El Ente Nacional de Comunicaciones seguirá intervenido al menos hasta el 4 de enero de 2027. A cargo de Juan Martín Ozores, se mantendrá bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La intervención del regulador sectorial se dispuso por primera vez en enero de 2024, por entonces con objetivo de desregular al sector a través de la revisión del impacto del ya extinto DNU 690 y del Fondo de Servicio Universal –se dictó un nuevo reglamento-, además de para analizar las regulaciones vigentes. 

Seis meses después, ad portas del vencimiento del plazo original, se dispuso la prórroga por un año (hasta julio de 2025) y luego por otros seis meses.

La nueva prórroga responde a que “resulta imprescindible continuar con los procesos orientados a modernizar los instrumentos normativos y procedimentales del organismo, reforzando la transparencia, previsibilidad y eficiencia de la actuación administrativa, así como la seguridad jurídica de los operadores del sector, adecuándolos a los lineamientos de política pública definidos por el Poder Ejecutivo Nacional”, señala el texto.

El Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina (Enacom) seguirá intervenido, al menos, por otros seis meses: se determinó la prórroga del proceso hasta el 4 de enero de 2026. Juan Martín Ozores seguirá como titular del organismo, con rango y jerarquía de Secretario; también será su representante legal.

“El proceso de intervención evidenció falencias estructuras en la organización, ausencia de objetivos operativos claros, superposición de competencias, discrecionalidad en el manejo de fondos y deficiencias normativas que obstaculizan la gestión eficaz y transparente del organismo”, dice el texto, que justifica la prórroga por la “necesidad de garantizar la culminación de las tareas en curso y la implementación plena de las medidas proyectadas”.

En esta nueva etapa, el plan es implementar comisiones técnicas de trabajo y grupos especializados de análisis para revisar los procedimientos de concursos y abordar la actualización normativa en materia de licencias, calidad de servicios, régimen de relaciones con los usuarios, autorizaciones y procedimientos sancionatorios. También deberán redefinirse los mecanismos para el cumplimiento de los aportes de inversión al que se encuentran obligados los licenciatarios de Servicios de TIC.

Al mismo tiempo, se buscará relevar el estado y disponibilidad de las bandas del espectro radioeléctrico y planificar la adopción de medidas tendientes a la optimización de su utilización;  avanzar en el diseño de una nueva estructura orgánica-funcional del Enacom; y generar manuales de procedimiento para unificar criterios, simplificar trámites y establecer metas de gestión de las unidades de la entidad.

Para el nuevo vencimiento previsto, habrán pasado casi dos años desde que el gobierno anunció la medida de intervención del organismo con foco en desregular el sector a través del análisis de revisiones vigentes, entre ellas el ya extinto DNU 690.

Diario Mendoza

En el marco de una “profunda reorganización” de las empresas estatales, el Gobierno ha decidido extender los plazos de intervención de varias entidades debido a la “complejidad de la tarea encomendada”.

A través de las decisiones administrativas 4 y 5, publicadas este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo prorrogó por un año la intervención de Educ.ar Sociedad del Estado (hija de la ya intervenida Educ.ar Sociedad del Estado), Radio y Televisión Argentina Sociedad Anónima Unipersonal (RTA SAU), Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal y la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (antes Télam).

Leer más: https://www.diariomendoza.com.ar/sociedad/el-gobierno-extiende-intervencion-educar-medios-publicos-n83589

La Corte Plena de Costa Rica aprobó por mayoría un reglamento que permite la intervención de las telecomunicaciones en casos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo.

En una sesión reciente, los magistrados dieron luz verde, con 13 votos a favor y 7 abstenciones, al Reglamento al artículo 28 bis de la Ley 7768.

Se trata de la denominada Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

A través de este reglamento, se autoriza al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para acceder a información no sensible de los servicios de telecomunicaciones en los casos mencionados.

Esto significa que el OIJ podrá acceder a registros telefónicos cuando investigue delitos relacionados con terrorismo y narcotráfico. La normativa determina los requisitos y procedimientos para dicha intervención.

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Dado que los servicios de telecomunicaciones gestionan información sensible de los usuarios, el reglamento pretende no comprometer la privacidad y confidencialidad, a menos de que exista una justificación de alto nivel.

La normativa establece que sólo se podrá compartir información básica, como los números telefónicos de las personas emisoras y receptoras involucradas; la fecha y hora de una comunicación; el operador telefónico; la duración; así como el correo electrónico. 

“No se está compartiendo en ningún momento el contenido de las comunicaciones telefónicas, ni archivos de audios, tampoco transcripción, video o algún otro tipo de archivo multimedia”, dijo Randall Zúñiga, director de la Policía Judicial, a la Corte Plena cuando se discutía el proyecto.

Con este reglamento, el Poder Judicial de Costa Rica busca tener más recursos a disposición para perseguir el crimen organizado y el terrorismo, tanto a nivel nacional como internacional.

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Según Zúñiga, en declaraciones recogidas por el Diario Extra, la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos estaría interesada en que se comparta este tipo de información sensible.

“El OIJ va a determinar los recursos que se requieren para que se pueda compartir la información. La DEA está interesada en este tipo de información y suministrarnos de vuelta cualquier resultado de una base de datos muy grande que ellos manejan, que se llama Matrix”, explicó.

La intervención de las comunicaciones en Costa Rica es un tema que se ha discutido intensamente durante los últimos meses. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa aprobó meses atrás un proyecto de ley que reforma la ley sobre registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones.

Esta reforma amplía el rango de delitos que justifican la intervención, contemplando, entre otros, el secuestro, la extorsión y el homicidio.

La intervención del Ente Nacional de Comunicaciones de Argentina (Enacom) seguirá hasta el 7 de julio de 2025 bajo la conducción unipersonal de Juan Martín Ozores en carácter de secretario. Así quedó plasmado en el decreto 675/2024, por el que se ratifica lo dicho por sus autoridades algunos días atrás. El Ente autárquico seguirá funcionando en el ámbito de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El pasado 27 de julio venció el plazo inicial de 180 días corridos de intervención del Enacom y la decisión de las autoridades era darle continuidad por un plazo mayor para contemplar modificaciones normativas necesarias e instrumentar y aprobar cambios de fondo en programas existentes. “Se encontró un Ente sobredimensionado, con áreas superpuestas y falta de automatización de procesos”, apuntaron las nuevas autoridades.

También se conocía extraoficialmente que se eliminarían las figuras de interventores adjuntos, puestos que hasta ahora estaban ocupados por Patricia Roldán y Alejandro Pereyra. El motivo que se expresa en el decreto es que “el proceso necesario para instrumentar tales propuestas requiere de un tiempo y una centralización de las decisiones que amerita que la conducción del mentado organismo sea de carácter unipersonal”. Vale recordar que hasta diciembre, el Enacom contaba con un directorio compuesto por seis directores nombrados por el Ejecutivo y por las primeras minorías parlamentarias.  

La gestión para el próximo año tendrá tres ejes principales: convertir al Enacom en un organismo técnico y dinámico, avanzar en una regulación a prueba de futuro y rediseñar el modelo de gestión de los Fondos de Servicio Universal (FSU) y el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca), pues para ambos se detectaron durante la intervención irregularidades tanto en el diseño como en la ejecución.

En materia de espectro, en los próximos meses se evaluará el espectro disponible en 4G para reforzar las redes ya instaladas, movimiento en el que no se descarta hacer la solicitud a Arsat para disponibilizar el que le fue adjudicado y que actualmente no se encuentra en uso. El plan es abordar procesos con foco en el desarrollo y no en lo recaudatorio. Además, está casi listo el reglamento satelital y se está revisando el vigente sobre operadores móviles virtuales.

Con los FSU, la propuesta sobre la mesa es replantear el programa porque “el modelo actual está más orientado a distribuir el presupuesto que a contribuir con el propósito de cierre de brecha”, respondió Ozores en un desayuno con periodistas del que participó DPL News. Se evalúa fomentar la participación de grandes operadores en la ejecución de programas asociados “por su escala y capacidad” y activar mecanismos de subsidio a la demanda.

Durante los últimos seis meses se plasmaron puertas adentro del Enacom las premisas de la administración de Javier Milei: desregulación, lo que se tradujo en la derogación del DNU 690, cambios en el régimen de importaciones y la apertura del mercado satelital; y, por otra parte, reducción de gasto estatal con, por ejemplo, el cierre de todas las delegaciones del Ente en el país. 

En el medio también hubo cambios en el organigrama de decisiones TIC. Dario Genua es actualmente el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de Argentina. Dentro de la Secretaría conviven cuatro dependencias: la Subsecretaría TIC, con funciones estrictamente relacionadas al sector (sin titular al momento); la Subsecretaría de Innovación (sin titular), la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología (Paula Nahirñak) y la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación, Ciencia y Tecnología (Diego Nelli).

Buenos Aires, Argentina.- En los próximos días se cumplen los 180 días corridos previstos en el decreto —se publicó el 29 de enero— por el que se dispuso la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Su titular, Juan Martín Ozores, repasó en un desayuno con periodistas qué se hizo y qué sigue en materias clave para el sector como espectro, Fondos de Servicio Universal y reglamentaciones, entre otros.

“La intervención se encontró con un Ente sobredimensionado, con áreas superpuestas y falta de automatización de procesos”, expusieron las autoridades designadas en un documento que también habla de incumpliento en objetivos planteados y desvíos en los plazos de implementación y ejecución. Ozores agregó que se está “esperando a la resolución para ver cómo continuamos; elevamos los informes a la Secretaría en cumplimiento con lo dispuesto”.

Conceptos como desregulación y eficiencia fueron repetidos durante el encuentro. Es que, a criterio de sus autoridades, “Enacom debe apuntar a ser un organismo técnico, profesional y dinámico, basado en un marco normativo simple que garantice la seguridad jurídica y previsibilidad del sector en un mercado en competencia”.

El plazo de intervención del regulador sectorial puede ser ampliado por única vez, todo apunta a que así será.

Espectro

En materia de espectro, la idea es trabajar en un roadmap que abogue por la mayor eficiencia. En los próximos meses (6 a 8 meses) se evaluará “el espectro disponible en 4G para reforzar la capacidad de las redes ya instaladas”, dijo Ozores. ¿Qué ocurrirá con el espectro asignado a Arsat en 3.5 GHz? “Estamos en etapa de evaluación, pero todo indica que haremos la solicitud para disponibilizarlo”, agregó ante la consulta de DPL News. También dijo que la idea es enfocar procesos en el desarrollo que generan y no en lo recaudatorio.

“La última gran ola de inversión fue en 4G. Las operadores tienen espectro, muchos invirtieron y tienen el core listo. Para fin de año se verá 5G desplegado en los principales centros urbanos”, señaló el actual presidente del organismo y agregó que pidió a su equipo que también se considere en la evaluación el uso de espectro para redes privadas.

Reglas

Desde el inicio de la intervención se revisó el 100 por ciento de la reglamentación vigente, por lo que viene un segundo semestre de “mucha modernización regulatoria y simplificación”, teniendo en cuenta que algunas normativas quedaron obsoletas o no se cumplieron (se mencionó entre estos casos el Reglamento de Calidad). Está casi listo el reglamento satelital y se está revisando a fondo el vigente sobre operadores móviles virtuales (OMVs), a consideración de que “no está alineado con el nuevo contexto (…), ese mercado podría regirse perfectamente por acuerdo entre privados”.

Puertas adentro también hubo movimientos. En abril se estableció el cierre de las delegaciones de Enacom en el país, lo que significaba gastos por más de 6 mil 600 millones de pesos anuales, al considerar que “los trámites que se hacían en forma presencial se pueden realizar sin inconvenientes en forma digital. El Ente consume 66 por ciento de lo que recauda y hay programas en marcha para, por ejemplo, la automatización de sistemas de facturación; incluso se analiza el uso de IA para modernizar la atención por distintos canales disponibles.

Fondos

Los recursos utilizados para los Fondos de Servicio Universal estuvieron en la lupa de las autoridades durante estos meses de intervención, pues se detectaron “fuertes anomalías”: se ejecutaron menos de la mitad de los recursos obtenidos, los recursos no siempre fueron aplicados en zonas sin conectividad, no existen mecanismos de medición de efectividad y, en algunos casos, se detectó que el costo por hogar de los adjudicatarios multiplicó por 5 ó 6 los costos habituales de la industria.

“El modelo actual está más orientado a distribuir presupuesto que a contribuir con el propósito de cierre de brecha digital. Se detectó un problema de diseño del modelo y de los procesos”, señaló Ozores. La gestión actual ya comenzó con las intimaciones correspondientes y no descarta acciones judiciales en caso de mantenerse las inconsistencias. La caja del FSU es hoy de unos 110 mil millones de pesos, parte de lo cual se usará para adjudicaciones en proceso.

¿Qué se hará con entonces con el FSU? La etapa actual es de evaluación y hay varias propuestas sobre la mesa, entre ellas avanzar con subsidio a la demanda. Lo cierto es que “se va a replantear todo el programa”. Incluso, Ozores respondió a este medio que “también hay un tema de ejecución deficiente que debe corregirse”, fomentando, por ejemplo, una mayor participación de los grandes operadores en la ejecución, por su economía de escala y capacidad de cumplir en tiempo y forma.

Las autoridades también mencionaron su intención de generar programas afines a la alfabetización digital junto con el Ministerio de Educación con uso de recursos de Enacom en el proceso de instalación y costos de conectividad (al menos por un tiempo determinado) y señalaron que están trabajando en un análisis de impacto impositivo  para elevar la situación a las autoridades correspondientes, teniendo en cuenta el alto peso tributario que pesa sobre el sector.

Consultado por DPL News sobre Arsat, Ozores respondió que “es una empresa muy saludable para tenerla en el ecosistema digital y creemos que será muy útil en las acciones que estamos pensando para reducir la brecha digital”

6 meses después

“Buscamos facilitarle el trabajo a la industria de telecomunicaciones, Queremos dar espacio para que los privados puedan desarrollar su negocio en libre mercado”, señaló Ozores a DPL News en su primera entrevista en el cargo de interventor, en el marco del MWC 2024. Deseó “que la industria vuelva” y consideró un reto “desregular” el sector, pero entendiendo que el ecosistema es distinto al de hace 10 años.

El fin del DNU 690 fue celebrado por la industria y, aunque el control de precios había quedado seriamente debilitado en la práctica por medidas judiciales a favor de los prestadores, fue tomado como una muy buena señal por los actores del ecosistema. El decreto, publicado por la gestión de Alberto Fernández en el contexto de pandemia, fue derogado casi mil 400 días después de su publicación.

En los últimos seis meses el sector fue escenario de cambios constantes en sus figuras más relevantes. Para simplificar, Dario Genua es actualmente el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de Argentina, una cartera que se desprende directamente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (antes de un Ministerio de Infraestructura que ya no existe). Dentro de la Secretaría, las decisiones TIC están ahora a cargo de la Subsecretaría TIC, pues este 19 de julio se eliminó la Subsecretaría de Comunicaciones y Conectividad.

Todos los funcionarios involucrados en las decisiones TIC mostraron puertas abiertas a dialogar con la industria y en sus discursos se repitió la idea de desregular, de dar luz verde al sector privado y de eliminar todo aquello que contamine una escena propicia para las inversiones. En este sentido, las decisiones generales del gobierno de Javier Milei se tradujeron en mayor apertura del sector, como sucedió con el mercado satelital o con la incorporación de un nuevo sistema de importaciones.

La Ley de Bases, promulgada por el gobierno, trajo algunas novedades para el sector. En ella queda de manifiesto que el Poder Ejecutivo no podrá disponer la disolución del Ente Nacional de Comunicaciones, así como tampoco de otros organismos públicos como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Instituto de la Propiedad Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

El artículo quinto de la citada ley da luz verde al Ejecutivo a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar fondos fiduciarios públicos, lo que habilita la idea de generar cambios determinantes en el diseño y destino de los Fondos de Servicio Universal (FSU). También se aprobó un régimen de promoción de inversiones (RIGI), que incluye a la tecnología entre los sectores alcanzados.

Así, los resultados específicos de las revisiones llevadas a cabo por el gobierno al Ente se conocerán en los próximas días y podrán cambiar algunas piezas clave en lo que viene para el regulador en el corto plazo.

Mientras se espera, todo apunta a una continuidad de acciones afines a desregular el mercado de las telecomunicaciones en Argentina, una concepto que Javier Milei defiende como bandera de su administración.

Radio Kermes

La intervención del Ente Nacional de las Comunicaciones despidió a una nueva tanda de trabajadores y trabajadoras del organismo, retomando el proceso de desvinculaciones que empezó en los primeros días de enero, cuando el ente estaba bajo administración del extinto Ministerio de Infraestructura.

El dato, que circuló como rumor en la mañana del miércoles, fue confirmado desde el Enacom, aunque no se pudo precisar la cantidad de personas despedidas.

Por el momento, una versión puertas adentro del organismo habla de una lista de 50 despidos identificados con nombre y apellido y que pertenecerían a áreas de prensa y comunicación, entre otras, aunque la información dice que no todos los alistados recibieron esta mañana la comunicación formal vía telegrama.

Según el trascendido, esos 50 serían la primera tanda de una lista de 200 trabajadores que serían desvinculados en los próximos días sin indemnización bajo la figura de “emergencia económica”, de acuerdo a lo que se pudo averiguar.

Leer más: https://www.radiokermes.com/noticias/20822-el-enacom-despidio-a-alrededor-de-50-empleados

El gobierno de Javier Milei oficializó la intervención por un año de medios públicos de Argentina. La medida, que ya se esperaba, se oficializó esta mañana con la publicación del decreto 117/2024 en el Boletín Oficial. Alcanza a Télam, Radio y Televisión Argentina del Estado, Contenidos Públicos Sociedad del Estado (incluye la TV Pública, Paka Paka, Contar, Deportv, Encuentro y otros) y Educ.ar.

El texto toma en su análisis la declaración de emergencia pública en distintas materias publicada en diciembre, que tuvo entre sus objetivos una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público. Agrega que la intervención será útil para elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades involucradas, que recientemente quedaron bajo el control de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El interventor será Diego Chaher, mientras que Diego Marias fue designado interventor adjunto.

Milei aseguró durante la campaña presidencial que privatizaría medios públicos como eje de su plan de austeridad. Esa promesa quedó plasmada en el proyecto de ley ómnibus, hoy en discusión parlamentaria. La propuesta incluye a Radio y Televisión Argentina y Télam, entre otras, como firmas susceptibles a que el Ejecutivo proceda a su enajenación. Arsat corría la misma suerte, pero una nueva versión del proyecto señala que el Estado deberá mantener su control.

Hace unas semanas, el gobierno también dispuso la intervención por 180 días del Ente Nacional de Comunicaciones, ente descentralizado que en el nuevo organigrama quedó dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Entre los objetivos de esa decisión están la revisión del impacto del DNU 690 y el análisis de regulaciones vigentes y el estado del Fondo de Servicio Universal.

El Nacional

El gobierno de Nicolás Maduro mintió ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) luego del escándalo que ha generado la revelación de que Movistar avala la intervención masiva de números telefónicos de los venezolanos.

“La libertad de expresión es ejercida plenamente en Venezuela, incluidos periodistas y medios de comunicación. Internet y redes sociales se usan libremente y sin restricciones”, afirmó el representante del régimen ante el organismo que dirige Michelle Bachelet, según una nota publicada por el diario El Mundo de España.

Un reciente informe de transparencia de Telefónica reveló que Movistar, su subsidiaria en Venezuela, ha cuadruplicado las intervenciones a números telefónicos por petición del gobierno.

De acuerdo con la propia compañía, en 2021 hubo 861.004 solicitudes de intervención. Entre las autoridades que hacen la petición se encuentra el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, con previa solicitud del Ministerio Público y autorización de un juez.

Consulta más información aquí.

Expansión

Trece de las principales telecos europeas, incluidas Telefónica, Deutsche Telekom, Orange, Vodafone y BT, han firmado un manifiesto en el que cargan duramente contra la regulación del sector en Europea, se rebelan contra el intento de la Comisión Europea de intervenir el precio de las llamadas nacionales, como ocurrió con el roaming, y piden que los gigantes digitales contribuyan a financiar las redes ya que son sus principales usuarios y los que más se benefician.

Leer más: https://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2021/11/29/61a4ae49468aeb29078b4600.html