Como lo anticipamos, esta semana se definió el futuro de la relación laboral entre Uber, Lyft ―otros servicios de transporte― y sus conductores, en el estado de California, Estados Unidos. Después de múltiples alegatos legales en los que las empresas gastaron 200 millones de dólares, lograron mantener su modelo de negocio y evitar que los conductores se conviertan en empleados con derechos laborales (o casi).

En el comicio electoral del pasado 3 de noviembre, llamado Proposición 22, se puso en decisión la derogación del proyecto de ley AB5, que obligaría a las empresas a seguir la ley laboral estatal.

Con un 58 por ciento a favor de la derogación, de más de 11 millones de votantes, se eligió mantener a los conductores clasificados como contratistas independientes. Sin embargo, las compañías deberán de permitir a los conductores establecer sus propios horarios, y tener derecho a un salario mínimo.

Entre las razones para entender la decisión de los californianos, destaca la amenaza de Uber y Lyft de retirarse de California si perdían el juicio. Además, de aceptarse la AB5, las compañías podrían recuperar lo perdido aumentando las cuotas de servicio al cliente final.

Las acciones de ambas compañías subieron entre un 11 y un 13 por ciento antes de la campaña de apertura del miércoles, después de la gran victoria.