Pese a las advertencias de la industria, el Congreso de Aguascalientes aprobó el cobro de un “aprovechamiento” del 2% a las plataformas digitales de reparto de alimentos, paquetes y mercancías, como DiDi Food, Uber Eats y Rappi.

Alianza In México alertó que la medida afectará a repartidores, pequeños comercios, restaurantes y consumidores, y generará un entorno de mayor incertidumbre para la inversión en la entidad.

La asociación calificó la decisión como un “retroceso” que tendrá severas implicaciones económicas y sociales.

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Guillermo Malpica, director ejecutivo de Alianza In México, señaló que la reforma fue avalada en una sesión extraordinaria el pasado 19 de febrero sin consultar a la población, a los repartidores ni a la industria.

“Esta reforma se aprobó sin consultar a la población, sin consultar a los repartidores, y mucho menos a la industria que año con año invierte millones de pesos en este estado. Este impuesto es sin duda un retroceso que tendrá severo impacto económico y social”, afirmó Malpica.

Alianza In advierte más costos y mala señal para inversiones

De acuerdo con la asociación, las plataformas digitales funcionan como habilitadoras de la economía social, el autoempleo y el crecimiento del comercio local, al permitir que miles de micro, pequeñas y medianas empresas y restaurantes amplíen su alcance comercial y generen nuevas fuentes de ingreso.

Sin embargo, introducir un nuevo costo estructural en un contexto de consumo sensible podría traducirse en una menor demanda, reducción de oportunidades laborales para los repartidores y mayor presión financiera para pequeños y medianos negocios, que ya enfrentan márgenes estrechos.

Además, Alianza In México advirtió que este tipo de decisiones envía una señal negativa a los inversionistas, pues pone en evidencia que las reglas pueden cambiar de forma repentina, sin análisis técnico ni procesos de consulta pública, lo que incrementa la percepción de riesgo regulatorio en el estado.

“Aún es posible rectificar”

La aprobación del impuesto ocurre apenas días después de que la propia Alianza In hiciera un llamado público al Congreso local para frenar la iniciativa, alertando sobre sus posibles consecuencias para la economía estatal, los ingresos de los repartidores y la competitividad del ecosistema digital.

Pese a estas advertencias, el dictamen fue aprobado sin abrir espacios de Parlamento Abierto, mesas técnicas o consultas con los sectores involucrados.

Ante este escenario, Alianza In dijo que “todavía hay tiempo para reconsiderar”, e hizo un llamado a la gobernadora Teresa Jiménez para que convoque a un espacio de diálogo que permita revisar los efectos de la nueva carga fiscal y explorar alternativas que protejan el empleo, la formalidad y la competitividad local.