Convergência Digital

Sites educacionais direcionados a estudantes brasileiros, incluindo dois criados por secretarias estaduais de educação, vigiaram crianças e adolescentes e coletaram seus dados pessoais, disse hoje a Human Rights Watch. O Brasil deveria revisar a legislação de proteção de dados do Brasil para adicionar novas salvaguardas para proteger crianças e adolescentes online.

A investigação conduzida pela Human Rights Watch em novembro de 2022 e revisada em janeiro de 2023 descobriu que sete sites educacionais extraíram e enviaram dados de crianças e adolescentes para empresas terceirizadas, usando tecnologias de rastreamento projetadas para publicidade. Os sites são: Estude em Casa, Centro de Mídias da Educação de São Paulo, Descomplica, Escola Mais, Explicaê, MangaHigh e Stoodi. Um oitavo site, Revisa Enem, enviou os dados de crianças e adolescentes para uma empresa terceirizada, porém sem usar rastreadores específicos de anúncios.

Mais informações: https://www.convergenciadigital.com.br/Inclusao-Digital/Human-Rights-Watch-cobra-acao-da-ANPD-sobre-sites-educacionais-que-monitoram-criancas-62908.html

Ciber Cuba – Iván León

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) condenó el Decreto Ley 35, aprobado por las autoridades cubanas con el fin de restringir aún más la libertad de expresión entre los usuarios de internet en Cuba.

“El régimen cubano restringe aún más el internet: Hoy publicó varias normas que permiten interrumpir el internet cuando se publique información que el gobierno considere ‘falsa’ y tratan la divulgación de noticias que dañen el ‘prestigio del país’ como casos de ciberseguridad”, denunció José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Este martes, los cubanos se desayunaron con la publicación en la Gaceta Oficial de la República del texto del Decreto Ley 35, a través del cual queda legislada la restricción de la libertad de expresión en internet.

La legislación, que norma las telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del espectro radioeléctrico, fue aprobada en marzo de este año pero su contenido no fue público hasta este martes.

Con la excusa de “actualizar el marco jurídico en materia de telecomunicaciones”, la nueva normativa se suma a otras resoluciones sobre la materia y establece los límites de la libertad de expresión en redes sociales y tipifica los llamados a manifestaciones pacíficas como delito grave de “ciberterrorismo”.

Desde la nueva perspectiva legal que ofrece el decreto, el régimen podría considerar “ciberterrorismo” acciones como los llamados a las manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar el pasado mes de julio en toda la isla.

Queda claro que los gobernantes cubanos no quieren que se repitan escenas como las protestas del 11J, sin tener a mano instrumentos legales para castigar severamente a quienes ejerzan su libertad de expresión en internet para criticar u oponerse al gobierno.

Categorizados como “incidentes de agresión”, el ciberterrorismo, la ciberguerra y la subversión social están considerados con un nivel de peligrosidad “muy alto”.

Se consideran acciones de ciberterrorismo aquellas que “mediante el uso de las TIC [pretenden] subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Alterar gravemente la paz pública. Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella”.

Pablo Domínguez Vázquez, director de Ciberseguridad del MINCOM, explicó en conferencia de prensa que bajo la nueva regulación, “serán tipificados hechos que hasta el momento no tenían un respaldo legal en el país en el entorno de la red de redes como los daños éticos y sociales o los incidentes de agresión”.

Entre los incidentes de ciberseguridad tipificados en la categoría de “daños éticos y sociales”, el Decreto establece el “Eco mediático de noticias falsas”, entendido como la “divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, o difamación con impacto en el prestigio del país”, con un “nivel alto de peligrosidad”.

En esta nueva categoría, que ahora se regula también, se contempla la “Difusión dañina”, entendida como la “difusión a través de las infraestructuras, plataformas o servicios de telecomunicaciones/TIC de contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público; difundan mensajes que hacen apología a la violencia, accidentes de cualquier tipo que afecten la intimidad y dignidad de las personas”.

La nueva norma provocó de inmediato el rechazo de muchos cubanos en las redes sociales. Usando dos hashtags o etiquetas #NoAl35 y #NoAlDecretoLey35, los internautas de la isla han condenado este recurso, como sucedió tras la salida en 2018 del Decreto Ley 370, que regula (con multas de hasta 3,000 pesos) las publicaciones en internet.

“¡Bienvenidos a una nueva etapa de persecución!”, dijo el youtuber y activista Jancel Moreno en Twitter. “Es un hecho, el régimen acaba de lanzar la base legal para procesar a todos los que le seamos incómodos en las redes sociales”.

A comienzos de abril, Vivanco se dirigió directamente al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel a propósito de la represión sufrida por los integrantes del Movimiento San Isidro (MSI) por exigir el derecho fundamental a la libertad de expresión.

“Mi preocupación por los artistas y activistas de @Mov_sanisidro que han sido arrestados y acosados hoy por el régimen cubano. Exigimos su liberación inmediata. ¿Cuándo va a entender @DiazCanelB que disentir no es un delito?”, manifestó Vivanco.