después de que se presentara por primera vez, este martes 4 de enero la Ley de Servicios de Confianza para las transacciones electrónicas finalmente se publicó en el segundo número de la Gaceta Oficial de Paraguay.

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Dos años después de que se presentara por primera vez, este martes 4 de enero la Ley de Servicios de Confianza para las transacciones electrónicas finalmente se publicó en el segundo número de la Gaceta Oficial de Paraguay. 

La ley, que desató una larga polémica entre los operadores móviles y las instituciones bancarias del país, fue promulgada por el Ejecutivo el jueves 30 de diciembre de 2021, luego de que el día primero de ese mismo mes, la Cámara de Diputados aceptara su veto parcial sobre el artículo 103, el causante de la discordia. 

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Tras esa determinación, la Cámara Baja turnó el proyecto a la Cámara de Senadores para que se debatiera, la cual también aceptó el veto del Ejecutivo el 17 de diciembre y finalmente sancionó la Ley No. 6822/2021 el 21 de ese mismo mes.

Inclusión financiera y economía digital

Desde mediados del año, los operadores móviles advirtieron que el artículo 103, que exigía una identificación electrónica por medios emitidos por un sistema  “con un alto nivel de seguridad”, podría frenar el uso de billeteras electrónicas y afectar el avance de la inclusión financiera y la economía digital que se había dado en Paraguay tras la pandemia de Covid-19.

A través de un comunicado emitido el 15 de junio, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) manifestó que “comparte el objetivo de dotar de seguridad a las transacciones electrónicas y actos jurídicos realizados a través de Internet”, y aseguró que los operadores “están comprometidos con la protección de los derechos de usuarios y seguridad de sus datos”.

La Asiet aseguró que la redacción del artículo, tal como se encontraba en ese entonces, introduciría una tercera entidad como certificadora y encarecería el servicio, lo que perjudicaría tanto a los usuarios como a los proveedores. 

La Asociación explicó que, en suma, el proyecto anterior afectaría el uso de billeteras electrónicas en el país y “dificultaría el uso de una herramienta que había demostrado ser útil, confiable y segura para la realización de transferencias y pagos de bienes y servicios en cantidades pequeñas”, considerando que el monto promedio de las transacciones digitales no superaba los 25 dólares.

Veto presidencial

Cuatro meses después, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, firmó el decreto No. 6176, por el que objetó parcialmente la Ley No. 6822/2021, bajo el argumento de que, según órganos técnicos del Banco Central, el Ministerio de Industria y Comercio y la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), podría generar exclusión financiera.

Sin embargo, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) cuestionó el veto presidencial del artículo 103, pues aseguró que la ley, tal como estaba redactada, permitiría generar confianza y seguridad jurídica en las interacciones electrónicas entre el Estado, el ciudadano y el sector privado. 

La Asoban lamentó la decisión y aseguró que “la falta de un estándar alto en la verificación de la identidad expone a los ciudadanos a la inseguridad y a la delincuencia y bloquea la posibilidad de interoperar con aquellas plataformas que no aplican estos estándares con la consecuente limitación de los servicios financieros a los usuarios”. 

Finalmente, el gobierno paraguayo explicó que tomó esta determinación a partir de estándares internacionales, es decir, el establecimiento de niveles de seguridad de acuerdo con los montos de las transacciones.

La obligación de establecer un alto nivel de seguridad en los servicios financieros a través de la verificación de la identidad de los usuarios por parte de una institución bancaria para realizar transferencias digitales de dinero fue removida temporalmente de la Ley de Servicios de Confianza de Paraguay. 

Esto debido a que el pasado miércoles 1 de diciembre, el pleno de la Cámara de Diputados aceptó el veto parcial del Poder Ejecutivo al artículo 103, “por el cual se objeta parcialmente el proyecto de ley N° 6.822/2021, “De los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, del documento electrónico y los documentos transmisibles electrónicos”.

De esta forma, concluyó temporalmente una polémica que, durante al menos cinco meses, enfrentó a los principales operadores móviles de Paraguay con los bancos del país.

Anteriormente, la Cámara de Senadores había aprobado la normativa con modificaciones sobre el mecanismo de seguridad para las transacciones realizadas a través de las operadoras telefónicas.

Y a mediados de junio de 2021, a través de un comunicado de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), los operadores móviles manifestaron su reserva sobre la redacción del artículo 103 de la ley, que estipulaba que “la identificación electrónica deberá utilizar medios de identificación con un alto nivel de seguridad”.

Las empresas argumentaron que la modificación de dicho artículo podría convertirse en un freno para la expansión de los servicios de pagos digitales, y afectaría el uso de millones de billeteras electrónicas en Paraguay. 

Además, aseguraron que dificultaría el uso de una herramienta que durante la pandemia probó su utilidad, fiabilidad y seguridad para realizar transferencias y pagos de bienes y servicios en cantidades pequeñas.

No obstante, este veto del Poder Ejecutivo objetó ese punto en particular, el de la autenticación de identidad en las transacciones electrónicas, por lo que el requerimiento quedó sin efecto por el momento.

La GSMA también se pronunció al respecto, al señalar que el artículo objetado por el Ejecutivo “no distinguía monto de transacciones, tipo de usuario o medio utilizado. Esto significa que, de haberse promulgado la Ley, la identificación hubiera requerido el mismo tipo de trámite presencial tanto para cuentas que cursan transacciones millonarias, como para aquellas que mueven valores pequeños, tales como las billeteras electrónicas.

Por su parte, el diputado Hugo Ramírez, de ANR Capital, declaró que “no aceptar el veto significaría un retroceso en el sistema de transferencia electrónica y una traba para mucha gente que va a requerir documentaciones, en muchos casos excesivos, para poder acceder y formalizarse y poder utilizar otros sistemas de transferencias”.

La Cámara de Diputados informó que el proyecto pasará ahora a la Cámara de Senadores para su posterior debate.

Antecedentes

El Proyecto de Ley de los Servicios de Confianza para las Transacciones Electrónicas se presentó el 30 de julio de 2020 ante la Cámara de Diputados de Paraguay. Y casi un año después, tras su aprobación por el pleno, comenzó a suscitar polémica y se convirtió en una arena de disputa entre las asociaciones bancarias y los operadores de telecomunicaciones. 

Por otro lado, las entidades bancarias agrupadas en la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) lamentaron el veto y argumentaron que “la falta de un estándar alto en la verificación de la identidad expone a los ciudadanos a la inseguridad y a la delincuencia y bloquea la posibilidad de interoperar con aquellas plataformas que no aplican estos estándares con la consecuente limitación de los servicios financieros a los usuarios”. 

La Nación

Beltrán Macchi, presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), manifestó a través de una entrevista para La Nación que el sector financiero está gestionando con el Congreso el rechazo al veto parcial del proyecto de ley de servicios de confianza.

El banquero argumentó que de aceptarse la ley, Paraguay quedará rezagado en la región, además de estar condenado al atraso y a la inseguridad. Afirmó que un nivel de seguridad alta en la identificación de las personas en sus transacciones financieras va a ser bueno y beneficioso para todos y especialmente para los usuarios de las billeteras de las telefónicas.

– ¿Qué implicaría el aceptar el veto parcial de la ley de servicios de confianza?

Aceptar el veto parcial, el artículo 103 de la ley de servicios de confianza, nos condena al atraso y a la inseguridad. Paraguay es uno de los pocos países de la región que aún no tienen una ley de identidad digital. Por lo tanto, todos los prestadores de servicios digitales, incluidas las instituciones estatales, deben adoptar estándares propios y, en la mayoría de los casos, diferentes para brindar seguridad en el almacenamiento de los datos de los clientes, en el acceso a los mismos y sobre todo en los trámites digitales que hoy son parte de nuestras vidas.

En el caso de las transacciones financieras, el sistema financiero, bancos y financieras, adoptamos estándares altos, equivalentes al establecido en el artículo 103 de la ley, y estos estándares permanecerán con ley o sin Ley. No es el caso de las telefónicas, en particular para una de ellas que para su billetera deberá decidir si seguir exponiendo a sus usuarios y clientes a la delincuencia o se suma a un mundo digital más seguro que todos deseamos para nuestro país.

– ¿Qué acciones pueden tomar desde el sector para poder revertir el escenario?

Desde el sector estamos gestionando con el Congreso el rechazo al veto, arrimando todos los argumentos que desmontan la campaña de temor que se ha difundido con relación a la muerte de los giros, etcétera. Esa campaña fue orquestada con falsedades y medias verdades para inducir a los ciudadanos a rechazar la norma con base en el temor.

Lo cierto es que un nivel de seguridad alta en la identificación de las personas en sus transacciones financieras va a ser bueno y beneficioso para todos y especialmente para los usuarios de las billeteras de las telefónicas y toda su cadena de valor, que bajo el esquema actual permiten que se habiliten líneas de celulares y billeteras electrónicas a delincuentes con identidad falsa, haciendo uso de usurpación de identidad y alimentado los delitos y el crimen.

– ¿Será perjudicial para el sistema mantener el mismo sistema?

Desde Asoban estamos seguros que la cadena de valor de las billeteras de las telcos (compañías de telecomunicaciones); los parlamentarios, que de hecho aprobaron la ley; los ministros del Poder Ejecutivo, los reguladores del sistema financiero; Banco Central, Incoop (Instituto Nacional de Cooperativismo) y Comisión Nacional de Valores, estamos todos convencidos de que un nivel de seguridad alta en la identificación de los usuarios de transacciones financieras es lo que corresponde, porque, además de ser beneficioso para los usuarios, es bueno para el país y ayudará a reducir la criminalidad.

En las últimas reuniones con todos estos sectores, todos manifestaron estar de acuerdo con la premisa de una seguridad alta, tal como lo describe el artículo 103. Solo una telefónica mencionó no estar de acuerdo con la redacción de dicho artículo. Para Asoban, el artículo 103 debe entrar en vigencia ratificando la posición manifestada en dicha reunión y concentrarnos en la reglamentación otorgando gradualidad y proporcionalidad en la implementación.

– ¿Cómo quedaría Paraguay si no aplica esta ley con el artículo 103?

De aceptarse el veto, Asoban insistirá en un nuevo proyecto de ley que permita al país avanzar en el mundo digital. Sin identidad digital verificable con un nivel alto de certeza, no podremos avanzar en la interoperabilidad de plataformas y redes locales y mucho menos con las de otros países. El Banco Central no podrá avanzar en un proyecto de “Guaraní digital” sin una norma de este tipo y quedaremos rezagados en la región. El veto nos condena al atraso.

La Nación

La Asociación de Bancos del Paraguay emitió un comunicado rechazando el veto que emitió hoy el Poder Ejecutivo, con relación al artículo 103 del proyecto de Ley “De los Servicios de Confianza para las Transacciones Electrónicas, del Documento Electrónico y los Documentos Transmisibles Electrónicos”.

“Los bancos consideramos que el Ejecutivo comete un grave error de valoración sobre el impacto de dicho artículo en el negocio de los giros de las empresas de telefonía a través de sus Empes”, señala en primer lugar.

También expresa su malestar ya que desde el punto de vista de la Asociación, el Ejecutivo priorizó el interés de una empresa en particular, poniendo en riesgo a la población, pasando por alto los más actuales y modernos estándares en los servicios digitales.

“Nos preocupa que se hayan ignorado los argumentos y evidencias documentales de publicaciones de varios organismos internacionales y experiencias de países de la región, presentados por la Asociación de Bancos del Paraguay. Los giros de las telefónicas seguirán como siempre, de existir algún costo adicional, no tienen por qué trasladarse estos costos al usuario, y tampoco debe implicar trámites adicionales”, manifiestan.

Destacan que la seguridad alta ayudará a reducir sustancialmente la criminalidad, delitos y crímenes que hoy acechan a diario, dada la habilitación de líneas telefónicas y billeteras electrónicas con sistemas débiles de identificación de la identidad de los usuarios.

“Este es un elemento que el Ejecutivo nunca debió desoír, pues deja a la ciudadanía al arbitrio de la criminalidad. Los usuarios, la ciudadanía y el país solo tienen mucho por ganar con un nivel de seguridad alta en la verificación de la identidad para las operaciones financieras”, aseguran.

Finalmente, anuncian que desde Asoban seguirán insistiendo con el Congreso, Senadores y Diputados para el rechazo del veto en razón de la certeza de que una seguridad alta es hondamente beneficiosa para usuarios y ciudadanos y no implica que el negocio de los giros de las telefónicas sea afectado.

La Nación

Esta semana el Poder Ejecutivo debe decidir si aprobará o no la ley “De los servicios de confianza para las transacciones electrónicas” que fue debatida en el Congreso Nacional por varios meses.

Al respecto, es importante mencionar que, según las principales empresas de telefonía, se corre el riesgo que alrededor de 2.000.000 de personas no puedan seguir realizando o utilizando las billeteras electrónicas. Ante esto, Óscar Llamosas, ministro de Hacienda, declaró que siguen trabajando con el Ejecutivo para lograr la mejor decisión para todos los sectores.

“Como Hacienda y parte del Consejo de Inclusión Financiera nos tocó abrir una mesa de trabajo con los distintos sectores afectados, como los representantes de los bancos, telefónicas y en ese sentido se amplió la discusión a otros organismos del Estado como son el MIC. Todavía no tenemos una posición definitiva sobre el tema, pero la idea es que entre todos podamos llegar a un consenso”, declaró.

Dijo además que está pendiente una reunión más con ambos sectores en una misma mesa y tomar las definiciones finales. “El cuestionamiento sigue siendo un artículo de esa ley y que no tenga un impacto negativo en la inclusión financiera y no afecte a la cadena de pago. El mismo establece que en todas las transacciones de pago que se hagan independientemente al monto de esa gestión tengan que tener un nivel alto de seguridad”, dijo.

Explicó que la ley establece tres niveles de seguridad, bajo, medio y alto y para este tipo de operaciones que son financieras, se tiene que ser alto y es ahí donde en su momento el BCP manifestó que eso no está en línea con las mejores prácticas internacionales, donde mediante el riesgo que pueda generar ese tipo de transacción se establecen los niveles de seguridad.

“Un nivel alto puede generar costos inclusive para los usuarios y es parte de la discusión que tenemos que resolver”, sostuvo.

Proyecciones se mantienen

Con relación a la proyección del PIB para el cierre de este 2021, Llamosas aseguró que las mismas se mantienen en 4,5%. “Las perspectivas económicas son positivas, los números que tenemos al cierre de los dos primeros trimestres, resultados oficiales del BCP y otros indicadores nos dan cuenta que este año va estar cerrando en torno al 4,5% de crecimiento del PIB”, dijo.

Acotó que ayuda a que los ingresos tributarios también tengan una dinámica por encima del estimado al principio, que era del 8% y ahora los indicadores vaticinan que puede crecer en torno al 12%.

“Esos son números alentadores porque principalmente nos dan cuentas de que la actividad económica se está recuperando. No obstante, para el año que viene somos cautos dentro de ese optimismo, entendiendo a que aún la pandemia no terminó y sabiendo que hay situaciones imprevistas que deben ser tenidos en cuenta, como la situación climática, así que las estimaciones para el año que viene ya están en el presupuesto planteado al Congreso”, sostuvo.

Dichas estimaciones fueron planteadas con un crecimiento de ingresos en torno al 8% y en base a ese espacio fiscal que se tendrá ya están asignados a varios programas que están incorporados dentro de la propuesta de ley de Presupuesto 2022, afirmó Llamosas.

Aguinaldo asegurado

En materia de pago de aguinaldo al funcionariado público, el ministro destacó que el mismo está asegurado. “Nosotros siempre tomamos las previsiones necesarias para poder cumplir con todos los compromisos que asume el Estado cada año. Uno de ellos es el pago de salarios y aguinaldo a los funcionarios públicos”, dijo.

Agregó que no ven ningún inconveniente para cumplir este año, y lo harán en tiempo y forma conforme al calendario que anunciará el Tesoro llegado el momento de anunciarlo. “No se va a realizar ningún pago adicional que no esté establecido en la Ley de Presupuesto”, aseveró.

Sobre el trabajo que se lleva a cabo en el Congreso Nacional con relación al Presupuesto 2022, sostuvo que espera que se respeten los topes. “Lo más probable es que aprueben con modificaciones. Si es por Hacienda, esperamos que se apruebe tal cual fue presentado por el Poder Ejecutivo, pero entendemos que puedan tener una visión distinta a las planteadas por Hacienda”, mencionó.

“Entiendo que están evaluando los planteamientos que se hicieron y el pedido que sí le hacemos al Congreso es que se respeten los topes, que no se aumenten los ingresos y que no se eleven los niveles de deuda por encima de lo planteado”, finalizó.

La Nación

La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) emitió un comunicado con relación a la aprobación de la Ley de Servicios de Confianza, en referencia al Art. 103, el cual establece un nivel de seguridad alto en la verificación de la identidad para transacciones financieras y otras operaciones electrónicas.

Al respecto, destaca que ambas versiones estudiadas de la ley establecen la necesidad de elevar el nivel de seguridad y fijar un estándar para la verificación de identidad en las personas en las transacciones financieras y operaciones electrónicas.

Sostienen que los usuarios de estos servicios financieros de bancos, financieras, cooperativas y EMPES (billeteras) van a seguir operando con la institución y el servicio de su elección como hasta ahora, sin motivo alguno para que esto sea alterado.

Asoban precisa que un nivel de seguridad alto de identificación electrónica como el que se aprobó no implica una carga operativa ni mayores costos para el usuario como se pretende instalar.

“La verificación de identidad ocurre en el mundo digital y lo que va a aportar en beneficio del ciudadano es su mayor seguridad y la posibilidad, en un futuro, de poder acceder a las distintas plataformas y redes para comprar o pagar con el medio de pago de su elección”, afirma el gremio.

Agrega que un nivel de seguridad alto en la verificación de la identidad para las operaciones financieras potenciará la inclusión financiera antes que afectarla, y es beneficioso para el ciudadano, bueno para el país y va a contribuir a reducir la delincuencia. “La ley aprobada está basada en los más actuales y modernos estándares que permitirán un salto cuantitativo y cualitativo en los servicios digitales en Paraguay”.

La semana pasada, la Cámara de Senadores determinó sancionar la resolución Nº 2.582, que ratifica la sanción inicial acordada al proyecto de ley “De los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, del documento electrónico y los documentos transmisibles electrónicos”, con el cual se establecerán mayores exigencias.

A través de la votación nominal, se aceptó la ratificación remitida por la Cámara de Diputados y el documento quedó sancionado y fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.