La Prensa Jacqueline Molina

Sin señales de llegar a un consenso, este martes continuará en el Congreso Nacional el tercer debate de la polémica Ley para la Protección de los Usuarios de Telecomunicaciones, más conocida como la ley de escuchas.

Dicha iniciativa fue enviada por el Ejecutivo y revisada por una comisión, integrada en su mayoría por diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), que emitió un dictamen favorable para someterla a discusión.

Desde que la normativa llegó al hemiciclo, la bancada de Libre ha defendido que esta no busca intervenir comunicaciones, sino crear una base de datos de los usuarios de telecomunicaciones que utilizan SIM o chip para hacerle frente a la extorsión.

No obstante, el artículo 23 de la misma, que faculta a la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y autoridades judiciales a acceder a los registros de llamadas, mensajes y vídeo llamadas cursadas intrared, así como hacia otras redes, sin una orden judicial, ha alertado a los partidos de oposición y sociedad civil.

Para el diputado del Partido Nacional, Marco Midence, esta nueva ley es una copia de la Ley Especial para la Intervención de las Comunicaciones Privadas aprobada en 2011 y reformada mediante decreto en 2014 y 2017.

Midence señaló que la diferencia radica en que la ley aprobada en 2011 especifica que la intervención de comunicaciones debe ser autorizada por un juez, siempre que haya una investigación abierta, pero con la iniciativa enviada por el Ejecutivo ya no se necesitará la orden judicial y cualquier autoridad de la Secretaría de Seguridad podrá acceder a estos registros.

Derogación

Esta nueva ley, que aún no ha sido aprobada, también deroga los decretos 19-2014 y 71-2017, mediante los que se hicieron reformas a la Ley de Intervención de Comunicaciones de 2011.

Para el caso, el decreto 71-2017 indica que los operadores y suboperadores de telecomunicaciones están obligados a llevar un registro de los usuarios de SIM, como su nombre, identidad, número asignado y lugar de activación, mismos que deberán registrar en la Base de Datos Nacional de Teléfonos Móviles, creada y administrada por Conatel.

En cambio, la Ley de Protección a Usuarios de Telecomunicaciones establece que los operadores y suboperadores están obligados a registrar esta información en una Base de Datos Nacional de Usuarios de Telefonía, que creará y administrará el Registro Nacional de las Personas (RNP) y a la que tendrá acceso irrestricto Conatel.

El artículo ocho de la misma dice que el Registro Nacional de las Personas, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), deben crear un protocolo de interoperabilidad, es decir, compartirán información para validar los datos de los usuarios.

Por su parte, el artículo 10 obliga a las compañías de telefonía a facilitar aplicaciones gratuitas a los usuarios para realizar la validación biométrica o dactilar durante la adquisición o cesión de SIM.

Mientras que el artículo 20 obliga a los extranjeros que permanezcan en el país por más de 30 días a registrar su equipo terminal o adquirir un SIM con número telefónico nacional.

El artículo 21 dice que previa denuncia de un usuario por extorsión o amenazas, la Secretaría de Seguridad tendrá la facultad de solicitar las coordenadas, lugar y fecha, dónde se realizó la última conexión del SIM utilizado para estos delitos.

Cabe destacar que a diferencia del decreto 19-2014, la nueva normativa no incluye sanciones para los funcionarios que divulguen información de la base de datos o recabada en investigaciones, pero sí advierte de penalización a las compañías que divulguen información del RNP o el INM.

En declaraciones a medios de comunicación, el diputado de Libre Rafael Sarmiento, quien encabezó la comisión que dictaminó dicha iniciativa, informó que el tercer debate de la ley continúa mañana, aunque se negó a dar más información cuando fue contactado por este rotativo, al igual que otros diputados de su partido.

Sin embargo, legisladores de los partidos Salvador de Honduras, Nacional y Liberal, reafirmaron que no apoyarán esta ley si no se le hacen cambios, como exigir una orden judicial y una investigación abierta para tener acceso a registros de llamadas o mensajes.

La Prensa

Bancadas de la oposición y diversos sectores sociales rechazan la polémica nueva “ley de escuchas”, en discusión en el Congreso Nacional.

La normativa impulsada por el Gobierno busca violentar la privacidad y los derechos fundamentales a la población, señalan líderes de la sociedad civil.

La normativa está en discusión en tercer debate para su aprobación en la cámara legislativa.

Sectores advirtieron que dicho dictamen debe ser desechado o en su defecto modificado con el fin de no contravenir derechos constitucionales al dejar de manera discrecional la facultad de intervenciones telefónicas a la Secretaría de Seguridad, obviando la petición de una orden judicial.

“Al redactar de esta forma este decreto deja abierta la posibilidad de que alguien pueda intervenir sus mensajes o llamadas sin una orden judicial, usualmente tienen un trasfondo político”, apuntó el presidente del Colegio de Periodistas (CPH), Osman Reyes.

“Nosotros no estamos acuerdo, llamamos a los diputados de oposición a que reflexionen y que sobre todo analicen, esto no puede ser aprobado tal como está”.

No obstante, como un punto de coincidencia, sectores llamaron a establecer dentro de la ley que intervenciones telefónicas solamente puedan ser realizadas mediante una orden judicial, además del establecimiento de un listado de causales que sean motivo para peticionar dicha información.

“Sí preocupa un poco en que se salga del juego investigativo y el requerimiento judicial que quede a discrecionalidad de la Secretaría de Seguridad, por lo que creemos que se debe dar una catalogación de los delitos en los cuales se van a utilizar para la solicitud de información”, explicó el analista Luis León.

Por su parte, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (Codeh), expresó: “¿Por qué no le hacen un vaciado a los más de dos mil teléfonos que encontraron en los centros penales en su momento?, allí hay una causal para hacerlo, allí contrarrestarían el crimen organizado; pero que estén interesados en lo que habla un periodista, un defensor de derechos humanos o movimiento político eso es un acto irregular e inconstitucional”, añadió.

De acuerdo con el director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, “es importante actualizar y modernizar la legislación en materia de seguridad, y en el caso particular de la ley que está en discusión en el CN creemos que sí es necesario hacer algunos ajustes”.

Las bancadas de oposición manifestaron su desacuerdo con la ley, acordando que no acompañarían su aprobación si dentro de la misma no son especificadas las órdenes judiciales como la única herramienta para permitir intervenciones telefónicas. No obstante, pese a que jefes de bancada fueron convocados ayer a una reunión para consensuar la redacción del dictamen, los parlamentarios se llamaron al silencio posterior a la “misa negra”, donde ninguno detalló si se lograron o no los acuerdos para aprobar la ley.

“Solo apoyaremos intervención telefónica, si la misma lleva una orden judicial”, afirmó Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal (PL).

La Prensa Javier Flores

Un sector de la ciudadanía hondureña ve con incertidumbre los riesgos que se podrían correr con la aprobación de la “ley de escuchas” en el Congreso Nacional.

Sobre este tópico dialogamos con la directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), Ana María Méndez Dardón.Aquí sus impresiones.

¿Qué opinión tienen ustedes de una iniciativa de esta naturaleza?

WOLA no opina nada sobre esta ley. Nosotros como una organización que vela los derechos humanos, siempre hacemos un llamado, digamos, al respeto a los valores democráticos, al respeto a los derechos humanos, por ejemplo, como el derecho a la privacidad, entre otras, cubrir digamos los datos personales de las personas, como algo elemental.

Hay una preocupación regional de una tendencia hacia las prácticas autoritarias o antidemocráticas y que de alguna manera si hacemos un análisis muy general sobre una interceptación de llamadas podría leerse, por un lado como una forma de control ciudadano, pero por otro lado también entender que según lo expuesto por los mismos congresistas, el objetivo de esta ley no es la interceptación de llamadas, sino más bien es una ley que lo que busca es reducir la extorsión; entiendo que hay un artículo específico de esta ley en el que sí se aprueba esa interceptación, pero que no se ha aprobado.

Muchos políticos ya están negociando, están hablando por los riesgos que implica de modificar ese artículo, que si no estoy mal es el 23.

Hay dos elementos que hay que evaluar con esta ley, uno es cuáles son los límites que tendría que tener una ley como ésta para que pase un filtro por todo el marco jurídico internacional, es decir, de un estándar internacional en materia de derechos humanos que establece, por ejemplo, que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, en su familia, en su domicilio o correspondencia.

Tiene que haber un filtro de verificar que esta iniciativa de ley pues no violente ese derecho humano.

¿Hay garantías internacionales o convenios que salvaguarden el derecho a la privacidad de las telecomunicaciones de las personas?

Si. Hay un marco internacional que protege sobre los datos privados.

¿Hay ejemplos en América Latina de situaciones cuando los gobiernos invaden el derecho a la privacidad o a las comunicaciones?

Se aprobó una ley muy similar en Guatemala, creería yo que hace más de diez años y es una ley en la que prácticamente lo que se busca es que ley que prácticamente lo que se busca es que se registren los nombres y los datos o los contactos de las personas, de los sim, porque pues es por medio del teléfono donde pues es evidentemente que las redes del crimen organizadoras son los que cometen ejercen la extorsión y que en teoría al tener ese registro se lograría dar con estas redes que se dedican a la extorsión.

Existen en otros países marcos regulatorio sobre las intervenciones, es decir, una intervención es legal si hay un marco jurídico que le respalda y hay un órgano judicial contralor.

En Guatemala se implementó una ley de Métodos Especiales de Investigación; de hecho, la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) y había operaciones encubiertas e interceptación de llamadas. Es decir, una interceptación de llamadas per se, no es ilegal, siempre y cuando haya un control jurisdiccional.

Ahora, en un contexto en donde se esté estigmatizando la labor de la ciudadanía o estemos empezando a ver ciertas tendencias de prácticas autoritarias, de no respetar labor de veeduría que hace la ciudadanía es preocupante que algo así pueda pasar por que dársele un mal uso.

¿Podría prestarse esta ley para un espionaje?La pregunta se la tendrían que hacer los hondureños; si ¿realmente hay un sistema de justicia independiente en Honduras?, ¿hay jueces en los que podamos confiar?

Y si la respuesta es que no hay independencia judicial, esto si podría ser un riesgo para la ciudadanía. El filtro no es solo la parte de los estándares internacionales, pero también hacerse la pregunta si hay realmente un Estado de derecho y si hay una justicia independiente que realmente cumpla a cabalidad este tipo de leyes y que al final no vaya a ser sólo un arma legal para perseguir a voces críticas en otras palabras.

¿Qué recomendaciones podría dar para que no se malinterprete o se dé un mal uso a esta ley?

Yo creo que es importante que alguna agencia de Naciones Unidas, la ACNUDH (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), por ejemplo, podría revisar esta ley; ellos hacen ese trabajo, y emitir una opinión consultiva de varios organismos o también la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para que hagan un primer dictamen de esta ley y que los dictámenes no se queden meramente en lo legal constitucional del Honduras, si no, desde la perspectiva de derechos humanos.