La Nación

El economista y presidente de Basa Capital, Gustavo Rivas, consideró que lo más conveniente respecto a la ley sobre el control de criptomonedas fue el veto, teniendo en cuenta que la normativa solo favorecía a un grupo de personas.

Esto, tras el decreto presidencial que objeta totalmente el proyecto de ley “Que regula la minería, comercialización, intermediación, intercambio, transferencia, custodia y administración de criptoactivos o instrumentos que permitan el control sobre criptoactivos”.

“Creo que primó la cordura y racionalidad. Fueron actores fundamentales el BCP, la Ande y el Ministerio de Hacienda, porque lo que proponía el Legislativo carecía de fundamentos”, expresó Rivas en comunicación con el programa “Así son las cosas”, emitido por Universo 970 AM-Nación Media.

El economista explicó que el proyecto como tal, estaba destinado para un grupo específico de personas y no favorecía a la población en general, por ende fue la mejor decisión en este aspecto, dijo. Igualmente, lamentó que en términos generales se está gastando un montón de energía en proyectos que no contribuyen al crecimiento económico en lugar de reorientar a acciones más estratégicas.

El veto se dio luego que las distintas instituciones mencionadas por Rivas, hayan presentado sus consideraciones y objeciones sobre la propuesta que había sido aprobada por el Congreso Nacional en julio, y cuyo principal objetivo radicaba en la regulación de la criptominería, al reconocerla como actividad industrial.

Fundamentaciones

En ese sentido, según la Administración Nacional de Electricidad (Ande), no se puede supeditar la tarifa aplicable a los usuarios de mineros de criptoactivos a apenas un pequeño porcentaje por encima de la tarifa industrial vigente. En tanto que, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) consideró que las condiciones de suministro propuestas implican una competencia directa y discriminatoria hacia las actividades manufactureras, que no cuentan con las mismas ventajas para la provisión de energía eléctrica.

Desde el Ministerio de Hacienda, indicaron que la criptominería no genera mucha mano de obra como cualquier otro sector industrial, por lo que no deberían ser beneficiarios de los incentivos fiscales, que tienen como objetivo la generación de mano de obra sostenida. Y por último, el Banco Central del Paraguay (BCP) sostuvo que la intención de regular la industria y comercialización de activos virtuales según el proyecto, generaría una falsa sensación de seguridad respecto a la tenencia de este tipo de activos.

La semana pasada, el diputado independiente Gabriel Silva presentó ante la Asamblea Nacional de Panamá el anteproyecto de la Ley de Cripto, cuyo objetivo general es hacer a la nación centroamericana “compatible con la economía digital, el Blockchain, los criptoactivos”.

Mientras que sus objetivos específicos son: expandir la digitalización del Estado y de la identidad de las personas físicas y jurídicas, otorgar certeza jurídica a la posesión e intercambio de criptomonedas, crear un marco regulatorio que promueva la interoperabilidad bancaria y hacer a Panamá compatible con los contratos inteligentes y las organizaciones descentralizadas autónomas. 

La iniciativa busca “revolucionar la administración pública al transparentarla, innovar e impulsar una economía digital que llegue a la mayor cantidad de personas”, explicó Silva en un video que publicó en su cuenta de Twitter el 6 de septiembre, el mismo día que presentó el anteproyecto ante el pleno de la Asamblea panameña.

“El proyecto busca darle certeza y seguridad jurídica en Panamá a los criptoactivos, como por ejemplo a las criptomonedas; atraer empresas e inversión y ayudar a fomentar emprendimientos que se enfoquen en la economía digital, y ampliar la cantidad de servicios financieros que se ofrecen en Panamá para asegurar mejores precios para todos”, detalló.

Adicionalmente, Silva explicó que la Ley de Cripto tiene tres ejes principales: el Blockchain, al promover el uso de la tecnología de cadena de bloques en la administración pública y hacer los procesos más transparentes y eficientes; la seguridad jurídica, al regular fiscalmente los criptoactivos, sin volver obligatorio su uso; el Estado digital, al habilitar el uso de criptomonedas para pagos de impuestos y tasas.

Entre los probables beneficios que podría traer la aprobación de la ley para Panamá, el diputado destacó el situar al país a la vanguardia en la implementación de tecnologías y la inclusión financiera, así como la libertad y el sistema monetarios basados en reglas con certeza y transparencia de emisión.

Mientras que los ciudadanos, a juicio del legislador, podrían crear nuevos negocios para generar más fuentes de ingresos, hacer transacciones más rápidas y acceder a nuevas ofertas de servicios que ayudarían a bajar los precios.

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Silva presentó el anteproyecto de la Ley de Cripto en Panamá la misma semana que entró en vigor la Ley Bitcoin en otro país de Centroamérica, El Salvador, por lo que es una muestra del impulso que han tenido las criptomonedas en la región durante los últimos meses.