El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una nueva orden ejecutiva enfocada en mejorar la ciberseguridad nacional, abordando las crecientes amenazas cibernéticas, especialmente las provenientes de la República Popular China.

La nueva orden, que se basa en la Orden Ejecutiva 14028 de 2021, busca fortalecer la defensa de la infraestructura digital y proteger los servicios críticos del país.

Subraya la necesidad de mejorar la ciberseguridad del país frente a campañas cibernéticas que interrumpen servicios críticos y cuestan miles de millones de dólares.

Se enfoca en la protección de la infraestructura digital, la seguridad de las comunicaciones federales y la gestión de identidades, así como en la promoción de tecnologías emergentes para la ciberseguridad.

Además, la orden establece medidas para garantizar la transparencia y la seguridad en las cadenas de suministro de software de terceros.

De acuerdo con la Casa Blanca, el gobierno federal debe adoptar prácticas seguras de adquisición de software y exigir a los proveedores que utilicen prácticas seguras también de desarrollo de software. Esto incluye la presentación de certificaciones y validación a la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura (CISA).

Asimismo, definió que el director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) tiene la tarea de recomendar un lenguaje contractual que requieran estas certificaciones dentro de los próximos 30 días. Esta medida busca reducir la cantidad y la gravedad de las vulnerabilidades en el software utilizado por el gobierno y la infraestructura crítica.

La orden también destaca la importancia de la colaboración con el sector privado para desarrollar soluciones innovadoras y mejorar la ciberseguridad en todos los departamentos y agencias ejecutivas.

A punto de concluir su mandato en Estados Unidos, el aún presidente Joe Biden se dirigió a la ciudadanía con una advertencia sobre los riesgos de una “oligarquía tecnológica industrial” que estaría formándose en el país con la inminente llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Si bien no mencionó a nadie en particular, el presidente de EE. UU. podría hacer alusión a los multimillonarios que se han alineado con Donald Trump para hacer mancuerna durante su gobierno.

Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Meta, y Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, son dos de los principales empresarios que han simpatizado con Trump en su proyecto de gobierno, e incluso estarán presentes en su toma de protesta.

Biden ha criticado en pasadas ocasiones las acciones de Meta en el manejo de la desinformación a través de sus plataformas digitales, como Instagram y Facebook. Y también ha cuestionado la moral de Elon Musk para abordar temas sensibles en el país, como la inmigración.

Incluso, su gobierno hace unos días demandó a Musk por fraude de valores en la compra de la red social Twitter, ahora conocida como X.

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Musk será el líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos en el gobierno de Trump. El multimillonario donó alrededor de 200 millones de dólares a la campaña del ahora presidente electo.

“Hay una concentración de poder peligrosa en las manos de muy poca gente ultra rica y hay consecuencias peligrosas si ese abuso de poder no se acota. Hoy se está tomando forma una oligarquía muy peligrosa en Estados Unidos”.

“Está claro que la tecnología de Estados Unidos es una fuente sin comparación de innovación que puede transformar la vida. Vemos los mismos peligros en la concentración de la tecnología, poder y riqueza”.

“Me inquieta mucho el posible surgimiento de un complejo tecnológico industrial que ponga en peligro a nuestro país. A los estadounidenses se nos está enterrando bajo una avalancha de desinformación que permite el abuso del poder”, alertó Biden en su mensaje de despedida.

“Estados Unidos debe liderar la IA”, dice Biden

Además de la “oligarquía tecnológica”, Joe Biden alertó sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial (IA) y la necesidad de que EE. UU. tome el liderazgo respecto al desarrollo de esta tecnología.

“La Inteligencia Artificial es la tecnología más trascendente de este momento, de toda la historia tal vez. Pero tiene posibilidades y riesgos para nuestra economía y seguridad, así como para nuestra sociedad y la humanidad”.

Biden reconoció que la IA puede generar enormes beneficios para la economía y la sociedad de Estados Unidos, mediante su adopción en sectores como la educación, la salud y las industrias.

Sin embargo, señaló que “debemos asegurarnos de que la Inteligencia Artificial sea segura y confiable para el bien de toda la humanidad. En la era de la Inteligencia Artificial, es más importante que nunca que gobierne la gente y que gobierne el pueblo”.

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El gobierno de Joe Biden emitió en estos últimos días una orden ejecutiva para impulsar la infraestructura de IA en el país. Sin embargo, en el desarrollo de esta tecnología se disputa una carrera con China, que también está promoviendo políticas favorables e incrementando la inversión en investigación y desarrollo.

Al respecto, Biden dijo que “Estados Unidos, y no China, debe encabezar al mundo en el desarrollo de la Inteligencia Artificial”.

Rosenworcel también se despide de la FCC

En paralelo al mensaje de despedida de Biden de la Casa Blanca, Jessica Rosenworcel, tuvo su última reunión como presidenta de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés).

Contrario al tono del demócrata, Rosenworcel se enfocó en destacar las acciones de la agencia para expandir la conectividad en el país, mejorar la asequibilidad de los servicios de banda ancha, acelerar la disponibilidad de espectro radioeléctrico y promover la innovación.

“Para permanecer a la vanguardia de la tecnología y por delante de los riesgos, recurrimos a las estrellas y nos volvimos creativos sobre cómo utilizar nuestros recursos de espectro disponibles”.

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“Desde la celebración de subastas de espectro récord para expandir el alcance de las redes 5G hasta el establecimiento de nuevos marcos regulatorios y de licencias, la apertura del espectro y la innovación en políticas de espectro para las comunicaciones basadas en el espacio, nos preparamos para las oportunidades y los desafíos que se avecinaban, e incluso ganamos un Emmy por nuestro trabajo innovador”, afirmó.

Estas son algunas de las acciones destacadas de la FCC al mando de Rosenworcel:

• Se creó una Oficina Espacial, encargada de las políticas para promover la economía espacial y de innovar en la disposición de espectro para la próxima generación de tecnologías inalámbricas.
• Espectro para 5G: la FCC licitó más espectro para 5G, especialmente en la banda de 3.5 GHz. También lanzó un programa de incentivos para que los licenciatarios dividan, desagreguen o alquilen espectro a pequeños operadores.
• Más espectro para dispositivos sin licencia: la Comisión amplió el acceso para dispositivos sin licencia a 1,200 MHz adicionales en la banda de 6 GHz, lo que admite nuevos dispositivos Wi-Fi 6E y prepara el escenario para Wi-Fi 7 y más allá. 
• Se puso a disposición espectro para drones, lanzamientos espaciales comerciales, misiones de seguridad pública y transporte vehicular.
• Dedicación de espectro para la banda ancha por satélite: la agencia abrió la banda de 17 GHz para uso compartido por sistemas satelitales en órbitas geoestacionarias y no geoestacionarias.

Otro hito para Rosenworcel es que fue la primera mujer en dirigir, de manera no interina, la Comisión Federal de Comunicaciones en toda su historia en Estados Unidos.

No obstante, la aún presidenta de la FCC se va en un momento complicado para la agencia, ya que el órgano regulador no ha podido recuperar su autoridad para licitar nuevo espectro en el país. Ese será uno de los primeros pendientes a resolver por el próximo presidente.

En el ocaso de su mandato, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva sobre infraestructura de Inteligencia Artificial, que tiene como objetivo “mantener e impulsar el liderazgo” del país norteamericano en la materia.

Los puntos clave de la orden, firmada este martes 14 de enero, en la última semana de su gobierno, son la inversión en infraestructura, la colaboración público-privada, ética y gobernanza, y el fomento a la educación y capacitación.

La medida se enmarca en la guerra comercial que sostiene con China. Biden advirtió que la Inteligencia Artificial tendrá profundas implicaciones para la seguridad nacional, en lo que respecta a la logística, las capacidades militares, el análisis de inteligencia y la ciberseguridad. El documento asienta que el desarrollo de la IA en el país “ayudará a impedir que los adversarios obtengan acceso a los poderosos sistemas futuros”.

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La orden señala que los avances en IA también tendrán implicaciones significativas para la competitividad económica de EE. UU. y enlista que para el desarrollo local se requerirán enormes inversiones del sector privado, especialmente para la los centros de datos, los clusters de computación avanzada necesarios para entrenar modelos de IA, y la infraestructura energética requerida para este proceso.

En consonancia con los millonarios subsidios que ha otorgado para la fabricación de semiconductores en territorio estadounidense, la medida busca que la Inteligencia Artificial del futuro siga construyéndose en EE. UU., ambas tecnologías e industrias consideradas críticas por el país norteamericano para la geopolítica global.

Transición y diversificación energética

Joe Biden advirtió que no deben sacrificar los estándares y esfuerzos ambientales para proteger el aire y el agua limpios. En este sentido, ordenará a los Departamentos de Defensa y Energía que arrienden sitios federales donde el sector privado pueda construir infraestructura de IA a gran velocidad y escala.

Las acciones, dijo, estarán encaminadas a acelerar la transición a la energía limpia de una manera responsable, incluidas las energías geotérmica, solar, eólica y nuclear, con respeto a las comunidades locales. Igualmente, anunció que parte de esta capacidad también se destinará a startups y pequeñas empresas.

En suma, la orden ejecutiva busca acelerar la infraestructura de IA en Estados Unidos para mejorar la competitividad económica, la seguridad nacional, la seguridad de la IA y la energía limpia.

Como era temido por la industria de semiconductores, la administración saliente del presidente Joe Biden avanzó con la emisión de una nueva ley que pretende imponer nuevos mecanismos para regular las exportaciones de chips, con la intención de limitar su acceso a adversarios y otras entidades. La industria, por su parte, considera que la nueva ley extralimita las funciones del gobierno y amenaza con limitar el crecimiento y la influencia de la tecnología estadounidense.

La normativa conocida por el momento como Norma Final Provisional sobre la Difusión de la Inteligencia Artificial (AI Diffusion), busca mantener a los Estados Unidos como líder tecnológico en este segmento para garantizar la seguridad nacional y la fortaleza económica. Según el gobierno, la nueva normativa agilizaría los trámites de concesión de licencias para los pedidos de chips y aportaría claridad a las naciones aliadas para acceder a la tecnología.

AI Diffusion se suma a otras órdenes ejecutivas emitidas durante la administración Biden con la intención de limitar el acceso a naciones adversarias –como China y Rusia– a los chips más avanzados para el desarrollo y entrenamiento de Inteligencia Artificial (IA). Según advierte la Casa Blanca en un comunicado, “en las manos equivocadas”, la IA podría ser usada en el desarrollo de armas de destrucción, operaciones cibernéticas ofensivas o para el abuso de los derechos humanos.

“Para mejorar la seguridad nacional y la fortaleza económica de Estados Unidos, es esencial que no deslocalicemos esta tecnología crítica y que la IA mundial funcione sobre raíles estadounidenses. Es importante trabajar con las empresas de IA y los gobiernos extranjeros para poner en marcha normas críticas de seguridad y confianza a medida que construyen sus ecosistemas de IA”, agrega.

La Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA), sin embargo, había advertido que la nueva ley suma requisitos onerosos y trámites complejos para los exportadores de chips, a la vez que se hizo sin la participación de la industria. Tras la publicación de la normativa, Nvidia criticó duramente los lineamientos al acusar que limitaría el acceso a dispositivos de cómputo convencionales y otra tecnología de IA que ya ha dado beneficios a los usuarios.

“Aunque se escudan en una medida ‘antichina’, estas normas no contribuirían en nada a mejorar la seguridad de Estados Unidos. Las nuevas normas controlarían la tecnología en todo el mundo, incluida la tecnología que ya está ampliamente disponible en los principales ordenadores de juegos y hardware de consumo. En lugar de mitigar cualquier amenaza, las nuevas normas de Biden no harían sino debilitar la competitividad global de Estados Unidos, socavando la innovación que ha mantenido a este país en cabeza”, advirtió el fabricante.

La norma incluye seis mecanismos clave para supuestamente catalizar la difusión responsable de la tecnología estadounidense. Por un lado, impone restricciones de acceso contra países de preocupación, mientras busca mantener el acceso para naciones aliadas.

Según la ley, no se impondrían restricciones a 18 aliados y socios clave, lo que facilita el acceso a tecnología a “jurisdicciones con sólidos regímenes de protección tecnológica y ecosistemas tecnológicos alineados con los intereses de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”.

La normativa también señala que los pedidos de chips con una potencia de cálculo colectiva de hasta aproximadamente mil 700 GPU avanzadas no requieren licencia y no cuentan para los límites nacionales  de chips. El gobierno estadounidense explica que la mayoría de los pedidos entran en esta categoría, lo que incluye instituciones médicas, educativas y de investigación.

Según la ley, aquellas entidades que cumplan con los estándares de seguridad y confianza, y estén basados en países aliados, podrán obtener el estatus de Usuario Final Universal Verificado (UVEU) de alta confianza. Con este estatus, pueden colocar hasta el 7 por ciento de su capacidad computacional global de IA en países de todo el mundo.

Por su parte, otras entidades que cumplan los mismos requisitos de seguridad y tengan su sede en cualquier destino que no sea un país conflictivo pueden solicitar el estatus de Usuario Final Nacional Verificado (NVEU), lo que les permitirá adquirir una capacidad de cálculo equivalente a un máximo de 320 mil GPU avanzadas durante los próximos dos años.

Supuestamente, esta medida permitiría a entidades nacionales de confianza mantener servicio a clientes locales, gubernamentales y regionales, y aún proteger los riesgos de desvío de infraestructura.

Las entidades no pertenecientes a la VEU situadas fuera de los aliados cercanos podrán seguir adquiriendo grandes cantidades de potencia de cálculo, hasta el equivalente a 50 mil GPU avanzadas por país. Este límite garantiza la disponibilidad de tecnología estadounidense al servicio de gobiernos extranjeros, proveedores de servicios sanitarios y otras empresas locales, explica la Casa Blanca.

El gobierno indica que los países que firmen acuerdos con los Estados Unidos para alinear los esfuerzos de control de exportaciones, energía limpia y seguridad tecnológica, podrán duplicar sus topes de chips, de hasta 100 mil de las actuales GPU avanzadas.

Entre las principales restricciones, la ley exige que los semiconductores avanzados vendidos en el extranjero no sean utilizados por países preocupantes para entrenar sistemas avanzados de IA; restringe la transferencia a agentes que no sean de confianza de los modelos avanzados de ponderación cerrada; y establece normas de seguridad para proteger las ponderaciones de los modelos avanzados de IA de ponderación cerrada.

La norma, emitida pocos días antes de la investidura de Donald Trump para un segundo término, tendrá que ser implementada por las principales compañías exportadoras de semiconductores dentro de los próximos años.

Sin embargo, Nvidia adviritó que “ya está socavando los intereses de Estados Unidos (…). Como demostró la primera Administración Trump, Estados Unidos gana a través de la innovación, la competencia y compartiendo nuestras tecnologías con el mundo, no replegándose tras un muro de extralimitaciones gubernamentales. Esperamos volver a políticas que fortalezcan el liderazgo estadounidense, impulsen nuestra economía y preserven nuestra ventaja competitiva en IA y más allá”, agregó.

Tras dos años de haberse firmado la Ley de Ciencia y CHIPS por el presidente Joe Biden, se estima que el gobierno estadounidense ya ha comprometido la entrega de más de 32 mil millones de dólares en subsidios directos, y más de 28 mil millones de dólares en créditos a 17 compañías. Los fondos se han otorgado a firmas tanto nacionales como extranjeras, a la vez que incluyen tanto proyectos de construcción de nuevas instalaciones para la fundición de semiconductores, así como para la investigación y desarrollo de materiales y equipo.

Los fondos aportados por el gobierno estadounidense forman parte de proyectos de inversión más amplios anunciados por las compañías del sector. Según cifras de la Asociación Industrial de Semiconductores (SIA, por sus siglas en inglés), 26 proyectos ejecutados por 17 compañías en 16 estados ejercerán inversiones cercanas a los 375 mil millones de dólares en los próximos años hasta el 2030.

El propósito de la ley es recuperar la participación de los Estados Unidos en el proceso de fundición de semiconductores, requeridos ahora para todo tipo de dispositivos y procesos, desde computadoras y aparatos médicos, hasta equipamiento para tareas de seguridad. Aunque el país es uno de los mayores participantes en la emisión de patentes y diseño de chips con compañías como Qualcomm e Intel, también ha perdido competitividad en el segmento de fabricación frente a gigantes como TSMC de Taiwán y Samsung de Corea del Sur.

En ese sentido, se estima que la participación de los Estados Unidos en las inversiones mundiales en el sector de semiconductores se elevará hasta un nivel cercano al 28 por ciento, significativamente superior al 9 por ciento que habría registrado el país sin el impulso de la Ley de CHIPS, según estimaciones de un estudio realizado por Boston Consulting Group (BCG). El estudio estima que las inversiones a nivel mundial se elevarán hasta los 2.3 billones de dólares entre el periodo del 2024 al 2030.

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BCG proyecta que “Estados Unidos invertirá una trayectoria descendente de décadas y aumentará su cuota de capacidad de fabricación agregada mundial del 10 por ciento actual al 14 por ciento en 2032. Si no se hubieran tomado medidas, la cuota de Estados Unidos habría descendido hasta el 8 por ciento en 2032”.

Hasta el momento, la mayoría de los fondos anunciados forman parte todavía de memorandos de entendimiento no vinculantes. Es decir, aunque el gobierno y múltiples compañías han firmado estos acuerdos, aún requerirán cumplir con procedimientos y otras regulaciones para que puedan hacerse efectivos.

Gina Raimondo, secretaria de Comercio de Estados Unidos, reveló que los principales fabricantes de semiconductores han solicitado fondos cercanos a los 70 mil millones de dólares, un monto superior a lo estimado por el propio gobierno estadounidense. Derivado de esto, la prioridad del gobierno sería financiar proyectos con un objetivo de producción hacia 2030, según declaraciones de la funcionaria retomadas por The Verge.

Por otro lado, la prioridad de los fondos otorgados se ha enfocado en segmentos de gran relevancia como chips lógicos y de memoria avanzada, además del desarrollo de técnicas avanzadas de empacado, que permitirán atender cargas de trabajo demandantes como Inteligencia Artificial (IA) o súper cómputo (HPC). Sin embargo, la ley también ha recibido algunas críticas, ya que no ha considerado fondos para estimular el desarrollo de equipo de litografía, ni para asegurar la cadena de suministro de materiales.

La complejidad y la demandante inversión para la fabricación de semiconductores, hace que la política anunciada por los Estados Unidos se convierta en un plan a largo plazo, a lo largo del cual existen múltiples riesgos a enfrentar, desde el retraso en los proyectos de instalación, la estabilidad económica nacional y financiera de los participantes, la falta de mano de obra calificada, y los esperados conflictos geopolíticos.

Información reciente publicada por el Financial Times (FT) revela que cerca del 40 por ciento de los proyectos de más de 100 millones de dólares, con un valor acumulado cercano a los 84 mil millones de dólares, anunciados bajo la Ley de CHIPS y la Ley de Reducción de la Inflación se han retrasado de varios meses a varios años o han sido pausados de forma indefinida.

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Entre las principales causas de los retrasos, según el diario, se encuentran las condiciones del mercado, la desaceleración de la demanda y la incertidumbre alrededor del año de elecciones presidenciales. Entre los proyectos que han sufrido retrasos se encuentran la fabricación de baterías de LG y una refinería de litio.

Particularmente en semiconductores, Intel, por ejemplo, como uno de los principales receptores de fondos, con cerca de 8.5 mil millones de dólares en subsidios y 11 mil millones de dólares en créditos, se enfrenta actualmente a un periodo de desaceleración. Aunque la compañía afirma que sus proyectos para Estados Unidos no han sufrido cambios significativos, ya ha anunciado la pausa o cancelación para la instalación de fábricas en Europa.

Sin embargo, se dio a conocer que la compañía ya recibió fondos extraordinarios por 3 mil millones de dólares, los únicos fondos de la ley de CHIPS que ya habrían sido liberados por tratarse del proyecto “Secure Enclave”, que buscará asegurar la cadena de suministro de semiconductores y circuitos integrados para tareas de seguridad nacional.

Actualmente, el reto del gobierno estadounidense se encuentra en asegurar una rápida liberación de los fondos que permita a las compañías beneficiadas acelerar sus proyectos de fabricación, en tanto, otras naciones ya han anunciado también grandes políticas de inversión como China (47 mil millones de dólares), Corea del Sur (19 mil millones de dólares) y Europa (43 mil millones de dólares).

India y Estados Unidos firmaron un acuerdo para establecer una nueva planta de fabricación de semiconductores con aplicaciones militares en Jewar, en el estado de Uttar Pradesh.

Así lo dieron a conocer el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente de EE. UU., Joe Biden, el sábado 21 de septiembre, durante una reunión en el país norteamericano. La planta se enfocará en la detección, la comunicación y la electrónica de potencia avanzadas para la seguridad nacional, las telecomunicaciones de próxima generación y las aplicaciones de energía verde.

El proyecto se llamará Shakti y tendrá un centro de diseño, una unidad de Investigación y Desarrollo (I+D) y dos unidades de fabricación, según reportó CNBC. Inicialmente, los dispositivos se destinarán a ambos países, aunque India y EE. UU. podrían considerar exportarlos a Japón, Australia y otros países de Asia Pacífico y África en el futuro.

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La fábrica se instalará en el marco de la Misión de Semiconductores de India, con el apoyo de una asociación tecnológica estratégica entre Bharat Semi, 3rdiTech y la Fuerza Espacial de Estados Unidos, que forma parte de las Fuerzas Armadas. Fabricará semiconductores infrarrojos, de nitruro de galio y de carburo de silicio para tecnologías de ‘defensa’, es decir, militares.

Adicionalmente, ambos líderes elogiaron sus esfuerzos conjuntos para facilitar cadenas de suministro de semiconductores resilientes, seguras y sostenibles, incluida la creación del GF Kolkata Power Center por parte de GlobalFoundries en Calcuta, India, que contribuirá a la investigación y desarrollo en la manufactura de chips, así como a los vehículos conectados, los dispositivos de Internet de las Cosas (IoT), Inteligencia Artificial y Centros de Datos.

Asociación tecnológica bilateral  

El presidente Biden y el primer ministro Modi destacaron el impacto de la iniciativa sobre Tecnología Crítica y Emergente (iCET) en la cooperación estratégica en sectores tecnológicos clave, incluidos el espacio, los semiconductores y las telecomunicaciones.

Ambos líderes se comprometieron a mejorar los compromisos regulares para mejorar la colaboración en campos como la Inteligencia Artificial, la computación cuántica, la biotecnología y la energía limpia.

Además, reconocieron su asociación en materia de defensa, que incluyó la compra de aeronaves militares no tripuladas pilotadas remotamente de General Atomic por parte de India y el avance en su Hoja de Ruta de Cooperación Industrial de Defensa conjunta.

En una carta dirigida al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el director Ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, reveló que la administración de Joe Biden presionó a la empresa en 2021 para censurar contenido relacionado con la pandemia de Covid-19.

Zuckerberg admitió que esta presión resultó en la eliminación de publicaciones en Facebook e Instagram, y reconoció que, aunque las decisiones de moderación en Meta se tomaron de manera independiente, la influencia del gobierno fue “inapropiada”. “Con la perspectiva actual, no habría tomado las mismas decisiones”, afirmó, agregando que Meta está preparada para responder ante futuras presiones gubernamentales.

Esta declaración destaca las complejidades que enfrentan las grandes plataformas tecnológicas al moderar contenido en un entorno político polarizado, planteando un desafío mayor: ¿cómo moderar sin comprometer la independencia ni convertirse en herramientas de agendas políticas?

El dilema de la moderación de contenido

Durante la pandemia, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla sobre la veracidad de la información que se difundió en Internet relacionada con las vacunas y otros temas de salud. Las decisiones de Meta de eliminar publicaciones consideradas como desinformación fueron vistas como necesarias por algunos, pero criticadas como excesivas y sesgadas por otros.

En su carta, Zuckerberg también abordó la controversia sobre la historia de los correos electrónicos de Hunter Biden, el hijo del presidente, cuyo contenido fue retirado temporalmente en 2020, tras una advertencia del FBI sobre una posible intervención rusa. Zuckerberg admitió que retirar el contenido fue un error y señaló que Meta ha revisado sus políticas para evitar que situaciones similares se repitan.

En cuanto a las futuras elecciones presidenciales, Zuckerberg expresó su intención de mantener una postura neutral, anunciando que no repetirá la donación de 400 millones de dólares que destinó en 2020 para apoyar la infraestructura electoral.

Esta postura busca desvincular a Meta de cualquier percepción de parcialidad política, pero también saca a relucir el desafío al que se enfrentan las plataformas digitales entre combatir la desinformación y preservar su integridad intentando ser espacios neutrales de Internet.

Con el avance de la Inteligencia Artificial y la automatización en la moderación de contenido, el dilema sobre quién tiene el control de la información sólo se intensificará.

El Economista

El presidente Joe Biden reaccionó con satisfacción y agradeció a los senadores, para además pedirle ahora a la Cámara que responsabilice a “las grandes empresas tecnológicas por el experimento que están realizando con nuestros niños con fines de lucro”.

El Senado de Estados Unidos aprobó este martes una serie de medidas destinadas a proteger a los niños en internet, la primera legislación importante concerniente al sector tecnológico en el país en años.

“Es un día excepcional”, celebró el líder del gobernante Partido Demócrata en el Senado, Chuck Schumer. “El Senado ha cumplido con su promesa a todos los padres que han perdido a un hijo por los peligros de las redes sociales”, subrayó.

Este proyecto de ley, bautizado como “Ley de seguridad infantil en línea” (“Kids Online Safety Act” o KOSA, por sus siglas en inglés), debe ahora ser aprobado en la Cámara de Representantes, donde su validación es más incierta y donde los legisladores están de vacaciones parlamentarias hasta septiembre.

El texto, apoyado en el Senado por legisladores republicanos y demócratas, exige a las plataformas tecnológicas que establezcan disposiciones para proteger a los menores de contenidos problemáticos y peligrosos, en particular la explotación sexual, el acoso en línea y la promoción del suicidio y los trastornos alimentarios.

También, pondría límites a la capacidad de los usuarios para comunicarse con niños a través de mensajes e impondría mayores controles parentales en las redes sociales.

El presidente Joe Biden reaccionó con satisfacción y agradeció a los senadores, para además pedirle ahora a la Cámara que responsabilice a “las grandes empresas tecnológicas por el experimento que están realizando con nuestros niños con fines de lucro”.

“Es innegable que las plataformas digitales contribuyen a la crisis de salud mental entre los jóvenes” estadounidenses, afirmó Biden citado en un comunicado de prensa. “Nuestros niños están sometidos a un mundo salvaje en línea (…) Ya es hora de actuar”, reclamó.

Las gigantes Microsoft, X (antes Twitter) y Snap se declararon a favor de la normativa aprobada por el Senado, mientras que Meta (dueña Facebook, Instagram y WhatsApp) y TikTok no han manifestado un respaldo explícito.

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El expresidente y candidato presidencial republicano, Donald Trump, declaró su apoyo a TikTok, a pesar de que la plataforma de videos cortos enfrenta una posible prohibición en Estados Unidos si su empresa matriz china, ByteDance, no vende sus activos a una empresa estadounidense.

“Estoy a favor de TikTok porque se necesita competencia. Si no tienes TikTok, tienes Facebook e Instagram, y eso es, ya sabes, Zuckerberg”, dijo Trump en una entrevista con Bloomberg BusinessWeek, señalando que prohibir la plataforma china sólo beneficiaría a Meta.

Los comentarios de Trump indican que prefiere evitar el bloqueo de TikTok antes que ceder todo el control del mercado de redes sociales a Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta. El expresidente ha criticado públicamente a Zuckerberg tras la suspensión indefinida de sus cuentas de Facebook e Instagram después del motín del Capitolio el 6 de enero de 2021.

Durante su presidencia, Trump intentó prohibir TikTok, calificando la aplicación como una amenaza. Sin embargo, el empresario y político estadounidense abrió una cuenta en la plataforma en junio, donde ha ganado popularidad.

A pesar de su reciente postura a favor de TikTok y en contra de Facebook, Trump defiende que las plataformas estadounidenses son vitales para que el país norteamericano pueda enfrentar la supremacía tecnológica china, por lo que su objetivo no es reemplazarlas con competidores extranjeros.

“Las respeto mucho. Si las atacas con demasiada violencia, puedes destruirlas. Yo no quiero destruirlas”, comentó Trump.

El destino de TikTok parece estar ligado a quién ocupará el asiento de la oficina oval en los próximos cuatro años. La plataforma presentará sus argumentos legales en septiembre ante un tribunal de apelaciones, para impugnar la ley firmada en abril por el opositor de Trump, Joe Biden, quien exige que ByteDance venda TikTok antes del 19 de enero de 2025 o enfrente una prohibición en el país. Esta audiencia se llevará a cabo en medio de las últimas semanas de las elecciones presidenciales de 2024.

El Oficinista

El Departamento de Energía reveló el jueves 1.700 millones de dólares para reequipar 11 fábricas de automóviles para producir vehículos eléctricos y sus componentes, con especial atención a las instalaciones que han cerrado o podrían cerrar sin ayuda federal.

La financiación pone de relieve la prisa que tiene la administración Biden por conseguir dinero para el clima antes de las elecciones de noviembre, aunque se enfrenta a críticas por no avanzar más rápido en materia de préstamos ecológicos. Si el expresidente Donald Trump gana un segundo mandato, podría intentar eliminar miles de millones de dólares de gasto federal destinados a acelerar la transición de Estados Unidos hacia la energía limpia y los vehículos eléctricos.

Gran parte de este dinero proviene de la firma del presidente Biden para 2022.La ley climática, la Ley de Reducción de la Inflación, también ofrece créditos fiscales de hasta 7.500 dólares para que los consumidores compren vehículos eléctricos. Trump ha afirmado falsamente que los vehículos eléctricos no funcionan y prometió desmantelar las políticas de Biden sobre vehículos eléctricos durante una reunión en abril con donantes de la industria petrolera.

Las 11 fábricas están repartidas en ocho estados, incluidos estados en disputa en las elecciones de 2024, como Georgia, Michigan, Ohio y Pensilvania. Todas las instalaciones están sindicalizadas, a diferencia de muchas plantas de vehículos eléctricos en estados del sur menos favorables a los sindicatos.

Ante la presión de su propio partido para que abandone su candidatura a la reelección, Biden ha tratado de demostrar el apoyo que le brindan los sindicatos, un sector clave para los demócratas. El presidente se reunió el miércoles con el consejo ejecutivo de la AFL-CIO, la federación de sindicatos más grande del país, aunque esa invitación se le extendió antes de su desastrosa actuación en el debate del mes pasado.

“La creación de una economía basada en energía limpia puede y debe ser beneficiosa para los trabajadores sindicalizados y los fabricantes de automóviles”, dijo Biden en un comunicado el jueves. “Esta inversión creará miles de empleos bien remunerados y sindicalizados en el sector manufacturero y conservará aún más, desde Lansing (Michigan) hasta Fort Valley (Georgia), al ayudar a las empresas automotrices a reequiparse, reiniciarse y volver a contratar en las mismas fábricas y comunidades”.

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