Las Redes de Nueva Generación (NGN, por sus siglas en inglés) se caracterizan por ser redes totalmente convergentes, en las cuales los servicios están definidos por software y la infraestructura física es transparente para la información que circula a través ellas.

En las NGN, los servicios son definidos por los dispositivos de usuario que se conectan a ellas, el tipo de sesiones que establecen con otros usuarios y las aplicaciones a las que acceden. Básicamente, tienen las siguientes características:

• Utilización de la tecnología de paquetes como método de transporte. Aunque el protocolo de Internet (IP) es el principal protocolo de paquetes utilizado para el transporte de servicios, las NGN están físicamente separadas de Internet y se gestionan de forma independiente. Las NGN normalmente suministran servicios de banda ancha que conectan a un cliente con Internet. El acceso a Internet es sólo uno de los principales servicios que ofrecen la NGN.
• Las redes tradicionales disponen de sistemas de provisión de servicios. Los conmutadores de servicios de voz están integrados en una red de transmisión que los conecta. Cada servicio (llamadas vocales, líneas arrendadas, etc.) tiene su propia red de transmisión y sistemas dedicados. Por el contrario, el transporte de los distintos servicios NGN comparte la misma plataforma IP. Los paquetes pueden diferenciarse con base en factores de calidad de servicio (QoS) (prioridad de unos paquetes sobre otros), pero se transportan por una misma red núcleo compartida.
• La mayor parte de las redes tradicionales tienen enlaces de acceso específicos para cada servicio: por ejemplo, cables de cobre distintos para cada servicio de voz y de datos. El acceso NGN permite transportar varios servicios de alta velocidad sobre un único enlace de acceso, típicamente fibra o una combinación de fibra y cobre, o bien tecnologías inalámbricas de gran ancho de banda, como 5G. Ello permite velocidades de acceso de banda ancha de 100 Mbit/s o superiores. Por el contrario, los cables de cobre utilizados en las redes tradicionales fijas están limitados a unos pocos Mbit/s.
• Los servicios basados en la NGN pueden entregarse sobre distintos tipos de accesos, es decir, son agnósticos respecto de la tecnología de acceso. En principio, la voz sobre IP, la TV sobre IP (IPTV) o el acceso a Internet de banda ancha pueden utilizar un acceso de fibra, cobre o inalámbrico. Los servicios son los mismos con independencia de cómo se entreguen (aunque posiblemente con velocidades diferentes).
• El dispositivo del usuario final y la plataforma de provisión de servicios definen básicamente el servicio. El transporte de paquetes de propósito general “simplemente” proporciona la unión entre ambos.  

Hoy en día, cualquier infraestructura de red de servicios de telecomunicaciones de nueva creación tiene como única opción la implementación de infraestructuras NGN para ser viable a mediano y largo plazos.

Las redes preexistentes tienen el reto de modernizar sus infraestructuras, enfrentándose a la disyuntiva de sacar de operación equipos y sistemas que aún no han cumplido su ciclo de vida desde el punto de vista de recuperación de costos y depreciación contable, además de invertir en infraestructuras de planta externa para adecuarlas a la funcionalidad y arquitectura de las redes NGN.

En el ecosistema de las redes NGN, los servicios Over the Top (OTT) encuentran un medio natural parta desarrollarse plenamente, imponiendo a los operadores de redes la necesidad de recrear su modelo de negocio, ya que gracias a conceptos tales como la Neutralidad de red, los servicios OTT pueden ser prestados por terceros habilitados jurídicamente con una autorización o permiso, compitiendo con servicios iguales o equivalentes con los servicios prestados tradicionalmente por los operadores.

Los servicios OTT representan grandes ventajas para los usuarios al brindar gran diversidad de servicios, incrementando la competencia y haciendo más asequibles insumos de conectividad y productividad que son vitales para la economía digital.

El reto regulatorio no es menor. Existe por un lado la idea de que a los servicios OTT se les deben de imponer las mismas cargas regulatorias que tienen actualmente los operadores de redes en servicios equivalentes. La otra opción es desregular paulatinamente los servicios de red tradicionales para permitir que el ecosistema de las NGN se desarrolle plenamente.

Yo en lo personal soy partidario de la segunda opción. En un mundo inmerso en la transformación digital, acelerada debido a la pandemia por la que estamos atravesando, tenemos que permitir que crezcan los servicios y se incremente la cobertura de las infraestructuras físicas.

Para ello, los modelos de negocio de las redes tradicionales deben de evolucionar necesariamente, ya que instalar infraestructuras de mayor cobertura en un ambiente de gran competencia de servicios no se puede lograr con los modelos actuales.

Más allá de las decisiones que tienen que tomar los operadores tradicionales, es importante que los generadores de políticas públicas y los reguladores estén conscientes de las dificultades que enfrentan los operadores que instalan infraestructuras.

Es vital que los países aspiren a tener infraestructuras de telecomunicaciones robustas y eficientes y que los reguladores y gobiernos aligeren las cargas jurídicas y regulatorias que soportan cotidianamente los habilitadores de infraestructura.

Como ya lo he mencionado en otras ocasiones, contar con un plan estratégico de transformación digital debe ser una prioridad nacional para todas las economías del mundo. Y en estos momentos de crisis e incertidumbre económica en la que el planeta está sumergido debido a la pandemia, para los países que aún no cuentan con estrategias de transformación digital en las que se ponga como prioridad la instalación de infraestructura, es una cuestión de emergencia.

No hay opción, para avanzar por el camino de la transformación digital tenemos que fortalecer y hacer crecer las infraestructuras de telecomunicaciones. Las infraestructuras de telecomunicaciones, viéndolas desde la óptica de las redes NGN, son la columna vertebral que soporta al sistema “nervioso” de los servicios de la nueva economía digital.

Mi buen amigo, Alejandro Navarrete, jefe de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), me hizo notar que respecto de la banda de frecuencias entre los 5,925 GHz y los 7,125 GHz se había iniciado una consulta pública el pasado 5 de noviembre.

Menciono lo anterior, ya que en mi publicación en este medio del pasado 11 de noviembre, señalé que en México “el organismo regulador no cuenta con ningún estudio sobre ello y no se tiene siquiera planeada una consulta pública sobre el uso de la porción del espectro radioeléctrico comprendido entre los 5,925 GHz y los 7,125 GHz, porción que será utilizada para Wi-Fi 6”.

Es una muy buena noticia saber que en este tema me equivoqué respecto del IFT. En la liga que me proporcionó Alejandro Navarrete^[1] los lectores interesados en el tema podrán encontrar los detalles de la consulta que estará abierta hasta el próximo 18 de diciembre, entre los que se encuentra un documento de referencia que hace un análisis preliminar del estado que guarda la banda de frecuencias que será utilizada para Wi-Fi 6E.

Pero, ¿qué es Wi-Fi 6E y que diferencia tiene con Wi-Fi 6?

Wi-Fi 6E, conocido como Wi-Fi de 6GHz, es una evolución ligera de Wi-Fi 6, y básicamente tiene mejoras en velocidad y en robustez de la conexión en ambientes de alta densidad de usuarios y dispositivos.

En 2018, la Wi-Fi Alliance introdujo una nueva denominación para los dispositivos compatibles con los estándares Wi-Fi.^[2]

Los nombres que la Wi-Fi Alliance recomienda utilizar a partir de 2019 por fabricantes quedaron definidos de la siguiente forma:

•   Wi-Fi 6: identificará dispositivos que soportan la tecnología 802.11ax.

•   Wi-Fi 5: identificará dispositivos que soportan la tecnología 802.11ac.

•   Wi-Fi 4: identificará dispositivos que soportan la tecnología 802.11n.

Wi-Fi Alliance es una red mundial de empresas que impulsa la adopción y la evolución global de Wi-Fi, la promoción del espectro de uso libre y el desarrollo de tecnologías innovadoras, requisitos y programas de prueba que ayudan a garantizar que Wi-Fi brinde a los usuarios la interoperabilidad, seguridad y confiabilidad que esperan.

Wi-Fi 6 trajo mejoras sustanciales respecto de Wi-Fi 5 en cuanto a la cantidad de dispositivos que pueden compartir el mismo espacio de conexión. Implementa la multiplexación OFDMA, con lo cual además disminuye la latencia que experimentan los usuarios y disminuye el consumo energético de los dispositivos mediante la tecnología “Target Wake Time”.

Pero también, a diferencia de Wi-Fi 5, que sólo utiliza la banda de 5 GHz, Wi-Fi 6 explota de manera natural y transparente las bandas de 2.4 y 5 GHz, mejorando sustancialmente la eficiencia espectral y proveyendo de una mejor experiencia al realizar un balance entre alcance (con la banda 2.4 GHz) y velocidad (con la banda 5 GHz).

Pues bien, Wi-Fi 6E mejora el estándar Wi-Fi 6 al agregar 1.2 GHz adicionales (5,925 – 7,125 GHz), con lo que aumentará sustancialmente la velocidad de conexión,  soportando además las bandas de 2.4 y 5 GHz.

Wi-Fi 6E agrega 14 canales adicionales de 80 MHz, o 7 canales de 160 MHz, en función de cómo administre la conexión el router de acceso, con un incremento teórico de 30 por ciento en la velocidad de conexión, a la vez que disminuye los problemas de congestión mejorando notablemente la experiencia de usuario y la confiabilidad del acceso.

Para todos aquellos interesados en la evolución futura de Wi-Fi en México, recomiendo mucho participar en la consulta pública del IFT sobre el tema. Resultará de gran importancia la forma como el IFT determine la utilización de la banda 5,925-7,125 GHz, tanto para su uso en exteriores como en interiores.

La migración de las redes móviles terrestres hacia 5G y de despliegue de sistemas de fibra óptica de última milla hacia las premisas de los usuarios en casas y oficinas requieren infraestructuras de transporte de alta capacidad detrás de ellas (backbone), pero también requieren que dentro de las premisas de los usuarios las velocidades que dichas tecnologías soportarán sean aprovechadas al máximo.

Además, el acceso a Internet en sitios públicos mediante las tecnologías Wi-Fi deberán aprovechar al máximo la evolución de este estándar tecnológico, que permitirá que una mayor cantidad de usuarios, de bajos recursos económicos, puedan acceder a servicios digitales para introducirse en la nueva economía digital.

Ojalá que los gobiernos de América Latina sincronicen sus agendas políticas con las agendas de sus organismos reguladores, ya que hace falta crear la sinergia necesaria para impulsar al máximo la conectividad, aprovechando todo el potencial que las tecnologías digitales nos ofrecen.

La Recomendación Y.2001 (12/2004) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T)^[1] define las redes de próxima generación (NGN, por sus iniciales en inglés) como aquellas “rede(s) basada(s) en paquetes que permite(n) prestar servicios de telecomunicación y en la(s) que se pueden utilizar múltiples tecnologías de transporte de banda ancha propiciadas por la QoS,^[2] y en la(s) que las funciones relacionadas con los servicios son independientes de las tecnologías subyacentes relacionadas con el transporte. Permite(n) a los usuarios el acceso sin trabas a redes y a proveedores de servicios y/o servicios de su elección. Se soporta movilidad generalizada que permitirá la prestación coherente y ubicua de servicios a los usuarios”.

La movilidad generalizada, según lo define la misma Recomendación Y.2001, es la “capacidad del usuario u otras entidades móviles de comunicar y acceder a servicios independientemente de los cambios de ubicación o del entorno técnico. El grado de disponibilidad de servicio puede depender de varios factores, incluidas las capacidades de la red de acceso, los acuerdos de nivel de servicio (si los hubiese) entre la red propia del usuario y la red visitada, etc. El término movilidad incluye la capacidad de telecomunicación con o sin continuidad de servicio”.

En esta Recomendación, la UIT-T estableció que las NGN deberán de promover una competencia justa, alentar la inversión privada, definir un marco para establecer su arquitectura y capacidades y ofrecer un acceso abierto a las redes, con el fin de:

•   asegurar la prestación y el acceso universales a los servicios;

•   favorecer la igualdad de oportunidades de los ciudadanos;

•   promover la diversidad de contenido, incluida la diversidad cultural y lingüística; y,

• reconocer la necesidad de cooperación mundial, con particular atención en los países menos adelantados.

Sobre el tema, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) me ha invitado a participar en el foro “Redes de Nueva Generación y Perspectivas de la Red 5G”, junto con destacados especialistas del sector y tres comisionados del propio Instituto, el cual se llevará a cabo de manera virtual el 28 y 29 de octubre.

El tema no es nada nuevo. La Recomendación de la UIT-T a la que he hecho referencia data de 2004, cuando los operadores de telecomunicaciones móviles del mundo apenas estaban viendo la evolución futura de sus redes hacia 4G.

Hoy en día ya podemos encontrar documentos y discusiones en Internet sobre las redes 6G, en un momento de la historia de la evolución de las comunicaciones inalámbricas en la cual la situación económica por la que atraviesa el planeta debido a la pandemia por Covid-19 ha puesto a pensar a muchos si la implementación de 5G se retrasará a nivel mundial o, peor aún, sólo los países desarrollados podrán lograr la migración exitosa de sus redes.

Lo preocupante para muchos de quienes habitamos en países de América Latina es qué tanto vamos a quedar relegados en la nueva economía digital respecto de los países desarrollados. Al ver los retrasos de implementación de nuevas tecnologías en las infraestructuras de conectividad y la falta de políticas públicas en materia de transformación digital, el panorama no es nada alentador.

Por supuesto, algunos países latinoamericanos se han adelantado en la tarea, como es el caso de Colombia, pero la disparidad existente es muy probable que aumente dramáticamente en los próximos años si no se toman medidas urgentes para conectar a los desconectados, dando un sentido social, productivo y cultural al acceso a la banda ancha.

Una de las características principales de las NGN será la movilidad generalizada, en los mismos términos ya definidos desde 2004 por la UIT-T. Por ello, es de celebrar que el IFT esté preocupado por el tema. Del nombre del foro que organiza el IFT se desprende la clara relación que el regulador mexicano ve entre las NGN y la evolución de los servicios móviles.

Desafortunadamente, en México ni el Gobierno Federal ni el Poder Legislativo entienden sobre el tema. De hecho, lo aprobado por la Cámara de Diputados en días pasados respecto de la Ley Federal de Derechos (LFD) pareciera indicar que sus objetivos son exactamente los contrarios.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había propuesto un alza desmedida en los derechos que se pagan por la utilización de una serie de bandas del espectro radioeléctrico y, aunque los legisladores disminuyeron el impacto, las propuestas del IFT al respecto no fueron escuchadas.

Actualmente, sin tomar en cuenta el aumento propuesto a la LFD, “los pagos en México por espectro en las bandas AWS y PCS son 120.2% más altos a la mediana internacional, mientras que lo pagado por bloques en la banda de 2.5 GHz es 85.28% más alto”.^[3]

Mi buen amigo Jorge Fernando Negrete ha señalado acertadamente que, de conservarse la política recaudatoria en materia de espectro radioeléctrico, “se construirá un sistema de represión digital único en la historia, que impactará negativamente en lo más profundo de nuestra democracia y economía. Esta no es la batalla por el precio del espectro, es la batalla por una nueva sociedad y sus derechos digitales”.^[4]

Yo creo, en el mismo sentido, que de conservarse la política recaudatoria en materia de espectro radioeléctrico, en México le daremos un nuevo significado a las siglas NGN: “Nadie Gana Nada” y “todos ponen”, como en el juego de la pirinola. En fin…

Una ciencia es tanto más útil cuanto más universalmente pueden comprenderse sus producciones; y, al contrario, lo serán menos en la medida en que éstas sean menos comunicables.

Leonardo Da Vinci

El pasado 8 de septiembre, Paola Ivanova, joven mexicana de 28 años, resultó ganadora del segundo concurso “Space4Youth” con un ensayo acerca de cómo la tecnología espacial puede ayudar en la conservación de la biodiversidad en México.

El concurso fue convocado por la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA) y el Consejo Asesor de Space Generation (SGAC) y participaron alrededor de 400 jóvenes de 70 países.

La directora de UNOOSA, Simonetta Di Pippo, comentó que “a través de la competencia Space4Youth, UNOOSA está aprovechando el potencial de los jóvenes de todo el mundo para recopilar ideas sobre cómo aprovechar las oportunidades que brinda el espacio para abordar lo que el Secretario General de las Naciones Unidas llamó ‘el desafío definitivo de nuestra tiempo´: cambio climático”.^[1]

Poco se entiende en México acerca de la importancia de la investigación científica, mucho menos de la investigación científica en materia espacial. De ello ha sido víctima en las redes sociales el Secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, quien en su cuenta de Twitter publicó: “Firmamos compromiso con Argentina para crear la Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe (ALCE). Gratitud a Felipe Solá y al gobierno de Alberto Fernández, así como a todos los miembros de la CELAC. Construimos el futuro hoy desarrollando tecnología propia. ¡Buena noticia!”^[2]

Las reacciones no se hicieron esperar. Al tweet del Secretario le siguieron innumerables burlas y chistes, muchos con fondo político, pero la mayoría denotando un profundo desconocimiento acerca de la relevancia de la investigación espacial y el desarrollo tecnológico que se genera a su alrededor.

En agosto pasado, en este mismo espacio, mencioné la impresionante constelación de cerca de 42 mil satélites de órbita baja que la empresa SpaceX, de Elon Musk, tiene planeado poner en operación. A la fecha han sido puestos en órbita un total de 775 satélites, lo que le permitirá a SpaceX proveer conexiones de Internet con velocidad de hasta 1 gigabit, con 20 ms de latencia y cobertura en la totalidad de la superficie habitada de la tierra.

El impacto positivo que tendrá la constelación satelital de SpaceX en el esfuerzo de llevar conectividad a todos los habitantes del planeta es innegable, como innegable es que el desarrollo tecnológico es un producto natural de la investigación científica: sin investigación científica, no hay desarrollo tecnológico.

En México existen alrededor de 27 instituciones que conforman el Sistema de Centros Públicos de Investigación del Conacyt, la mayoría de ellos dentro de centros de educación superior. La vinculación entre los centros de investigación y las industrias productivas es realmente baja y se requiere de un enorme esfuerzo para conectar la investigación científica con la planta productiva por medio del desarrollo tecnológico.

Desafortunadamente, las señales que son enviadas constantemente por el gobierno mexicano son contradictorias y, en su mayoría, desalentadoras cuando se trata de ciencia y desarrollo tecnológico.

La semana pasada fuimos testigos de la desaparición de diversos fideicomisos, entre los que se encontraban varios dedicados al apoyo de la investigación científica en México, al tiempo en que nuestro Secretario de Relaciones Exteriores anunciaba el acuerdo firmado con Argentina para impulsar la creación de la Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe.

El investigador y profesor Maximino Aldana ha señalado que “(s)on muchos los problemas que enfrentan los científicos mexicanos para hacer ciencia. Sin embargo, estos problemas se pueden agrupar en dos grandes categorías que son las principales problemáticas para el desarrollo científico en México: la falta de inversión en ciencia y la inexistencia de una cultura científica”.^[3]

Hemos mencionado en múltiples ocasiones la total ausencia de políticas públicas en materia de conectividad y transformación digital. También hemos dicho que dichas políticas deben contemplar, entre otras cosas, la apropiación tecnológica necesaria para seguir formando capital humano capaz de generar desarrollo tecnológico.

El caso de la joven mexicana Paola Ivanova es tan sólo un ejemplo de entre los miles que existen a lo largo y ancho del país. Tenemos capital humano joven y entusiasta; necesitamos que nuestros jóvenes talentosos encuentren su lugar en México, no en el extranjero. Más aún, necesitamos formar año con año los nuevos talentos, fomentar su interés por la ciencia y potenciar su interés por desarrollar tecnología de impacto social.

Sin embargo, estamos en medio de un desafortunado escenario. Y es muy desafortunado para un país como México que tiene un capital humano de primera, la mayor cantidad de tratados de libre comercio y una posición geopolítica envidiable.

Por ello, es indispensable insistir que la ciencia y la tecnología son un pilar fundamental y que la transformación digital tiene que acompañarse de la investigación científica para generar desarrollo. De no suceder así, en la nueva economía digital corremos el riesgo de convertirnos, de nuevo, en mano de obra barata, pero ahora, tal vez, bajo una nueva denominación: “neurona de obra barata”. En fin…

De acuerdo con el documento Efectos y Alternativas de la Iniciativa de Reforma a la Ley Federal de Derechos para 2021 en Materia de Espectro Radioeléctrico,^[1] análisis que el regulador mexicano, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), envió al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Hacienda el pasado 1 de octubre, el espectro radioeléctrico en México tiene en promedio un costo 60 por ciento superior a la mediana internacional.

El IFT señala que México requeriría una inversión cercana a los 14 mil millones de dólares de inversión en infraestructura para poder ofrecer acceso universal de Internet a su población, siendo las tecnologías inalámbricas móviles las que han alcanzado mayor penetración, pues 77 de cada 100 suscriptores móviles cuentan con el acceso a Internet. Sin embargo, aún existen 55 mil 805 localidades sin acceso a Internet móvil, que representan cerca de 5.6 millones de habitantes sin cobertura.

Este documento es la reacción del IFT ante la propuesta de modificación a la Ley Federal de Derechos (LFD) que el pasado 8 de septiembre envió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2021.

En junio de 2020, el IFT envió a la SHCP una propuesta de modificación a la LFD para ajustar a la baja el pago que por concepto de derechos se paga en México por el uso del espectro radioeléctrico, acorde con las mejores prácticas internacionales, acompañada de una propuesta de acreditamiento de las inversiones en infraestructura que realicen los concesionarios mexicanos para llevar servicios móviles a poblaciones sin cobertura, contra el pago de los derechos de las bandas de frecuencias correspondientes.

De llevarse a cabo, la propuesta de IFT incentivaría sustancialmente las inversiones que tanta falta hacen para disminuir la brecha de conectividad en el país. Sin embargo, la SHCP no sólo no escuchó al IFT, como ya es costumbre en este gobierno, sino que propuso alzas significativas en el pago de los derechos que colocarían a México casi 70 por ciento arriba de la media internacional.

Lo peor de todo es que, de acuerdo con el IFT, la SHCP propuso valores 186 por ciento superiores a los propuestos por el IFT para bandas que hoy no están contempladas en la LFD: la banda de 600 MHz, la banda L y la banda de 3.3 a 3.6 GHz, propicias para el despliegue de los nuevos servicios 5G.

El artículo primero de la LFD define los derechos como aquellos que deberán pagarse por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, además de otros conceptos, como la prestación de servicios del Estado y las contribuciones a cargos de organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

Dado que el espectro radioeléctrico está definido como un bien de dominio público en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), está sujeto a los pagos de derechos que se establezcan en la LFD.

Hace notar el IFT que “entre los efectos ostensibles del alto costo del espectro en México fueron las renuncias del espectro concesionado en México (sic) presentadas en 2019, tanto por Telefónica, quien devolvió todo el espectro IMT que tenía asignado en México (sic) con efectos entre 2019 y 2022 y cuyo impacto solo por concepto de recaudación de derechos está estimado en 4,500 millones de pesos anuales a partir de junio de 2022”.

Como lo señalé en este espacio el 15 de septiembre pasado,^[2] el incremento propuesto por la SHCP tendrá un impacto directo sobre los costos de la provisión de los servicios inalámbricos fijos y móviles, cuyo efecto se traducirá en una barrera para el desarrollo y despliegue de las redes 5G en México.

En ese mismo sentido, el IFT señala en el documento enviado al Congreso de la Unión y a la SHCP que la propuesta de incrementos a los derechos por el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico tendría impactos negativos para la conectividad y el bienestar de la población, desincentivaría las inversiones y la participación en futuros procesos licitatorios, incrementaría la posición asimétrica del Agente Económico Preponderante, además de que no se garantizaría que el Estado reciba mayores ingresos derivado de la falta de interés en nuevas licitaciones de espectro radioeléctrico.

Sin conectividad de banda ancha de alcance universal, la transformación urgente hacia la economía digital se verá seriamente ralentizada, con consecuencias desastrosas para las industrias y los trabajadores mexicanos, poniéndolos en franca desventaja frente a las industrias globales que ahora no son exclusivas de las grandes potencias económicas.

La globalización económica, social y cultural está en marcha desde hace siglos, pero en estos momentos “nos acercamos a la disrupción tecnológica más rápida, profunda y trascendental de la historia”^[3] de la humanidad. Sin conectividad eficiente y suficiente, quedaremos relegados en la historia.

Teníamos la esperanza de que el regulador mexicano tomara el liderazgo y, en esta ocasión, no nos ha fallado. ¡Bien por el IFT!

^[1] Consultado el 5 de octubre de 2020 en: http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/espectro-radioelectrico/efectosyalternativasdelainiciativadereformaalaleyfederaldederechospara2021enmateriadeespectroradioel_0.pdf.

^[2] José Luis Peralta. “Señales contradictorias del gobierno mexicano”. Publicado en: https://dplnews.com/senales-contradictorias-del-gobierno-mexicano/ el 15 de septiembre de 2020.

^[3] Tony Seba y James Arbib. “We are approaching the fastest, deepest, most consequential technological disruption in history”. Publicado en: https://www.fastcompany.com/90559711/we-are-approaching-the-fastest-deepest-most-consequential-technological-disruption-in-history el 5 de octubre de 2020.

Tesla celebró su reunión anual de accionistas 2020 y el tan esperado Battery Day el pasado 22 de septiembre. El evento lo encabezó Elon Musk, CEO de la compañía, y en el se anunciaron importantes hitos que ya están sucediendo y que impactarán de manera muy significativa a la forma en que la sociedad produce sus bienes y a la rapidez con que la humanidad migrará hacia las energías renovables.

Durante su presentación, Musk señaló que “…vale la pena observar el ciclo de vida promedio de las emisiones en los EE. UU. Y cuánto mejor es un Tesla o un automóvil eléctrico que cualquier tipo de automóvil de gasolina, y de lo que hablaremos en el Battery Day también es de cuánto las redes [eléctricas] en todo el mundo, y de hecho especialmente en los Estados Unidos, se están volviendo más verdes. En realidad, es mucho más rápido de lo que creo que la gente se da cuenta, que Estados Unidos se está moviendo hacia la energía sostenible. Y así, a medida que avanzamos cada vez más hacia la energía sostenible, efectivamente terminas construyendo las fábricas solares y las fábricas de automóviles con energía solar o con energía sostenible. Con el tiempo, incluso se hará minería con energía sostenible y, finalmente, llegará a emisiones efectivas de cero, de modo que ahí es donde acabarán las cosas.”^[1]

Uno de los temas principales, por supuesto, fue el notorio avance que Tesla ha tenido en la innovación tecnológica de fabricación de sus baterías, con el rediseño de sus celdas que retendrán cinco veces más energía y generarán seis veces más potencia, aumentando el rango de autonomía de sus vehículos hasta en un 54%, con una disminución del precio por kWh de alrededor de 56%.

Durante la presentación anual de accionistas se puso mucho énfasis en los cambios en los métodos de producción, no sólo de las baterías, sino de toda la línea de ensamblaje, haciéndola mucho más barata, más eficiente y eficaz y mucho más amigable con el medio ambiente, poniendo en el centro de todo la dependencia cada vez mayor en energías renovables, como la solar, y en el almacenamiento de energía eléctrica que se requerirá en el futuro próximo para cumplir el objetivo de cero emisiones en todas sus unidades productivas.

Relato tan sólo una parte de lo sucedido en la reunión anual de accionistas de Tesla, la cual recomiendo ampliamente ver, así como también escuchar a los múltiples analistas que han opinado desde distintas especialidades lo que ahí se anunció. Y creo que es importante que todos podamos entender lo que está sucediendo en cuanto a los avances tecnológicos en materia de almacenamiento de energía eléctrica, ya que “la energía eléctrica [es] un insumo básico e indispensable para asegurar la asequibilidad, seguridad y fiabilidad que requiere el ecosistema de la nueva economía digital.”^[2]

Pero aparte de la relación directa que existe entre el crecimiento del ecosistema digital y la demanda de energía eléctrica, sobre la cual escribí el pasado 8 de septiembre en este mismo espacio, es importante llamar la atención a lo que está sucediendo en la producción de bienes de consumo de alto contenido tecnológico. La automatización de las líneas de producción por medio de robots multifuncionales y la aplicación de inteligencia artificial en todos los subprocesos de las cadenas de ensamble están haciendo a las fabricas más pequeñas, más ecológicas y menos intensivas en mano de obra.

El propio Elon Musk ha mencionado que en el futuro próximo, las plantas productivas también serán construidas por robots, permitiendo una gran flexibilidad y capacidad de respuesta a los fabricantes, para llevar los productos lo más cerca posible de los lugares de consumo final.

Y ese futuro ya lo empezamos a observar hoy en día en las Giga Fábricas de Tesla. Giga Shangai, de Tesla, se construyó y entró en operación en tan sólo 15 meses, con una capacidad objetivo de producción de hasta un millón de vehículos por año.

Las capacidades que el mercado laboral de las industrias productivas demandará mañana no serán destreza manual ni fuerza física. Requerirán un alto contenido de trabajo neuronal consciente. Sí, parece frase de broma, pero no lo es.

Los obreros de las fábricas de mañana serán los responsables de vigilar el trabajo de los robots, corregir sus fallas, afinar sus actividades, reparar sus desperfectos y lograr que tengan la eficiencia y eficacia para lo cual fueron diseñados.

Es muy preocupante que, por ejemplo, muchos de los lectores de este espacio (incluyendo al escritor, por supuesto) no tengan las habilidades mínimas de programación para automatizar algunas de sus actividades cotidianas en su computadora portátil. Imaginen pues lo lejos que hoy en día está un obrero de poder trabajar en las fábricas del mañana.

Lo he mencionado en múltiples ocasiones en este espacio, la políticas públicas se nos han quedado muy cortas, en alcances y visión. La economía digital no sólo requiere de conectividad y acceso asequible a internet, que es indispensable por supuesto; requiere de la apropiación tecnológica, por medio de un proceso de enseñanza necesariamente acelerado, que brinden a la sociedad todo un kit de herramientas para poder sobrevivir a los avances tecnológicos.

Necesitamos aprender el lenguaje de las máquinas, los lenguajes y la lógica de programación; y necesitamos que nuestro capital humano se prepare para las fábricas del mañana.

Sí, con mañana me refiero a mañana, 30 de septiembre del 2020. !Ojalá que los gobiernos de Latinoamérica lo entiendan, y pronto!

^[1] https://www.rev.com/blog/transcripts/tesla-2020-battery-day-transcript-september-22

^[2] José Luis Peralta. “Energía y Telecomunicaciones”. 8 de septiembre de 2020, en https://dplnews.com/energia-y-telecomunicaciones/.

En el transcurso de la semana pasada nos enteramos de que Salma Jalife, ex Subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones (SCT), había renunciado.

No era para menos. Como parte del plan de austeridad del gobierno mexicano, el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, tomó la decisión de eliminar diversas Subsecretarías de la estructura administrativa del Gobierno Federal. Una de ellas fue la Subsecretaría que encabezaba la ingeniera Jalife, pasando sus funciones a una unidad administrativa de menor rango dentro de la Subsecretaría de Transporte de la misma SCT.

Como ya lo hemos comentado en distintas ocasiones en este espacio, México no ha sido capaz de establecer una política de transformación digital, siendo la Subsecretaría de Comunicaciones recién borrada del mapa del Gobierno Federal la unidad funcional más apta para establecerla.

Sin embargo, el estilo de funcionar del gobierno en el presente sexenio se ha caracterizado por una concentración en la toma de decisiones de toda índole en la Oficina de la Presidencia, dejando poca libertad de acción a los funcionarios de alto nivel del Ejecutivo Federal.

Salma, al igual que muchos Subsecretarios y Secretarios del gobierno, tenían desde que tomaron su encargo pocas posibilidades de influir en la toma de decisiones de la política pública nacional. La desaparición de la Subsecretaría que encabezaba fue sólo la materialización en el papel de lo que ya venía sucediendo en el accionar cotidiano del gobierno. Lo razonable, en efecto, era renunciar ya. Señales negativas.

Pero la semana pasada conocimos un par de elementos adicionales relacionados con la política pública de conectividad, ambos reflejados en el Paquete Económico 2021 que se entregó tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la República el 8 de septiembre.

Un aumento sustancial en el presupuesto asignado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para su proyecto “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos” y una propuesta de modificación a la Ley Federal de Derechos, que plantea una actualización de las cuotas que por concepto de derechos y aprovechamientos los operadores móviles pagan al gobierno para explotar determinadas bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico.

En el primer caso, la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos recibirá un incremento presupuestal sustancial, cercano a 81 por ciento, que representa alrededor de 1,900 millones de pesos que deberá ejercer durante el próximo año.

Con dichos recursos la CFE deberá iniciar la conformación de una red pública de telecomunicaciones con cobertura nacional, maximizando, según está planteado, el uso y optimización de la red de fibra óptica que se tiene instalada para promover y facilitar el desarrollo social y económico de la población mediante la prestación de servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro.

Digamos que se trata de relanzar la apuesta por contar con una Red Troncal de alta capacidad que se caracterice por tener mayor capilaridad para facilitar la conectividad a Internet en las zonas más desatendidas del país. Es, por lo tanto, reiniciar el proyecto de la Red Troncal que a principios de 2019 el propio gobierno canceló.

La diferencia de aquel proyecto cancelado y los actuales planes del gobierno a través de la CFE, reside fundamentalmente en que ahora será el gobierno quien inyecte la totalidad de los recursos para la construcción de la tan esperada Red Troncal de alta capacidad.

Sin embargo, 1,900 millones de pesos son a todas luces insuficientes. Para la Red Troncal, en 2018 se estimaban inversiones que iban entre los 600 y los mil millones de dólares, es decir, casi 12 veces más. Aún así, al menos existirán recursos para iniciar; ojalá que en efecto se utilicen y veamos resultados para finales de 2021. Señal ligeramente positiva.

En cuanto a la propuesta de modificación a la Ley Federal de Derechos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) plantea aumentar la recaudación fiscal a través del incremento de las cuotas que pagan los operadores móviles mexicanos por utilizar diversas bandas del espectro radioeléctrico: 614 a 698 MHz, 814 a 824 MHz, 824 a 849 MHz, 859 a 869 MHz, 869 a 894 MHz y 1,427 a 1,518 MHz.

Esto es contratante con lo que Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, aseveró hace un par de semanas, ya que mencionó, en entrevista con Alejandro González, columnista de este espacio digital, que “en los últimos meses el regulador había trabajado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para convencerla de reducir el pago anual de derechos a cambio de otras acciones”.^[1]

Es un hecho irrefutable que el incremento propuesto por la SHCP tendrá un impacto directo sobre los costos de la provisión de los servicios inalámbricos fijos y móviles, cuyo efecto se traducirá en una barrera para el desarrollo y despliegue de las redes 5G.

En México, la discusión sobre el elevado costo del espectro radioeléctrico no es nueva. Se ha insistido recurrentemente que la política de mantener una política recaudatoria respecto de la utilización de las frecuencias utilizadas para brindar servicios de telecomunicaciones es contraria a los objetivos de mayor penetración de la conectividad. Sin embargo, el gobierno ha sido claro, una vez más, que es más importante recaudar hoy aún cuando resulte contraproducente en el futuro.

Ya tenemos un antecedente profundamente negativo como consecuencia de la política recaudatoria del Gobierno Federal: en noviembre de 2019 Telefónica México tomó la decisión de desinvertir, devolviendo su espectro en las bandas de 800 MHz y 1.9 GHz, así como la devolución completa de sus frecuencias en la banda de 2.5 GHz. Señales negativas.

Y así, entre señales negativas constantes y alguna señal ligeramente positiva, en México vemos ya muy lejana la posibilidad de que el Gobierno Federal esboce, cuando menos, un primer borrador de política de transformación digital. Nos quedamos con la esperanza de que el regulador mexicano tome el liderazgo y avance, de la mano de la industria, en el diseño de una agenda clara acorde con los retos que la economía digital supone. Ojalá que así suceda.

^[1] Alejandro González. “No más frecuencias caras: IFT propone acreditar inversiones a cambio de pago de derechos de espectro”. 4 de septiembre de 2020, disponible en: https://dplnews.com/no-mas-frecuencias-caras-ift-propone-acreditar-inversiones-a-cambio-de-pago-de-derechos-de-espectro/.

El aprovisionamiento seguro y eficiente de energía eléctrica es fundamental para el desarrollo de las economías digitales. Por supuesto, es crítico asegurar el abasto de energía ante contingencias naturales, como es el caso de tormentas y huracanes, los cuales destruyen las redes eléctricas y las redes de telecomunicaciones que les dan servicio. Sin embargo, no es el único interés que tienen los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones para crear infraestructuras de energía eléctrica estable y confiable.

Se estima que Internet consume hasta 2 por ciento del suministro energético mundial. El crecimiento en el uso de servicios digitales está dando como resultado un mayor consumo de energía eléctrica. Por lo tanto, minimizar el consumo de energía de Internet es fundamental para reducir el impacto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el medio ambiente.

A nivel mundial, los usuarios y las organizaciones interactuamos con Internet a través de una gran variedad de servicios digitales, como redes sociales, editores de documentos en línea, almacenamiento de fotos y mucho más.

Dado que las TIC son una parte esencial para cualquier organización moderna, existe una fuerte tendencia para medir la huella de carbono que los servicios digitales utilizados por las organizaciones liberan hacia el medio ambiente. Cuantificar la cantidad de CO2 que las industrias digitales emiten anualmente no es, desde luego, una tarea fácil.

Ante esta necesidad, en marzo de 2011 el Ministerio de Tecnología de Victoria, Australia, en conjunto con la Universidad de Melbourne, Bell Labs y Alcatel-Lucent, fundaron el Centro para Telecomunicaciones Energéticamente Eficientes (Centre for Energy-Efficient Telecommunications, CEET por sus siglas en inglés). 

El Centro estuvo en operaciones desde 2011 hasta 2016 en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Melbourne. Además de proporcionar fondos para apoyar la investigación, el Centro también proporcionó conexiones entre investigadores de la universidad con investigadores de la industria en Bell Labs de todo el mundo.

En su reporte 2013-2015,^[1] el CEET menciona que sus investigadores construyeron algunos de los primeros modelos integrales para el consumo de energía de Internet. Estos modelos pronostican que Internet se convertiría en un importante consumidor de energía eléctrica, a menos que se tomaran medidas para mejorar la eficiencia energética de los equipos y la redes de telecomunicaciones que los sustentan.

Según el CEET, “se estima que el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) abarcará entre 50-200 mil millones de dispositivos conectados para finales de 2020. El IoT se puede describir simplemente como la conexión de sensores, actuadores, dispositivos integrados y elementos físicos cotidianos (tostadoras, bandejas para huevos, collares para perros) a instalaciones de procesamiento de datos a través de redes de comunicación (es decir, Internet) que brindan servicios en beneficio de los usuarios. 

“Se espera que la mayoría de estos dispositivos se conectarán de forma inalámbrica mediante protocolos de comunicación como ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi y 433 MHz.”

El CEET menciona que las redes actuales se han diseñado para hacer frente a los usuarios que envían volúmenes modestos de tráfico en sentido ascendente a la red y reciben volúmenes mucho mayores de tráfico en sentido descendente, normalmente desde centros de datos. 

El IoT cambia esta situación porque implica muchos miles de millones de sensores que envían ráfagas de datos frecuentes, pero individualmente diminutas, en sentido ascendente a la red. 

Este cambio significa que será necesario repensar cómo se transporta ese tráfico hacia y a través de las redes de manera energéticamente eficiente y sostenible.

El crecimiento acelerado de dispositivos conectados a Internet producirá un incremento exponencial en el tráfico de datos, incluido un mayor tráfico de señalización y control y, por ende, mayor consumo de energía. 

Un cálculo preliminar realizado por el CEET estima un consumo de alrededor de 100 TWh al año, sólo considerando IoT, produciendo una huella de carbono equivalente a la generada por 14 millones de automóviles y 18 centrales eléctricas de carbón.

De acuerdo con un documento publicado en el portal de The Breakthrough Institute,^[2] “un iPhone promedio consumió más energía el año pasado [2012] que un refrigerador de tamaño mediano”. 

Según el documento, un refrigerador de la lista de clasificación Energy Star de la Agencia de Protección Ambiental usa alrededor de 322 kWh por año. En contraste, el iPhone promedio usó 361 kWh de electricidad cuando suma sus conexiones inalámbricas, uso de datos y carga de batería.

En el mismo sentido, en un reporte titulado The Cloud Begins With Coal: Big Data, Big Networks, Big Infrastructure, and Big Power, Mark Mills, CEO de Digital Power Group, estimó que el ecosistema global de las TIC se acercaba, en agosto de 2013, a 10 por ciento de la generación de energía eléctrica mundial. 

Según sus cálculos, la nube utilizaba alrededor de 1.500 TWh de electricidad al año, que equivalía a la generación eléctrica combinada de Japón y Alemania. 

Actualmente, el tráfico de Internet por hora está a punto de superar el tráfico anual de Internet de 2000, y quiero suponer que el consumo energético de las TIC se ha incrementado de forma dramática.

Para dar al lector una idea del impacto de las TIC en el consumo energético, reproduzco el siguiente comparativo: “un pie cuadrado medio de un centro de datos [en la nube] utiliza de 100 a 200 veces más electricidad que un pie cuadrado de un edificio de oficinas moderno. Dicho de otra manera, una pequeña sala de datos de unos pocos miles de pies cuadrados consume más electricidad que la iluminación de un centro comercial de 100 mil pies cuadrados”.^[3]

Al consumo energético creciente de los centros de datos habrá que sumarse el proveniente de las redes de telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas que se utiliza para acceder a los servicios en la nube y, en general, al de todo el ecosistema de conectividad que requiere la economía digital.

Pero lo más preocupante, desde mi punto de vista, es que, según Mills, el carbón ha sido y se prevé que seguirá siendo la fuente dominante de suministro eléctrico mundial. “El predominio del carbón surge de la importancia de mantener bajos los costos al tiempo que se proporcionan cantidades cada vez mayores de energía a las economías en crecimiento y (…) de la ausencia de alternativas rentables a las escalas que el mundo necesita.”

Desde luego, posterior a la publicación de Mills, en diciembre de 2015, se firmó el Acuerdo de París, un acuerdo histórico para combatir el cambio climático y acelerar las acciones para asegurar un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono, que apunta a disminuir la utilización de combustibles fósiles en todas las actividades productivas e incrementar la proporción de energía eléctrica producida por medio de fuentes de energía renovables.

El consumo energético sustentable de las tecnologías digitales debe ser un factor de gran importancia en el diseño de las políticas públicas de transformación digital, al ser la energía eléctrica un insumo básico e indispensable para asegurar la asequibilidad, seguridad y fiabilidad que requiere el ecosistema de la nueva economía digital.

A la par de la implementación tecnológica que requiere la transformación digital, deben de modernizarse las redes generadoras de energía eléctrica y hacer más eficiente su transporte hacia los puntos de consumo. De lo contrario, los servicios digitales, además de aumentar sus efectos nocivos hacia el medio ambiente, terminarán incrementando sus costos a expensas de los consumidores, aumentando así la preocupante brecha digital.

En este mismo espacio he publicado diversos artículos respecto de la preocupante omisión del gobierno mexicano de establecer una política de Transformación Digital Nacional y de cómo sus acciones apuntan hacia un retroceso en el esfuerzo por disminuir la brecha digital.

El pasado 10 de agosto, por medio de un escueto comunicado, se dio a conocer la decisión de desaparecer la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la estructura orgánica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). En su comunicado, la SCT señala que “como parte de una restructuración administrativa, lo que en su momento desaparecerá es la plaza de subsecretario de Comunicaciones, no sus funciones, ya que éstas son facultad de la SCT en la definición de política pública en materia de telecomunicaciones.”^[1]

Lo que más me ha sorprendido del asunto es que la noticia no causara mayor revuelo en los medios de comunicación y en las redes sociales y la prácticamente nula reacción del sector de las telecomunicaciones nacionales al respecto. Esto quizá refleje el hecho de que en la práctica la Subsecretaría que encabezaba (¿o aún encabeza?)^[2] Salma Jalife contaba ya con muy poco margen de maniobra desde el inicio de su gestión a finales de 2018, al ser notoriamente excluida de decisiones tales como la creación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, empresa con la cual el gobierno pretende lograr la conectividad de todo el país.

Personalmente, conozco a la maestra Salma Jalife. Trabajé con ella en la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y fuimos compañeros en el Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Me consta el conocimiento profundo que tiene del sector de las telecomunicaciones mexicanas y su reconocida reputación en el ámbito internacional, al haber representado a México en muy diversos foros internacionales en la materia.

Por ello, sostengo que la ausencia total de políticas públicas en materia de transformación digital es responsabilidad directa de la Oficina de la Presidencia y, de manera directa, del propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien, al parecer, no ha escuchado, o no ha querido escuchar, a su gabinete de primer y segundo nivel (Secretarios y Subsecretarios). Este es el caso de Salma Jalife, una excelente profesional nombrada en el puesto indicado, pero ignorada por completo dentro de la Administración Pública Federal. 

Es lamentable que, además, en pro de una mal entendida austeridad, se borre de un plumazo una Subsecretaría que debió de haber encabezado el esfuerzo de creación y puesta en marcha de la política de Transformación Digital Nacional.

Como lo sostuve en este mismo espacio, el IFT es la única esperanza que nos queda en México; tiene las atribuciones y la autonomía suficientes para encabezar la construcción de la estrategia de transformación digital que México urgentemente necesita.^[3]

De igual forma, he señalado que, “al igual que con la primera revolución industrial, la transformación digital tiene el potencial de generar desempleo y malestar social si no nos preparamos como sociedad. Urge que la apropiación de tecnologías digitales sea una prioridad en todos los niveles de gobierno”.^[4]

Tecnologías disruptivas como la Automatización Robótica de Procesos (RPA, por sus siglas en inglés) se están implementando alrededor del mundo. Estar capacitados para utilizarlas y adaptarlas a cada una de las actividades productivas de un país es esencial para asegurar su competitividad internacional y el bienestar de su población.

Un hecho reciente que ejemplifica el avance acelerado de las tecnologías digitales disruptivas en el mundo es el anuncio que OpenAI^[5] hizo el 11 de junio: la liberación de la API (del inglés Application Programming Interface) de su último modelo de lenguaje, GPT-3, para acceder a nuevos modelos de Inteligencia Artificial (IA) desarrollados por dicha compañía. 

De acuerdo con OpenAI, su misión es “asegurar que la Inteligencia Artificial General (AIG), con lo que nos referimos a sistemas altamente autónomos que superan a los humanos en el trabajo más económicamente valioso, beneficie a toda la humanidad. Intentaremos construir directamente una AGI segura y beneficiosa, pero también consideraremos cumplida nuestra misión si nuestro trabajo ayuda a otros a lograr este resultado”.^[6]

GPT-3 es un modelo de lenguaje capaz de generar contenido con tan sólo darle órdenes en inglés y de forma comprensible por cualquiera. “OpenAI alimentó a GPT-3 con todos los libros públicos que se hayan escrito y estén disponibles, toda la Wikipedia y millones de páginas web y documentos científicos disponibles en Internet. Esencialmente, ha absorbido todo el conocimiento humano más relevante que hemos publicado en la red.”^[7]

Gracias a la capacidad de procesar gran cantidad de información, GPT-3 ha llegado más lejos que cualquier otro modelo de IA existente hasta la fecha. Basándose en hasta 175 mil millones de parámetros, el algoritmo decide la sucesión de palabras para recrear una conversación, redactar escritos especializados e incluso escribir líneas de código de programación. El modelo utiliza 48 GPUs^[8] de 16 GB cada una.

Las tecnologías digitales están evolucionando de forma asombrosa, aumentando de forma drástica el riesgo de incrementar la brecha digital, con resultados devastadores para los sectores sociales más desprotegidos. Mientras esto sucede, en México decidimos desaparecer justo la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico en pos de una “austeridad republicana” mal entendida y, por lo tanto, pésimamente ejecutada.

Sí, la Inteligencia Artificial es un riesgo en México, mientras no entendamos que necesitamos urgentemente una política de Transformación Digital Nacional.

El pasado viernes 7 de agosto en la madrugada, SpaceX realizó lo que sería el décimo lanzamiento de su constelación de satélites de órbita baja Starlink. Con este lanzamiento, de 57 satélites, SpaceX ha logrado poner en órbita un total de 535 satélites de un total de 11,943 que le fueron autorizados por la Federal Communications Commission (FCC) en marzo^[1] y noviembre de 2018.^[2]

Las autorizaciones de la FCC contemplan el despliegue de una constelación de 4,425 satélites de órbita baja, a una altitud de 550 Km, que operarán en las bandas Ku (11/14 GHz) y Ka (20/30 GHz) y 7,518 satélites de órbita baja adicionales (1,125 Km) que operarán en la banda V (37.5-42.0/47.2-50.2 GHz). Entre ambas constelaciones se proveerán conexiones de Internet con velocidad de hasta 1 gigabit, con 20 ms de latencia, similar a aquella observada en los sistemas terrestres de transmisión de fibra óptica.

En mayo de 2019, cuando se realizó el lanzamiento de los primeros satélites de la constelación Starlink, Elon Musk mencionó en su cuenta de Twitter “La misión Starlink será la carga útil más pesada de @SpaceX, de 18.5 toneladas. Si todo va bien, cada lanzamiento de 60 satélites generará más energía que la Estación Espacial y entregará 1 terabit de ancho de banda a la Tierra.”^[3]

Según la publicación spacenews.com, la constelación satelital Starlink será la más grande del mundo: “SpaceX está construyendo y lanzando hasta 12,000 satélites Starlink y ha presentado la documentación reglamentaria ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas para otros 30,000 satélites.”^[4]

Tan sólo hace unos días se dio a conocer que Amazon también acaba de obtener la autorización por parte de la FCC para desplegar una constelación de 3,236 satélites de órbita baja (590 km, 610 km y 630 km) para brindar servicios de banda ancha fija en las bandas de frecuencias de 17 GHz, 18 GHz, 19-20 GHz, 27-28 GHz, 28-29 GHz y hasta 30 GHz.

Estas dos constelaciones satelitales se unen a las constelaciones de satélites de órbita baja de OneWeb (1,980 satélites) y Telesat (de apenas 300 satélites) que ofrecen llevar servicios de banda ancha fija vía satélite hacia áreas semi urbanas y rurales, típicamente con cobertura deficiente por parte de las redes de telecomunicaciones terrestres.

A partir de 2015, cuando SpaceX y OneWeb dieron a conocer su planes de despliegue de constelaciones satelitales para la provisión de servicios de gran ancho de banda hacia estaciones terrenas, la industria de tecnología espacial ha prestado mucho mayor atención hacia este tipo de sistemas de telecomunicaciones, sobre todo por los pronósticos negativos en cuanto a su rentabilidad y por la gran apuesta que el propio Elon Musk ha hecho en este sector.

Musk, reconocido por su sagacidad para atraer grandes inversiones, ha logrado superar mitos en los sectores del transporte y de las energías renovables, así como en el sector aeroespacial con el éxito de sus cohetes lanzadores Falcon 9 y su reciente misión de llevar a bordo de la nave Dragon a los primeros astronautas de la NASA, en un vehículo desarrollado y operado por una empresa de capital totalmente privado.

No es de dudar entonces que SpaceX logre el éxito comercial con el proyecto satelital Starlink que parece, a todas luces, muy ambicioso. Colocar cerca de 42,000 satélites de comunicación de órbita baja es algo que hasta hace poco parecía una utopía, pero con el éxito de los 10 lanzamientos que han colocado en órbita 535 satélites en poco más de un año, la utopía se ha vuelto una realidad palpable.

En cuanto a las terminales de usuario en tierra, Elon Musk mencionó en su cuenta de Twitter:

“Parece un OVNI delgado, plano y redondo en un palo. Starlink Terminal tiene motores para autoajustar el ángulo óptimo para ver el cielo. Las instrucciones son simplemente:

   – Enchufe en el enchufe.

   – Apunta al cielo.

Estas instrucciones funcionan en cualquier orden. No se requiere entrenamiento.”^[5]

El precio de las terminales aún no se conoce con precisión, pero algunos analistas aseguran que rondarán los 200 dólares, precio sumamente accesible para una terminal satelital de las características señaladas.

Es innegable el impacto positivo que tendrá la constelación satelital Starlink en el esfuerzo de llevar conectividad a todos los habitantes del planeta. De hecho, se antoja razonable que este tipo de sistemas complementen no sólo la cobertura de las redes terrestres fijas y móviles, sino que sirvan y ayuden al despliegue de redes 5G, sirviendo como sustituto de enlaces de fibra óptica para conectar radiobases en lugares remotos.

No es claro aún si los operadores de redes terrestres de última milla deben empezar a preocuparse por el riesgo de un temerario competidor como lo es Elon Musk, o si se crearán sinergias positivas entre ambos tipos de infraestructuras, terrestres y espaciales. Lo que sí es un hecho es que, una vez más, Elon Musk nos ha hecho voltear hacia el cielo, al infinito y más allá…

^[1] FCC Authorizes SpaceX to Provide Broadband Satellite Services; FCC 28 de marzo de 2018. https://www.fcc.gov/document/fcc-authorizes-spacex-provide-broadband-satellite-services.

^[2] FCC BOOSTS SATELLITE BROADBAND CONNECTIVITY AND COMPETITION IN THE UNITED STATES; FCC 15 de noviembre de 2018. https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-355102A1.pdf

^[3] https://twitter.com/elonmusk/status/1128834111878193155?s=20, consultado el 7 de agosto de 2020.

^[4] https://spacenews.com/spacex-becomes-operator-of-worlds-largest-commercial-satellite-constellation-with-starlink-launch/, consultado el 7 de agosto de 2020.

^[5] https://twitter.com/elonmusk/status/1214548764054216704?s=20