La ola de la infraestructura, previo a la actual ola tecnológica, es la que permitió el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), y sin ella, la segunda no podría existir, aseguró Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group, durante la presentación del libro Inteligencia Artificial: hacia una nueva era en la historia de la humanidad.

“Hoy todos piensan que la Inteligencia Artificial es la ola, pero hay una previa que facilitó a la IA, que es la infraestructura de las redes de telecomunicaciones. Las redes 1G, 2G, 3G, 4G y 5G han tenido la capacidad de masificar cientos de miles de tecnologías incluidas de IA.

“Sin la ola de la conectividad, no tendríamos la ola de la IA que tenemos hoy, adosado al procesamiento de cómputo, y ello da como resultado un momento de singularidad, donde las redes de telecomunicaciones como 5G y 4.5G y la capacidad de procesamiento de cómputo pueden generar la singularidad de la IA”, aseguró Negrete.

Asimismo, explicó cómo el tema de la geopolítica ha cambiado en los recientes meses y años debido al desarrollo tecnológico.

El especialista se refirió a cómo desde hace 14 años Europa ha venido regulando el tema digital de manera profusa en materia de competencia, protección al consumidor, protección de datos, derechos digitales, propiedad intelectual, y recientemente dos marcos: la Ley de Mercados Digitales y la de Inteligencia Artificial.

“Europa está regulando al mundo bajo criterios muy europeos. Estamos en un momento de inflexión donde Estados Unidos considera que eso no es correcto”, comentó Negrete.

Y es que dijo que un ejemplo del cambio geopolítico y social en la vida cotidiana de las personas y las industrias es lo que ocurrió con la propuesta de la nueva Ley de Telecomunicaciones en México.

“Siendo una ley tan importante y relevante para el mundo de infraestructura digital y una sociedad innovadora y competitiva, el tema que le impactó a todos fue un artículo que establecía la posibilidad de suspender temporalmente una app digital.

“Es decir, no fue importante para la sociedad hablar de conectividad digital o nearshoring, sino lo que a la gente le impactó fue la posibilidad de que una plataforma digital pudiera suspenderse, porque de acuerdo al artículo 3 de la Constitución, habilita todos los derechos digitales”, agregó el presidente de DPL Group.

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La ministra del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Cármen Lúcia, votó a favor de la inconstitucionalidad de las leyes estatales de Bahía que exigen una licencia ambiental para la instalación de estaciones radio base (ERB) de telefonía celular en el estado.

La ministra reconoció en su relatoría una interferencia en la competencia de la Unión y de la Anatel (Agencia Nacional das Telecomunicaciones) para autorizar la implementación de infraestructura de telecomunicaciones.

La Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 7509 fue presentada por la Acel (Asociación Nacional de Operadoras Celulares) en noviembre de 2023 y el STF comenzó a votar el tema el 22 de marzo. Casos similares ya han sido vetados anteriormente por el Tribunal, como el municipio de Guarulhos, en São Paulo, y el estado de Manaus.

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La Acel argumenta que el decreto estatal y la resolución del CEPRAM (Consejo Estatal del Medio Ambiente) de Bahía perjudican la organización y la explotación de los servicios de telecomunicaciones a nivel federal. La Ley 13.116/2015, que establece las normas para el licenciamiento e instalación de infraestructura de telecomunicaciones, dice en el § 3º del Art. 4º que: 

“La regulación y fiscalización de aspectos técnicos de las redes y los servicios de telecomunicaciones es competencia exclusiva de la Unión, quedando prohibido a los estados, municipios y al Distrito Federal imponer condicionamientos que puedan afectar la selección de tecnología, la topología de las redes y la calidad de los servicios prestados”.

La Acel también solicitó la suspensión inmediata de los ítems impugnados, ya que, a pesar de contar con la licencia federal emitida por la Anatel, las normativas han generado multas y sanciones a los operadores de telecomunicaciones. El tribunal tiene plazo hasta el 3 de abril para el fallo, así como para el voto de los demás ministros.

Vale la pena señalar que Jerônimo Rodrigues, gobernador de Bahía, defendió que la acción no fuera admitida y el presidente del Consejo Estatal del Medio Ambiente no proporcionó información sobre el caso. Por otro lado, la Procuraduría General de la Unión (PGU) y el Procurador General de la República se manifestaron a favor de conceder la medida cautelar solicitada por Acel y de la procedencia de la ADI.