La consulta pública Nº 44 de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil recabó aportes del sector para su tercera guillotina regulatoria, que tiene 12 normas bajo análisis para posible eliminación. Operadoras grandes y pequeñas expusieron sus objeciones a reglas que podrían ser derogadas o mantenidas. A continuación:

Claro solicitó la derogación del artículo 42, párrafo 5º, de la Resolución Nº 693/2018, disposición que obliga a las prestadoras a remitir a la Anatel copias de todos los contratos de interconexión firmados con otras operadoras, así como de sus modificaciones, para su disponibilidad en la Biblioteca de la Agencia.

La empresa argumentó que esos contratos hoy siguen modelos previamente aprobados (como las Ofertas Públicas de Interconexión) y sólo producen efectos tras la homologación regulatoria, lo que vuelve redundante mantener una obligación adicional únicamente con fines de archivo público. Para Claro, la exigencia preserva “el historial de contratos estandarizados”, sin impacto práctico sobre la fiscalización o la competencia.

Telefónica Brasil, propietaria de Vivo, concentró sus aportes en el Reglamento de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones (RQUAL), aprobado por la Resolución Nº 717/2019. La operadora propuso la derogación de disposiciones que permiten la medición de indicadores de calidad con una granularidad inferior al nivel municipal, incluso dentro de grandes ciudades.

Según la empresa, la experiencia acumulada desde la entrada en vigor del RQUAL demostró que es técnicamente inviable medir todos los indicadores de banda ancha fija y móvil con ese nivel de detalle, especialmente por factores fuera del control de la prestadora, como la calidad del Wi-Fi, las características del equipo del usuario y el uso simultáneo de la red. Mantener la regla, a juicio de Telefónica, impone costos adicionales de muestreo sin garantizar mediciones representativas.

Otras obligaciones que quedaron bajo la lupa de las operadoras se concentran en la Resolución Nº 777/2025, especialmente en los dispositivos relativos a la divulgación de guías telefónicas y a servicios asociados al servicio fijo. Las contribuciones piden la derogación de artículos que aún exigen la organización, actualización y disponibilidad de listas de abonados, pese a la adhesión residual de los usuarios.

En algunas bases, menos del 0.1 % de los clientes autoriza la divulgación de datos. Las empresas sostienen que la obligación, además de no reflejar el comportamiento actual del consumidor, incrementa los riesgos de exposición de datos personales y genera potenciales conflictos con la LGPD, sin aportar un beneficio concreto al usuario.

También se cuestionaron dispositivos de la misma resolución que mantienen obligaciones vinculadas a servicios de información de código de acceso y a la interceptación automática de llamadas, creados para un contexto en el que la comunicación de voz se realizaba mayoritariamente por telefonía fija. Las prestadoras afirman que, con la predominancia de aplicaciones, la portabilidad numérica y los planes ilimitados, estas reglas exigen la integración de bases y el intercambio de datos sensibles sin utilidad práctica, además de aumentar los riesgos de uso indebido de la información.

El Código de Selección de Prestadora (CSP), previsto en la Resolución Nº 749/2022, también aparece como objetivo directo de la guillotina. Creado para un modelo de competencia por llamada, basado en la marcación manual de códigos 0XX, el mecanismo obliga a las operadoras a mantener sistemas heredados para el enrutamiento y la tarificación.

Las contribuciones señalan que el CSP se volvió “manifiestamente obsoleto” frente a la contratación integrada de servicios, la predominancia de planes ilimitados y el uso masivo de aplicaciones OTT, sin impacto real sobre precios, calidad o competencia.

Otra línea de cuestionamiento involucra dispositivos de la Resolución Nº 765/2023 que mantienen la obligatoriedad del envío de documentos impresos, como historiales detallados de llamadas e informes periódicos.

Las operadoras argumentan que esta información ya está plenamente disponible en aplicaciones y áreas digitales, mientras que el envío físico eleva los costos operativos, incrementa los riesgos de extravío y filtración de datos y genera impactos ambientales. Según las empresas, eliminar la obligación no suprime el derecho de acceso del consumidor, sino que retira una exigencia automática desconectada del uso real del servicio.

En una posición distinta a la de las grandes operadoras, Abrint se opuso a la propuesta de derogación integral de la Resolución Nº 747/2021, que regula el uso secundario de frecuencias ociosas de TV (TV White Spaces).

La asociación argumentó que la destinación primaria de esas bandas para la TV 3.0 no impide el uso secundario ya previsto, ya que la norma exige la protección integral de la radiodifusión y la interrupción inmediata de la operación en caso de activación del servicio primario. Para la entidad, extinguir la regla sería “una medida desproporcionada e innecesaria”.

“Diversos países adoptan con éxito el uso de canales de TV ociosos para banda ancha (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Kenia, Sudáfrica, Filipinas). Aunque Brasil aún no cuenta con redes comerciales en operación sobre TVWS, existen iniciativas de mercado, desarrollos técnicos y proyectos académicos en curso que señalan un escenario prometedor para una aplicación futura, especialmente en áreas rurales o remotas”, sostuvo Cristiane Sanches, consejera jurídica de Abrint.

Las contribuciones ahora serán analizadas por el área técnica de la Anatel, que deberá consolidar las propuestas antes de un eventual envío al Consejo Director. Por el momento, no hay previsión para la divulgación de una decisión sobre la tercera guillotina regulatoria ni fecha definida para la deliberación del tema en una reunión del colegiado.

Anatel abrió la Consulta Pública nº 44 para revisar disposiciones de resoluciones emitidas entre 2017 y 2024, en el marco de la guillotina regulatoria. La propuesta, prevista en la Agenda Regulatoria 2025–2026, fue aprobada en la última reunión del Consejo Directivo, el 4 de noviembre, y busca eliminar reglas obsoletas en cumplimiento del Decreto nº 12.002/2024, que obliga a la revisión periódica de las normas federales.

Según la minuta, la agencia pretende derogar artículos específicos de reglamentos sobre numeración, radiocomunicación, calidad, licenciamiento, otorgamientos y derechos del consumidor, además de formalizar la derogación de guillotinas anteriores.

A continuación, los dispositivos sometidos a consulta:

Numeración y equipos de radiocomunicación

El art. 2º de la Resolución 679/2017, que modificó el art. 82 del Reglamento del Servicio Móvil Personal (SMP), podría ser suprimido. El dispositivo obliga a las operadoras a garantizar que sus redes informen si la estación móvil está dentro o fuera del área de registro y, cuando sea posible, en qué área geográfica del Código Nacional se encuentra.

La Resolución 680/2017, por su parte, pasa a dispensar de licenciamiento a las redes que utilicen únicamente medios confinados (como fibra óptica o cables) o equipos de radiación restringida. Esta dispensa aplica a pequeñas operadoras con hasta 5.000 accesos, que deberán únicamente notificar a Anatel sobre el inicio de sus actividades y mantener sus datos actualizados.

Calidad y licenciamiento

La Resolución 717/2019, que instituyó el Reglamento de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones (RQUAL), revocará definitivamente las obligaciones de calidad impuestas a las prestadoras de TV por suscripción, revisión ya aprobada por el Consejo Directivo.

En cuanto a la Resolución 719/2020, el art. 23, que exigía el licenciamiento de todas las estaciones radio base de las operadoras virtuales (MVNOs), será eliminado, en línea con el Nuevo PGMC (Plan General de Metas de Competencia).

Otorgamientos y radiofrecuencia

La Resolución 720/2020, que define el Reglamento General de Otorgamientos (RGO), tendrá ajustes en los apartados sobre transferencia y extinción de autorizaciones. El cambio busca uniformar la redacción con el texto del propio RGO, sin alterar los procedimientos prácticos de las operadoras.

La Resolución 721/2020, relacionada con la asignación de frecuencias para radiodifusión, será actualizada para incluir la referencia a la nueva orden del Ministerio de Comunicaciones (MCom).

Por su parte, la Resolución 739/2020, sobre el envío de alertas de desastres, anteriormente obligaba a las operadoras de telecomunicaciones y TV por suscripción a difundir gratuitamente alertas, alarmas y orientaciones cuando fueran activadas por un órgano gubernamental ante la inminencia de un desastre. Para las operadoras de TV por suscripción, se exigía mostrar mensajes superpuestos a la programación (pop-ups) con texto predefinido por la autoridad competente.

Ahora, la responsabilidad de envío y coordinación pasó a la Defensa Civil, que utiliza la infraestructura de red móvil (4G/5G) y la plataforma Idap, bajo el Ministerio de Integración y Desarrollo Regional (MIDR), con apoyo técnico de Anatel y del MCom.

Finalmente, la Resolución 747/2021, que trataba del uso experimental de bandas VHF y UHF por dispositivos de espectro ocioso, será derogada integralmente, ya que perdió validez práctica.

RGC y guillotinas anteriores

Las Resoluciones 752/2022 y 769/2024, que instituyeron guillotinas anteriores, serán derogadas formalmente para cerrar procesos ya concluidos.

En el caso de la Resolución 765/2023, que aprobó el nuevo Reglamento General de Derechos del Consumidor (RGC), la propuesta elimina el artículo 83 y dispositivos asociados de reglamentos antiguos, cerrando superposiciones entre normas de derechos del usuario fijo, móvil y de TV por suscripción. Las contribuciones a la consulta pueden enviarse a través del sistema Participa Anatel hasta el 29 de diciembre.

En febrero, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil abrió una consulta para recoger aportes para una nueva Guillotina Regulatoria que, como señaló la Asociación Brasileña de Proveedores de Internet y Telecomunicaciones (Abrint), es la tercera que Anatel promueve en seis meses.

La iniciativa, parte de la Agenda Regulatoria 2025–2026, busca hacer el entorno regulatorio más moderno y ajustado a los desafíos del mercado digital, con especial atención a la reducción de barreras para los proveedores de pequeña escala (PPP).

Los aportes, ya disponibles en la plataforma Participa, traen las bases contundentes de operadores, asociaciones y especialistas.

Claro: combate a la asimetría con OTTs

Claro dirigió su contribución a la regulación del Servicio de Acceso Condicionado (SeAC), es decir, de la televisión por suscripción. Para el operador, la regulación actual ignora la revolución provocada por las plataformas OTT, como Netflix, Amazon Prime y YouTube.  

“Con los avances tecnológicos y la popularización de la banda ancha, el SeAC ya no compite solo entre sí, sino directamente con plataformas digitales ricas en contenido — y que no llevan el mismo peso regulatorio”, afirma Claro.

La empresa pide la revisión inmediata de reglas como el Reglamento General de Derechos del Consumidor (RGC) y el Reglamento de Calidad (RQUAL), que imponen obligaciones específicas al SeAC, pero no a los servicios equivalentes prestados por Internet.

El operador también destaca que esta asimetría “incentiva la migración de suscriptores a OTTs y desestructura la cadena del SeAC”. Cita estudios que demuestran la sustitución de la TV de paga por plataformas de video bajo demanda, destacando el dato de que Netflix ya tendría más suscriptores en Brasil que toda la TV por suscripción junta, según Bernstein Research.

“Es esencial que la Anatel promueva modelos regulatorios más flexibles, con foco en la innovación y la realidad de la demanda, bajo pena de mantener barreras ineficaces que perjudican la experiencia de los consumidores”, concluye la empresa.

Telefónica: “el entorno regulatorio debe ser compatible con ciclos rápidos de innovación”

Para Telefónica, es inaceptable mantener regulaciones que “exigen estructuras, recursos humanos y sistemas sólo para cumplir con reglas que no ofrecen beneficios al consumidor final”, argumentó. “En un escenario de intensas innovaciones, es imprescindible un entorno que permita el seguimiento de estos ciclos cada vez más rápidos”, destacó.

Además de reiterar críticas a normas tratadas en rondas anteriores, Telefónica presentó nuevas propuestas de derogación, basadas en la realidad operativa actual y el costo de cumplimiento de las obligaciones regulatorias.

Sobre la desgravación específica para los PPPs, el operador vinculó este debate al proceso actual de revisión del Plan General de Metas de Competencia (PGMC). La empresa indicó que la evaluación de asimetrías y de obligaciones debe estar alineada con la nueva dinámica de competencia, sobre todo en el contexto de la convergencia digital.

“Es importante que los costos regulatorios vigentes estén siempre bajo escrutinio, para garantizar que sólo permanezcan las reglas absolutamente necesarias para el buen funcionamiento del sector”, declaró, reafirmando la necesidad de tratar el PGMC y la Guillotina de forma complementaria.

TIM: integración entre agencias y simplificación de procesos

Por su parte, TIM sugirió la consolidación de normas conjuntas con la Aneel (Agencia Nacional de Energía Eléctrica). La empresa también propuso modificaciones puntuales, como la ampliación de plazos y la eliminación de requisitos desactualizados, como la obligatoriedad de publicación de avisos en periódicos impresos.

“Reglas como la exigencia de publicación en periódicos de gran circulación han perdido su razón de ser y sólo generan costos innecesarios”, dijo TIM.

El operador destacó la necesidad de mayor agilidad y previsibilidad en los procesos regulatorios y sugirió que la Anatel adopte líneas de acción coordinadas con otras agencias para evitar la superposición de competencias.

Abrint: modernización de las reglas de los OMV

La Asociación Brasileña de Proveedores de Internet y Telecomunicaciones (Abrint) aprovechó la consulta para proponer la revisión del Reglamento de Red Virtual (RRV-SMP), establecido por la Resolución Nº 550/2010, que trata de los operadores móviles virtuales (OMVs).

Abrint argumenta que el modelo actual, basado en vínculos directos y rígidos entre autorizadas, acreditadas y operadores de origen, no refleja la realidad de las relaciones comerciales en el sector.

“La estructura prevista hace 15 años no contempla los flujos contractuales flexibles y las asociaciones sinérgicas que hoy dominan el mercado”, afirma la asociación.

Según los datos presentados, alrededor del 90 por ciento de los accesos de OMVs en 2024 fueron realizados por acreditados, y el modelo ha crecido un 44 por ciento anual desde 2020. Abrint teme que la rigidez regulatoria actual pueda inhibir el crecimiento del segmento y aboga por mayor claridad y seguridad jurídica para que diferentes modelos comerciales sean reconocidos por la Anatel.

Caminos futuros

La Anatel utilizará los aportes para componer el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), el cual fundamentará la propuesta de derogaciones que se deliberará este año. La expectativa es que la Guillotina Regulatoria genere reducción de costos, estímulo a la competencia y desburocratización, sobre todo para pequeñas empresas.

Según la propia Agencia, la acción está alineada con las directrices de la Ley de Libertad Económica, los principios de la OCDE y el deber legal de revisión periódica de normas.

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El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil aprobó, en una reunión este jueves 7 de marzo, la apertura de una consulta pública por 45 días sobre la revocación de diversas resoluciones y regulaciones. La propuesta es del consejero Vicente Aquino y tiene como objetivo simplificar el entorno regulatorio, eliminando normas obsoletas e ineficientes.

“Desde 2017, la Anatel ha trabajado activamente en la revisión y revocación de regulaciones obsoletas. En 2019, se revocaron expresamente 170 resoluciones y, en 2023, la Agencia revocó 37 resoluciones y sustituyó 36 normas relacionadas con la asignación de bandas de frecuencia de audio”, argumentó Aquino en su informe.

El análisis del actual marco regulatorio de la Agencia reveló 144 resoluciones vigentes, que están siendo examinadas en un proceso llamado “guillotina regulatoria“. La Anatel busca identificar normas cuyos problemas ya no existen, aquellas ineficaces para resolver problemas aún presentes y reglas que pueden mejorarse para soluciones más eficaces.

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De esta manera, el área técnica propuso la revocación inmediata de 10 resoluciones, Siendo dos de ellas las resoluciones 549 de 2010 y 655 de 2015. La primera está relacionada con la remuneración por el uso de redes y perdió su eficacia después de la revocación de un dispositivo posterior.

La segunda trata del seguimiento de compromisos de adquisición de productos nacionales, los cuales ya fueron cumplidos, volviéndola obsoleta.

La preocupación central de la Anatel es evitar la imposición de barreras innecesarias, la creación de reservas de mercado y la imposición de especificaciones técnicas abusivas. El compromiso con la innovación y la reducción de los costos de transacción también orienta las acciones de la Agencia en este sentido.

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El Directorio de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil aprobó este 21 de junio una propuesta que derogó 44 resoluciones del sector. De acuerdo con la Anatel, el objetivo es simplificar la carga regulatoria.

Según el consejero Vicente Aquino, relator de la Guillotina Regulatoria, la medida elimina 15.7 por ciento de los instrumentos vigentes, entre ellos reglas para problemas que ya no existen, que no resuelven problemas o que son ineficientes.

Una de las medidas derogadas es la Resolución N° 66/1998, que dispuso la divulgación de las listas de suscriptores y la distribución del directorio telefónico obligatorio y gratuito por parte de las concesionarias de telefonía fija.

Llamadas de 3 segundos

Contribuyó en la materia el consejero Emmanoel Campelo, responsable del tema de frenar las exageraciones del telemarketing en la Junta Directiva. Sugirió revocar las llamadas gratuitas de hasta tres segundos del Servicio de Teléfono Fijo Conmutado y del Servicio Móvil Personal en un intento de combatir las llamadas automáticas.

“Para que el trabajo [de telemarketing] no sea improductivo e ineficiente, manteniendo a todos los asistentes ocupados en llamadas efectivas, es común usar una máquina o robot que realiza llamadas masivas, una práctica conocida como robocall, para una cantidad de clientes muy superior a la capacidad de atención humana, considerando que sólo un pequeño porcentaje de estas llamadas serán atendidas con una operadora”, explicó Campelo.

La regulación decía que las llamadas de línea fija de hasta tres segundos no estaban sujetas a impuestos. Ahora, todas las llamadas serán gravadas independientemente del tiempo de la llamada.

Para el Presidente de la Anatel, Carlos Baigorri, se eliminó una serie de “basuras normativas”, como el directorio telefónico, que ya no tiene sentido con las normas de la Ley General de Protección de Datos Personales (LGDP).

Valores de referencia para roaming nacional

Los consejeros también fijaron Valores de Referencia más bajos para el Mercado Relevante de Roaming Nacional. Esto era necesario porque, con la venta de Oi Móvil, los compradores Claro, TIM y Vivo deberán ofrecer roaming nacional a otras empresas.

Los nuevos valores de referencia tienen como objetivo brindar condiciones para que los operadores regionales compitan en el mercado de telefonía móvil, de acuerdo con el consejero Moisés Moreira, relator del tema.

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Los precios podrán ser revisados ​​en un plazo de 18 meses si no se cumplen los objetivos o cuando culmine la revisión del Plan General de Metas de Competencia, que está siendo evaluado por el área técnica.

También se definió que Claro, TIM y Vivo deberán incluir en las ofertas roaming en el área de registro donde el contratante ya cuente con autorización de uso de radiofrecuencias. El objetivo de esta medida temporal es que los entrantes puedan atender a sus usuarios con la calidad necesaria mientras construyen sus redes.