El Economista Jorge Bravo

La nueva retirada de Estados Unidos de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), anunciada el 22 de julio, con efecto al 31 de diciembre de 2026, revive un capítulo histórico que remite a 1984, cuando Ronald Reagan decidió abandonar el organismo. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Quién paga por preservar el patrimonio cultural? ¿Por qué México es una voz muda en esta disputa diplomática cuando el primer dirigente de la UNESCO fue un mexicano notable?

El EE.UU. de Reagan abandonó la UNESCO en el contexto del Informe McBride “Muchas Voces, Un Solo Mundo”, redactado por el irlandés y Premio Nobel de la Paz, Sean MacBride, que presentaba una crítica contundente al orden mediático internacional. Señalaba la necesidad de un Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación (NOMIC), denunciaba el dominio de flujos informativos asimétricos, defendía el derecho a la comunicación como un derecho fundamental y exigía pluralidad de voces.

También abogaba por la democratización en el acceso a la información, equilibrio en los flujos informativos entre norte y sur y la necesidad de que los países en desarrollo crearan sus propios sistemas mediáticos y agencias de noticias. MacBride y la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación que elaboró el documento anticiparon las problemáticas actuales de las plataformas digitales: concentración mediática, manipulación informativa y necesidad de regulación democrática de las tecnologías.

El Informe McBride (que en su momento molestó a la Unión Americana y Reino Unido por sus “teorías estatistas” y su crítica a la comunicación como mercancía, tildándolo de “ataque a la libertad de prensa”) exigía equidad en el acceso a la información y el fin de la hegemonía mediática de los países desarrollados, temas muy vigentes en plena era de la Inteligencia Artificial, plataformas digitales y sociedades cada vez más interconectadas.

Ahora, Trump argumenta que la UNESCO ha adoptado un sesgo pro‑Palestina y una postura crítica hacia Israel, alineándose con lo que él denomina una agenda “globalista e ideológica” que contrasta con su visión nacionalista de “America First”. EEUU aporta 8 % del presupuesto de la UNESCO, cifra significativamente menor al 20 % de financiamiento previo (117 millones de dólares anuales de un presupuesto total de 534 millones), pero aún relevante.

La salida de EE.UU. impacta el multilateralismo y la colaboración internacional, pero directamente los programas globales y locales de la UNESCO. En México, país con 36 sitios declarados Patrimonio Mundial (la mayor cantidad en América y sexto a nivel mundial), la decisión amenaza la continuidad de asistencia técnica y proyectos de conservación que han recibido financiamiento de la UNESCO para restauración, interpretación temática y prevención de riesgos por desastres naturales.

La Oficina de UNESCO en México lideró un proyecto de Desarrollo de Indicadores Mediáticos durante el gobierno del presidente AMLO (esencial para medir pluralidad, acceso y calidad informativa en plataformas digitales, periodismo, medios de comunicación, comunitarios e indígenas), pero su enfoque fue acrítico al régimen de la Cuarta Transformación que lo auspició. Personalmente, fui invitado y participé en varias actividades, pero el proyecto súbitamente se interrumpió.

El silencio de las autoridades mexicanas resulta llamativo. Pese a que Estados Unidos representa una fuente clave de financiamiento, no hay señales de preocupaciones públicas ni evaluación de riesgos, cuando ese 8 % del presupuesto global afecta directamente iniciativas culturales y educativas en México. Estados Unidos también ha recortado apoyos a otros organismos de la ONU como la FAO, OMS y OIT, lo cual refleja una tendencia hacia el aislamiento institucional.

El vínculo entre México y la UNESCO tiene raíces profundas. El primer Director General fue Jaime Torres Bodet, símbolo de una visión nacional orgullosa de la educación, la ciencia y la cultura. Esa herencia parece olvidada frente a la nueva crisis diplomática.

Aunque la UNESCO plantea normas globales sobre IA, ciencia y educación, su influencia parece disminuir. El organismo ha desarrollado una Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, adoptada en 2021, la cual establece principios para el desarrollo responsable de la IA: respeto a los derechos humanos, equidad, no discriminación, diversidad, inclusión y sostenibilidad.

La recomendación promueve la participación de múltiples actores en la gobernanza de la IA. Aboga por sistemas de IA auditables, transparentes y explicables. Prioriza el bienestar humano sobre la eficiencia tecnológica. Para Estados Unidos, líder mundial en desarrollo de IA, estos marcos regulatorios representan potenciales obstáculos a su supremacía tecnológica.

La UNESCO propone regular el uso de la IA Generativa en escuelas, límites de edad, privacidad y manejo de datos para fomentar una educación digital responsable, pero ha tenido una incidencia limitada. También ha alertado sobre el impacto ambiental del crecimiento exponencial de la IA: consumo energético, hídrico y de minerales críticos que duplican su demanda cada 100 días.

Sin el respaldo económico y político de Estados Unidos, la capacidad operativa de la UNESCO para financiar y supervisar proyectos en México se debilita. ¿Qué implicaciones tiene? Menor financiamiento técnico y operativo para conservación de sitios arqueológicos y culturales. Riesgo de descontinuidad en proyectos de fortalecimiento educativo, mediático o patrimonial. Necesidad urgente de un diálogo público para evaluar impactos y buscar alternativas ante la ausencia de un actor clave como EE.UU.

México se encuentra entre la espada y la pared: la oportunidad para respaldar las actividades y programas de la UNESCO y asumir un liderazgo en educación, ciencia y cultura que tanta falta nos hace, pero confrontarse con Estados Unidos por haberse retirado del organismo.

Los secretarios Juan Ramón de la Fuente de Relaciones Exteriores; Rosaura Ruiz de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; Mario Delgado de Educación Pública; Claudia Curiel de Cultura y Josefina Rodríguez de Turismo deben reaccionar de inmediato ante el desafío (pero también la oportunidad diplomática) de liderar la protección al patrimonio cultural, educativo, científico y mediático ante la retirada del hegemón estadounidense. Hay que retomar el legado de Torres Bodet y asumir la responsabilidad y defensa de la cooperación internacional en un momento clave para la educación, la ciencia y la cultura del planeta.

El Economista Jorge Bravo

Mientras se discute la concentración de poder, la vocación de control y los riesgos de censura contenidos en la propuesta de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, conviene recordar los mensajes de pluralidad, libertad y libre flujo de la información del Informe MacBride en su 45 aniversario.

La iniciativa de ley presentada por la presidenta Sheinbaum busca concentrar las facultades del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), otorgándole el interruptor para bloquear plataformas digitales, así como autorizar contenidos de origen extranjero sin criterios claros vía la Secretaría de Gobernación.

Esta visión centralizadora y controladora contrasta con los principios democráticos impulsados por el Informe MacBride en 1980, que promovía la democratización de la comunicación, la pluralidad de voces y fuentes y el respeto irrestricto al derecho humano a la información. A 45 años de aquel documento de la Unesco, resulta urgente recuperar sus recomendaciones para garantizar que cualquier legislación en telecomunicaciones, radiodifusión y servicios digitales fortalezca, y no socave, los derechos fundamentales y las garantías institucionales.

La iniciativa enviada al Senado confiere a la ATDT la potestad de decidir sobre concesiones de radio, televisión, telefonía y banda ancha, así como de revocarlas si se utilizan con un fin distinto (discrecional) al de su título. Con la extinción del IFT desaparece la independencia regulatoria. Asimismo, el gobierno provee directamente el servicio de Internet a usuarios finales, lo cual abre la puerta a la competencia estatal bajo la figura de un monopolio disfrazado.

El artículo 109 de la propuesta permite bloquear temporalmente plataformas digitales —redes sociales, de streaming, mensajería, movilidad o cualquiera que imaginemos—, sin especificar con precisión las causas ni los procedimientos de debido proceso. La falta de definición de criterios deja en manos de la omnímoda Agencia la discrecionalidad para bloquear aplicaciones, servicios y contenidos, lo que atenta contra la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información.

Otro punto controvertido prohíbe a concesionarios de radiodifusión transmitir contenidos patrocinados o encargados por gobiernos extranjeros u organismos internacionales sin autorización previa de la Secretaría de Gobernación. Este requisito extiende la vigilancia del Estado sobre el discurso mediático, complica la cobertura informativa internacional y el ejercicio periodístico en asuntos de interés público global, vulnerando la independencia editorial.

En su título “Un solo mundo, voces múltiples”, el Informe MacBride subraya que la libre circulación de la información es piedra angular de la democracia. Propone eliminar barreras que impiden una difusión equilibrada de contenidos, así como garantizar la pluralidad de fuentes y canales informativos.

En el surgimiento de nuevas tecnologías, MacBride recomendó en 1980 “promover una comunicación democrática global en la que se respeten las identidades culturales y los derechos individuales”, y diseñar políticas nacionales de comunicación que armonicen con estándares internacionales de libertad de prensa e información, entre otros muchos principios.

El Informe enfatiza la necesidad de proteger a profesionales de la información frente a presiones políticas o económicas y desarrollar códigos deontológicos que refuercen la integridad periodística.

La iniciativa de nueva ley telecom apuesta por un modelo contrario en el cual el Estado retiene funciones de regulación, diseño de políticas públicas y operación de servicios de telecomunicaciones, replicando prácticas de control estatista que el Informe MacBride condenó al asociarlas con la manipulación informativa. MacBride estaba más cercano de órganos reguladores independientes y mecanismos de participación ciudadana que impidieran cualquier forma de censura o concentración de poder en materia comunicacional.

Por lo tanto, los principios indispensables para una legislación democrática deberían ser autonomía regulatoria, o sea, mantener un organismo independiente que equilibre intereses públicos y privados, evitando la captura política. Criterios claros y transparentes para cualquier medida o sanción, establecidos en ley y sujetos a control judicial, con plazos y causas delimitadas.

Pluralidad de voces y fuentes, para garantizar la diversidad de medios y contenidos, impidiendo barreras legales o económicas que favorezcan a un solo actor. Protección de datos y privacidad de los usuarios de servicios digitales, con restricción de injerencias de la ATDT o de cualquier otra autoridad sin orden judicial previa. Prohibición de cualquier tipo de censura preventiva y discrecional.

Participación ciudadana y consulta pública en la elaboración de leyes, regulaciones, reglamentos y lineamientos, siguiendo las recomendaciones del Informe MacBride de instaurar consejos con representación plural.

A 45 años del Informe MacBride, la nueva ley telecom representa optar por una regulación que fortalezca la democracia y la transformación digital, o apostar por un modelo centralizador que desemboca en censura y control. Rescatar las enseñanzas de aquel documento implica reconocer la comunicación como un derecho humano, salvaguardar la autonomía de reguladores y garantizar la pluralidad y transparencia en los sectores de telecomunicaciones, mediático y digital. Así se podrá honrar la visión de un mundo con voces múltiples, como defendía Sean MacBride, y evitar que el derecho a la información, las libertades, los derechos y la comunicación queden supeditado a intereses de poder.