Perú es un caos. La inexperiencia le ha cobrado factura a Pedro Castillo. A poco más un año de asumir la presidencia, el mandatario, exprofesor rural y dirigente sindical, abanderado de Perú Libre, ha tenido múltiples gabinetes. 

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Como ya es habitual en sus repentinos cambios de funcionarios, la noche de este viernes 23 de septiembre, el presidente Pedro Castillo le tomó juramento a Richard Washington Tineo Quispe como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones. 

Con esta permuta, son ya cinco distintos titulares del MTC que han desfilado por la cartera en el poco más de un año que lleva el gobierno de Castillo: Juan Francisco Silva Villegas, Nicolás Bustamante Coronado, Juan Mauro Barranzuela Quiroga, Geiner Alvarado López, además del propio Quispe.

Tras jurar como ministro, Quispe declaró que primeramente realizará un diagnóstico de las gestiones anteriores y luego tomará las acciones pertinentes para cambiar el rumbo del Ministerio, como le encomendó el presidente Castillo. 

Si se enfoca el funcionario encargado específicamente del sector, el número también es abultado. Por el Viceministerio de Comunicaciones han desfilado cuatro funcionarios –designados oficialmente, mediante una resolución suprema–: Harold Junior Mora Rojas, Carlos Alberto Sotelo López, Virgilio Fredy Tito Chura y Víctor Omar Álvarez Herrera.

Enroques y permutas: nuevos funcionarios

El gobierno peruano ha hecho enroques: dentro del propio sector, ha intercambiado de puestos a algunos funcionarios: el último de ellos es precisamente el de Quispe.

El 25 de agosto de 2022: el Pronatel fue decapitado. A tan sólo dos días de haber asumido la dirección Ejecutiva del órgano adscrito al MTC, Tineo Quispe fue removido y nombrado nuevo ministro de Defensa por Pedro Castillo, una decisión que revocó menos de un mes después, este 23 de septiembre, al ser repatriado al sector, ahora como titular del MTC.

Mientras que ahora la dirección Ejecutiva del Pronatel la ocupa Édgar German Alvarado Barreto, quien asumió el cargo tras la permuta de Quispe.

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Previamente en el mismo sector se había hecho otro enroque: el 15 de agosto de 2022, Víctor Omar Álvarez Herrera asumió como cuarto viceministro de Comunicaciones del MTC, a poco menos de un mes de que asumiera la dirección ejecutiva del propio Pronatel. 

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Cartera telecom: sin experiencia y en crisis

El sector de telecomunicaciones no ha salido ileso de la inestabilidad política del gabinete peruano; de hecho, ha sido precisamente el que ha estado en el foco de la polémica: tanto el primer ministro como el último antes de Quispe han sido acusados de actos ilícitos.

Juan Francisco Silva Villegas, el primer titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, juró cuatro veces como titular de la cartera e incluso resistió una comparecencia en el Congreso, pero ni eso le permitió que se perpetuara en el cargo. Quien fuera uno de los hombres de mayor confianza de Castillo, no era un especialista en el sector; era experto en pedagogía y su expertise y experiencia se encontraban en el sector educativo. 

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El último ministro, en cambio, no superó el rigor del Congreso. Hace una semana, el 15 de de septiembre de 2022, el Pleno aprobó con 94 votos a favor, 14 en contra de Geiner Alvarado y 8 abstenciones la moción 3,863 de censura en su contra, por “su manifiesta incapacidad moral y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo” cuando fungió como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es decir, los legisladores votaron para destituirlo.

Después de eso, el Poder Judicial le dictó un impedimento de salir del país por 36 meses y la Superintendencia Nacional de Migraciones le impuso una alerta restrictiva en su contra en los puestos de control migratorio o fronterizos, a lo que su defensa legal dijo que se encontraba ‘tranquilo’. Mientras que su homólogo, el primer titular del MTC en el gobierno de Pedro Castillo, Juan Silva, actualmente se encuentra prófugo de la justicia acusado de actos de corrupción.

Por último, el paso de Quispe por el ministerio de Defensa no fue fortuito: es un militar de brigada del Ejército Peruano en retiro: fue teniente coronel comandante de Unidad, BCOM 112 en Lima (2007-2008), director de Ciencia y Tecnología (2015) y director de Telemática y Estadística (2017), ambos cargos también en el Ejército, así como comandante general de la Tercera Brigada de Comunicaciones en Arequipa hasta 2019. 

Proyectos y licitaciones paralizados

La administración de Pedro Castillo heredó dos grandes proyectos telecom pendientes de los gobiernos anteriores: la operación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) tras la cancelación del contrato con Azteca y el concurso de la banda AWS-3 – 2.3 GHz.

El gobierno de Castillo no pudo encontrar un nuevo operador para la red dorsal y, en cambio, implementó una modalidad de ‘pago cero’, mediante la que, como su nombre lo indica, exenta de costos a los operadores que brinden servicios de conectividad a instituciones públicas.

El MTC estima que mediante esta modalidad se conectarán entre 700 y mil 200 escuelas, puestos de salud y oficinas públicas.

Postergación ad infinitum

Además del cambio, la rotación constante, con su subsecuente incertidumbre e inestabilidad, la política pública en el gobierno de Castillo podría ser caracterizada por su postergación. Eso quizás podría explicarse debido a que los funcionarios y administrativos tienen que dedicarle más tiempo a resolver sus propios asuntos operativos y del organigrama, lo que reduce el tiempo para el diseño de la política pública.

Futuro

Richard Quispe aseguró que durante su gestión como titular del MTC impulsará proyectos relacionados con la reducción de brechas digitales en Perú y retomará algunos que comenzó a trabajar cuando fue director Ejecutivo del Pronatel. 

El viceministro Álvarez Herrera le reveló recientemente a DPL News que, luego que lo postergara en dos ocasiones, Proinversión tiene previsto relanzar el concurso de las bandas AWS-3 y 2.3 GHz, para 4G-LTE, en la primera semana de octubre de 2022.

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El propio viceministro señaló ante esta agencia que uno de los objetivos prioritarios de su gestión es consolidar la operación de la RDNFO mediante su conversión en la Red Nacional del Estado (Rednace). 

Sin embargo, la actual administración peruana ha demostrado que su única certidumbre es el cambio, por lo que hay que esperar que el tiempo reafirme o refute si al final realmente pudo cumplir su meta de democratizar el acceso a Internet entre toda la población, especialmente entre los estudiantes y los habitantes de zonas rurales e indígenas, e impulsar las políticas públicas y licitaciones de espectro necesarias para ello.

Diario Correo

Grave acusación contra la autoridad más importante del país. De acuerdo con un colaborador de la Fiscalía, el presidente de la República,Pedro Castillo, recibió S/50 mil de los S/100 mil que le entregó el empresario Zamir Villaverde al hoy prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva Villegas.

Como se recuerda, hace un mes se difundió la transcripción de un audio que deja entrever que el extitular del MTC recibió una coima de S/100 mil a cambio del direccionamiento de la obra Puente Tarata III de Provías Descentralizado, caso en el que el mandatario es investigado.

“Luego días posteriores a la reunión del 4 de noviembre de 2021 con Juan Silva, en otra reunión en el mismo departamento, Juan Silva le dijo a Marco Villaverde que: ´Zamir, de los cien mil soles que me dijiste, 50 mil le di a Pedro, ya está más contento, más tranquilo, refiriéndose al presidente de la República´”, señaló el colaborador.

Según Punto Final, el presidente Castillo no solo recibió los S/50 mil, sino que también le entregaron otros S/30 mil adicionales y un teléfono de la marcha Iphone.

DATOS

“Los amigos de Tapusa (integrante junto a Termirex del Consorcio Puente Tarata III) han mandado acá, me han mandado un presente para usted, para usted (en ese momento se escucha el sonido de que se abre una maleta); 100 grandes para usted”, esta es parte de la transcripción de una comunicación entre Villaverde y Silva.

El colaborador refirió que de los S/100 mil entregados a Silva, la mitad se entregó al presidente Castillo.

Coincidentemente, hace unos días la Fiscalía recibió información de que Norma Sánchez, esposa de Silva, se acercó a una agencia para amortizar un crédito por S/50 mil.

El Comercio Gabriela Villasís Rojas

En un informe de la Fiscalía de la Nación se comprueba que la Policía Nacional del Perú, a través de su Dirección contra la Corrupción, no cumplió la labor de videovigilancia al exministro Juan Silva, lo que generó que este no pudiera ser ubicado y, a la postre, se fugara.

El extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es investigado por ser parte de una presunta red criminal que operaba en su gestión.

En los últimos días, el ministro del Interior, Dimitri Senmache, afirmó que la policía no hizo un seguimiento a Silva porque no era parte del proceso de videovigilancia solicitado por la fiscalía. Asimismo, el jefe de la Dirección contra la Corrupción de la PNP, el general Freddy López Mendoza, afirmó el 12 de este mes que no hubo “ninguna descoordinación entre el Ministerio Público y el órgano de inteligencia”, sino que desde el 27 de mayo, día que se emitió la disposición fiscal de la videovigilancia, la coordinación “ha sido fluida para dar cumplimiento a la medida”.

Sin embargo, un informe que el fiscal adjunto supremo Samuel Rojas Chávez, coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, remitió al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, detalla el papel policial con relación a la videovigilancia.

En el documento, con fecha 10 de junio, se adjuntan reportes de visitas, comunicaciones vía WhatsApp y oficios reservados.

En este, Rojas le explica a Sánchez que por la indagación preliminar de su despacho a Silva, el 27 de mayo recibió al jefe de la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados a Crimen Organizado de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP, coronel Enrique Huasasquiche López, y al comandante PNP Vladimir Bellota Rojas para dialogar sobre la videovigilancia.

En la reunión, los oficiales le indicaron que “estaban en condiciones de asumir la ejecución de la medida” y que la parte operativa iban a realizarla en coordinación con la División de Contrainteligencia de la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la policía. La disposición de videovigilancia, que era por un plazo de 30 días, se emitió el mismo día. Como se había acordado, se estableció que fuera ejecutada por la División de Contrainteligencia de la Dirin y la Dircocor.

El oficio del fiscal Rojas señala que, desde que se dio la disposición, mantuvo comunicación con Huasasquiche para solicitarle información sobre los lugares donde el exministro estaba y por los que se desplazaba.

No obstante, advierte que en todas las respuestas de la policía “se nos informaba que no lo tenían ubicado físicamente, pero que estaban realizando un seguimiento digital al objetivo”, el cual “era un procedimiento de inteligencia”.

Para Rojas, “la limitante de este procedimiento de inteligencia radicaba en la inexactitud de la información sobre la ubicación real” del exministro, ya que “el nivel de precisión se restringía, como se nos señalaba, a un rango de ocho manzanas”.

El fiscal menciona que al no recibir un informe escrito sobre el resultado de la videovigilancia –así como por la decisión de pedir la detención preliminar de Silva–, el 3 de junio se requirió “verbalmente a la autoridad policial” que presente un informe sobre la videovigilancia.

Al día siguiente llegó el oficio policial, pero en aquel solo se reportaron acciones de verificación de inmuebles con fotos del 3 y 4 de junio, a pesar de que la videovigilancia se estableció el 27 de mayo.

Rojas resalta en su oficio una mención del documento policial: “Hasta la culminación de las presentes diligencias, no se ha advertido la presencia física del investigado”.

Frente a estas circunstancias, Rojas considera “acciones de inteligencia ineficaces” que complicaban un pedido de allanamiento de inmuebles de Silva, el 4 de junio la fiscalía solicitó al Poder Judicial la detención preliminar del extitular del MTC. Ese mismo día, el juez supremo Juan Carlos Checkley acogió la solicitud y ordenó que se le detenga.

Como una medida adicional, la fiscalía planificó citar al exministro para el 6 de junio con el objetivo de que ampliara su declaración sobre la investigación, pero con “la expectativa real de lograr la orden de detención preliminar”.

Ante la ausencia de Silva, el fiscal Rojas explicó que para la misma fecha citó a su despacho al coronel Huasasquiche, con el fin de informarle sobre la detención de Silva.

Agregó que ese día, al no recibir información de la videovigilancia, “se requirió por escrito que se informe detalladamente sobre la ejecución de la medida”.

Las últimas veces que a Silva se le vio públicamente fueron el 24 de mayo, cuando asistió a la Comisión de Fiscalización del Congreso, y el 1 de junio, en la entrevista presencial con radio Exitosa. Además, el 6 de este mes solicitó que le retiraran el resguardo policial que le correspondía como exministro. Según el documento, el fiscal Rojas señala que no fue informado al respecto por la Dircocor, que “supuestamente se encontraba realizando labores de videovigilancia”. Añadió que se enteró del requerimiento de Silva a través de información pública.

El 7 de junio, el despacho del fiscal de la Nación formalizó ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria la orden de ubicación y captura de Silva debido a que la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados a Crimen Organizado de la Dircocor “se encontraba en imposibilidad operativa” de cumplir la orden de detención del Poder Judicial.

En su oficio, el fiscal Rojas también recalca que desde que se iniciaron las coordinaciones con la policía, “era evidente que se podían suscitar circunstancias que podrían afectar la efectividad de los actos de investigación y de aseguramiento procesal”, en referencia a los implicados, como el exministro Silva y el presidente Pedro Castillo, “quien funcionalmente es el jefe supremo de las fuerzas policiales”.

Por esta razón, Rojas indica que “se decidió compartimentar la información que se suministraba a la autoridad policial, limitando su acceso” y dándole responsabilidades concretas, pero estas “no fueron debidamente cumplidas”.

Más datos

• En el oficio enviado por la PNP a la fiscalía el 4 de junio, se indicó que no se logró ubicar a Juan Silva. Sin embargo, el 1 de junio el extitular de Transportes se presentó en diferentes medios de comunicación.
• Juan Silva se encuentra en la lista de los más buscados del Ministerio de Interior. Por información sobre su paradero se ofrece una recompensa de S/50 mil.

Correo

Durante la audiencia del pedido del presidente Pedro Castillo para anular la investigación por el caso Provías, el fiscal Samuel Rojas dio cuenta de la declaración de un colaborador eficaz que dijo tener conocimiento que, entre finales de agosto e inicios de setiembre de 2021, el exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva Villegas, citó al empresario Zamir Villaverde en su departamento en el piso 11 en Pablo Bermúdez en Cercado de Lima.

DETALLES

“Previamente el ministro Juan Silva lo llamó a Zamir Villaverde por WhatsApp y solicitó la suma de S/30 mil al número registrado a nombre de la empresa Masavic ZAC”, señaló.

Al día siguiente, Villaverde acudió al edificio para entregar el dinero en efectivo al hoy prófugo Juan Silva en sobre manila en billetes de S/100 dentro de una bolsa negra.

“Tengo conocimiento que Zamir Villaverde le dijo en esa oportunidad que ese dinero era para entregarle al presidente de la República José Pedro Castillo Terrones, diciéndole que era porque recién estaban entrando al cargo”, sostuvo.

El fiscal agregó de la declaración lo siguiente: “Pero tengo conocimiento que Fray Vásquez, sobrino del presidente Castillo, -esa es una acotación mía- le manifestó que no iban a cambiar a Juan Silva porque era amigo del presidente y que se estaba encargando de apoyar con las adjudicaciones de empresas de personas cercanas al presidente de la República”.

RPP

Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, señaló ante la Fiscalía que la relación amical que mantiene con el presidente Pedro Castillo se remonta hasta su época escolar, cuando ambos coincidieron en una institución educativa de Chota, Cajamarca, durante la secundaria.

El hoy prófugo exministro se presentó ante la Fiscalía nueve días antes de pasar a calidad de no habido, luego de que se dictara en su contra detención preliminar por el caso Provías Descentralizado-Puente Tarata.

Respuestas a Fiscalía

Durante el interrogatorio de 94 preguntas al que accedió el dominical Panorama, Juan Silva dejó claro que no era “amigo íntimo” del mandatario Pedro Castillo, aunque reconoció que la relación entre ambos viene de varios años.

“Puntualizo que no soy amigo íntimo del presidente. Somos amigos, lo he conocido en mi educación secundaria, en el colegio Arturo Osores Cabrera, del distrito de Anguía, provincia de Chota, departamento de Cajamarca”, sostuvo.

Según señala el dominical, la amistad continuó y se reflejó en el apoyo que brindó el exministro durante la campaña electoral. Aunque en sus respuestas a Fiscalía, Juan Silva manifestó que no forma parte de Perú Libre.

“Yo lo he apoyado desde el primer instante en que se inició la primera vuelta hasta el final de la campaña. Yo he sido del equipo de avanzada que organizaba el lugar donde se realizarían las presentaciones públicas del candidato, en todas las regiones, no soy miembro del partido”, dijo.

Sobre cómo le ofrecieron el Ministerio de Transportes

En cuanto a su designación en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Silva contó que el puesto no le fue ofrecido por el presidente Pedro Castillo, sino que recibió una llamada el 28 de julio de la encargada del protocolo de investidura del presidente, quien le dijo que lo habían convocado para asumir el cargo.

Luego de esto, sostuvo que llamó al presidente de la República para preguntarle si el ofrecimiento era real y este se lo confirmó. Añadió que cuando en el Congreso de la República impulsaron su censura, se reunió con el mandatario para tratar esta crisis que vivía su sector y este le indicó que, si se continuaba con esta intención desde el Parlamento, se activaría su carta de renuncia.

“El presidente activó la carta de renuncia. Cuando somos nombrados se firma una carta anticipada de renuncia (…). Días antes, cuando hubo un Consejo de Ministros, pedí una audiencia con él, conversé personalmente con él en su despacho, al ver los temas que estaban pasando en el Congreso sobre la censura”, indicó.

Diario Correo

El exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, fue incluido este miércoles en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior. Se ofrece por información sobre su paradero un monto de 50 mil soles.

La publicación del Programa de Recompensas detalla que Silva Villegas es investigado por el supuesto delito de organización criminal y que actualmente está prófugo.

El día de ayer, el Poder Judicial dictó detención preliminar en contra de Silva Villegas, en el marco de las investigaciones por presuntamente haber formado parte de una organización criminal dentro del mencionado sector.

Mediante un comunicado, la Policía Nacional del Perú aseguró que han intensificado esfuerzos para ubicar y capturar al exministro Juan Silva, quien se encuentra no habido desde el último lunes.

“Se viene intensificando y maximizando los esfuerzos para lograr la ubicación del investigado (Juan Silva), así como de todas las personas que se encuentran solicitadas por la justicia”, detalló la PNP.

La institución también recordó que, desde que el 4 de junio, el Poder Judicial dispuso el impedimento de salida del país por 36 meses en contra del extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se emitió una alerta migratoria para hacer cumplir la orden.

Perú 21 Álvaro Reyes Quinteros

Para los hombres de confianza del presidente Pedro Castillo, sindicados de integrar una organización criminal, la clandestinidad se ha convertido en un salvavidas. Pasó con el exsecretario Bruno Pacheco y el sobrino Fray Vásquez, prófugos desde hace dos meses, y ahora con el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, señalado de ser el brazo operativo de Castillo en el MTC.

El juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó la detención preliminar por 15 días de Silva a pedido del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Según fuentes consultadas por Perú21, la solicitud fue presentada el viernes 3 de junio y un día después salió la orden judicial. La Policía lo tenía ubicado hasta esa fecha, pero repentinamente le perdió el rastro, de acuerdo a las mismas fuentes.

Sánchez dispuso el seguimiento y videovigilancia del amigo del mandatario desde el viernes 27 de mayo. La Dirección contra la Corrupción de la Policía (Dircocor) estuvo a cargo de la operación.

Mientras tanto, el exministro salía en distintos medios de comunicación para rechazar la hipótesis fiscal que lo ubica como el encargado de disponer la adjudicación de millonarias obras públicas a empresas, entre ellas las chinas. Todo con la venia de Castillo.

Aseguraba que no había pruebas que lo vincularan con el detenido empresario Zamir Villaverde, y negaba que este le haya entregado 100 mil soles, como lo declaró un colaborador eficaz.

No obstante, el 2 de junio se conoció el diálogo que protagonizaron Silva y Villaverde en el que ambos hablan de “100 grandes” que había enviado en un maletín de cuero color negro la empresa Tapusa para el exministro a cambio de que el consorcio que integraba ganara el contrato del Puente Tarata. El exministro no apareció más en público.

Según las fuentes, el amigo del presidente se hizo humo cuando la Dircocor ya tenía la orden judicial de detención, el último sábado. Como hasta ayer no se sabía de su paradero –ya que no se encontraba en su casa de Puente Piedra–, el fiscal Sánchez pidió al juez que ordenara su ubicación y captura. Y esto permitió que recién este martes se registrara en el sistema de requisitorias la orden de captura a nivel nacional, como constató Perú21.

El fiscal de la Nación ha requerido un informe a la Dircocor sobre los últimos siete días de seguimiento que dispuso contra el investigado para conocer qué sucedió con el operativo.

El abogado de Silva, el exfiscal Alfredo Yalán, justificó la fuga de su patrocinado. “(Juan Silva) se ha puesto a buen recaudo, mire cuántos presidentes han huido de la justicia. Si usted ve que no hay justicia ¿qué haría por instinto personal?”, argumentó en diálogo con este diario.

Yalán justificó el accionar de su defendido alegando que “no sería la primera persona” que se fuga de la justicia. Aunque dijo que se encontraba en el país.

Por la tarde, Castillo viajó a Estados Unidos para participar de la Cumbre de las Américas como si toda esta trama de corrupción le fuera ajena.

Tenga en cuenta

-La detención preliminar es pedida por un fiscal cuando está próximo a formalizar la investigación preparatoria de un caso. El siguiente paso es solicitar la prisión preventiva.

-El ministro del Interior, Dimitri Senmanche, dijo que “redoblarán” esfuerzos para dar con la captura de “todos aquellos requisitoriados”, en alusión a Juan Silva, Bruno Pacheco y Fray Vásquez.

Perú 21 Álvaro Reyes Quintero

El abogado de Juan Silva, Alfredo Yalan, manifestó a Perú21 que el exministro de Transportes y Comunicaciones, investigado junto al presidente Pedro Castillo, “se ha puesto a buen recaudo” tras conocerse la orden de detención preliminar en su contra.

Fuentes del Poder Judicial confirmaron a este diario que la orden fue emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley. Debido a ello, Silva habría decidido pasar a la clandestinidad.

En diálogo con este diario, Yalan justificó el accionar de su defendido alegando que “no sería la primera persona” que se fuga de la justicia. “Mire cuántos presidentes han huido de la justicia (…) si usted ve que no hay justicia ¿qué haría por instinto personal? hay representes de medios de comunicación que tampoco se pusieron a derecho y los han tenido que capturar”, expresó.

Además, confirmó que su representado se encuentra aún en el país: “Mi cliente está en el Perú, no se ha fugado. No tiene por qué fugarse. No se nos ha notificado oficialmente (sobre la orden de detención)”.

El extitular del MTC es sindicado por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de integrar una organización criminal que se enquistó en ese ministerio para repartirse obras públicas.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, el mandatario Castillo encabezó la red y con la colaboración de sus sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, junto al empresario Zamir Villaverde, ofertaron proyectos de forma irregular a distintas empresas.

Una de esas compañías habría sido Termirex, de la familia Pasapera, que integró el consorcio que ganó la construcción del Puente Tarata, obra valorizada en S/232 millones.

Perú 21

Declaraciones de un nuevo colaborador eficaz desbaratan las afirmaciones de los investigados Fray Vásquez y Zamir Villaverde y confirmarían un contubernio con el exministro Juan Silva para tejer una red en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dedicada al direccionamiento de millonarias obras públicas.

Panorama accedió al testimonio del colaborador brindado ante la Fiscalía donde se detalla que Silva y el sobrino del presidente Pedro Castillo coordinaron nombramientos en puestos estratégicos en el MTC a fin de controlar las millonarias licitaciones. Todo esto con la participación de Zamir Villaverde.

El prófugo Fray Vásquez vuelve a ser mencionado en reuniones clandestinas. Antes de Lince, se le vio involucrado en Sarratea (Breña) y luego en el departamento de Magdalena.

Nombramientos

Esta nueva declaración da cuenta que la vivienda utilizada por Juan Silva, en Lince, sirvió de búnker para lograr la designación de Alcides Villafuerte como director ejecutivo en Provías Descentralizado. Villafuerte fue sindicado por Karelim López de haber beneficiado al Consorcio Puente Tarata III; además se le detectó un depósito de S/100 mil en su cuenta bancaria. La Fiscalía ha pedido comparecencia con restricciones en su contra.

Según el colaborador eficaz, en la casa en Lince, Silva mencionó su intención de colocar “a su gente de confianza” en los puestos necesarios “para el manejo de las licitaciones” del sector.

De acuerdo a esta narración, tres eran los propósitos que motivaban al exministro de Transportes y Comunicaciones: manejar las licitaciones, entregar obras en favor de determinados empresarios y tener el control de las contrataciones.

Según fuentes de Perú21, en efecto, Juan Silva, a pesar de que decía a sus trabajadores que se iba en transporte público a Puente Piedra, residía en Lince. Incluso, este diario supo que habría recibido a funcionarios del MTC en esta vivienda.

Debido al cargo que ocupó Silva en el gobierno de Pedro Castillo, cuenta con inmunidad. Hasta el momento, el exministro no está considerado dentro de la investigación preparatoria a cargo de la fiscal Karla Zecenarro, quien dirige el caso Puente Tarata III.

En el marco de esta investigación, el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra el exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, quién está prófugo de la justicia al igual que los sobrinos del gobernante, a quienes también alcanza la medida cautelar.

De igual manera, la orden de prisión impuesta por el juez Manuel Antonio Chuyo se aplica a Víctor Valdivia, Edgar Vargas, Zamir Villaverde y Luis Pasapera.

En la audiencia de prisión preventiva, Fray Vásquez le dijo al juez que no se reunió con ningún funcionario del MTC, lo cual, a la luz de este nuevo testimonio, fue falso.

RPP

Luego de 7 meses de críticas, denuncias e incluso una interpelación, los congresistas finalmente podrían reunir las 33 firmas necesarias para presentar una moción de censura contra el ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Francisco Silva.

A ello se suma la presión de bancadas como Acción Popular y Alianza Para el Progreso, que han pedido la salida de Silva y otros ministros para dar su voto de confianza al gabinete de Aníbal Torres.

Conforme pasaron los meses, las denuncias han sido cada vez más directas, involucrando al ministro y un grupo de congresistas en una serie de presuntas negociaciones de obras por votos, como señaló la congresista Susel Paredes en RPP Noticias, cuando señaló que una congresista se resistió a firmar su moción de censura porque el ministro “se había comprometido con un puente”.

Asimismo, la renunciante viceministra de Transportes, Fabiola Caballero, reforzó este señalamiento en el programa “Nada está dicho” de RPP Noticias y agregó que muchas designaciones de funcionarios en esta cartera se han hecho con fines políticos y no técnicos.

Detonantes de la censura

Ante la evidencia, el Congreso finalmente se ha puesto fuerte, aunque no haya tenido al principio una verdadera vocación de fiscalización en este caso particular, de acuerdo con el politólogo Omar Awapara. “Hay evidencia de que el ministro del MTC ha hecho una labor política importante con el Legislativo, se ha reunido varias veces con más de 60 miembros del parlamento, que incluyen miembros del partido de gobierno, pero también de Acción Popular y de Alianza Para el Progreso, y se entiende que en ello ha buscado crear un vínculo que ha evitado la suma de votos para una eventual moción de censura”.

Esto en medio de un contexto en el que no hay, desde el Congreso ni desde el Ejecutivo, una agenda clara de prioridades ni menos consensos básicos, sostiene el profesor de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico Santiago Mariani. “El gobierno y los grupos de oposición representados en el Congreso comparten una característica: su debilidad intrínseca y la menguante credibilidad ante la ciudadanía. En ese juego en el que la política de poder por pequeños espacios prima, antes que la construcción de una agenda de mínimos para atender las demandas ciudadanas. No hay, por parte del gobierno ni de la oposición, una agenda clara de prioridades y una ruta de consensos básicos. En esa lucha agonal por pequeños lotes de poder se producen estos movimientos de idas y vueltas”.

La abogada especialista en gestión pública Teresa Santillán ensaya tres razones por las que el ministro Juan Francisco Silva sigue en el gabinete: “Una de ellas es que es muy amigo del presidente y él está tratando de mantenerlo en esta cartera, pese a los serios cuestionamientos que existen. La segunda es que hay una relación con algunos congresistas con los que podría haber negociados; y la tercera tiene que ver con la misma situación interna del Congreso, en donde no había, hasta el momento en que presentaron la moción, un acuerdo, que no permitió que se logre completar los votos que se requería para censurarlo la primera vez que se intentó”.

Para Teresa Santillán, no es que el Congreso o el Ejecutivo hayan apoyado necesariamente la continuidad del ministro Juan Francisco Silva, sino que este es un sobreviviente de las pugnas internas entre estos dos poderes del Estado. “Hasta hace poco no han podido llegar a un acuerdo, en una situación en la que nos encontramos en cuanto al transporte informal preocupante, porque tenía que atenderse de manera diferente, ya lo hemos escuchado en la carta de renuncia de la viceministra que dio algunos indicios de que algo malo está pasando. Ella nos estaría confirmando, con su carta de renuncia y sus declaraciones, que no se está manejando de manera adecuada el MTC”.

Omar Awapara también señala que la baja popularidad del Congreso puede haber influido en su decisión de tomar de una vez las riendas de una censura al ministro. “Esta reconciliación entre ambos poderes del Estado fue percibida de una manera negativa. Se sabe que tendría que haber mayor control político de parte del Congreso, y este no tendría que reclamar si es que no está haciendo su trabajo de fiscalización ni control. Creo que a partir de eso se han puesto las pilas y han empezado a promover un mayor control”.