La Hora

¿Qué es la identidad digital? El proyecto de modernización del documento Personal de Identificación (DPI) que el Registro Nacional de las Personas (Renap) tiene contemplado para 2026 y el ejemplo en otros países donde ya funciona. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) define la identidad digital como «el uso de tecnología para asegurar y probar identidad» de una persona.

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Reforma

Se estima que en México hay más de 76 millones de personas que no cuentan con ningún tipo de registro de información biométrica; por lo que los planes de digitalizar los procesos y trámites de Gobierno serán una tarea titánica, alertaron especialistas.

Jesús Aragón, CEO de Identy.io, comentó que la carencia de datos de millones de mexicanos podría dejarles fuera de la implantación de servicios como la CURP Digital o la nueva aplicación Llave MX.

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Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic)

Paraguay acogerá la 7ª Cumbre Iberoamericana IDForo 2025, el principal encuentro internacional sobre identidad digital, firma electrónica y servicios de confianza en Iberoamérica. El evento se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2025 en el Paseo La Galería, de Asunción.

El Ministro de Industria y Comercio (MIC) de Paraguay, Javier Giménez, será el Presidente Honorífico de esta edición.

Esto confirma la dedicación del país con respecto a la innovación tecnológica, la transformación digital y el progreso de la economía digital en la zona.

Se reunirán líderes empresariales, altos funcionarios gubernamentales, expertos en tecnología y delegados de organismos multilaterales en la cumbre para dialogar y compartir experiencias sobre cómo la identidad digital y los servicios de confianza afectan áreas esenciales como el comercio, la salud, las telecomunicaciones, el gobierno y el sector financiero.

“Este encuentro refuerza nuestra visión de un país abierto a la innovación y comprometido con el desarrollo de un entorno digital seguro, confiable y competitivo, que contribuya al crecimiento económico”, destacó el titular del MIC.

Por su parte, Gertrudis Camps, directora ejecutiva del ID Foro, sostuvo que “volver a reunirnos en Iberoamérica para seguir impulsando alianzas público-privadas es una oportunidad única para acelerar la adopción de soluciones digitales de confianza. Paraguay se convierte, con esta cumbre, en un referente regional para construir juntos un futuro más seguro, eficiente y conectado.

El evento, que organiza IDForo, se establece como un espacio exclusivo para el diálogo entre el sector público y privado, fomentando proyectos y asociaciones estratégicas con efectos económicos y sociales en Iberoamérica.

En las semanas siguientes, se revelarán los primeros oradores confirmados y los temas específicos de esta edición, que tiene el potencial de ser un hito para el futuro del mercado digital iberoamericano.

Ciudad de México. México se convertirá en un nuevo nodo del triángulo geográfico de 4iDigital, constituido por Buenos Aires, Argentina y Madrid, España. El país será pionero en probar la identidad soberana, para que cada persona sea dueña de su identidad digital e información y elija a quién compartirla, reveló este miércoles 3 de septiembre su fundador y CEO, Darío Fainsod, durante la presentación oficial de la empresa de verificación de identidad en el país.

El fundador explicó que la identidad digital se guardará simultáneamente con una llave privada en el celular del usuario y una llave pública en la Nube, al tiempo que se garantiza la trazabilidad mediante su registro en una Blockchain como Ethereum.

Fainsod advirtió que sin la identidad digital es imposible que se materialice Open Finance y Open Data, y anticipó que va a reemplazar a los burós. La empresa argentina llevará a cabo esta tarea de la mano de su socio tecnológico Dock Labs, con el que anunció la integración de sus credenciales verificables a fines de junio de 2025.

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Y, por la regulación mexicana estipulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, valida toda la información con la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE).

John Cárdenas, country manager y director comercial de 4iDigital en México, explicó que para esto se apoyan Idemia, que desde 2016 es el motor biométrico del INE, y colabora con 7 bancos de México. También destacó que la solución está alojada en la Nube como Servicio, por lo que no requiere de la instalación de infraestructura, permite añadir múltiples capas y también ofrece refutación en el mundo digital sin tener que exponer datos sensibles.

México, un mercado con un potencial exponencial

Durante la presentación en México, Fainsod dijo que el ecosistema digital debe crecer entre cuatro y cinco veces en los próximos dos años, aproximarse más hacia la madurez de Estados Unidos y estar más cerca de Brasil. “Estamos en la prehistoria del mundo que viene”, aseguró el emprendedor argentino, quien agregó que el mercado mexicano es foco y la empresa contribuirá a que sea posible hacer crecer todo el potencial.

No obstante, advirtió que para que eso se cumpla hacen falta dos cosas: confianza y una buena experiencia de usuario (UX), los cuales son sus ejes, a través del elemento transversal que es la persona, al ser una empresa B2B2C, es decir, que le proveen tecnología a otras empresas que a su vez sirven a usuarios finales.Fansoid reveló que Mercado Libre fue el primer cliente de 4iDigital en México y hoy ya procesa 1.2 millones de transacciones del gigante latinoamericano del comercio electrónico y las finanzas digitales en el país, donde también colabora con otras empresas, como Kapital y Sumsub.

Reforma Jorge F. Negrete P.

“Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.” Artículo 6to de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La identidad es un recurso cultural complejo, en permanente evolución. El territorio, la lengua, los símbolos, nuestra historia, las afinidades filiales y emocionales nos hacen ser nosotros y nos obsequian la identidad. Pero si la identidad es una jornada de búsqueda y preguntas que no claudica en la cultura, es un derecho en el mundo jurídico y digital.

La identidad, un derecho habilitante de otros. La UNICEF establece que la identidad es el “reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y, a su vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia”.

Nuestra Constitución establece en su artículo 7o que “toda persona tiene derecho a la identidad”. El artículo 36 de la Constitución establece como una obligación de los ciudadanos “inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos”. Esta función la gestiona el Registro Nacional de Población de la Segob.

Si el derecho de acceso a internet es un derecho fundamental, la identidad es entonces un derecho fundamental que nos da personalidad jurídica y el ejercicio de derechos y obligaciones, pero ambos abren la puerta al ejercicio de todos los derechos fundamentales, ya que son indivisibles e interdependientes. Son un derecho habilitante, son la puerta y la llave para vivir los derechos que el Estado garantiza en el mundo digital.

El documento. La identidad es reconocida ante la ley y el Estado, con un conjunto de datos y atributos. Esa identidad se formaliza en un documento de nomenclatura diversa: cédula de identidad, de ciudadanía, tarjeta de identidad, registro civil, carné de identidad o documento nacional de identidad. La falta de éste provoca una cadena de violaciones a otros derechos, marginación, desigualdad e injusticia. Sin documento de identidad vivimos al margen de la ley.

La cédula de identidad digital. Tu identidad en Internet es frágil. Transita en una compulsiva vida digital donde entregas tus datos personales, atributos y biométricos a tu banco, pasaporte, licencia, escuela, comercio digital y trabajo. Mereces que el Estado digital te la otorgue en las condiciones de seguridad y confianza más amplias. En un mundo digital, nuestros derechos necesitan un proceso de gestión de nuestra información y datos personales para comunicarlos con libertad, seguridad (ciberseguridad), interoperabilidad y certeza.

La identidad y su expresión digital son el más poderoso facilitador en la ejecución de la política pública, la transformación digital de la sociedad, el crecimiento económico, la competitividad y la protección de derechos fundamentales.

El ciudadano digital nace cuando se habilitan el derecho de acceso a Internet y Identidad Digital.

Sin identidad digital no hay democracia, ni justicia, derechos fundamentales, seguridad pública, ni economía digital.

Cada quien quiere su registro. La Asociación de Bancos de México señaló que “es urgente que en México haya una sola identidad digital para todos los ciudadanos”. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro estableció el uso obligatorio de la autenticación biométrica con huella digital. La Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con un robusto sistema de captura de datos personales y biométricos generando una identidad digital.

Capturar datos personales y biométricos es una actividad que, sin una armonización de procesos, genera falta de certeza jurídica, desconfianza pública y viola la privacidad.

El Estado mexicano debe garantizar la Identidad Digital Universal. A un paso de lograrlo. La duda fundada nació del ataque a la privacidad en el gobierno pasado y la falta de políticas de gestión de datos personales en posesión del gobierno. Falta institucionalidad de la privacidad. Celebro y deseo éxito a la iniciativa, pero falta una oficina mexicana de protección de datos personales.

Presidente de Digital Policy & Law
X: @fernegretep

Proceso Jorge Bravo

El 16 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Población, la cual establece que la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos será el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal en todo el territorio nacional.

La CURP biométrica cambia cómo los mexicanos nos identificaremos y plantea interrogantes de fondo: ¿qué pasará con la credencial para votar del INE? ¿Estamos ante una duplicidad institucional o una disputa por el control de la identidad digital?

Según el nuevo artículo 91 Bis de la Ley General de Población, la CURP incorporará huellas dactilares y fotografía en formato físico y digital. Será obligatoria para todos los trámites públicos y privados. La CURP se vinculará con el Sistema Nacional de Salud, se integrará a una Plataforma Única de Identidad y su versión digital estará a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Habrá multas para quien incumpla.

Desde una visión de transformación digital, la CURP busca unificar la identidad de los habitantes en un solo documento, simplificar trámites, fortalecer la interoperabilidad entre dependencias y facilitar el acceso a servicios. La gran pregunta es: ¿a qué costo institucional, ciudadano y de derechos?

Durante más de tres décadas, la credencial para votar con fotografía del INE ha sido el documento oficial de identificación en México. Avalado por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este instrumento contiene los datos personales y biométricos del ciudadano y su georreferenciación electoral: sección, municipio, entidad y claves del padrón electoral.

La coexistencia de dos documentos de identidad con funciones similares (ambos con fotografía, huellas digitales y CURP) abre la puerta a una redundancia y a una tensión institucional. ¿Cuál prevalecerá como documento oficial? ¿Se le restará autoridad al INE en materia de identificación y registro ciudadano?

Los artículos transitorios de la Ley General de Población establecen un calendario preciso. Noventa días naturales para que la Secretaría de Gobernación, con el apoyo de la ATDT, desarrolle la Plataforma Única de Identidad (a más tardar el 14 de octubre de 2025). La Plataforma Única de Identidad será la fuente primaria de consulta permanente, en tiempo real, tendrá un diseño descentralizado y el reglamento establecerá los mecanismos mínimos de seguridad.

También en 90 días las autoridades de los tres órdenes de gobierno habilitarán los mecanismos que permitan la consulta, transferencia y validación de la información correspondiente para su integración a la CURP mediante la Plataforma Única de Identidad. A más tardar el 14 de octubre todos los entes públicos y privados adoptarán la CURP como requisito en los trámites y servicios que realicen.

En 120 días naturales se implementará el Programa de Integración al Registro Nacional de Población de los datos biométricos de niñas, niños y adolescentes (13 de noviembre). Un movimiento que abre un debate de gran calado sobre la protección de datos de los menores.

Todo esto se ejecutará sin la existencia operativa de un órgano autónomo de protección de datos como el INAI, que fue eliminado por la 4T. ¿Quién auditará y protegerá el manejo de los datos personales y biométricos de la población? El propio gobierno.

Uno de los aspectos más polémicos es la transferencia de datos biométricos. La ley indica que podrá hacerse previa autorización del titular. Pero surge otra pregunta: ¿el INE, que ha recopilado durante años huellas, fotos y firmas de más de 97 millones de ciudadanos, debe ceder esta base de datos al Registro Nacional de Población y la Plataforma Única de Identidad?

La reforma a la Ley General de Población menciona que la transferencia de los datos biométricos sólo corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, pero el INE es autónomo. No obstante, la presidenta Sheinbaum designó a siete integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Uno de ellos es José Peña Merino, titular de la ATDT. Es previsible que la nueva reforma electoral contemple la obligación del INE de compartir los datos de los electores para reforzar la CURP.

La presión para facilitar la interoperabilidad entre bases de datos podría derivar en presiones legales y políticas sobre el INE, debilitando su autonomía. ¿Están dadas las condiciones institucionales para garantizar que esta colaboración no derive en un vaciamiento del Padrón Electoral?

La credencial del INE cumple una función doble: identificativa y electoral. La nueva CURP no menciona ninguna vinculación con los procesos comiciales. Si la CURP desplaza la credencial para votar en el uso cotidiano (trámites bancarios, notariales, viajes o servicios públicos), ocurriría un alejamiento del ciudadano respecto de su participación electoral y una menor renovación de credenciales para votar, afectando la actualización del padrón y, en el extremo, la concurrencia a las urnas. Sin embargo, en este punto no tenemos más remedio que esperar el contenido de la nueva reforma electoral.

El Programa de Integración de menores al Renapo contempla incluir a niñas, niños y adolescentes en el sistema de identidad biométrica. A falta de garantías explícitas sobre su protección de datos y consentimiento, se corre el riesgo de crear una base masiva de datos de menores sin mecanismos efectivos de control ciudadano ni auditoría externa. Es preocupante porque la infraestructura digital en México aún enfrenta vulnerabilidades críticas en ciberseguridad y no existe un régimen legal para el manejo y resguardo de datos biométricos infantiles.

La ley tampoco establece protocolos específicos de protección tecnológica para esta nueva base de datos nacional. Los estándares mínimos de ciberseguridad, encriptación, anonimización, segmentación o almacenamiento en servidores nacionales deberán contemplarse en un futuro reglamento.

La CURP biométrica puede representar un paso adelante en términos de interoperabilidad digital y simplificación burocrática, pero también es una amenaza si se impone sin diálogo, sin garantías de protección de datos, sin coordinación con el INE y sin claridad institucional.

Más que una disputa entre instituciones, estamos ante un choque de modelos de identidad. Uno ciudadano, construido desde la autonomía electoral. Otro centralista, pensado desde la gobernanza digital del Estado. El futuro de la democracia y los derechos ciudadanos dependerán de cómo se gestione la identidad. Porque en la era digital, quien controla la identidad, controla el acceso a los derechos.

Twitter: @beltmondi

Perú actualizó su Ley de Gobierno Digital, según lo estipulado en el Decreto Supremo N° 098-2025-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, para incorporar disposiciones relativas a la identidad digital y documentación electrónica.

El decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) modifica siete artículos del reglamento del gobierno digital peruano: 11, 13, 14, 35, 46, 55 y 87.

Identidad digital: plataforma nacional y gestores

En el artículo 11, relativo al Modelo de Identidad Digital del Estado Peruano, incorpora nuevos componentes, como el Coordinador Nacional de la Identidad Digital –que asumirá la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM–, la Plataforma Nacional de Identidad Digital (ID GOB.PE), atributos de identidad digital, proveedores de atributos de identidad complementarios y credenciales de autenticación.

En el artículo 13, define a los Gestores Nacionales de la Identidad Digital (GID) como aquellas “entidades que proveen servicios de autenticación de personas naturales en el entorno digital”. Y son dos en Perú: el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y la Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES).

En el inciso 13.4 estipula que estos deben integrarse con el Coordinador Nacional para proveer de forma gratuita los servicios de autenticación de la identidad digital de la Plataforma ID GOB.PE, que, según la nueva normativa, también podrá ser utilizada para el ejercicio del voto electrónico no presencial o voto digitale en los procesos electorales.

Mientras que el artículo 14 crea formalmente la Plataforma Nacional de Identidad Digital (ID GOB.PE), cuyo servicio de intermediación será gestionado por el Coordinador Nacional de la Identidad Digital.

La PCM, a través de su Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, también definirá las condiciones de seguridad en coordinación con los GID y establecerá las condiciones de uso “en función de la necesidad pública, cambio tecnológico, importancia estratégica o normativa expresa que lo demande”.

Documento electrónico: buzón y recepción

El artículo 35 define al documento electrónico como la “unidad básica estructurada de información, es susceptible de ser producido y utilizado a través de medios electrónicos, sistemas de información, plataformas digitales o similares” y “es registrado en un soporte electrónico o digital, en formato abierto y de aceptación general, a fin de facilitar su recuperación y, cuando corresponda, su preservación temporal o permanente”.

El artículo 46 crea la Plataforma Única de Recepción Documental del Estado Peruano (MESA DIGITAL PERÚ). También establece una serie de plazos para la recepción y atención de las solicitudes.

Mientras que el artículo 55, referente al buzón de notificaciones, estipula que las notificaciones de actos administrativos hechas por entidades de la Administración Pública deberán hacerse al teléfono celular del destinatario, y estas, junto a las remitidas al correo electrónico, “se constituyen en requisitos de validez de la notificación del acto administrativo o actuación administrativa que se notifican”.

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Finalmente, el artículo 87 define a los Bloques básicos para la Interoperabilidad técnica como “aquellos recursos tecnológicos reutilizables que permiten la definición, diseño, desarrollo y prestación de servicios digitales y procesos de gestión interna de forma eficiente, efectiva y colaborativa”.

A este respecto, estipula que la PCM aprueba los instrumentos, modelos de acuerdos, procedimientos y demás normas para el uso de los bloques básicos para la interoperabilidad técnica a partir de las condiciones de seguridad establecidas por las entidades a cargo de un determinado bloque. También realizará auditorías anuales a los bloques básicos y, en caso de interrupciones o incidentes de seguridad digital, establecerá las medidas necesarias para asegurar su continuidad operativa.

Excélsior

Las soluciones de biometría han demostrado que pueden reducir el fraude y, a futuro, serán clave para desarrollar identificaciones digitales oficiales, aunque su implementación presenta varios retos en materia de regulación, seguridad y democratización. 

Jesús Aragón, CEO de Identy.io, indicó que la biometría es el único método que se tiene para realmente identificar a una persona y, a diferencia de una contraseña o token, es muy difícil de robar o falsificar porque se trata de huellas dactilares, la voz, el rostro, el iris y hasta las venas de las manos, entre otros rasgos.

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Reforma Jorge F. Negrete P.

Esta semana se celebra la “Semana de los Derechos Digitales en el Senado de la República”, liderada por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas. Felicidades. Pocos temas son tan relevantes para nuestra sociedad como comprender el concepto de derechos digitales. Si no se racionaliza, corremos el riesgo de quedar atrapados en la moda frívola de la nomenclatura, sin realizar un cambio. 

La moda de la nomenclatura en América Latina llevó a tomar como referencia la Carta de Derechos Digitales de la Comunidad Europea y España. Una carta fundada bajo la realidad del bienestar europeo y la necesidad de liderazgo de España ante Europa y América Latina. De hecho, España incorporó la visión hispana de la Carta de Derechos Digitales a la agenda de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado de la SEGIB. Pero hay que decirlo claramente, la interpretación de la función de estas cartas tiene orígenes y razones distintas en su concepción y efectos, en Europa y en América Latina.

En Europa, un Estado de bienestar y presiones geopolíticas-tecnológicas que incluyen interpretaciones distintas sobre la libertad de expresión entre Europa y EUA, han condicionado la tutela y selección de derechos fundamentales en esas cartas.

Sostengo que la imitación a España desorienta y frivoliza la verdadera razón de una comprensión de derechos digitales. Una buena interpretación de los derechos digitales en México permitiría comprender las áreas de oportunidad de la iniciativa de ley de telecomunicaciones que se debate en el Senado ahora mismo y trabajar sobre la revisión de todo el marco jurídico alrededor de nuestra sociedad digital.

Los derechos digitales nacen con el auspicio de América Latina en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2012, cuando se reconoce el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental. México lo incorporó en el artículo 6º de la Constitución.

Cuando se habilita el derecho de acceso a Internet con infraestructura digital, se habilitan todos los derechos fundamentales en los términos del artículo 1º de la Constitución. Nace la persona digital, siempre conectada en todas partes. El siguiente derecho es la identidad digital, un derecho habilitante al universo y sociedad digital, identificado ya en su agenda por “Pepe Merino”. Entre estos dos habilitan educación, salud, acceso a la cultura, a la seguridad pública, el trabajo etc.

El Constitucionalismo Digital es una dimensión de análisis e interpretación de la relación Constitución y tecnología digital indisoluble. La infraestructura digital habilita la existencia de una sociedad digital, el ejercicio de todos los derechos fundamentales en esta dimensión jurídico-digital y el nacimiento del constitucionalismo digital. Éste procura el acceso a estos derechos, los tutela, garantiza y protege en el territorio de la tecnología digital.  

Por lo tanto, cualquier acción de poder público (poderes del Estado), o poder privado, que atente, limite total o parcialmente, conculque, suspenda, cancele u opere en contra de los derechos fundamentales en esta dimensión, viola contundentemente el Estado de derecho, la Constitución y la ley.

La ausencia de política pública para habilitar derechos humanos en el mundo digital, ¿va en contra del Constitucionalismo Digital? Sí. La política pública que conculca y limita derechos fundamentales vía el registro público de usuarios de servicios digitales, ¿también? Sí. La falta de atención al consumidor digital, ¿es una violación al Constitucionalismo Digital? Sí. La resolución de competencia económica que cancele o suspenda derechos fundamentales ¿va en contra del Constitucionalismo digital? Sí. Los altos precios del espectro, ¿son una forma conculcar todos los derechos fundamentales en el mundo digital? Sí.

El constitucionalismo digital nace. Es la base y condición para la imaginación, diseño de política pública, legislación y regulación de una sociedad con derechos digitales.

Presidente de Digital Policy Group.

X / @fernegretep

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic)

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) participó en el Taller de Profundización de Servicios Digitales Transfronterizos, desarrollado en la ciudad de Santiago de Chile, con el objetivo de avanzar en la integración regional de la identidad digital y su uso en trámites gubernamentales entre países.

El evento fue organizado por la Red Interamericana de Gobierno Digital (RED GEALC), con el apoyo de la División de Gobierno Digital de Chile y el Laboratorio de Gobierno, y contó con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Por parte del MITIC, participó la Directora de Implementaciones, Doly Zaracho, quien presentó el estado actual de la identidad electrónica en el Portal Paraguay y los planes de evolución hacia un sistema interoperable con otros países de la región.

Durante el encuentro, se socializó el caso exitoso de autenticación transfronteriza entre Uruguay y Brasil, actualmente en funcionamiento para ciertos trámites gubernamentales como la solicitud de constancias de transporte de yerba mate.

A modo de ejemplo, mediante esta integración, un ciudadano brasileño puede acceder a servicios digitales uruguayos utilizando su identidad digital gov.br, incluso para efectuar pagos, similar a lo que se busca hacer con el Portal Paraguay en otros países.

En representación del MERCOSUR, también participaron Germana Gladys Marques de Almeida, Coordinadora General de Identidad Digital de Brasil, y Juan Pablo García, Director de Identidad Digital de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic) de Uruguay.

Uno de los principales temas tratados fue la creación de un documento técnico regional de relevamiento sobre niveles de seguridad de identificación digital en cada país, protocolos y stack tecnológico. Esta herramienta permitirá definir y consensuar con mayor precisión a qué trámites podrá acceder un ciudadano extranjero, de acuerdo al nivel de su identidad electrónica.

En Paraguay, según legislación vigente, los sistemas de identificación electrónica proveídos por Prestadores de Servicios de Confianza deben contar con tres niveles de seguridad: bajo, sustancial y alto. El MITIC tiene previsto lanzar este año la versión 2.0 de su Identidad Electrónica, con mejoras que la elevarán a un nivel sustancial. Este avance permitirá al país integrarse a portales gubernamentales de países vecinos, como el de Uruguay, que lidera gran parte de este esfuerzo de cooperación.

El encuentro fue clave para para compartir experiencias, consolidar estándares técnicos comunes y desarrollar pilotos regionales que potencien el gobierno electrónico en América Latina, promoviendo servicios públicos digitales más accesibles e interoperables para los ciudadanos del continente.