El diputado federal André Figueiredo (exministro de Comunicaciones de Brasil) presentó un proyecto de ley (PL 5640/2023) que aborda los desafíos financieros relacionados con la implementación de líneas subterráneas de transmisión de energía eléctrica y telecomunicaciones.

En este contexto, propone el uso del Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (FUST) como fuente de financiamiento. El proyecto, denominado “Marco Legal para la Seguridad de Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica y Telecomunicaciones”, modifica diversas leyes, como la Ley de Concesiones, la Ley de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), la Ley de la Cuenta de Desarrollo Energético (CDE) y la Ley del FUST.

Esta modificación tendría prioridad en áreas urbanas y en lugares de preservación ambiental, con el objetivo de reducir el impacto visual y ambiental de las infraestructuras. Además, el proyecto autoriza asociaciones público-privadas para estas obras.

El debate sobre la sustitución de postes por redes subterráneas continúa en el Congreso, con otros proyectos que abordan temas específicos, como áreas históricas y culturales. El texto también destaca la presentación de proyectos relacionados con la utilización de mecanismos de deducción de impuestos y la asignación de costos a las concesionarias que se beneficien de los cambios en la infraestructura.

El Congreso continúa analizando estas propuestas, incluyendo aspectos relacionados con el financiamiento y los incentivos fiscales.

Por primera vez en Japón, la tecnología 5G se alimentará de antenas subterráneas conectadas a las estaciones base de bóveda. El operador KDDI y Ericsson ya están trabajando en su implementación.

La red de la empresa japonesa de telecomunicaciones será pionera en el país en comenzar a operar este tipo de despliegue conocido como “en forma de boca de alcantarilla”, cuya principal ventaja es que elimina el impacto visual de las instalaciones terrestres.

Al implementar estaciones base de bóveda, los operadores y las autoridades de las ciudades pueden colocar equipos en bóvedas subterráneas ya existentes, con infraestructura de fibra y energía conectada a antenas al nivel del suelo.

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Ericsson destacó que este diseño permite un proceso de despliegue y obtención de permisos muy rápido, y elimina el impacto visual en la calle. Los sitios subterráneos se pueden instalar en calles, plazas, áreas comerciales y otros entornos.

Por el contrario, la instalación tradicional interviene en los espacios humanos e implica mayores trámites. Además, la compañía sueca dijo que el despliegue subterráneo es una solución cuando no se puede conseguir la autorización para antenas exteriores en escenarios urbanos densos.

La implementación bajo suelo de KDDI le ayudará a mejorar el alcance de su red 5G en las zonas urbanas de Japón, ya que el gobierno nipón propuso la meta de que la cobertura de los servicios de quinta generación lleguen al 95 por ciento de la población para el próximo año.

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Asimismo, el operador está trabajando en otras soluciones enfocadas en expandir la cobertura en las áreas rurales. Por ejemplo, desde 2019 la empresa comparte radiobases con SoftBank para el desarrollo de 5G en zonas menos densamente pobladas.

La implementación subterránea de KDDI y Ericsson fue posible debido a que, en julio de 2021, el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones emitió una nueva normativa para la construcción y operación de estaciones base de bóveda. En concreto, la normativa establece un sistema de pautas de protección de ondas de radio para este tipo de instalación.

El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) está examinando un nuevo proyecto de decreto que busca que las alcaldías puedan implementar y administrar infraestructura subterránea para el desarrollo de redes neutrales de fibra óptica, que pondrían a disposición de los operadores de telecomunicaciones.

La iniciativa, presentada por la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tania Nanette Larios Pérez, plantea reformar la Ley Orgánica de Alcaldías para que las autoridades locales tengan la atribución de diseñar, implementar, resguardar y administrar infraestructura subterránea, con el objetivo de que esta sustituya el cableado aéreo en las calles y colonias de la capital.

Así, las alcaldías darían acceso a las empresas de telefonía e Internet para utilizar la infraestructura subterránea, a cambio de contraprestaciones y la eliminación del cableado aéreo y postes que en la actualidad soportan este tipo de servicios.

De esta manera, la iniciativa argumenta que se podría acabar con la problemática de contaminación visual y riesgos en el entorno urbano que representa el exceso de cableado en la Ciudad de México.

Actualmente, las alcaldías deben coordinarse con el Gobierno de la CDMX en los temas relacionados con la política digital. Por eso, el proyecto propone que las administraciones de cada demarcación tengan la facultad de intervenir en el despliegue de infraestructura subterránea.

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Si se cambian los postes y el cableado aéreo que soportan las redes de telecomunicaciones por las instalaciones subterráneas, no sólo mejoraría la imagen del entorno urbano, sino que también se modernizarían los servicios de Internet y banda ancha y mejoraría su calidad, de acuerdo con el documento.

En el proyecto, la diputada del PRI sostiene que la infraestructura subterránea ofrece reconocidas ventajas para operadores y consumidores finales, pues permiten flexibilizar las instalaciones y adaptarse a las diversas necesidades de usuarios y dispositivos conectados a la red.

Además, se optimizarían los tiempos de instalación de los servicios, disminuiría el personal que interviene en las obras, reducirían los costos de inversión inicial y los asociados a las operaciones de las redes.

“Desarrollar redes neutrales es fundamental cuando se proyecta la construcción de ciudades inteligentes o sustentables para los próximos años, ya que este modelo permite desplegar en forma eficiente y masiva los servicios digitales en determinadas zonas geográficas –capitalizando así la infraestructura existente–”, señala el documento.

Sin embargo, la iniciativa reconoce que para lograr el reemplazo del cableado aéreo por la infraestructura subterránea se requieren esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado, debido al reto técnico y financiero que la tarea representa.

Anteriormente, al Congreso de la Ciudad de México ya habían llegado otros proyectos normativos para el retiro del cableado aéreo de las calles de la capital. En 2020, los legisladores y las legisladoras estudiaron una propuesta de ley que buscaba la sustitución por las instalaciones subterráneas y planteaba aplicar multas a los operadores que no cumplieran con la disposición.

Incluso, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó ese mismo año la iniciativa de Ley para el Retiro de la Infraestructura Aérea y para el Uso y Aprovechamiento del Subsuelo.

La industria de telecomunicaciones se ha mostrado de acuerdo con implementar acciones para mejorar el entorno urbano, pero han pedido que la situación se aborde de manera conjunta entre el gobierno y los operadores.

En ese entonces, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, la Asociación Internet MX y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información dijeron que se debía encontrar el mayor equilibrio posible entre la conectividad, la protección civil y la imagen urbana y las inversiones del sector.

Las organizaciones advirtieron en ese entonces que modificar el cableado actual podría impactar negativamente en la calidad de los servicios que reciben las personas usuarias y en las inversiones de las compañías.

El Ministro de Infraestructura Digital del Reino Unido, Matt Warman, planteó la posibilidad de que los operadores de telecomunicaciones tengan acceso a las redes de electricidad, gas, agua y alcantarillado, que incluyen postes y conductos subterráneos, para desplegar los servicios de banda ancha a menor costo y aumentar la cobertura.

La propuesta busca facilitar el tendido de cables para la banda ancha en carreteras, ferrocarriles y otros lugares. Se estima que la reutilización de esta infraestructura genere ahorros de 8 mil millones de libras para las empresas del sector.

De acuerdo con el Departamento de Digital, Cultura, Medios y Deportes, las obras civiles, en especial la instalación de nuevos conductos y postes, para las redes pueden representar hasta 80 por ciento de los costos totales para los proveedores de banda ancha.

Por lo tanto, usar infraestructura eléctrica y de otros servicios permitiría reducir el costo de implementación y el tiempo, y propiciar la expansión de banda ancha con capacidad de hasta 1000 MB (1 Gbps) para más hogares y negocios británicos.

Además, el proyecto del ministro contempla mecanismos para que las compañías de telecomunicaciones compartan infraestructura pasiva, como ductos, postes, torres y gabinetes, entre sí de manera más eficiente. La propuesta está abierta a comentarios.

Warman afirmó que “esto les ayudará (a las empresas) a evitar los altos costos y la interrupción de tener que excavar o construir los suyos y, en última instancia, beneficiar a los consumidores”. Agregó que se reforzará la apertura a la infraestructura de otras grandes compañías.