Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

Más de mil personas participaron en las jornadas informativas sobre la Televisión Digital Terrestre (TDT) que desarrolló el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en la ciudad de Ica, como parte de las acciones para promover una migración informada hacia la señal digital gratuita.

Durante las actividades, personal técnico de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones (DGAT) brindó orientación personalizada sobre cómo acceder a la TDT, los equipos necesarios para su correcta recepción y los beneficios de esta tecnología, que permite una mejor calidad de imagen y sonido sin costo adicional.

Los asistentes pudieron absolver consultas sobre televisores compatibles, uso de decodificadores, instalación de antenas UHF y cobertura en la ciudad, facilitando así que más hogares se preparen adecuadamente para la transición digital.

El viceministro de Comunicaciones, Raúl García Loli, destacó que acercar información clara a la población es clave para garantizar una transición ordenada. “La Televisión Digital Terrestre permite que las familias accedan gratuitamente a una señal con mejor calidad de imagen y sonido. Desde el MTC seguimos recorriendo el país para asegurar que más peruanos conozcan cómo prepararse para la transición a la televisión digital”, señaló.

Las jornadas se realizaron en la explanada del Mercado La Palma y en la plazuela Bolognesi, y contaron con el apoyo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica (DRTC), en el marco del trabajo articulado entre el gobierno nacional y el gobierno regional.

Con estas acciones, el MTC reafirma su compromiso de impulsar el acceso a la televisión digital en todo el país, promoviendo información oportuna que permita a la ciudadanía continuar disfrutando del servicio de televisión abierta sin interrupciones.

Diario Correo

Entre los años 2019 y 2022, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL),aplicó multas más de 2 millones 400 mil soles a las empresas operadoras de telecomunicaciones en la región Ica por incumplir compromisos de mejora en calidad de cobertura de servicio (CCS) y calidad de voz (CV), vinculadas al incumplimiento en los compromisos de mejora en los estándares de calidad en los sectores de Los Piscontes, Los Aquijes, Pampa de Tate y Alto Larán (Chincha).

Falta de cumplimiento

La empresa con mayor multa en los últimos cuatro años fue Movistar con S/1 millón 462 mil, seguida de Claro que totalizó S/795 mil 988, mientras que Entel acumuló un valor de S/219.300 en multas

Caretas

En el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima se libra una disputa legal que involucra a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión). Las empresas GMC Engineering Solutions SAC y Satel Telecomunicaciones & Datos SAC han presentado una demanda contra la entidad por el presunto despojo irregular de una licitación pública para favorecer a la compañía Gilat Networks Perú SA. Se trata de la instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social en las regiones Amazonas e Ica, cuyo beneficio era tener mayor acceso a Internet en las dependencias policiales, locales escolares de gestión pública y establecimientos de salud.

La controversia arranca el 18 de diciembre de 2017. Proinversión otorgó la buena pro al consorcio GMC Conecta SA —integrado por GMC Engineering Solutions SAC, Satel Telecomunicaciones & Datos SAC y Yangtze Optical Fibre and Cable Company (YOFC) — para incrementar los servicios de telecomunicaciones en Amazonas e Ica.  El 28 de febrero de 2018, este consorcio presentó un pedido para ampliar por 90 días más la fecha de cierre para suscribir el contrato de financiamiento con Proinversión y el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel). Argumentó que había la dificultad de enfrentar a los plazos de formalización y certificación de documentos por parte de uno de los socios: YOFC.

En respuesta, Proinversión fijó el 9 de mayo como la fecha de cierre para firmar el contrato con GMC Conecta SA. El 4 de mayo, el consorcio envió una nueva propuesta, sin éxito, para ampliar a 20 días adicionales la fecha de cierre. La respuesta fue la misma: el 9 de mayo se iba a realizar el acto público para suscribir la resolución. Entonces, GMC Conecta SA presentó ese día un recurso de apelación para demostrar que tenía la mayoría de documentos. Proinversión informó el 14 de mayo que rechazaba dicho procedimiento y, mediante resolución de la dirección ejecutiva N° 62-2018, disponían que al día siguiente iba ser la fecha de cierre. Y así fue: se le retiró la buena pro al mencionado consorcio y la empresa Gilat, cuya oferta había quedado segunda en este proceso, fue elegida.

“He tenido un perjuicio de 3 millones de dólares”, declara Carlos Fernández, representante legal de GMC SAC. Para revertir la decisión, agregó que presentó un recurso de impugnación ante Proinversión, pero le fue declarado improcedente. Fernández tuvo que apelar al Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, donde logró una medida cautelar el 5 de octubre de 2018 para que se deje sin efecto la firma del contrato y el proyecto de banda ancha en Amazonas e Ica se vuelva a licitar. “No entendemos como Proinversión y Pronatel no han ejecutado la orden judicial amparada”, cuestiona Fernández.

CARETAS buscó la versión del director de proyectos de telecomunicaciones de Proinversión, Alberto Laderas, quien señaló que el retiro de la buena pro a GMC Conecta SA se dio por la misma negligencia de este consorcio. “El 28 de marzo de 2018, nos informaron de que tenían problemas para constituirse como empresa”, apunta. Laderas menciona que se solicitó a GMC Conecta que se renovarán las fianzas correspondientes de validez, vigencia y seriedad de su oferta. Además, agrega que se les ayudó para que obtenga la concesión única de telecomunicaciones y el registro de valor añadido ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Sin embargo, todos estos documentos habrían sido presentados incompletos y con retrasos.

“El 9 de marzo de 2018 nos remitieron una carta en la que renovaban menos del 50% las garantías de validez, vigencia y seriedad de su oferta”, dice Laderas. “Además, recién el 8 de junio de 2018 lograron el registro de valor añadido del MTC”, añade. “Nosotros hemos cumplido el cronograma establecido en las bases del concurso”, zanja.

¿Y qué papel tiene el Pronatel en esta controversia? CARETAS recogió la versión de Nadia Villegas, directora general de programas y proyectos del MTC. “Nosotros no elegimos quien debe ganar la licitación del proyecto”, enfatiza. “Lo que entregamos sí son las bases de estructuración y transacción de acuerdo a la ley de asociaciones públicas privadas normada por el MEF”. Villegas menciona, además, que las empresas postoras en este tipo de proyectos regionales deben garantizar que cumplirán con su plan de expansión de cobertura, cuya supervisión también se dará por un año.

CARETAS también recogió la versión del gerente general de Gilart Networks Perú SA, Arieh Rohrstock, quien rechazó cualquier posibilidad de que Proinversión los haya favorecido. “Nuestra propuesta fue elegida tras el incumplimiento de los requisitos de GMC Conecta”, señala. En ese sentido, Rohrstock agrega que su compañía “es la única que ha operado en los últimos 20 años en proyectos de Fitel”. Así menciona que, por ejemplo, en 2015 lograron la concesión de las  redes regionales en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac (en operación después de suscribir varias adendas) y Cusco (en supervisión).

La historia de Gilart resulta particular. El 6 de febrero del 2017, el diario La República reveló que en junio de 2001, el entonces presidente de la poderosa compañía israelí, Yoel Gat, quien tenía una cercanía a Josef Maiman y Abi Dan On, llegó a Lima para intentar recuperar un contrato con el MTC por US$ 20 millones para la instalación de un sistema de telefonía rural. Este proyecto le había sido arrebatado por STM Wireless. Al final, el gobierno de Alejandro Toledo despojó la licitación a la firma estadounidense para dárselo a Gilart, que habría estado relacionada con el traficante de armas Moshe Rothschild, vendedor de los aviones de guerra MiG-29 y Sukhoi-25 durante el régimen de Alberto Fujimori. Desde 2015 hasta 2019, Gilart ha reportado ingresos del Estado por S/ 657.080.635, 00. Además, en las últimas semanas, se conoció que US Comtech Telecomunications Corp. compró las acciones de Gilart. Sin embargo, esta fusión ya estaría en la mira de dos bufetes de abogados norteamericanos como Brodsky & Smith y Levi & Korsinsky por haber inclumplido, en el caso de Gilart, los términos para ser adquirido como compañía.