Reforma Alfredo González

La Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon) alertó ayer sobre la circulación de e-mails falsos que a nombre del Servicio de Administración Tributaria (SAT) pretenden ilegalmente adueñarse de información de personas que promueven la devolución de saldos a favor de ISR ante esa autoridad fiscal.

Cristian Nazael García Olalde, delegado de la Prodecon en Nuevo León, detalló que han detectado este tipo de comunicación apócrifa, conocida como “fishing”, la cual utiliza la ciberdelincuencia para apropiarse de información de los usuarios con la que buscan obtener ganancias ilícitas.

“La única forma en la que el SAT comunica a los contribuyentes alguna situación relacionada con sus declaraciones fiscales, adeudos o devoluciones es a través del Buzón Tributario, nunca envía avisos por correo electrónico u otra vía”.

Los e-mails apócrifos tienen la particularidad de que no son enviados en forma individual a una sola dirección, sino que uno solo de ellos trae varios destinatarios y provienen de una cuenta distinta a la del SAT.

Para Gustavo Leal Cueva, presidente de la firma consultora Fiscalia, los correos electrónicos de rechazo de devoluciones del SAT sin ninguna duda son falsos, pues la autoridad nunca usa esa vía para avisar de esas situaciones.

“Para verificar si la solicitud de devolución fue aprobada o rechazada es necesario ingresar al portal del SAT, en donde hay una herramienta de consulta para ese fin, y es ahí donde está el estatus de la misma”.

Indicó que este tipo de e-mails apócrifos buscan apropiarse de la identidad fiscal del contribuyente con documentos como su e-firma o su contraseña para pedir devoluciones de impuestos a su nombre, lo que podría poner en serios problemas al titular real de esa información.

“Lo recomendable es no abrir esos correos electrónicos y borrarlos, ni mucho menos alguna liga que contenga o algún archivo adjunto, el riesgo es estar enterando los datos de acceso al SAT de un contribuyente que en el caso de la firma electrónica sería devastador, porque los ciberdelincuentes podrían actuar como si fueran el titular de la misma”.

García Olalde dijo que la Procuraduría ha detectado quejas contra el SAT por anomalías en devoluciones, pero sin que sea un problema generalizado.

El Mundo Yolanda Magaña

Una Ley de fomento a la innovación y manufactura de tecnologías quitaría el Impuesto sobre la Renta (ISR), impuestos municipales y los aranceles a todas las nuevas inversiones tecnológicas para la creación de software, análisis de sistemas informáticos, inteligencia artificial, análisis masivo de datos, servicios de computación o fábrica de piezas de drones, entre otros.

El beneficio fiscal sería aplicado por 15 años únicamente a nuevas inversiones, ya que se excluirían las inversiones realizadas antes de la vigencia de la ley o incluso las que estén relacionadas a operaciones ya establecidas.

También quedarían fuera las inversiones que se hayan derivado de fusiones o reestructuraciones.

Las personas o empresas beneficiados con otros regímenes tributarios especiales como zonas francas industriales y de comercialización, y parques o centros de servicios internacionales, tampoco podrán aplicar al incentivo.

Los beneficiarios requerirán un Acuerdo de Calificación emitido por el Ministerio de Economía (Minec), cuya obtención la definirá un reglamento que será elaborado por la Presidencia de la República.

No solo software.

Los beneficiarios de la exención fiscal serán personas o empresas, nacionales o extranjeras, que hagan nuevas inversiones en innovación o manufacturas tecnológicas.

Serán beneficiadas empresas o personas que se dediquen a la programación, así como a la gestión, mantenimiento, consultoría y análisis de sistemas informáticos o softwares.

En la lista de los exentos estarán personas naturales o jurídicas que inviertan inteligencia artificial, análisis masivo de datos, tecnología de registro distribuido y soluciones de ciberseguridad.

El desarrollo y la comercialización de servicios de computación en la nube y de flujo de datos autorizadas por el Minec también estarán exentas de impuestos.

Así mismo, la exención fiscal beneficiará a plantas de manufactura para equipos tecnológicos o hardware, semiconductores, tecnología de las comunicaciones, robótica, nanotecnología, aeronaves y vehículos no tripulados.

La ingeniería para integrar tecnologías industriales para cadenas productivas globales también podrán estar exentas si así lo autoriza el Minec.

Incentivos podrán ser modificados.

De acuerdo al proyecto de ley, en manos de la Asamblea Legislativa, el Minec evaluará, en un plazo de tres años, la efectividad de los incentivos fiscales, publicando en los primeros seis meses una guía con indicadores de cumplimiento esperado.

Luego de los primeros tres años, el Minec elaborará y publicará una “evaluación de desempeño” de los objetivos esperados según la guía y, si es insatisfactoria, presentará una propuesta de reforma.

Así, el proyecto de normativa indica que “los incentivos fiscales establecidos” pueden ser “modificados, reducidos o reemplazados”. Todo dependerá de una evaluación que deberá realizar el Minec, sin embargo, no modificarán “en ningún caso” los Acuerdos de Calificación “o cualquier otro derecho adquirido” de la ley.

Sanciones

La ley considera infracciones aplicar incentivos fiscales a actividades que no son incentivadas por la ley, dar uso diferente al declarado a los bienes importados y suministrar información falsa, son infracciones “muy graves”, castigadas con multas desde 15 a 20 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicios.

El dato

El proyecto de Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnologías fue entregado por el Ministerio de Economía a la Asamblea Legislativa. Pasó a Comisión de Economía.

El CEO Italia López

La apuesta por la electrificación es cada vez mayor entre las grandes automotrices y aunque en México tener este tipo de vehículo permite a sus propietarios deducir parte de su costo y exentar el pago de ciertos impuestos, aún es necesario contar con mayores incentivos para impulsar este mercado y cultura de las energías limpias.

Al adquirir un vehículo de este tipo, es posible deducir el 25% del valor, pero solo será aplicable cuando el auto supere el monto de los 250,000 pesos y la deducción se hará sobre esta cantidad, según lo establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Es decir, si una persona compra un auto híbrido o eléctrico de 400,000 pesos, puede tener acceso a la deducibilidad del 25%, pero se hará sobre los 250,000 pesos, con lo que se deduce 62,500 pesos

explicó Pamela Castro, contadora y especialista en impuestos. 

Este tipo de beneficios fiscales los pueden obtener tanto personas físicas (régimen de actividad empresarial y servicios profesionales) como  las personas morales. Solo las personas que estén bajo el nuevo Régimen Simplificado de Confianza (Resico) no tienen acceso a estos incentivos. 

Para quienes trabajan en plataformas digitales de transporte, como Uber o Didi, tendrían que realizar su pago de impuestos como provisional en lugar de definitivo para acceder al beneficio, explicó la especialista en impuestos.

Adicionalmente, los vehículos eléctricos no pagan tenencia en Ciudad de México y otras entidades del país, están exentos del pago del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y tampoco debe pagarse por su importación.

Faltan incentivos

La venta de vehículos híbridos y eléctricos ha ido en aumento año con año en el país, pero sigue representando una pequeña parte del total de autos que se comercializan en el país.

Entre enero y noviembre del año pasado, de los 917,315 autos ligeros vendidos en el país, solo 42,969 (4.7%) correspondieron a híbridos y eléctricos.

Para Gerardo Gómez, director general de JD Power México, el precio sigue siendo la principal barrera para acceder a este tipo de carro, así como la falta de infraestructura para el caso de los eléctricos y también la falta de incentivos fiscales.

 (Los incentivos fiscales) son insuficientes y están muy específicos para cierto grupo de la población que tal vez ni lo necesita por el mismo costo del vehículo

Además, mencionó que el libre arancel a la importación que comenzó a aplicarse en 2020 no se tradujo en un beneficio para el consumidor final.

“Si el beneficio es de alrededor del 18% al 20%, tal vez nos se le podía trasladar todo directo al cliente, pero sí al menos entre 10% y 15% debían haberle bajado al precio directamente para tener acceso a más consumidores”, dijo.

Gómez mencionó que en países emergentes, como México, la adopción masiva de los eléctricos aún se ve lejana, por lo que los vehículos híbridos serán la alternativa de transición, aunque un precio más atractivo será clave para que sus ventas se disparen.

“El costo promedio de los vehículos es de 320,000 pesos en promedio. Un vehículo 100% eléctrico debería costar no más de 30% de ese monto para que empiece a ser considerado en un mercado como México”, afirmó.

Las criptomonedas en México no son de curso legal, sin embargo, el gobierno federal ha propuesto que las operaciones con ellas sean sujetas a pagar impuestos.

De acuerdo con la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon), a pesar de que no existe legislación específica sobre criptomonedas, las transacciones podrían entrar en el régimen de enajenación de bienes, por lo que tendrían que pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

“A consideración de Prodecon se debe acudir en primer término a lo previsto en el artículo 14, fracción I, del Código Fiscal de la Federación (CFF) que establece que se entiende por enajenación de bienes (…) toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado.

“De conformidad con lo anterior, se puede establecer que las operaciones de venta de criptomonedas se ajustan a la figura de enajenación de bienes, por lo cual se debe atender a lo establecido en el artículo 126, párrafos cuarto y quinto de la Ley del Impuesto sobre la Renta (en adelante, Ley del ISR), el cual prevé que tratándose de la enajenación de bienes diversos a los inmuebles, el pago provisional del ISR será por el monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el monto total de la operación, mismo que deberá ser retenido por el adquirente, siempre que este último sea residente en el país o en el extranjero con establecimiento permanente en México”, argumenta la Prodecon.

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Además, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente asegura que el quinto párrafo del artículo mencionado libera de la obligación de retención del impuesto y pago provisional respectivo, cuando se trate de bienes muebles diversos de títulos valor o de partes sociales cuyo monto de la operación sea menor a 227 mil 400 pesos; en consecuencia, en ese mismo orden de ideas se considera que también el contribuyente podrá gozar del beneficio que se prevé en el supuesto de ingresos por operaciones con criptomonedas.

Incluso, establece que se deben expedir comprobantes fiscales sobre la venta de criptomonedas, pues la legislación establece dicha obligación en todos los actos de enajenación de bienes.

“A criterio del Ombudsperson fiscal, la obligación de expedir el comprobante debe ser asumida por el contribuyente enajenante de las criptomonedas, conforme a lo dispuesto en lo previsto por los artículos 29 y 29-A del CFF con relación al artículo 126, cuarto párrafo, de la Ley del ISR, debiendo emplear la clave del RFC genérica y considerando la enajenación como efectuada al público en general cuando no cuente con el RFC del comprador”, señala la Prodecon.

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Además, cuando el enajenante sea quien deba enterar el impuesto correspondiente, lo deberá hacer mediante la presentación de declaración ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. En el caso de que el adquirente sea una persona moral residente en territorio nacional, este podrá aplicar la retención correspondiente.

Si vendes criptomonedas, pagas impuestos

La Prodecon asegura que bajo todo el contexto anterior, cuando una persona vende criptomonedas y obtiene una ganancia, esta debe ser declarada ante el SAT y pagar los impuestos correspondientes, aun y cuando el dinero se mantenga dentro de la plataforma digital de intercambio de monedas virtuales y no haya transferido los recursos a su cuenta bancaria.

“Ciertamente, el desarrollo y adopción de las criptomonedas ha creado un enorme reto para las autoridades fiscales y financieras a nivel mundial, pues este tipo de instrumentos digitales también constituye nuevos métodos para realizar operaciones ilícitas, entre ellas el lavado de dinero, por lo que tal actividad es sujeta de atención específica por parte de las autoridades al ser una actividad vulnerable”, añadió la Prodecon.

El CEO Elizabeth Albarrán y Miguel Moscosa 

El acuerdo entre 130 países para establecer un impuesto mínimo del 15% a las utilidades de empresas multinacionales, no representa un riesgo para México al momento de que empresas como Amazon, Uber y Netflix quieran invertir en México. Por ello, la Secretaría de Hacienda no prevé reducir el 30% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se cobra actualmente. 

La estrategia es que los 130 países se comprometan a cobrar por lo menos el 15%, eso significa que México que cobra el 30% de ISR, puede cobrar entre 15 y 30% y esa es una definición de política que todavía hay que evaluar, pero no estamos pensando en este momento reducir la tasas para corporativos globales al 15% dijo en entrevista el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio. 

Si la empresa es mexicana y tiene su base en México va a tener que seguir pagando el 30% del ISR; en tanto, los corporativos globales -que no solo son plataformas digitales- en dado caso que cumpla con los criterios que se están discutiendo, deberán pagar por lo menos el 15% sobre aquellas utilidades adicionales, expuso el funcionario a EL CEO. 

¿Impuesto a multinacionales podría inhibir más la IED?

El impuesto corporativo del 15% se aplicaría a nivel federal y se podría incluir en la Ley del ISR de la miscelánea fiscal 2022, con lo que sí tendría que haber una reforma para adecuar la manera en que se aplicará dicho gravamen. 

Para aterrizar la aplicación de este impuesto, si una empresa global tuvo una actividad económica en México, pero su sede está en Estados Unidos, México tendría derecho o la potestad tributaria para gravar las utilidades adicionales.

Yorio descartó que este impuesto inhiba la inversión en México, pues desde hace muchos años, no utiliza incentivos fiscales para atraer más inversiones al país, con lo que no ven necesario ajustar las tasas que se cobran de ISR. 

Recaudación dependerá de las utilidades

Con la aplicación del impuesto mínimo global, los ingresos tributarios tendrían ingresos adicionales de 30,000 millones de pesos. Esta cantidad dependerá del nivel de utilidades que generen las empresas, detalló el subsecretario de Hacienda.

El monto al que llegó Hacienda es resultado de los dos pilares del  acuerdo al que llegaron 130 países de la OCDE hace unos días y que se debatirá el 9 y 10 de julio entre los miembros del G20.

Yorio señaló que el pilar uno se refiere a cuáles son las utilidades adicionales que van a generar las empresas que cumplen con los criterios acordados, como el caso de empresas que tienen arriba de 20,000 millones de euros en ingresos netos y utilidades por cuanto menos 10%.

La base gravable son las utilidades que estén arriba de ese 10% que son utilidades adicionales, son esa bolsa de 500,000 millones de dólares que hablamos (…) del pilar uno tendríamos alrededor de 20,000 millones de pesos dijo Yorio.

Sobre esa bolsa, dijo Yorio, lo que acordaron los países es que solo se podrá gravar entre el 20% y el 30% de esos 500,000 millones de dólares que dan como resultado entre 100,000 y 150,000 millones de dólares “y esto se reparte entre todos los países donde las plataformas digitales tienen negocios”.

Pilar dos, clave para recaudación tributaria

En el pilar dos ya entra el impuesto a corporativos tanto digitales como no digitales con la tasa de 15% y se generarían los 10,000 millones de pesos restantes.

Para este segundo pilar, la OCDE definió las Reglas Globales Anti-Erosión de la Base fiscal (GloBE, por sus siglas en inglés) que se aplicarán a las empresas multinacionales que alcancen el umbral de 750 millones de euros.

Entre las GloBE se acordó la Regla de Inclusión de Ingresos (IIR, por sus siglas en inglés), que los países pueden imponer un “impuesto complementario a una entidad matriz con respecto a los bajos ingresos gravados de una entidad constituyente”.

Las entidades gubernamentales, organizaciones internacionales, organizaciones sin fines de lucro, fondos de pensión o fondos de inversión que sean entidades matrices últimas de una multinacional o cualquier vehículo de cartera utilizado por dichas entidades, organizaciones o fondos no están sujetos a las reglas GloBE.

Yorio consideró que la cifra puede variar, pero es una cifra realista y puede ser más.

“¿Cuánto puede variar? Va a depender del nivel de actividad económica que reporten estas plataformas y cuánto de esas actividades generan utilidades adicionales. Creemos que 30,000 millones de pesos es una cifra realista, obviamente podría ser más”, indicó Yorio.

El funcionario agregó que la aplicación de este impuesto es una estrategia que se discutía antes del COVID-19, con lo que está  más enfocada a combatir la elusión y evasión fiscal que a recaudar. “Este impuesto no necesariamente está relacionado con COVID-19 y la demanda de mayores recursos, sí ayuda, pero no no es el motivo principal”. 

La Jornada Julio Gutiérrez y Alejandro Alegría

El incremento de la tasa de retención única del impuesto sobre la renta (ISR) a 2.4 por ciento, aprobada por diputados para el siguiente año, afecta directamente a los vendedores en plataformas de comercio electrónico que no generan más de 100 mil pesos mensuales.

Así, 77 por ciento de emprendedores, vendedores y pequeñas y medianas empresas (pymes) de MercadoLibre que no alcanzan dichos ingresos, podrían darse de baja de la plataforma y emigrar al mercado informal.

En la miscelánea fiscal presentada por la Secretaría de Hacienda se propuso establecer una tasa de retención única de ISR de 2.4 por ciento para los vendedores de plataformas sin tomar en cuenta los ingresos que generen. La medida fue aprobada esta semana en la Cámara de Diputados y será discutida en el Senado.

Alehira Orozco, directora de asuntos públicos de MercadoLibre, indicó que esta medida afecta a los pequeños y medianos comerciantes. Estamos de acuerdo con la tasa única de retención, pero una tasa de 2.4 por ciento no es lo más positivo, afecta a 77 por ciento de nuestros vendedores, dijo en videoconferencia.

MercadoLibre propone que la tasa única de retención sea de uno por ciento, dado que actualmente en la pandemia siete de cada 10 ventas de las pymes se realizaron por comercio electrónico, y cinco de ellas a través de esta plataforma.

Anteriormente, la tasa de retención variaba de 0.4 a 5.4 por ciento y a quienes transaccionaban hasta por 100 mil pesos únicamente se les retenía 2 por ciento. Además, hay un segmento muy importante de vendedores que no generan más de 25 mil pesos mensuales, y su retención era de 1.1 por ciento y ahora sube a 2.4, precisó.

Calificó como elemental que el comercio electrónico siga como un catalizador de la economía local y no se impongan barreras para que las personas se salgan de la plataforma y opten por convertirse en informales.

Negocian cinco puntos

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) busca cabildear con los senadores al menos cinco puntos de la miscelánea fiscal para que sean modificados antes de su aprobación.

Francisco Cervantes Díaz, presidente del organismo, comentó en conferencia que tienen hasta el fin de mes para trabajar en la minuta que envió la Cámara de Diputados.

Detalló que el sector industrial tiene interés en poner en marcha un estímulo de deducción acelerada de inversiones, la deducción de prestaciones laborales y dar continuidad al Decreto de Zona Fronteriza.

Agregó que también han solicitado permitir de manera temporal a los contribuyentes celebrar convenios de pagos en parcialidades para el pago de impuestos del año en curso y buscan que se agilicen las devoluciones del IVA.

Reforma Jorge Cano

Las personas que utilicen plataformas digitales, como Mercado Libre, para comercializar sus productos, deberán pagar a partir de hoy el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de entre 0.4 a 5.4 por ciento de su ingreso mensual.

Como parte de las reformas para reforzar la fiscalización en 2020, se reformó la ley de ISR para que las personas físicas que presten servicios o enajenen bienes por Internet, a través de las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares deberán pagar impuestos por los montos comercializados, mismo que será retenido por la plataforma.

Si bien el cobro de ISR se calcula dependiendo del ingreso mensual, Mercado Libre lo hará dependiendo del ingreso diario.

Según la Ley del ISR hasta un ingreso de mil 500 pesos mensuales por enajenación de bienes en plataformas digitales se cobra 0.4 por ciento de ISR, mientras que más de 100 mil mensuales, el 5.4 por ciento.

Por su parte Mercado Libre cobrará 0.4 por ciento cuando las ventas sean de menos de 49.3 pesos, 0.5 por ciento hasta 164 pesos, 0.9 por ciento hasta 328 pesos, 1.1 por ciento hasta 822 pesos, 2 por ciento hasta 3 mil 289 y 5.4 por ciento cuando sean más de 3.289 pesos diarios.

Los montos retenidos se descontarán directamente en cada una de las ventas conforme se vayan generando, explicó Mercado Libre.

Las personas podrán tomar estos saldos retenidos y pedir al SAT una devolución de saldo a favor, al comprobar el pago del IVA para insumos comercializados, pero sólo si tiene datos fiscales actualizados.

La Jornada Israel Rodríguez

Una empresa mexicana líder en el sector de las telecomunicaciones en Latinoamérica aceptó realizar pagos del Impuesto Sobre la Renta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de los ejercicios fiscales de 2016 a 2019, por un monto aproximado de 8 mil 290 millones de pesos.

A través de un comunicado informó que después del trabajo del área de grandes contribuyentes, el SAT invitó a una empresa mexicana líder en telecomunicaciones en Latinoamérica -identificada en el rubro de Grandes Contribuyentes-, así como a sus empresas subsidiarias, a que en un ambiente de colaboración proporcionara información de los ejercicios fiscales de 2016 a 2019.

Lo anterior, con la finalidad de revisar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) causado conforme al Régimen Opcional para Grupo de Sociedades.

En virtud de lo anterior, el SAT exhorta a los contribuyentes -particularmente, a los llamados Grandes- a cumplir con sus obligaciones fiscales hacia con el Estado mexicano, en la forma en que mandatan las leyes tributarias.

A partir de julio de 2020, las plataformas digitales en México tendrán que pagar el impuesto al valor agregado (IVA). Esto forma parte de la hoja de ruta hacia un marco regulatorio para la economía digital dentro del país, aunque generalizar los modelos de negocio podría ser una estrategia equivocada.

Se dio un paso atrás para la recaudación de impuestos a compañías extranjeras donde, como consecuencia de incumplir con las obligaciones tributarias, se planeaba un bajón de switch para los gigantes tecnológicos, lo que no sólo afectaría a los gigantes extranjeros sino también a las empresas nacionales hospedadas en sus servidores, haciendo un efecto dominó en la economía digital mexicana.

En entrevista para DPL News, Sissi de la Peña, de la Asociación Latinoamericana de Información (ALAI), señaló que las conversaciones para crear un modelo más adecuado a las necesidades de la economía digital continúan con las autoridades mexicanas; sin embargo, las pláticas con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aún no concluyen; hasta ese momento será más visible el camino a tomar en cuanto a marcos regulatorios que se adapten a cada modelo de negocio.

Seis meses no son suficientes

La compañía de transporte privado, Uber, tardó seis meses en implementar un modelo que le permitiera pagar un IVA y el impuesto sobre la renta (ISR), de acuerdo a las directrices marcadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El modelo de negocio de la compañía permitió identificar adecuadamente al producto.

No obstante, cada empresa digital tiene diferentes modelos de negocio que hacen complicado aplicar la misma fórmula que Uber presentó para su caso específico; como Twitter, Google o Facebook, cada plataforma tiene diferentes servicios o multiservicios que no se acoplan a un modelo simplificado de impuestos. Además de que cada uno de estos sitios actuará como retenedor del ISR para quienes dentro de cada plataforma ofrecen sus propios servicios, como es el caso de Airbnb, Amazon o Mercado Libre.

De la Peña subrayó que las plataformas digitales están en la mejor disposición de buscar una regulación apropiada para tributar de acuerdo a las leyes mexicanas; sin embargo, las leyes actuales son desiguales para las grandes empresas y los pequeños empresarios quienes, además, se verán más afectados por el esquema de seis meses para adaptarse a los lineamientos propuestos.

La regulación en materia de economía digital es primordial para el Estado mexicano. Con el avance de la tecnología y, por ende, de la economía digital, las industrias se mueven de formas diferentes, donde una frontera geográfica no puede ser el freno para el crecimiento de una sociedad.

La ALAI continuará pendiente de la resolución de las conversaciones en la OCDE para reactivar la colaboración con el gobierno mexicano y dar solución al complejo tema de la tributación de productos y plataformas digitales.