El concepto de gobierno inteligente se debatió durante la segunda jornada de Smart City Expo, que se desarrolla en Santiago del Estero. Se conversó sobre los desafíos que presenta la transformación digital para la administración pública y la oportunidad de generar gestiones más participativas y democráticas con el aprovechamiento de herramientas digitales.

“Hay que usar las tecnologías de la información para gobernar mejor, para saber más sobre lo que necesitan los ciudadanos y hacerlos parte de las decisiones en procesos más participativos y democráticos”, dijo el ex Jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, Juan Manuel Abal Medina. Agregó que las administraciones deben tener equipos sólidos que permitan comunicar mejor y entender que “hoy se gobierna comunicando y se comunica gobernando, es un proceso integral”.

El también ex Secretario de Comunicación Pública de Argentina consideró clave que los gobiernos comprendan que “vivimos en una sociedad hiperconectada” y que adviertan, al mismo tiempo, dos variables fundamentales de las nuevas tecnologías: la velocidad con la que se producen los cambios y la desigualdad que puede provocar quedarse afuera de estos avances. “Nada envejece tan rápido como la idea de futuro”, reflexiono.

También se pronunció sobre el tema Alejandra Leguizamon, la fundadora de la academia digital Mamá Emprende, quien subrayó que “los políticos comunican para políticos” y eso debe cambiar porque lo que necesita la gente es “sentirlos como personas cercanas”. El proyecto nació en 2017 y ya acompañó en sus iniciativas a más de 200 mil mujeres de distintas partes del mundo.

“El nuevo concepto de ciudades inteligentes del siglo XXI es un espacio importante en el cuál debatir ideas, conceptos, compartir experiencias y desarrollar proyectos para generar ciudades más sostenibles, inclusivas y al servicio de ciudadanos”, dijo durante la inauguración el gobernador de Santiago del Estero, Santiago Zamora.

En el congreso también se disertó sobre otras temáticas en clave TIC como Inteligencia Artificial, sustentabilidad y movilidad inteligente.

Prensa Vrio

Autoridades y representantes gubernamentales de la educación de Sudamérica coincidieron hoy en que la región tiene “desafíos urgentes” en materia de alfabetización digital de los estudiantes y mejoras en la infraestructura para expandir la conectividad, mientras la economía digital crece a pasos agigantados y ya representa casi el 20% del producto bruto mundial. 

Representantes de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Brasil debatieron y compartieron experiencias en el panel sobre contextualización y desafíos de la alfabetización digital del V Congreso de Escuela Plus, que se realiza en la sede del Club Hebraica de la ciudad de San Pablo, Brasil, esta semana con docentes de cada uno de los países.

Se sumaron al debate speakers internacionales y representantes de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y El Centro de Innovación para la Educación Brasileña (CIEB), quienes anunciaron que la “Guía Edutec”, herramienta para la autoevaluación de docentes y escuelas públicas en materia de alfabetización digital se expandirá en 2024 desde Brasil a Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Colombia a través del programa Escuela Plus, aportando posibles soluciones de cara a superar los desafíos de la exclusión digital. 

“Tenemos que generar un cambio en la cultura escolar e ir incorporando las tecnologías digitales, no para hacer un reemplazo, porque el docente es irremplazable, sino para apoyar, acelerar y mejorar el involucramiento de los estudiantes en la actual era de la digitalización, clave para el desarrollo de nuestros países”, expresó Marcelo Pérez Alfaro, especialista principal en Educación del BID.

Las autoridades y los docentes coincidieron en que América Latina ha avanzado en las últimas décadas en materia de alfabetización, aunque, según la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), en 2023 aún hay 27,5 millones de personas en la región que no saben leer ni escribir. Y a esta situación se suma el desafío de la alfabetización digital. 

Según Naciones Unidas, en la región es una realidad la existencia de la desigualdad de acceso y de uso de las nuevas tecnologías. En América Latina y el Caribe aproximadamente 200 millones de personas no tienen hoy acceso a infraestructura digital básica, de acuerdo con el organismo. Otro tanto accede, pero a servicios de pésima calidad o con tarifas que no son acordes a su poder adquisitivo.

“Este es un desafío que requiere de la articulación público-privada, como es el caso de Escuela Plus. Tenemos que trabajar en cómo se usan los dispositivos para enseñar y aprender en cada escuela. En Córdoba, por ejemplo, la cultura digital no va por un andarivel separado sino con la currícula escolar. Eso nos marca lo que queremos hacer para el futuro”, dijo Pedro Marino, coordinador del Área de Interculturalidad de la provincia de Córdoba. 

Katherinne Rojas, Coordinadora de Ciudadanía Digital del Centro de Innovación del Ministerio de Educación de Chile, comentó: “Es un desafío constante cómo las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial generativa se van integrando en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El proceso de alfabetización digital debe recoger las características propias de cada lugar, de cada contexto, dado que no podemos pretender que exista un proceso uniforme para todos. Es muy importante tomar las particularidades de cada comunidad para que sigamos avanzando en el proceso de alfabetización digital”.

Participaron del debate además Pilar Riera, de la oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías de Colombia; Jesús Quispe, director Ejecutivo de la Mancomunidad de Los Andes, de Perú; la directora del Departamento de Educación para el Medio Rural de Uruguay, Karina Jauregui; y Cristina Catão, secretaria de Educación de Jaguariuna, Brasil. Todos coincidieron en señalar que son “urgentes” los desafíos para avanzar en la alfabetización digital, en paralelo a la expansión de la conectividad.  

Este congreso sobre la educación se desarrolló en paralelo al Encuentro Mundial de Jóvenes impulsado por Scholas Ocurrentes, movimiento creado por el Papa Francisco, World ORT y Fundación Leo Werthein, además de contar con el apoyo de Vrio Corp, la compañía que opera DIRECTV Latin America y SKY Brasil.

Scholas, World ORT, Fundación Leo Werthein y Vrio Corp, a través de su programa de sustentabilidad Escuela Plus, comparten un objetivo común que es hacer del mundo un lugar mejor a través de la educación, el diálogo intercultural y promoviendo el encuentro en las diferencias. Ambos congresos confluyen en Hebraica San Pablo y se prevé para el jueves un cierre simbólico en que el Papa Francisco dará un mensaje a los jóvenes del mundo.

Fuente: Vrio

News Line Reporter

Los gobiernos de América Latina pierden la posibilidad de recaudar al menos 1.800 millones de dólares extra al año debido al robo de contenidos audiovisuales (contemplando únicamente el Impuesto al Valor Agregado) e imposibilita la creación de unos 68.000 nuevos empleos calificados en la industria.

Estas cifras impactantes se desprenden del Summit de Propiedad Intelectual organizado por la entidad internacional Latin America Anti-Piracy and Intellectual Property (LAAPIP) en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires, con el auspicio de LaLiga de España, la Alianza Contra la Piratería Audiovisual; Vrio Corp (DIRECTV, SKY Brasil y DGO) y Videocites.

“El 58% de la población conectada a internet consume contenidos pirateados y la mitad no sabe de su proveniencia ilegal. Existe un impacto monstruoso de la piratería en la industria audiovisual. Y los Estados de la región están perdiendo de recaudar 1.800 millones de dólares anuales extra en IVA mientras se impide la creación de 68.000 nuevos empleos directos”, dijo Jorge Bacaloni, presidente de Alianza y gerente regional Antipiratería de Vrio Corp.

Leer más: https://www.newslinereport.com/tv-paga/nota/gobiernos-de-latam-pierden-cerca-de-usd$1800-millones-en-impuestos-por-pirateria-audiovisu

Reforma Ailyn Ríos

Mayo fue un mes negro para empresas y Gobiernos en secuestro de información por hackers.

Entre las víctimas estuvieron el principal proveedor global de carne JBS, la Lotería Nacional de México y Colonial Pipeline, el mayor operador de oleoductos de Estados Unidos.

El gancho: información sobre el Covid o la vacunación, alertas sobre problemas con cuentas bancarias o licencias de software, que son enviados por correo.

Cuando la empresa se da cuenta del secuestro ya es demasiado tarde. Fue víctima de un ransomware.

¡El mundo padece una ola de ciberataques!

El año pasado, hubo más de 96 mil detecciones de ransomware en Latinoamérica, de mil 600 familias y variantes, dijo Miguel Ángel Mendoza, vocero de Infosecurity México y Security Researcher de ESET en la región.

Los países más afectados fueron Perú y México, con 29 y 13.7 por ciento de los ataques, respectivamente. También Argentina, Brasil y Colombia.

“México es uno de los países con importante actividad maliciosa relacionada con el secuestro de información, tanto de campañas de ransomware masivas como dirigidas.

“En 2020 hubo más de 13 mil detecciones de Filecoder en México, con actividad de 230 familias de ransomware y variantes”, mencionó.

A nivel mundial hubo 304 millones de ataques ransomware, según el sitio Statista.

Un 54 por ciento de los ataques fue vía spam y phishing, 27 por ciento por prácticas pobres de ciberseguridad y 26 por ciento por falta de capacitación.

Otros fueron contraseñas débiles, protocolos de conexión remota abiertos, sitios maliciosos, credenciales pérdidas o robadas y falta de inversión en ciberseguridad, indica Statista.

Un 53 por ciento de los blancos pagó por recuperar los datos, y 17 por ciento no recuperó la información pese al pago, menciona un estudio global de Kaspersky que incluye a México.

Además, el cibersecuestro no está en la mente de las personas: sólo 40 por ciento de los encuestados oyeron hablar del ransomware en los últimos 12 meses.

Según especialistas, los rescates varían por tamaño de la empresa, cantidad y calidad de información secuestrada.

El año pasado, las cantidades solicitadas para el rescate se triplicaron, dijo Jefferson Gutiérrez, socio líder de Asesoría en Tecnología Forense para KPMG en México.

El costo promedio mundial es de un millón de dólares, detectó KPMG.

Los pagos se piden en criptomonedas, en especial Bitcoin, porque no necesariamente están asociadas a una identificación en el plano físico, lo que hace sencillo el lavado, explicó Marcus Fowler, director de Amenazas Estratégicas en Darktrace.

Los expertos dicen que es poco recomendable pagar el rescate, pues fomenta el delito. En EU se considera como financiamiento al terrorismo.

La negociación es decisión de cada empresa. Pero de aceptarla, los extorsionadores hacen contacto a través de correo electrónico o un aviso que se despliega cuando se intenta abrir un archivo cifrado, donde se deja un correo de contacto.

El cibercriminal está poco abierto a la negociación, cuando se da cuenta de que la empresa está intentando pagar menos, el hacker podría ya no responder o aceptar el pago sin devolver la información, explicó Jorge Osorio, director de CSI y presidente del Capítulo México de (ISC)2, y vocero de Infosecurity México.

¡ALERTA!

Algunos ransomware más conocidos y su forma de operar son:

MAZE O CHACHA

– Surgió en 2019. Amenazan con publicar archivos robados si no pagan.

CONTI O IOCP

– Apareció en 2019-2020. Siguen activos. Los cibercriminales ofrecen ayuda a la víctima a cambio de compromiso de pago. Envían instrucciones para cerrar el agujero en la seguridad.

REVIL, SODIN O SODINOKIBI

– Surge en 2019 en Asia. Usa funciones legítimas de CPU para evadir seguridad. Tiene características de haber sido creado para alquiler. Ostenta récord de rescate: de 50 millones de dólares a Acer.

NETWALKER O MAILTO

– Pone la mira en grandes empresas de logística, grupos industriales, energéticas y otras. Ofrece el ransomware a estafadores solitarios a cambio de una porción de la ganancia.

DOPPELPAYMER

– Ataca a fabricantes de electrónicos y automóviles, petrolera, organizaciones gubernamentales, incluidos servicios de salud, emergencia y educación.

Fuente: Kaspersky, Bleeping Computer.

Radio Pública

Con el objetivo de establecer un programa de beneficios para los gobiernos regionales y locales que hayan sido sancionados o están en proceso de recibir una multa por el uso indebido del espectro radioeléctrico, la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley, elaborado por el Ministerio de Trasportes y Comunicaciones (MTC), que ha sido remitido al Congreso de la República para su debate.

La iniciativa propone la condonación de las deudas y el archivamiento de los procedimientos sancionadores en trámite, de modo tal que se permitiría que los gobiernos regionales y locales eviten pagar las multas por dichas actividades. De existir frecuencias disponibles, dichas autoridades posteriormente podrán gestionar la autorización respectiva para brindar el servicio a su comunidad.

En el periodo 2018-2020, se han impuesto 41 multas a diferentes gobiernos locales, lo cual equivale a un total de S/ 4.6 millones. Además, se cuenta con 255 gobiernos locales que tienen trámites pendientes por esta misma conducta infractora (66 con procedimientos sancionadores en trámite y 189 con actas de fiscalización en evaluación), que podría acarrear nuevas multas por S/ 28.9 millones.

A la fecha, las multas impuestas a los gobiernos locales no han sido pagadas, debido a que, en su mayoría, estas entidades se encuentran ubicadas en localidades en el interior del país que cuentan con un presupuesto limitado que está destinado principalmente a cubrir el desarrollo de sus actividades principales.

“Los servicios de radiodifusión municipal buscan el bienestar de sus comunidades, pero debe realizarse dentro del marco normativo para evitar afectar al usuario. En los últimos años se vienen acumulado multas superiores a 30 millones de soles a municipios cuyos recursos son escasos. Por ello, estamos proponiendo facilitar que dichos gobiernos regularicen su situación”, informó el viceministro de Comunicaciones, Diego Carrillo.

El MTC identificó que la mayor cantidad de multas está en las regiones Apurímac, Áncash, Ayacucho, Huánuco, Junín, Cajamarca, Arequipa, Tacna, La Libertad, Cusco, Puno, Moquegua y Pasco.

¿Cómo acceder al beneficio?

De ser aprobado por el Congreso de la República, el proyecto de ley prevé un plazo de seis meses para solicitar el acogimiento a dichos beneficios. Para acceder, los gobiernos regionales y locales deberán presentar una solicitud a la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones señalando haber cesado la prestación del servicio de radiodifusión sin autorización. La autoridad realizará una inspección para verificar el cese de la conducta infractora y, de ser positivo, se exonerará de la multa impuesta o por imponer.

La Razón Yuri Flores

La recaudación que se generé por el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las empresas extranjeras que prestan servicios digitales serán coparticipados con las gobernaciones, municipios y universidades públicas del país, informó a La Razón Radio el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Omar Yujra. 

“Esta recaudación tributaria no se lo queda el Tesoro General (de la Nación), es coparticipada con los nueve departamentos, municipios y universidades, llega en formas de proyectos”, explicó la autoridad legislativa.

El proyecto de ley de cobro del IVA prevé ser aplicado a todos los servicios digitales como Netflix, Google, Amazon, entre otros, como se realiza en otros países de la región.

Yujra explicó que se prevé recaudar un mínimo de Bs 30 millones, aunque el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, proyectó el 24 del mes pasado una recaudación de unos Bs 100 millones.

El legislador anticipó que este martes se tratará el proyecto de ley en la comisión y se prevé aprobarla para luego remitirla al pleno de la Cámara de Diputados.

Hipertextual-Javier Marquez

Un grupo de hackers ha publicado de forma gratuita una base de datos que contiene la asombrosa cantidad de 3.280 millones de contraseñas, según The Hacker News. La filtración incluye credenciales de inicio de sesión de diferentes servicios y redes sociales. Entre los datos, además, hay correos gubernamentales de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Brasil, Rusia y México.

El paquete ha sido bautizado como COMB21, siglas que hacen referencia a «compilación de muchas filtraciones» en inglés. Parte de la información ha sido comercializada por hackers a lo largo de los años en foros. Si bien muchos datos ya han sido publicados en el pasado, lo relevante del hallazgo actual es su gran tamaño.

Loa datos publicados contienen una enorme cantidad de correos y contraseñas relacionados a dominios gubernamentales. Entre ellos se encuentran 625.505 contraseñas del gobierno de Estados Unidos, 205.099 de Reino Unido, 136.025 de Australia, 68.535 de Brasil, 50.726 de Canadá y 31.995 de México.

En el caso del gobierno de los Estados Unidos, los datos filtrados por los hackers corresponden a diferentes departamentos. Por ejemplo el Departamento de Estado (state.gov), Departamento de Asuntos de Veteranos (va.gov), Departamento de Seguridad Nacional (dhs.gov), Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (nasa.gov), Servicio de Impuestos Internos (irs.gov), entre otros.

Los datos correspondientes a servicios públicos y entidades gubernamentales habrían sido obtenidas a través del descifrado de hash de contraseñas después de ser robadas o mediante ataques de phishing y espionajes clandestinos en conexiones inseguras.

Los hackers publicaron la base de datos por primera vez en febrero

De acuerdo a CyberNews, COMB21 empezó a circular en foros de hackers a principios de febrero. Lo curioso de la base de datos es que incluye los scripts «query.sh» y «sorter.sh». Los mismos permiten consultar correos electrónicos y hacer clasificaciones. Es decir, no se trata de una enorme masa de texto plano, sino de una base de datos con un sistema de consulta.

Además, los hackers organizaron los datos en orden alfabético, tal como se muestra en la capturas de pantalla. Sin embargo, aún no se ha podido identificar el origen de cada una de las filtraciones individuales que conforman a COMB21. Un vistazo rápido revela también usuarios y contraseñas de servicios como Netflix, Gmail, Yahoo, Hotmail y más.

Según CyberNews, además de los datos gubernamentales, hay más de 200 millones de direcciones de Gmail y 450 millones de direcciones de correo electrónico de Yahoo. Es preciso remarcar que Netflix y Gmail nunca informaron haber sido víctimas de una violación de datos. Microsoft, por su parte, sí fue víctima de hackers en 2019. Lo mismo ocurrió con Yahoo en 2016.

El problema de estas bases de datos con información personal circulando por Internet es que pueden ser utilizadas por otros hackers para montar campañas de suplantación de identidad, estafas y phishing. Además, el peligro se ve incrementado en los usuarios que utilizan las mismas contraseñas en varios servicios.

Desde que llegó el Internet móvil 3G y comenzó a expandirse alrededor del mundo, se ha convertido en una herramienta para exponer la mala gobernanza y la corrupción real en los países, por lo que los usuarios conectados aprueban menos al gobierno en turno, confían menos y son más escépticos del discurso político.

Ese fue el hallazgo principal del reciente estudio Internet 3G y confianza en el gobierno, elaborado por los investigadores Sergei Guriev, del Centro de Investigación de Políticas Económicas; Nikita Melnikov, de la Universidad de Princeton, y Ekaterina Zhuravskaya, de la Escuela de Economía de París. Y publicado en la Red de Investigación en Ciencias Sociales (SSRN, en inglés).

Un aumento promedio en la cobertura 3G de 2008 a 2017 desencadenó un incremento de 39 por ciento en la población con acceso a banda ancha móvil y, a su vez, redujo la confianza en el gobierno en 2.5 puntos porcentuales y elevó la percepción de que el gobierno es corrupto en 1.4 por ciento, revela el informe.

3G ha disminuido la credibilidad y el respaldo hacia el poder político en general, pues es la primera generación móvil que permitió a los usuarios navegar desde sus teléfonos inteligentes y transmitir o cargar videos, lo que a su vez provocó un mayor uso de las redes sociales. Pero los efectos de la expansión de la red han variado según el contexto de cada nación.

En los países donde Internet no está censurado, la aprobación y fe en el gobierno ha declinado más, pues existe más información política independiente en línea que puede hacer que los ciudadanos cambien sus actitudes hacia la administración gubernamental.

Además, el respaldo al gobierno disminuye en mayor medida en las naciones donde los políticos controlan los medios de comunicación tradicionales y, por tanto, la banda ancha móvil 3G se ha convertido en una manera de tener noticias importantes porque no existen otras fuentes independientes.

Cuando existe corrupción en un gobierno, 3G ha impactado de forma negativa en la credibilidad e incluso es una vía para informar a la población sobre el nivel de corrupción real, señala el estudio. Por el contrario, los países con gobiernos más íntegros (como Dinamarca o Suiza) no sufren una reducción en la confianza de los habitantes como resultado del acceso 3G.

Los investigadores también concluyeron que los gobiernos en el poder pierden votos a medida que hay más usuarios conectados a 3G, debido a que están más desilusionados de los partidos. En Europa, la expansión del acceso a la red móvil provocó una disminución de 4.7 por ciento en la participación de votos del partido en turno. Y, a su vez, la expansión de 3G resultó en un aumento de la preferencia hacia los partidos populistas anti establishment.

El informe deja abiertas otras preguntas sobre temas que se deben profundizar en el futuro, como cuáles son las consecuencias de la difusión de las noticias falsas o por qué los partidos populistas se benefician del desencanto de los votantes. En este estudio, se utilizaron 840 mil 537 encuestas a personas de 116 países entre 2008 y 2017 de la Encuesta Mundial de Gallup, información que fue cruzada con los ciudadanos que podían acceder a Internet móvil 3G en ese tiempo.

Reforma Alejandro González

Una estrategia digital nacional es prescindible para que los Gobiernos comiencen a digitalizar trámites y servicios, coincidieron analistas de McKinsey & Company.

Alberto Chaia, socio senior de McKinsey & Company, aseveró que tener una sólo ralentiza los procesos y no se enfoca en iniciar por objetivos simples, que es como recomendó comenzar.

“No se necesita una estrategia digital nacional para generar digitalización en los gobiernos, en un país como México no va a funcionar. Una estrategia digital nacional es la mejor excusa para no hacer nada”, aseguró el especialista.

De acuerdo con experiencias internacionales como Alemania, en donde el Gobierno tiene el objetivo de tener todos sus trámites en una plataforma digital a más tardar en 2022, iniciaron con proyectos que poco a poco fueran resolviendo las necesidades de los ciudadanos.

En Dubai, por ejemplo, crearon la aplicación móvil “Dubai Now” que funciona como un hub de servicios públicos en donde los ciudadanos pueden hacer trámites como el cambio de propietario de un vehículo particular, pagar impuestos municipales, revisar estatus de vuelos, pedir un taxi, hasta revisar los horarios para rezar y mezquitas cercanas.

Chaia se refirió al Banco del Bienestar y dijo que es necesario en que éste pueda ofrecer servicios digitales, aunque apuntó que la falta de infraestructura de telecomunicaciones haría inviable que fuera cien por ciento digital.

Philipp Haugwitz, socio de McKinsey & Company, explicó que es importante que los servicios que se digitalicen en México, sean eficientes, pues de lo contrario, el nivel de confianza en ellos decaerá e inhibirá su uso.

Unos 50 países (incluida la Unión Europea) han lanzado o tienen planes de lanzar estrategias nacionales de Inteligencia Artificial (IA), según detalla el manual de IA del Observatorio de la Innovación del Sector Público (OPSI) de la OCDE, un documento que busca ayudar a los funcionarios públicos a dar sus primeros pasos en la exploración de la Inteligencia Artificial.

De los 50 países, 36 tienen o planean tener estrategias separadas para la IA del sector público, o un enfoque dedicado integrado en una estrategia más amplia. “Esta es una señal positiva y alentadora de que los gobiernos están reconociendo tanto el potencial como los desafíos relacionados con la IA del sector público”, sostiene el informe.

“Al adoptar la IA, el sector público se ha quedado atrás del sector privado. Sin embargo, los gobiernos buscan ponerse al día rápidamente”, afirma la OCDE.

A nivel global, los usos de IA en la gestión pública se encuentran en la automatización de procesos gubernamentales de rutina para mejorar la eficacia, para ayudar a la toma de decisiones, para una gestión estratégica basada en datos para desarrollar servicios personalizados, y mejorar la capacidad del servicio civil a través de capacitación, reclutamiento, herramientas y financiamiento.

Entre algunos ejemplos que da el manual se encuentran el uso de IA para la toma de decisiones públicas en Bélgica; la supervisión basada en el riesgo que realiza Canadá; la estrategia nacional de IA de Finlandia; las pautas éticas de la Comisión Europea para una IA confiable; la estrategia de datos federales de Estados Unidos; y el programa de políticas públicas del Instituto Alan Turing del Reino Unido.

Otro campo en el que ya se está utilizando la IA de varias maneras es en la salud, y su potencial para futuras aplicaciones en el sector público es enorme en los países que cuentan con servicios nacionales de salud, detalla el estudio. Las aplicaciones de IA, especialmente aquellas que involucran Machine Learning, pueden ayudar a interpretar resultados y sugerir diagnósticos, y predecir factores de riesgo para ayudar a introducir medidas preventivas.

El informe también hace una serie de recomendaciones para que los gobiernos tomen en cuenta a la hora de incursionar en IA para el sector público, como contar con una dirección clara y crear espacios para la flexibilidad y la experimentación; determinar si la IA es la mejor solución para un problema determinado; proporcionar perspectivas multidisciplinarias, diversas e inclusivas; desarrollar un enfoque confiable, justo y responsable para usar la IA; asegurar la recopilación ética y el uso de datos de calidad; entre otros puntos.