En medio del entusiasmo por los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 en marcha, los y las periodistas que cubren la jornada deportiva están preocupados por la posible vigilancia de sus dispositivos tecnológicos por parte del gobierno chino.

Muchos de los corresponsales que fueron enviados a la capital de China a cubrir el evento llevaron consigo teléfonos móviles desechables y computadoras portátiles sin sus datos personales, para proteger su privacidad digital, de acuerdo con testimonios recogidos por Voz de América.

Los periodistas temen que el gobierno monitoree sus dispositivos, por lo que están procurando no dejar rastro de su información personal. Pero hasta el momento no han reportado intrusiones o algún tipo de censura en sus teléfonos y computadoras, y pueden conectarse sin problema a la red de Internet Beijing 2022.

Sin embargo, el gobierno ha implementado otra manera de limitar la cobertura periodística sobre los Juegos Olímpicos y el contexto en el que se desarrollan. Los corresponsales reportan que se encuentran “en una burbuja”, pues deben permanecer en un circuito cerrado durante su estancia en el país.

Esto significa que no pueden transitar normalmente por las calles ni tomar otros medios de transporte diferentes al oficial, lo cual impide que puedan preguntar en las calles, acceder a fuentes no oficiales, o explorar en los alrededores, según refieren los periodistas deportivos.

Previo al comienzo de la justa olímpica, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) advirtió que China estaría restringiendo el acceso a la información para influir en una cobertura periodística internacional a su favor.

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A pesar de que el circuito cerrado se justificó como una medida ante la pandemia de la Covid-19, este sistema bloquea cualquier contacto con la China real desde el momento en que los periodistas aterrizan hasta que se van, dijo la FIP.

El Consejo de Seguridad del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) publicó en enero una serie de recomendaciones para los corresponsales en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. Para evitar la vigilancia digital, aconsejó dejar los dispositivos digitales en casa, borrar los datos o comprar nuevos, crear un nuevo correo electrónico sólo para el viaje y limpiar los dispositivos al regreso.

“China y el COI (Comité Olímpico Internacional) han prometido una Internet libre y abierta dentro del circuito cerrado, pero las restricciones son posibles en la práctica. Internet en China está estrictamente controlado por el gobierno, lo que significa que los servicios y sitios web se bloquean con frecuencia. La gente usa redes privadas virtuales para eludir la censura, aunque China técnicamente ha prohibido las VPN sin licencia.

“Si viaja a Beijing, asuma que sus dispositivos y su actividad en línea serán monitoreados. Cuanto más pueda hacer antes de viajar para preparar sus cuentas y dispositivos, más seguros estarán sus datos”, señaló el CPJ.

La Asociación Olímpica Británica también alertó a los deportistas para que no llevaran teléfonos móviles ni otros artefactos personales, pues dijo que podrían ser infectados con malware durante su estancia en el país asiático, y aconsejó el uso de aplicaciones de mensajería cifrada.

Diversas organizaciones de periodistas están siguiendo el desarrollo de los Juegos Olímpicos para evitar y dar respuesta a posibles violaciones a la privacidad y seguridad digital de los reporteros, ya que esto impediría su labor de informar.

Reporteros sin Fronteras ubica a China en el lugar número 177 de 180 en su Índice Mundial de Libertad de Prensa 2021. La nación asiática es una de las peor calificadas en ese rubro, debido a su vigilancia constante, las prohibiciones para ejercer la libertad de prensa y las detenciones de periodistas.

China tiene la obligación de permitir y garantizar una amplia cobertura informativa de los Juegos Olímpicos, como lo establece la Carta Olímpica del COI. Sin embargo, el Club de Corresponsales Extranjeros en China considera que en la práctica eso no existe.

La República

El presidente Pedro Castillo se reunió con más de 20 representantes de la Asociación Nacional de Periodistas en la Sala Túpac Amaru de Palacio de Gobierno. A solicitud del gremio periodístico, se abordaron asuntos relacionados a la concentración de medios, el derecho a la comunicación y la urgencia de garantizar protección social a los periodistas independientes de las regiones del país, entre otros.

En el encuentro, el mandatario reafirmó su compromiso de descentralizar la comunicación del Gobierno y pidió a los periodistas un ejercicio responsable de la libertad de prensa, la pluralidad y el respeto a la información en beneficio de la ciudadanía.

Al final de la reunión, los periodistas saludaron la apertura del jefe de Estado por la oportunidad de escucharlos e intercambiar ideas para atender las demandas de hombres y mujeres de prensa provenientes de distintas partes del Perú.

Anteriormente, Castillo Terrones había mostrado su predisposición para salvaguardar la libertad de expresión de los medios de comunicación en el Perú, pues el último 1 de octubre, en el marco de la celebración del Día del Periodista, reafirmó su compromiso “dar mayor importancia” al tema en cuestión.

“Esperamos que también lo hagan los gobiernos locales, regionales y el Gobierno central, de darle mayor importancia a esta libertad de comunicación y la libertad de prensa. Saludos del pueblo peruano”, declaró a los medios.

Proyecto de ley que limita libertad de expresión

El 17 de septiembre, el congresista del partido oficialista de Perú Libre Abel Reyes, secundado por Waldemar Cerrón, vocero de esa bancada, y Francis Paredes Castro, presentó una iniciativa legislativa que pretende marcar la agenda de los medios de comunicación.

Se trata del Proyecto de Ley n.º 261-2021-CR, que declara “de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución en radio, televisión y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional”. En su cuarto artículo, señala que, en caso de “emergencia decretada, (…), el Poder Ejecutivo podrá dictar medidas temporales que deberán ser cumplidas por los operadores, proveedores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones”.

Además, agrega que el Ejecutivo “podrá asumir de manera temporal la prestación directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de comunicaciones”. El proyecto de ley aún está en fase de presentación desde entonces.