Uber está de nuevo bajo la mira regulatoria por su negativa a tratar a los conductores como empleados, lo que lo exime de brindar derechos laborales como pagar primas por la compensación de los trabajadores, la seguridad social, el seguro de desempleo y discapacidad, y la asistencia pública para los conductores que no pueden mantenerse.

Una abogada que ha estado luchando contra el gigante de transporte privado en la corte durante seis años quiere que un juez ahora tenga en cuenta los costos adicionales que el modelo comercial de Uber carga a los contribuyentes de California, Estados Unidos.

Liss-Riordan, con sede en Boston, ha emprendido una campaña legal de larga duración contra Uber y la economía global, argumentando que su modelo se basa en mano de obra barata y finales legales en torno a décadas de protecciones duramente ganadas para los trabajadores.

El proyecto de ley 5 de la Asamblea de California (AB 5) dice que los trabajadores generalmente sólo pueden considerarse contratistas si realizan tareas fuera del curso habitual de los negocios de una empresa. Los expertos legales dicen que la ley debilita el argumento de Uber de que sus conductores son contratistas independientes, e incluso la compañía reconoce que la ley crea un obstáculo mayor.

La compañía también mantiene su argumento de que no es una compañía de viajes compartidos y que los conductores son periféricos a su misión central. “Uber es una compañía de tecnología y, por lo tanto, no opera vehículos y no proporciona herramientas ni equipos. Los conductores utilizan su aplicación”, argumenta Uber.