El Comercio Andrés García y Roger Vélez

Con el proyecto de Ley de Libre Expresión, el presidente de la República, Guillermo Lasso, espera cerrar la primera institución desde que asumió funciones: el Consejo de Regulación, Desarrollo yPromoción de la Comunicación.

En el proyecto no se menciona al Consejo. De hecho, se derogan los artículos que definían sus atribuciones. Eduardo Bonilla, secretario General de Comunicación, dice que el organismo será eliminado.

El Consejo tiene unos 90 funcionarios. Su tarea, según la ley aún vigente pero cuyo reglamento fue derogado por Lasso, es consolidar el llamado sistema de comunicación.

A raíz de la eliminación de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), en el 2019, el Consejo se hizo cargo del sistema de monitoreo de medios Videoma, que se adquirió por USD 1,6 millones.

El Consejo levanta informes no vinculantes sobre posible contenido discriminatorio, violento o sexualmente explícito. También lleva adelante el registro de medios de comunicación. La creación de este organismo se remonta al 2011, con la consulta popular que dio paso al trámite de la Ley Orgánica de Comunicación.

De ahí que el correísmo critica la posibilidad de aprobar reformas que supuestamente irían contra lo que se aprobó en el referendo.

“El Consejo será eliminado por ser contrario a los derechos humanos. Ninguna consulta está por encima de los derechos humanos”, dijo Bonilla al respecto, en de­claraciones de prensa.

Por ahora, el Gobierno no ha confirmado cuál será el destino de Videoma. Una parte de esos equipos está operativa solo en la sede del Consejo.

Los componentes que se usaron en las siete intendencias de la eliminada Supercom permanecen empaquetados.

Bonilla resalta que el proyecto de Libre Expresión incorpora recomendaciones de organismos internacionales, como la prohibición de la censura previa y la inviolabilidad del derecho a no revelar las fuentes periodísticas.

También ratifica que la calumnia no va a ser tratada como un delito penal, sino que se limita a sanciones civiles.

El secretario, además, reveló que el Gobierno planea enviar una ley complementaria, en la que se incluiría, entre otros apartados, temas de publicidad, pero no dio más detalles.

Luego de que Lasso derogara el reglamento de la Ley de Comunicación, ya hay una repercusión directa, a criterio de Caroline Ávila, analista y docente universitaria.

Menciona, por ejemplo, que la norma disponía que se transmitiese contenido educativo que servía como refuerzo para zonas donde no hay acceso a Internet. “EducaTV era un buen complemento. Ahora, simplemente estamos a la buena voluntad de los medios”.

Otro cambio, dice Ávila, es la publicación de contenido intercultural. Recuerda que en ese rubro había cooperación de varias universidades, para cumplir con ese parámetro inclusivo. También cree que se debería definir con claridad lo que son medios privados, ­públicos y comunitarios.

En esa línea, el secretario Bonilla aseguró que la intención del Gobierno es vender los medios incautados y dar pie a la transformación de medios públicos en estatales.

Ayer se hizo , 2 de junio del 2021, pública una carta del Sector Comunitario de la Comunicación, suscrito por unas 40 organizaciones. Ellos cuestionan el proyecto de ­Lasso y piden que las reformas “no sean regresivas”.

Una parte de los firmantes acudió a la Asamblea, donde fueron recibidos por el presidente de la comisión de Derechos Colectivos, José Cabascango, de Pachakutik.

“Tenemos muchas preocupaciones porque esta ley, en una primera revisión, tiene bastantes retrocesos en derechos alcanzados”, dijo el asambleísta Cabascango.

Con sus asesores, el legislador presentó un análisis y sostuvo que el proyecto es “insuficiente y contradictorio” para garantizar la democratización del acceso a la comunicación y a la libre expresión.

Naira Chalán y Apawki Castro, dirigentes de la Conaie, así como Humberto Cholango, expresidente de la Ecuarunari, lo tacharon de “regresivo”.

Cholango rechazó que se pretenda colocar en igualdad de condiciones a medios comunitarios y a privados para el acceso a las frecuencias.

Castro, por su parte, añadió que debe existir un ente que regule los contenidos interculturales en los medios de comunicación. Esa tarea la realiza el Consejo de Comunicación.

Hernán Reyes, exvocal del Cordicom, sostuvo que no se puede ir a los extremos: de un polo considerado por algunos sectores como totalitarismo-regulatorio, a uno donde no exista regulación.

El proyecto aún no es calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Además de Cabascango, la Comisión de Garantías Constitucionales está integrada por Sofía Sánchez, Édgar Quezada y Mario Ruiz, de Pachakutik, Virgilio Saquicela (Ind.), Gruber Zambrano (PSC) y los correístas Paola Cabezas, Victoria Desintonio y María Astudillo.

El Universo

Casi siete horas después de posesionarse, el presidente Guillermo Lasso derogó, hoy 24 de mayo, vía decreto, el reglamento de la Ley de Comunicación (LOC) y, además, enviará una nueva propuesta de normativa a la Asamblea para su aprobación. La idea es tomar lo “positivo” de la LOC y repotenciarlo.

“Allá por el 2013 se aprobó una ley, la ley mordaza. En las próximas horas enviaremos a la Asamblea un proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Comunicación y que se derogue la actual. Espero que la Asamblea lo tramite urgentemente…”, indicó Lasso desde el Palacio de Carondelet.

La LOC, aunque suavizada y desactivada parcialmente en el gobierno de Lenín Moreno, sigue vigente desde que el expresidente Rafael Correa la promulgó en 2013. En sus sabatinas Correa defendía el cuerpo legal aduciendo que “el poder mediático como todo poder necesita regulación social y eso se hace a través de las leyes. La crítica no se sanciona ni por la ley ni por el Gobierno. Se sancionan las mentiras, la infamia, la calumnia”.

Desde su aprobación hasta el 2017, a través de la Superintendencia de Comunicación (hoy eliminada), hubo al menos 370 casos de sanciones a medios de comunicación, periodistas, caricaturistas y articulistas, según datos de la organización Fundamedios.

“La Ley de Comunicación fue creada para arrinconar y acosar a medios y periodistas. Al ser un símbolo, una herramienta sofisticada para lesionar la libertad de expresión del gobierno autoritario y populista de (Rafael) Correa, entendemos que al derogar esta ley el presidente electo quiere dar el mensaje de apoyar el respeto a las libertades y un reconocimiento que esta ley ha sido perniciosa para el trabajo de la prensa”, indica César Ricaurte, director de Fundamedios.

Asegura que es “buena” la iniciativa de derogar la LOC. Con esto coincide Diego Cazar, miembro fundador de la organización Reporteros Sin Cadenas. Añade que la normativa no ha sido beneficiosa para el sector periodístico, aunque esta haya sido suavizada por Moreno.

Asegura que es “buena” la iniciativa de derogar la LOC. Con esto coincide Diego Cazar, miembro fundador de la organización Reporteros Sin Cadenas. Añade que la normativa no ha sido beneficiosa para el sector periodístico, aunque esta haya sido suavizada por Moreno.

“Una norma de esas connotaciones violenta la libertad de expresión y, además desconoce desde todo punto de vista los parámetros que a nivel global se establecen para los ejercicios de las libertades y derechos. La libertad de expresión no puede ser coartada por una ley”, señala.

Indica que lo que se hizo con la LOC en el gobierno de Moreno fue solo “mero discurso” que no tuvo en la práctica efectos positivos: “Si bien no se persiguió a periodistas, no se detuvo a periodistas o se cerraron medios, sí hubo un silenciamiento casi absoluto de la información pública (práctica que también la realizó el correísmo). La negativa de desclasificar la información sobre la muerte de los periodistas de El Comercio, que se anunció siete veces por Moreno en nombre de la libertad de expresión, marca un precedente nada positivo”.

La LOC en estos dos últimos periodos se convirtió en una especie de “plataforma discursiva y demagógica” diferenciada por los estilos y las formas de los mandatarios de turno, añade Cazar. Alerta que por ahora no se ve que Lasso haya convocado a la sociedad civil para debatir de manera más profunda el tema de derechos y libertades.

Parlamentario

El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo fue ratificado por unanimidad como presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta, en una reunión en la que manifestó su preocupación por la pérdida de miles de puestos de trabajos de los medios de comunicación de todo el país, y en ese sentido marcó que la Ley Corta de Contenidos es “el desafío y punto prioritario del trabajo legislativo de este año”. Así las cosas, exhortó a “tener el proyecto de ley con consenso rápidamente para bajarlo al recinto”.

“Tenemos 4500 trabajadores de prensa en la calle. Estoy convencido que la ley Corta de Contenidos va a ayudar a la producción nacional y al empleo porque les va a devolverle la cuota de pantalla a las industrias culturas locales”, subrayó.

Luenzo sostuvo que el proyecto de ley corta de Contenidos ya ha recibido el aporte del sector audiovisual, entre los que mención la colaboración dela Asociación de Televisión Argentina (ATA) y de La Cámara Argentina de Internet (CABASE), entre otros. Además, comentó que “se ha estado en diálogo con la ENACOM y se ha consensuado con el gobierno nacional” para “estar todos de acuerdo y que esto no se trabe por alguna cuestión que me parece que no hace al fondo de esta cuestión”.

Por otro lado, el legislador manifestó la importancia de “corregir esta situación” que viven los medios de todo el país a partir del decreto 267 del 2015.

“Al quitarle al cable y a las señales la responsabilidad de tener contenidos locales, nos hemos visto invadidos en el interior del país permanentemente por enlatados o por un tipo de contenido que no representa la identidad cultural local. Por eso creemos que esta ley primero permitirá que se respete la identidad principalmente del interior mientras al mismo tiempo al respetar la cuota de pantalla estamos asegurando puestos de trabajo en cada una de las provincias a partir de fomentar la producción de contenidos nacionales federales”, completó al respecto.

En ese sentido, añadió que “hoy estamos frente al contenido que llega de las grandes urbes con un visión centralista de la problemática del país, y por el contrario nosotros queremos recuperar producción que represente la coyuntura y problemática de nuestros municipios y pueblos y, por otro, que en esa dinámica que fomenta contenidos locales y las industrias culturales se empiecen a crear cientos de puestos de trabajo directamente en pueblos y municipios”. Por ello, Luenzo indicó que la iniciativa debe “incluir y regular la cuota tanto de las señales extranjeras como lo que nosotros denominamos televisión a la carta o música a la carta para que todos tengan un criterio común y una cuota de responsabilidad con la producción nacional”.

“Con esta ley corta de Contenidos, estamos pidiendo que los catálogos tengan asegurados al menos un 10% de producción y empleo argentino”, completó.

El proyecto de ley que presentó en noviembre pasado el senador Alfredo Luenzo en la Cámara alta declara de “interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y las Telecomunicaciones” y, además, restablece el marco regulatorio en materia de contenidos previo al decreto 267/15, que estaba estipulado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley 26.522).

La iniciativa tiene como objetivo “unificar la regulación en materia de contenidos audiovisuales y dotarlos de un modelo con fuerte identidad federal, que exprese la diversidad cultural de la Argentina y la pluralidad en cada rincón del país”.