Vanguardia

El Consejo de Estado, mediante el Decreto-Ley 41, dispuso la creación del Instituto de Información y Comunicación Social (IICS), que tiene la misión de conducir y controlar la Política de la Comunicación Social del Estado y el Gobierno. Para conocer sobre la importancia y los objetivos del nuevo órgano, comparecieron este miércoles en la Mesa Redonda directivos de este sector.

Como una excelente noticia, tanto para los profesionales de la comunicación y la población valoró la creación del IICS, Humberto Juan Fabián Suárez, vicepresidente de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS) al inicia el programa radio-televisivo.

En su intervención recordó que la comunicación es uno de los tres pilares básicos de la gestión gubernamental del país, y al otorgársele rango de ministerio a este nuevo organismo, constituye un cambio cultural.

«También tiene un impacto en los espacios físicos y virtuales. Igualmente contribuye a legitimar el campo de la comunicación social en el país y el trabajo de sus profesionales».

Advirtió que las relaciones públicas, la propaganda, la comunicación institucional y las investigaciones en este campo del saber no siempre han sido bien comprendidas, entre tanto se entiende comunicación al periodismo.

Añadió que el nuevo organismo debe ser un facilitador, un conductor de la gestión comunicativa para favorecer el diálogo y el consenso de la sociedad cubana, «para garantizar la participación de los ciudadanos en las complejas tareas que demande la sociedad».

A su juicio, en un país como Cuba que precisa una «más amplia cultura comunicacional», la creación del Instituto y la aprobación de sus normas complementarias, no son sinónimos de soluciones inmediatas a los problemas de comunicación que persisten en la nación,«es un proceso que será largo pero que el Instituto va a dinamizar y que las normas van a ayudar a enmarcar en determinadas pautas legales».

Según se informó, la gestación del IICS llega tras nueve años de profundo debate e intensa investigación científica, en los que se decidieron principios, funciones y normas que pautan la política de comunicación del estado y del gobierno cubano.

«El grupo de trabajo para la creación del organismo no solo se ciñó a los profesionales de la comunicación, sino que tuvo a miembros de la UPEC, las ACCS, FCOM y especialistas de la radio, la televisión y el Minrex. Igualmente participó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Finanzas y Precios, y de la Comisión de Implementación y el Partido”.

De esta manera, se revisaron todos los planteamientos vertidos durante los más recientes congresos de la UPEC y la AHS. Igualmente se examinaron 82 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, a la vez que se hizo un amplio estudio de derecho comprado en materia comunicacional.

Igualmente se tuvo en cuenta toda todas las normas jurídicas que existían en Cuba y se visitaron cinco provincias para intercambiar con profesionales del sector.

«Luego de concluir la primera versión del documento se realizó un amplio proceso de consulta con los órganos del poder popular, OACES, UPEC, la UNEAC, etc… y se presentó a sus Comité Nacionales. También se consultaron a más de 400 personas entre ellos, intelectuales, políticos de los cuales se recogieron más de 900 opiniones. De ellos 528 ratificaron totalmente la política y se realizaron 392 recomendaciones: 117 fueron aceptadas».

El directivo dijo además que en el 2018 este texto fue publicado en los principales sitios webs que tienen que ver con esta materia y reiteró que su aprobación definitiva estaba incluida en el cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional. «No fue nada apresurado».

El IICS robustece la institucionalidad de la nación

Por su parte, Onelio Castillo Corderí, miembro del Grupo de Trabajo Permanente para la creación del Instituto comentó que el nacimiento del IICS robustece la institucionalidad de la nación ya que es un campo estratégico para el país.

«El Partido fue capaz de constituir este grupo y solicitó que se hiciera una revisión integral de la gestión comunicacional en el país. Era necesaria una mirada más científica, más articulada, más integradora de la comunicación social que dejaran esa mirada unidireccional y que incluyera a la comunicación social como un proceso estratégico para la nación», expresó.

Para Castillo Corderí con este paso se irá trazando un camino legal que permita “acompañar el discurso político desde una plataforma jurídica como son las resoluciones, legislaciones y decretos-leyes.

«Los congresos del Partido definen a la comunicación como un eje estratégico, a la vez que el lineamiento 265 que convocan a la creación de la política de comunicación social del estado y del gobierno, realizando las transformaciones estructurales y funcionales que se requiriesen», dijo.

La proyección del Instituto es implementar la política de comunicación existente en el país, dijo el miembro del Grupo de Trabajo Permanente.

«La Constitución de la República defiende la comunicación, la información y el conocimiento como derechos ciudadanos y como bien público de la ciudadanía».

El Instituto tiene como misión, según el decreto-ley 41, conducir y controlar la Política de la Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubano; proponer su perfeccionamiento, así como contribuir a fomentar la cultura del diálogo y el consenso en la sociedad cubana.

El Consejo de Ministros dispone de un plazo de 30 días para proponer y aprobar las funciones, composición y estructura en todos los niveles del nuevo organismo.

Más adelante, el directivo mencionó algunas de las tareas del IICS. Entre ellas sobresalen la dirección metodológica de la ejecución de la comunicación social en los órganos del estado, los OACES, así como los órganos locales, etc.

«Igualmente se identificó la gran dispersión de investigación en materia de comunicación que existía en el país, con una visión reduccionista. También se incluye el tema de la superación de sus profesionales. Se pautará la inclusión de contenido de comunicación social en los distintos niveles de enseñanza pues tiene que producirse un cambio cultural», añadió.

Como otro elemento clave se encuentra la planificación de los recursos humanos y materiales que requiere la comunicación social. «No podemos permitir que se subestime la comunicación, ni que restricciones presupuestarias anulen proyectos en esta materia».

Igualmente se pretende gestionar la marca país, así como la coordinación de las acciones de comunicación de la imagen Cuba, tanto en los ámbitos mediático, institucional y comunitario.

El Nuevo Herald

El Consejo de Estado de Cuba aprobó la creación del Instituto de Información y Comunicación Social con la misión de conducir y controlar la política de la comunicación social del Estado y el Gobierno, según el Decreto-Ley 41 publicado este martes.

El nuevo organismo sustituye al Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) y también dependerá de la administración central del Estado.

El texto publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria número 96 dispone que el Instituto de Información y Comunicación Social tendrá entre sus funciones proponer “el perfeccionamiento de la política de la comunicación social” del país y contribuir a “fomentar la cultura del diálogo y el consenso en la sociedad cubana”.

Argumenta la necesidad de su creación y la extinción del ICRT debido a la ausencia de un organismo que “conduzca y controle el sistema de comunicación social para fortalecer la institucionalidad del país”.

De acuerdo con el Decreto-Ley -en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial- el Consejo de Ministros, dentro de los 30 días posteriores esta fecha, establecerá las funciones específicas, estructura y composición del recién creado instituto.

En opinión del presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), Ricardo Ronquillo, el instituto debe contribuir a resolver “los problemas estructurales de la prensa y la comunicación en la sociedad cubana”, así como a facilitar “el avance hacia nuevos modelos de prensa y de comunicación públicas”.

Ronquillo -citado por el periódico oficial Granma- dijo que de esa institución también se espera que ofrezca “coherencia” al cumplimiento de la Política de Comunicación del Estado y del Gobierno“, aprobada en 2018 y que reconoce a la información como un bien público y un derecho ciudadano.