Héctor Fernando González – Especialista en política digital, infraestructura tecnológica y asuntos públicos

El pasado 12 de mayo, en una reunión que pasó casi inadvertida fuera del circuito especializado, un grupo de relatoría de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) avanzó en el borrador de unas directrices con nombre largo y consecuencias todavía más largas. El documento aborda los llamados mecanismos de contribución de costos entre proveedores de servicios digitales y operadores de redes de telecomunicaciones.

En castellano simple y llano, la discusión consiste en definir si plataformas como Netflix, Google o Meta deben pagarles a los operadores por el tráfico que sus servicios generan en las redes.

El debate no es nuevo. Lleva años circulando bajo la etiqueta de fair share y ahora parece empezar a reciclarse bajo otro nombre, como “equidad de red”. 

En 2026, pareciera que el tema ha vuelto a tomar velocidad en varias capitales de América Latina, empujado por una preocupación real: ¿cómo financiar redes cada vez más robustas, más costosas e indispensables para la economía digital?

Para explicarlo, casi todos, a favor y en contra, recurren a la misma metáfora: la carretera o la autopista.

La versión de los operadores es atractiva y merece presentarse con justicia. Las redes son las carreteras de la economía digital. Construirlas, ampliarlas y mantenerlas cuesta mucho. Y por esas carreteras circulan unos cuantos tráileres enormes. Según datos de GSMA Intelligence citados en el propio borrador, tres compañías concentran alrededor de 70% del tráfico de datos en la región. Si los vehículos más pesados son los que más desgastan el asfalto, parece razonable pedirles que paguen caseta.

Cualquier mexicano que haya manejado por una autopista de cuota entiende el argumento en tres segundos.

La metáfora es buena, pero precisamente por eso conviene tomarla en serio y recorrerla hasta el final, porque es en los últimos kilómetros donde empiezan a aparecer los baches.

El primer bache es evidente. En esta carretera, cada viaje ya está pagado.

Los usuarios pagamos un plan de datos. Y, en términos generales, quien consume más, paga más. La metáfora suele omitir un detalle central. El tráiler no entra solo a la autopista. Lo llamamos nosotros. Cada vez que alguien oprime play, abre una videollamada, descarga un archivo o usa una aplicación, es el usuario quien solicita ese tráfico. El viaje ocurre porque alguien lo pidió y porque su tarifa ya cubre el acceso a la red.

Cobrarle además al “tráiler” una caseta adicional por un trayecto que el conductor ya pagó se parece menos a un peaje y más a cobrar dos veces por el mismo camino.

El segundo bache también importa. Toda autopista de cuota tiene, al menos en teoría, una carretera libre.

En México convivimos con esa dualidad. Si no quieres pagar caseta, puedes tomar la libre y asumir el costo en tiempo, comodidad o seguridad. Un cargo obligatorio por tráfico, en cambio, no ofrece ruta alterna. Aplicaría sobre toda la red, sin posibilidad real de esquivarlo.

Y aquí conviene recordar algo básico. Los peajes rara vez se quedan donde se cobran. La experiencia cotidiana sugiere que esos costos tienden a trasladarse, muchas veces de manera opaca, a otros eslabones de la cadena. Lo vemos con el flete, con los alimentos y con cualquier cadena de valor donde un costo intermedio termina incorporado al precio final. 

En este caso, la evidencia comparada disponible apunta a que una parte relevante de esos cargos podría terminar recayendo en los usuarios finales y en las pequeñas empresas digitales que dependen de esas mismas redes para vender, cobrar, operar y competir.

El tercer bache es quizá el más notable y peligroso. El modelo de caseta que se propone instalar no existe todavía, al menos no como modelo probado, en ningún lugar del mundo.

No lo digo yo. Lo reconoce el propio borrador de la UIT con una franqueza poco común en documentos de esta naturaleza. El texto admite que no hay consenso entre los Estados miembros sobre la pertinencia de estos mecanismos. También reconoce que varios reguladores que han estudiado el tema han concluido que los pagos compensatorios no se justifican. Y añade un punto todavía más relevante, que vale la pena subrayar: no existe un caso real de aplicación que permita extraer mejores prácticas.

En otras palabras, se discute una caseta sin experiencia operativa que la respalde.

A eso se suma una advertencia adicional. Un mecanismo de este tipo podría rozar principios de neutralidad de la red que, en varios países, México incluido, tienen anclaje legal importante en el nuevo marco jurídico mexicano. 

No es un detalle menor. La neutralidad de la red no es una consigna abstracta. Es una regla que busca evitar que el acceso a Internet se fragmente según quién paga, quién negocia o quién tiene más capacidad de presión.

Visto así, la metáfora de la carretera ilumina, sí, pero también puede engañar.

Es cierto que las redes son infraestructura habilitadora. También es cierto que requieren inversión sostenida. Pero no es igualmente cierto que un peaje obligatorio a ciertos servicios digitales sea la mejor manera de financiar esa infraestructura. 

La imagen del tráiler pesado funciona porque es intuitiva. Pero falla porque oculta que el viaje fue solicitado por el usuario, que el acceso ya fue pagado y que el costo adicional probablemente no se quedaría en quien lo recibe primero.

Hay, además, un punto incómodo para América Latina. La región ya tiene su modelo de “fideicomiso carretero” digital.

Desde hace décadas existen fondos de servicio o cobertura universal creados precisamente para llevar conectividad donde el mercado no llega. La evidencia documentada por organismos regionales y bancos de desarrollo, así como por auditorías nacionales en distintos países, muestra patrones recurrentes de subejercicio, uso de recursos para fines ajenos a la conectividad y poca evaluación de impacto.

Antes de instalar una caseta nueva, habría que explicar por qué el dinero de la caseta vieja no llegó al asfalto.

Ese punto no es menor. Ampliar la recaudación sin reformar la gobernanza de lo que ya se recauda no necesariamente cierra brechas. En muchos casos, puede ampliarlas. Si el problema es de inversión, la pregunta no puede limitarse a quién debe pagar más por uso. También debe incluir quién administra, con qué reglas, con qué transparencia y con qué resultados.

Nada de esto significa que la preocupación de los operadores sea inventada. No lo es.

Financiar el despliegue de redes de alta capacidad es un problema real. Descalificarlo sería tan tramposo como exagerarlo. México y América Latina necesitan más fibra, más cobertura, más resiliencia, más competencia y mejores condiciones para desplegar infraestructura. Pero reconocer el problema no obliga a aceptar cualquier solución.

Existen instrumentos menos riesgosos y mejor documentados. Entre ellos están los esquemas de coinversión público-privada, incentivos fiscales calibrados, simplificación de permisos y políticas públicas enfocadas en cerrar brechas concretas.

La discusión productiva no debería reducirse a “caseta sí” o “caseta no”. Esa es una falsa salida. La pregunta correcta es qué instrumento financia más conectividad por cada peso invertido, con menos distorsiones para usuarios, empresas y competencia.

Ahí está, me parece, la verdadera decisión de 2026 para América Latina.

No se trata de elegir entre regular o no regular. Toda infraestructura estratégica requiere ciertas reglas. La decisión es si vamos a copiar un plano de casetas diseñado para otras geografías o si vamos a trazar un mapa propio, calibrado a nuestra estructura económica, a nuestra capacidad institucional y a nuestras prioridades de crecimiento.

El modelo europeo, el coreano o el chino responden a contextos distintos. Importarlos en automático no es prudencia regulatoria. Los experimentos en política pública suelen salir caros y casi siempre el usuario termina pagando los costos.

El propio documento de la UIT recuerda que la adopción de cualquier mecanismo será decisión soberana de cada Estado. Ojalá que lo sea de verdad, que se tome con evidencia propia, evaluación de impactos, transparencia y secuencia correcta. No por presión retórica. No por moda regulatoria. No por una metáfora que funciona bien en el discurso pero que podría descarrilarse en una política pública.

Porque la caseta más cara no es la que cobra de más, sino la que se construye sin saber a dónde lleva el camino.