Barcelona, España. WiFi 7, aún incipiente en el mercado brasileño, debería acelerar un nuevo ciclo de inversiones en conectividad, impulsado menos por subsidios y más por la dinámica competitiva entre operadoras.

De acuerdo con el white paper presentado en el Mobile World Congress (MWC 2026) por Huawei e IPE Digital, la transición tecnológica puede movilizar hasta US$ 10,000 millones en infraestructura en los próximos tres años.

El documento señala que, en muchas regiones, existe una relativa homogeneidad de precios entre proveedores, lo que convierte la calidad del servicio y la experiencia del usuario en los principales factores de diferenciación. En ese escenario, los principales proveedores ya han anunciado ofertas con WiFi 7, lo que, según el estudio, “mejora su condición de competencia” al viabilizar servicios con velocidades superiores a 1 Gbit/s.

La ampliación de estos planes, sin embargo, expone un cuello de botella: la red interna. Aunque Brasil ya cuenta con 47 millones de accesos de banda ancha fija y WiFi presente en 91% de los hogares, la infraestructura doméstica no siempre acompaña la evolución de la fibra.

Carlos Roseiro, ICT Marketing Director de Huawei Brasil, declaró que la nueva generación busca precisamente atacar ese punto. “Primero, velocidad. Segundo, capacidad. Más dispositivos conectados y menor latencia. La tecnología avanza en esas tres direcciones”.

El ejecutivo subrayó, además, que el debate ya dejó de ser teórico. “Los smartphones de gama alta recientemente lanzados ya incorporan WiFi 7, y entre el 5% y el 10% de la base instalada en el país ya es compatible con la nueva generación”, afirmó.

Además de los dispositivos móviles, la actualización de los routers deja de ser opcional. La tecnología permite ampliar ofertas de planes de 1 Gbit/s y paquetes entre 1 y 10 Gbit/s, tendencia que ya se observa en mercados latinoamericanos como Chile, señaló Roseiro.

El documento estima que el impacto económico del WiFi en Brasil ya alcanzó US$ 124,000 millones en 2025. Con la migración hacia WiFi 7, la proyección es de hasta US$ 3,000 millones adicionales por año en equipos y US$ 1,500 millones en nuevos servicios, además de ganancias operativas de hasta 30% para las empresas.

La tecnología es vista como base para aplicaciones intensivas en datos, como Inteligencia Artificial, automatización industrial y telemedicina, especialmente en entornos de alta densidad de dispositivos.

Barcelona, Espanha. O Wi-Fi 7, ainda incipiente no mercado brasileiro, deve acelerar um novo ciclo de investimentos em conectividade, impulsionado menos por subsídios e mais por dinâmica competitiva entre operadoras.

Segundo white paper lançado no Mobile World Congress (MWC 2026) pela Huawei e pelo IPE Digital, a transição tecnológica pode mobilizar até US$ 10 bilhões em infraestrutura nos próximos três anos.

O documento aponta que, em muitas regiões, há relativa homogeneidade de preços entre provedores, o que torna qualidade de serviço e experiência do usuário os principais vetores de diferenciação. Nesse cenário, os principais provedores já anunciaram ofertas com Wi-Fi 7, o que, segundo o estudo, “melhora sua condição de competição” ao viabilizar serviços com taxas acima de 1 Gbit/s.

A ampliação desses planos, no entanto, expõe um gargalo: a rede interna. Embora o Brasil já conte com 47 milhões de acessos de banda larga fixa e Wi-Fi presente em 91% das residências, a infraestrutura doméstica nem sempre acompanha a evolução da fibra.

Segundo Carlos Roseiro, ICT Marketing Director da Huawei Brasil, a nova geração busca justamente atacar esse ponto. “Primeiro, velocidade. Segundo, capacidade. Mais dispositivos conectados e menor latência. A tecnologia vai nessas três direções.”

O executivo ressalta ainda que a discussão já deixou de ser teórica. “Os smartphones top de linha recém lançados já embarcam Wi-Fi 7, e entre 5% e 10% da base instalada no país já é compatível com a nova geração”, frisa.

Além dos dispositivos móveis, a atualização dos roteadores, claro, deixa de ser opcional. A tecnologia permite a ampliação de ofertas de planos  de 1 Gbit/s, pacotes entre 1 e 10 Gbit/s, tendência que já aparece em mercados latino-americanos como o Chile, afirmou Roseiro.

O documento estima que o impacto econômico do wi-fi no Brasil já tenha alcançado US$ 124 bilhões em 2025. Com a migração para o Wi-Fi 7, a projeção é de até US$ 3 bilhões adicionais por ano em equipamentos e US$ 1,5 bilhão em novos serviços, além de ganhos operacionais de até 30% para as empresas.

A tecnologia é vista como base para aplicações intensivas em dados, como inteligência artificial, automação industrial e telemedicina, especialmente em ambientes de alta densidade de dispositivos.

La reducción de impuestos sobre smartphones 5G de entrada puede convertirse en una política pública con efectos directos sobre la inclusión digital, así como en el crecimiento económico y la recaudación, según un estudio de IPE Digital. El informe sostiene que la modernización del parque de dispositivos en Brasil es clave para ampliar la conectividad significativa y aumentar la eficiencia de las redes móviles.

Hoy, el principal cuello de botella no es únicamente la cobertura de red, sino el tipo de dispositivo en uso. Más de cuatro años después de la subasta 5G, la mayoría de los brasileños aún accede a Internet móvil mediante dispositivos 4G o incluso 3G, en parte porque los modelos 5G siguen siendo caros para los sectores de menores ingresos.

El estudio señala que, en un smartphone de US$ 192 fabricado en Brasil (equivalente a R$ 1,000), cerca de US$ 71 (R$ 370) corresponden a impuestos, lo que encarece el acceso precisamente para la población que más depende del celular como principal medio de conexión.

La propuesta central del trabajo es la racionalización de impuestos federales como el IPI y el PIS/Cofins para modelos 5G de entrada, con el objetivo de acercar sus precios a los de los dispositivos 4G. Según las simulaciones presentadas, la medida podría triplicar o incluso cuadruplicar la demanda de smartphones 5G de bajo costo.

El efecto volumen compensaría la reducción de tasas y resultaría en un aumento de la recaudación agregada. En uno de los escenarios, cada US$ 0.19 desgravado (R$ 1) generaría US$ 0.20 en ingresos adicionales; en otros, el retorno estimado alcanza US$ 0.29 y US$ 0.30 por cada dólar equivalente reducido.

El estudio también vincula la política de dispositivos con ganancias de eficiencia en la propia infraestructura de telecomunicaciones. La migración hacia equipos 5G ayudaría a liberar frecuencias hoy ocupadas por tecnologías heredadas, mejorando el uso del espectro y el desempeño general de las redes. Esto, a su vez, tiende a reducir el costo por gigabyte para el usuario y a estimular nuevas inversiones en capacidad y cobertura.

Desde el punto de vista macroeconómico, los autores asocian una mayor adopción del 5G con incrementos de productividad. Las simulaciones indican que la migración de apenas 10% de los usuarios de 4G a 5G podría elevar la velocidad media de Internet móvil en casi 15%, con efectos positivos sobre el PIB. A escala nacional, incluso variaciones porcentuales pequeñas representarían miles de millones de dólares adicionales en la economía.

Además del impacto directo sobre telecomunicaciones, el informe vincula la masificación de smartphones 5G con efectos en sectores como educación, salud, servicios financieros y servicios públicos digitales, áreas en las que el celular es hoy el principal canal de acceso para la población de menores ingresos. En este contexto, la política tributaria sobre dispositivos deja de ser sólo un tema fiscal y pasa a formar parte de la estrategia de desarrollo digital del país.

El mantenimiento de la política de deducción fiscal para dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) ha sido no sólo decisivo para el avance de la transformación digital en Brasil, sino también altamente rentable para las arcas públicas. Así lo señala un estudio del Instituto de Investigación para la Economía Digital (IPE Digital), que evidenció el impacto de la Ley Nº 14.108/2020 sobre la adopción del IoT en el país.

Según el análisis, la política fiscal (que reduce tasas regulatorias como TFI, TFF, CFRP y Condecine) fue responsable del 43.75 % de la demanda adicional por dispositivos IoT entre 2021 y 2025. En total, se activaron 8.78 millones de dispositivos más en ese periodo, en comparación con un escenario sin incentivos.

El impacto económico de esta activación adicional se tradujo en 2.57 mil millones de reales (455 millones de dólares) en recaudación tributaria inducida, más de tres veces el valor estimado de la renuncia fiscal. El estudio demuestra que, al estimular la demanda por dispositivos, la deducción también impulsa los ingresos provenientes de tributos indirectos como ICMS, PIS/Cofins e ISS, además de dinamizar sectores como conectividad, software y servicios.

Las proyecciones del IPE Digital revelan además que, si se mantiene la política fiscal, el país podría alcanzar los 118.4 millones de dispositivos IoT en operación para 2030, es decir, casi el triple de lo esperado en un escenario de retorno a la carga tributaria anterior. Con base en estos datos, el Instituto defiende la aprobación de propuestas legislativas como el proyecto de ley 4,635/2024, que extiende los beneficios de la Ley Nº 14,108/2020 hasta 2030.

El estudio argumenta que esta prórroga no sólo mantendría un entorno favorable a la innovación, sino que también garantizaría un retorno fiscal positivo, mayor productividad y una inclusión digital ampliada.

A manutenção da política de desoneração fiscal para dispositivos de Internet das Coisas (IoT) tem sido não só decisiva para o avanço da transformação digital no Brasil, mas altamente rentável para os cofres públicos. É o que aponta um estudo do Instituto de Pesquisa para Economia Digital (IPE Digital), que evidenciou o impacto da Lei nº 14.108/2020 sobre a adoção da IoT no país.

Segundo a análise, a política fiscal (que reduz taxas regulatórias como TFI, TFF, CFRP e Condecine) foi responsável por 43,75% da demanda adicional por dispositivos IoT entre 2021 e 2025. Ao todo, foram 8,78 milhões de dispositivos a mais no período, em comparação a um cenário sem incentivos.

O impacto econômico dessa ativação extra se traduziu em R$ 2,57 bilhões em arrecadação tributária induzida, mais de três vezes o valor da renúncia fiscal estimada. O estudo mostra que, ao estimular a demanda por dispositivos, a desoneração impulsiona também a receita com tributos indiretos como ICMS, PIS/Cofins e ISS, além de aquecer setores como conectividade, software e serviços.

As projeções do IPE Digital revelam ainda que, mantida a política fiscal, o país pode atingir 118,4 milhões de dispositivos IoT em operação até 2030, isto é, quase o triplo do que se espera em um cenário de retorno à carga tributária anterior.

Com base nesses dados, o instituto defende a aprovação de propostas legislativas como o PL 4.635/2024, que estende os benefícios da Lei nº 14.108/2020 até 2030.

O estudo argumenta que essa prorrogação não apenas manteria o ambiente de inovação, como também garantiria retorno fiscal positivo, produtividade agregada e maior inclusão digital.

Un estudio de IPE Digital proyecta que el mantenimiento de la política de racionalización tributaria para terminales de Internet vía satélite (VSATs), prevista en la Ley nº 14.173/2021, podría más que quintuplicar el número de accesos al servicio hasta 2030, pasando de los actuales 552 mil a 2,83 millones.

La ley, que redujo tasas regulatorias como la TFI, TFF, Condecine y CFRP, vence a finales de 2025, y su renovación se considera estratégica para conectar regiones remotas, rurales y periféricas donde otras tecnologías no llegan.

Además del impacto social, el estudio destaca que mantener la política no representaría una pérdida fiscal, sino una ganancia. En el escenario optimista, la recaudación agregada inducida entre 2026 y 2030 podría alcanzar los 1 mil 630 millones de reales, frente a una desoneración estimada de 972 millones de reales; es decir, un retorno de 1,64 a 3,94 reales por cada real que el gobierno deja de recaudar con las tasas actualmente reducidas.

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Incluso en el escenario intermedio, denominado Business as Usual (BaU), la política resulta ventajosa: se proyectan 936 millones de reales en tributos adicionales, frente a un costo fiscal de 570 millones de reales.

Sin embargo, sin la continuidad de la desoneración, la expansión de la conectividad estaría gravemente limitada. En el escenario pesimista, en el que los cargos regresan a su nivel anterior, el número de accesos activos alcanzaría apenas 1 millón en 2030, es decir, casi tres veces menos que en el escenario optimista.

Um estudo do IPE Digital projeta que a manutenção da política de racionalização tributária para terminais de internet via satélite (VSATs), prevista na Lei nº 14.173/2021, pode mais que quintuplicar o número de acessos ao serviço até 2030, saltando dos atuais 552 mil para 2,83 milhões.

A lei, que reduziu taxas regulatórias como TFI, TFF, Condecine e CFRP, vence no fim de 2025 e sua renovação é considerada estratégica para conectar regiões remotas, rurais e periféricas onde outras tecnologias não chegam.

Além do impacto social, o estudo destaca que a manutenção da política não representaria uma perda fiscal, mas sim um ganho. No cenário otimista, a arrecadação agregada induzida entre 2026 e 2030 pode chegar a R$ 1,63 bilhão, frente a uma desoneração estimada de R$ 972 milhões, ou seja, um retorno de R$ 1,64 a R$ 3,94 para cada real que o governo deixa de arrecadar com as taxas atualmente reduzidas.

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Mesmo no cenário intermediário, chamado de Business as Usual (BaU), a política se mostra vantajosa: com R$ 936 milhões arrecadados em tributos adicionais para um custo fiscal de R$ 570 milhões.

Porém, sem a continuidade da desoneração, a expansão da conectividade seria seriamente limitada. No cenário pessimista, em que os encargos voltam ao patamar anterior, o número de acessos ativos chegaria a apenas 1 milhão em 2030, isto é, quase três vezes menos que no cenário otimista.

Tele.síntese

A manutenção da política de desoneração de taxas incidentes sobre terminais VSAT, utilizados nos serviços de banda larga por satélite, poderia elevar a base de clientes da banda larga satelital para até 2,83 milhões de acessos em 2030. A estimativa consta de estudo publicado pela IPE Digital, que avalia os impactos da Lei 14.173/2021 — dispositivo legal que reduziu TFI, TFF, Condecine e CFRP para incentivar o uso da tecnologia em regiões sem conectividade terrestre.

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Un estudio publicado por el think tank IPE Digital en noviembre, elaborado en colaboración por Agostinho Linhares y Leonardo Euler, expresidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), revela que en Brasil, hasta agosto de 2024, la implementación del 5G se ha llevado a cabo principalmente mediante la reutilización de infraestructuras existentes.

Aproximadamente 87.3 por ciento de las estaciones 5G se instalaron en lugares con infraestructuras ya en funcionamiento, a distancias de hasta 40 metros de las estructuras anteriores. Sólo 12.7 por ciento de las estaciones 5G se implementaron en nuevas infraestructuras, de las cuales 69.4 por ciento se ubicaron a una distancia de 40 a 500 metros y 30.6 por ciento a más de 500 metros.

El estudio destaca que el aprovechamiento de las redes 4G existentes ha sido crucial para la expansión inicial de la tecnología, que ya está disponible en el país desde hace dos años, especialmente en áreas urbanas.

La mayoría de las estaciones 5G en Brasil son de gran tamaño, con el 99.4 por ciento utilizando equipos con una potencia superior a 10W. Este tipo de infraestructura es predominante, especialmente en áreas con una red 4G consolidada.

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Sin embargo, las perspectivas para áreas densamente urbanizadas, como plazas, centros comerciales y calles concurridas, indican la necesidad de estaciones de menor tamaño, conocidas como small cells, que se instalan en postes, fachadas de edificios y otros lugares estratégicos. Estas small cells son esenciales para atender la alta demanda de tráfico y mejorar la cobertura, especialmente en lugares con gran concentración de personas.

El estudio también señala que el uso de estas small cells y la instalación de más estaciones 5G en áreas ya cubiertas y en nuevas zonas son fundamentales para ampliar la capacidad de la red. Se espera que la banda de 6/7 GHz, aún en proceso de implementación, comparta la infraestructura de las redes de 3.5 GHz, lo que mejorará la experiencia del usuario, especialmente en lugares con mayores distancias entre las estaciones.

A pesar de los avances, Brasil aún enfrenta desafíos, especialmente en relación con la inclusión digital. El 5G por sí solo no es suficiente para resolver la brecha digital, sobre todo en áreas de menor ingreso. Aunque el país ya tiene la frecuencia habilitada en todo su territorio.

En este contexto, la regulación del uso de bandas de espectro como las de 700 MHz y 2.3 GHz, además del incentivo al uso de dispositivos de entrada, será esencial para ampliar el acceso a la tecnología, garantizando que las poblaciones de regiones más remotas también puedan beneficiarse de la conectividad proporcionada por 5G.

Um estudo divulgado pelo think tank IPE Digital em novembro, elaborado em parceria por Agostinho Linhares e Leonardo Euler, ex-presidente da Anatel, no Brasil, diz que até agosto de 2024, a implementação do 5G tem se dado principalmente por meio do reaproveitamento de infraestruturas existentes.

Aproximadamente 87,3% das estações 5G foram instaladas em locais com infraestruturas já em operação, com distâncias de até 40 metros das estruturas anteriores. Apenas 12,7% das estações 5G foram implantadas em novas infraestruturas, sendo 69,4% delas localizadas a uma distância de 40 a 500 metros e 30,6% mais de 500 metros de distância. 

O estudo reforça que esse aproveitamento de redes 4G existentes tem sido crucial para a expansão inicial da tecnologia que já está disponível no país há dois anos, principalmente nas áreas urbanas.

As estações 5G no Brasil, em sua maioria, são de grande porte, com 99,4% delas utilizando equipamentos com potência superior a 10W. Esse tipo de infraestrutura é predominante, especialmente em áreas que já possuem uma rede 4G consolidada. 

No entanto, as perspectivas para as áreas densamente urbanizadas, como praças, shoppings e ruas movimentadas, apontam para a necessidade de estações de menor porte, as chamadas small cells, que são instaladas em postes, fachadas de prédios e outros locais estratégicos. Essas small cells são essenciais para atender à alta demanda de tráfego e melhorar a cobertura, principalmente em locais com grande concentração de pessoas.

O estudo aponta ainda que o uso dessas small cells e a instalação de mais estações 5G em áreas já cobertas e em novas áreas são vistas como fundamentais para expandir a capacidade da rede. A expectativa é que a faixa de 6/7 GHz, ainda em processo de implementação, compartilhe a infraestrutura das redes 3,5 GHz, o que permitirá melhorar a experiência do usuário, especialmente em locais com maiores distâncias entre as estações.

Apesar do avanço, o Brasil ainda enfrenta desafios, especialmente em relação à inclusão digital. O 5G por si só não é suficiente para resolver o gap digital, principalmente em áreas de menor renda. Ainda que o país já tenha a frequência liberada em todo o seu território.

Nesse contexto, a regulação do uso de faixas de espectro como 700 MHz e 2,3 GHz, além do incentivo ao uso de dispositivos de entrada, será essencial para ampliar o acesso à tecnologia, garantindo que as populações em regiões mais remotas também possam usufruir da conectividade proporcionada pelo 5G.