Los gobiernos de América Latina deben tener un plan de conectividad claro que incluya educación digital, pues “no se trata de conectar por conectar”, aseveró Germán Darío Arias, exdirector Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia (CRC).

El especialista comentó que incluso los gobiernos de la región no tienen la capacidad económica para sostener proyectos de subsidios, por lo que deben enfocar sus esfuerzos a que los conectados usen Internet para productividad.

“La conectividad se necesita para un fin, no conectar por conectar. Se requiere para la apropiación, educación y para ser más productivos. Cuando los recursos se retiran, ¿qué prefieren las personas: comprar pan o Internet? ¡Claro que van a preferir comer!”, dijo el exdirectivo durante el foro Iberoamérica Transformación Digital Now que organiza DPL Group.

Arias aseguró que una solución para llevar conectividad sin que los gobiernos absorban toda la inversión es crear asociaciones con privados. Ejemplo de ello, dijo, es la empresa Internet para Todos, de Telefónica Perú con el BID y CAF.

Además, hizo un llamado a las autoridades de los países de la región a disminuir las barreras de inversión, pues de por sí la orografía de América Latina es ya un problema para desplegar infraestructura.

Revolución digital

Durante su participación, Ramiro Camacho, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México, aseguró que la pandemia ha generado una revolución cultural digital, pues personas que no conocían herramientas digitales, ahora lo están haciendo y han implementado su uso en tareas remotas.

Afirmó que no sólo las personas, sino también las autoridades, se han dado cuenta de los beneficios de las telecomunicaciones y tecnologías.

“Las están conociendo, por ejemplo, gente de mayor edad, y las están utilizando. También autoridades de diferentes sectores ya tienen una especie de idea del potencial que tienen este tipo de herramientas.

“Eso da una idea de la urgencia, ventajas y beneficios que se podrían obtener invirtiendo más en esas tecnologías, infraestructura y apropiación de la gente”, comentó Ramiro Camacho.

Aprovechar la pandemia

La visibilidad que ha traído la pandemia de Covid-19 al sector de las telecomunicaciones y Tecnologías de la Información debe ser capitalizada, aseveró Fernando López, director de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet).

“Hoy vemos que autoridades de distintos sectores están tratando de revisar soluciones y alternativas. Creo que tenemos que recapitular y aprovechar esta contingencia para plantearlo (el desarrollo de las telecomunicaciones) de manera pública”, comentó López.

Dijo que es el momento de pedir que cambien diferentes dinámicas como las cargas fiscales que, consideró, son altas, pues en algunos países de América Latina aún se considera a las telecomunicaciones como un bien de lujo desde el punto de vista fiscal.

Puso como ejemplo el ingreso promedio por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés), que en la región es de apenas 5 dólares en promedio, mientras que en Europa es de 13 dólares y en Estados Unidos de alrededor de 35.

“La industria puede ser elemento fundamental para la reactivación económica, y si no entendemos el tema de las cargas regulatorias, no vamos a poder avanzar”, advirtió.

Llevamos más de dos meses en lo que el gobierno colombiano ha bautizado como “Aislamiento preventivo obligatorio”, cuyo objetivo es salvar vidas aplanando la curva de contagio. Creo que se ha logrado; sin embargo, el costo de este encierro en términos económicos no tiene precedentes, incluso algunos expertos se atreven a afirmar que habrá más muertes por hambre que por Covid-19, situación que nos enfrenta a un dilema moral y ético pues al final, y como casi siempre sucede, los más pobres serán los más afectados. Por lo tanto, algunos de ellos tendrán que escoger entre la posibilidad de morirse de Covid-19 o de hambre.

Sé que es duro hablar en estos términos. Seguramente, muchos de quienes lean estas líneas dirán que no es posible tener dos escenarios y ambos de muerte, con lo cual estaremos plenamente de acuerdo, pero es el escenario con el cual quiero comenzar esta reflexión.

No hay duda de que la vida es lo primero que se debe proteger, en eso no existen medias tintas. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a una crisis como la actual, cuyos costos son aún desconocidos, pero de todas formas gigantes con consecuencias que comprometen la vida de millones de personas, y no por la pandemia sino por la imposibilidad de conseguir al menos para comer, parece que la discusión en torno a la defensa de la vida no solo debe tener en cuenta la primera variable, es decir, Covid-19.

La respuesta obvia es “busquemos el equilibrio entre la defensa de la vida y la economía”, es decir, lograr que los muertos sean los menos posibles, pero con un costo económico “razonable”, si es que se puede hablar de razonabilidad…

Algunos gobiernos optaron por la economía, subestimando el costo en vidas humanas, lo que, según ellos, impactará menos en el crecimiento (¿o el decrecimiento?) y, por lo tanto, en los costos a largo plazo. El problema es que su teoría solo podrá ser comprobada en el largo plazo, cuando ya no hay nada que hacer con los miles de muertos dejados en el camino.

Otros gobiernos optaron por proteger la vida por encima del crecimiento económico, lo que seguramente tendrá costos enormes en el corto y mediano plazos, pero a diferencia de la otra estrategia, su teoría puede ser comprobada ahora mismo cuantificada en número de vidas pero en el corto plazo, lo cual si bien como dije al principio puede tener un costo en vidas humanas por variables distintas al Covid (por ejemplo, el hambre), también le permite a este gobierno adelantar acciones desde ya para evitar esas muertes futuras.

Esa es la diferencia: proteger la vida en el corto plazo nos da la oportunidad de adelantar acciones para proteger la vida en el mediano y largo plazos, así el costo económico sea enorme.

Como parte de este ajedrez, no puedo dejar de pensar en tantos niños que hoy no tienen la posibilidad de estudiar por falta de una conexión a Internet y/o de un equipo de cómputo, cuestión que nos obliga a afirmar que el acceso a Internet es un derecho tan esencial en estos momentos como el agua, pues no tener acceso a Internet limita el ejercicio de derechos fundamentales como es el derecho a la educación, al trabajo y a una vida digna.

Dicho lo anterior, todos los gobiernos deberían incluir en sus planes de desarrollo como uno de sus principales objetivos, el acceso universal a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, destinando los recursos que sean necesarios para lograrlo, en especial los recursos de los fondos de servicio universal y de aquellos provenientes del pago por uso de recursos escasos como el espectro radioeléctrico. Incluso recurrir a la banca multilateral para financiar proyectos de conectividad usando distintas alternativas tecnológicas como la fibra óptica, las redes móviles y los accesos satelitales que, combinados, pueden garantizar la conectividad en todos los lugares del país.

En este sentido, se requiere una regulación que fomente la inversión sin dejar de proteger a los usuarios y a promover la competencia, así como derribar todas las barreras para el despliegue de infraestructura que tanto gustan en los municipios como herramienta para lograr ingresos o, peor aun, como mecanismo para ganar votos de precisamente las poblaciones que más necesidades tienen en materia de comunicaciones y que, debemos admitir, no tienen por qué entender que las radiaciones no ionizantes no producen cáncer y mucho menos que el Covid-19 se transmite a través de las ondas radioeléctricas.

Si algo debemos rescatar de esta crisis son las lecciones que nos deja en términos de política pública y su priorización de objetivos, como son la defensa de la vida y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, donde el rol de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es y seguirá siendo esencial.

El uso del hielo ha sido constante en la historia de la humanidad, incluso se han encontrado rastros de bodegas de almacenamiento en la civilización egipcia que datan del siglo XXIX a.C.

Hasta la invención de las máquinas de refrigeración en el siglo XIX y las neveras convencionales de uso doméstico en el siglo XX, el negocio de venta de hielo era próspero y multimillonario. Incluso Frederic Tudor, inventor de los “cubitos de hielo” a principios del siglo XIX, amasó una gran fortuna luego de fracasar muchas veces, especialmente porque su producto no tuvo el éxito que él pensaba al punto de ser blanco de burlas por parte de los incrédulos. Sin embargo, el transporte y almacenamiento de hielo desapareció casi por completo en la primera mitad del siglo pasado, lo cual seguramente produjo malestar para los dueños de ese negocio, así como impactos en el empleo y otras variables.

En 1877, A.W Hoffman se refirió, en The Journal of the Franklin Institute, a la nueva industria de “máquinas de hielo” como un invento que nunca sería relevante en los países con estaciones invernales fuertes, incluso algunas personas aseguraron que fabricar hielo era perjudicial para la salud e iba en contra de “la voluntad divina”.^[1]

Como se observa, la disrupción es común a todas las industrias y ha sucedido a lo largo de la historia. Por lo tanto, lo que estamos viendo alrededor de Internet y las nuevas tecnologías es una etapa más en la evolución, seguramente con impactos relevantes a una escala superior, y es precisamente por eso tan relevante la aproximación que a esta nueva realidad le den los Estados y los hacedores de política pública, de lo cual dependerá nuestro futuro como industria y como sociedad.

El Premio Nobel de economía en 1991, Ronald Coase, señaló que las empresas se integraban verticalmente debido a las “fricciones de mercado”, ya que era más barato y sencillo llevar a cabo todas las actividades de la empresa “in house” que incurrir en costos adicionales y molestias al contratar agentes externos.

Sin embargo, esta teoría en el nuevo contexto de la economía digital parece estar totalmente revaluada, en la medida que las empresas prefieren contratar por fuera actividades que no son parte de su core y, adicionalmente, la gran evolución de tecnologías como los procesadores, Internet, banda ancha móvil, lenguajes de programación y sistemas operativos estandarizados han facilitado el desarrollo de los mercados de múltiples lados, donde a través de una plataforma se vincula la oferta con la demanda, apoyados en múltiples modelos de negocio.

Estos nuevos modelos de negocio que, en mi opinión, son parte de la evolución de la industria y, por lo tanto, deben ser aceptados y promovidos antes que bloqueados, han generado una presión enorme en los gobiernos y hacedores de política, quienes ven cómo sus estructuras tradicionales de intervención vertical por sectores parecen no responder a la lógica de estos nuevos modelos de negocio, lo cual sumado a la gran capacidad de lobby de ciertos sectores, quienes ven amenazados sus intereses, ha tenido como resultado caos e inseguridad.

Pese a lo anterior, las herramientas regulatorias, como el “Análisis de Impacto Regulatorio”, están disponibles para procurar las mejores decisiones posibles que, sin eliminar por completo la incertidumbre, permiten analizar el problema a resolver, así como sus causas y consecuencias con base en la información disponible.

Sin embargo, algunas administraciones caen en el error de buscar la solución para el problema equivocado o, como lo manifestó el Banco Mundial (2010), los procesos de mejora regulatoria se ven empañados por errores comunes como los incentivos perversos (fomentados por grupos de interés), así como ver el bosque y no los arboles, dejándose tentar por los “frutos bajos” sin atacar las verdaderas causas.^[2]

Dentro del proceso de análisis de impacto regulatorio existe una primera etapa fundamental como es la formulación del problema, lo cual, si bien puede ser complejo, es la única forma de llegar a la mejor solución. Permítanme tomar como ejemplo el tema de las plataformas de transporte que tanto ruido han causado últimamente.

La unión de la oferta (pasajeros) y la demanda (conductores de vehículos) a través de una plataforma electrónica, forman un mercado de dos lados. Este nuevo modelo de negocio ha tenido un gran impacto en el negocio tradicional de transporte público de pasajeros, es decir, los taxis, cuya lógica fue por años y años ser un servicio con una gran barrera de entrada que es el pago del cupo con un alto precio dada la limitación artificial al número de automóviles que pueden rodar en la ciudad.

Pues bien, ante el boom del uso de plataformas por parte de los consumidores, quienes encuentran en este nuevo modelo un gran valor, y que dicho sea de paso son ellos la razón de ser de cualquier regulación, la industria del transporte individual de pasajeros ha logrado presionar a los gobiernos por considerar que este tipo de servicios son prestados de forma ilegal, es decir, que en opinión de estos jugadores el problema es “la prestación ilegal del servicio de transporte individual de pasajeros”, argumento que fue aceptado por algunas administraciones y, por lo tanto, respondieron con la solución obvia e inmediata (frutos bajos) a este problema, es decir, la prohibición.

¿Se imaginan ustedes qué habría pasado con la industria de la refrigeración si en esa época los dueños del negocio de transporte y almacenamiento de hielo hubieran logrado lo que los dueños de los taxis han logrado en pleno siglo XXI?

Ahora bien, no se puede desconocer que este nuevo modelo de negocios implica retos en materia de impuestos, cargas públicas, mercado laboral, seguridad, etcétera. Sin embargo, la respuesta no puede ser la prohibición basada en que las normas vigentes no permiten este tipo de servicios. Como dije antes, es la respuesta obvia si el problema se plantea, como en este caso, de manera errónea.

Como vimos, la disrupción no es una cuestión del siglo XXI, es el resultado de la evolución de las industrias, en especial apoyada en el desarrollo tecnológico. En este sentido, la normatividad también ha ido evolucionando. Siguiendo el ejemplo de la industria de la refrigeración, como consecuencia de esta disrupción se desarrollaron normas de seguridad, uso de materiales, garantías, etcétera. La respuesta no fue la prohibición.

Así las cosas, el problema en el caso de las plataformas de transporte no es la ilegalidad, que a lo sumo es una consecuencia; el problema real podría ser que la normatividad vigente no responde a la lógica de los nuevos modelos de negocio. Por lo tanto, las posibles respuestas a este problema cambian por completo si las comparamos con la solución que parece obvia al plantearlo en lo términos iniciales.

Ahora una de las respuestas debe ser la búsqueda de una normatividad que responda a los nuevos modelos de negocio que, si bien parece obvio, cambia radicalmente de aproximación y, por lo tanto, el abanico de opciones de intervención.

Es claro que la cuestión no es tan simple e incluso luego de varias iteraciones es posible llegar a otro planteamiento del problema. Pero lo que quiero significar con este escrito es que los responsables de la regulación deben en primer lugar tener total claridad acerca de lo que quieren solucionar y no dejarse tentar ni por “frutos bajos” ni por incentivos perversos.

Una formulación correcta del problema, identificando causas y consecuencias, sumado a procesos públicos transparentes de discusión, con seguridad llevarán a la mejor solución y, por lo tanto, al aprovechamiento de los grandes beneficios que nos trae la Cuarta Revolución Industrial, eso sí, teniendo como foco el bienestar del consumidor, fin último de la regulación.

En gran medida, el desarrollo de la economía digital está en manos de los hacedores de política, quienes no pueden caer en el error de aceptar incentivos perversos como los que pretenden hacer valer algunos grupos de interés, quienes si bien dicen defender intereses legítimos, lo que realmente pretenden proteger es el statu quo, cuando lo que deberían estar haciendo es hacer evolucionar sus negocios de acuerdo con las nuevas dinámicas, especialmente aquellas donde el poder de negociación ahora lo tiene el consumidor, quien ya no tiene que acomodarse a la oferta, sino todo lo contrario, es la oferta la que tiene que acomodarse a las necesidades de los clientes.

El desarrollo tecnológico siempre estará por delante de la regulación, por lo tanto, ésta también debe evolucionar dado que el modelo de estructura de estado basado en silos sectoriales ya no funciona como hace 10 ó 20 años. Ahora la transversalidad es la constante en todas las industrias, lo cual no significa que se deban crear “súper reguladores”, sino buscar instancias de coordinación y toma de decisiones intersectoriales, de tal manera que se puedan afrontar los grandes retos que trae consigo la Cuarta Revolución Industrial.

Seguramente, responder a estos retos no es una tarea fácil, pero lo que sí es seguro es que no afrontarlos, o pretender responder a ellos con regulación tradicional, es el peor de los escenarios.

^[1] Enríquez Sánchez, Salvador, Historia de la refrigeración. Disponible en: https://www.monografias.com/trabajos81/historia-refrigeracion/historia-refrigeracion.shtml

^[2] Banco Mundial (2010) Regulatory Governance in Developing Countries. Disponible en: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27881/556450WP0Box0349461B0GovReg01PUBLIC1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Si las empresas y los gobiernos empiezan a recopilar datos biométricos en masa, pueden llegar a conocernos mucho mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos, y entonces no sólo serán capaces de predecir nuestros sentimientos sino también manipularlos y vendernos lo que quieran, ya sea un producto o un político…

Yuval Harari^[1]

Las crisis son una gran oportunidad para la creatividad. Creo que esta vez no será la excepción, más aún si ya está claro que su impacto en la economía puede ser incluso mayor que el de la Gran Depresión de 1929.

Ya se han escrito miles o millones de artículos acerca de las medidas que se deben tomar para minimizar los impactos de la pandemia y, como es el “new normal” en nuestra sociedad, siempre encontramos extremos, aquellos que creen que es más importante la economía y, por lo tanto, no se pueden cerrar las ciudades, y otros que creen que lo más importante es la vida y, por lo tanto, la economía puede esperar.

¿Quién tendrá la razón? No me atrevo a pronosticarlo, pero a lo que sí me atrevo es a afirmar que si bien muchos gobernantes están comprometidos con hacer lo mejor posible para la sociedad, otros están pensando en cómo aprovechar estos momentos para salir beneficiados, y es aquí donde el texto de Yuval Harari cobra especial relevancia, especialmente cuando hace referencia al uso que se le puede dar a la tecnología como herramienta para luchar contra la pandemia. Pero también nos alerta acerca de los efectos que puede tener en el largo plazo el uso de los teléfonos móviles y las cámaras de video-vigilancia (por nombrar solo dos tecnologías)  para hacerle seguimiento a la población.

En este sentido, y seguramente con la mejor de las intenciones, los países han tenido que tomar decisiones que modifican temporalmente la regulación de las telecomunicaciones, como es -por ejemplo- la flexibilización de las reglas de gestión de tráfico para garantizar la continuidad del servicio, el uso de la geolocalización y datos biométricos para hacerle seguimiento a los infectados, entre otros.

Es claro que en tiempos de crisis los gobiernos tienen las facultades legales para tomar este tipo de medidas, y está perfectamente justificado pues siempre primará el interés general sobre el particular. Sin embargo, dado el riesgo que implica este tipo de medidas en términos de libertades, privacidad y seguridad, es necesario que la sociedad, en especial los responsables de la política pública y la regulación, aprovechen este momento de crisis y los grandes volúmenes de información que se están produciendo para despertar la creatividad aprovechando tecnologías como Big Data y la Inteligencia Artificial, de tal manera que basados en el conocimiento adquirido puedan tomar mejores decisiones.

En este punto vale la pena mencionar uno de los principios que rige las metodologías ágiles de proyectos, como el Scrum, Kanban o Extreme Programing, donde con diferentes aproximaciones se hace referencia al Producto Mínimo Viable (PMV) y sus características básicas que se pueden resumir en agilidad, rapidez en el desarrollo y rápida respuesta a las exigencias de los clientes.

Para el logro del PMV se necesita adelantar “testeos” en campo que no requieren que el producto esté 100 por ciento terminado, de hecho, no debe estarlo, para que durante el proceso se puedan ir haciendo los cambios necesarios. El principal objetivo en esta etapa del proceso es poder recopilar tanta información como sea posible para lograr sacar, en el menor tiempo posible, un producto que solucione las necesidades (consientes o inconscientes) de sus clientes actuales y/o potenciales.

Si aplicamos estos conceptos básicos en estos momentos, encontramos que no ha existido ni existirá una mejor oportunidad como la actual para recopilar “toneladas” de información de utilidad para la formulación de políticas públicas y regulación del sector de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Veamos algunos ejemplos:

Despliegue de Infraestructura. El desarrollo de infraestructura como la instalación de torres y radios, así como su ágil mantenimiento, son fundamentales para soportar el incremento del teletrabajo, el e-commerce, la educación virtual y en general todas las actividades virtuales. Por lo tanto, los gobiernos han tenido que recurrir al principio de esencialidad  del servicio para “relajar” algunas normas, en especial aquellas relacionadas con la expedición de permisos temporales de uso de espectro (caso FCC en Estados Unidos) u otras más locales como las relacionadas con la instalación y mantenimiento de torres en los municipios donde, históricamente, se han identificado unas de las principales barreras para el despliegue. Ahora algunos alcaldes e intendentes que se han resistido a facilitar la instalación de infraestructura entienden, gracias a la crisis, que las telecomunicaciones son vitales para la población. Por lo tanto, es de esperarse que de cara al futuro tanto los gobiernos nacionales como los locales estén dispuestos a revisar las reglas relacionadas con esta materia.

Cloud Computing y virtualidad. La sobrecarga en el tráfico de Internet del que tanto se ha hablado es la consecuencia del incremento del intercambio virtual, las videoconferencias, el trabajo colaborativo, la compartición de documentos, el e-commerce, la telesalud, el desarrollo de aplicaciones y software, el consumo de video por demanda, etcétera, lo cual es buena noticia para la industria Cloud. A su vez, es un gran reto en términos de desempeño, respuesta, seguridad y privacidad. Ejemplo de este hecho son las preocupaciones que han acompañado a la plataforma Zoom o el incremento del phishing aprovechando el coronavirus.

Estos retos han obligado a las compañías que ofrecen estos servicios a incrementar sus esfuerzos y a desarrollar nuevas facilidades y aplicaciones. Por lo tanto, los reguladores también deberían estar trabajando en este frente para identificar riesgos, monitorear las respuestas a los ataques y compartir datos con las empresas privadas para descubrir nuevas vulnerabilidades, riesgos para la privacidad y la seguridad, y poderlos contrastar con los marcos legales vigentes que, en mi opinión, deberán ser revaluados pasada la crisis. Adicionalmente, contar con una gran cantidad de información y compartirla con distintos grupos de interés podrá servir como potencial inhibidor a intereses distintos al bien común.

En este sentido, todos los temores relacionados con el uso de servicios Cloud, como es la supuesta pérdida de control de los datos, están siendo puestos a prueba. Por lo tanto, pasada la crisis, y con base en la información que se pueda recopilar, tendremos suficientes argumentos para confirmar si tales temores son reales y, de serlos, nos permitirán tomar las medidas correctivas necesarias.

Políticas públicas de acceso y apropiación de las TIC. No es necesario insistir en la relevancia que tienen en este momento las TIC, tanto para soportar la actividad económica, en especial en aquellas industrias que han entendido que la transformación digital impacta a todos los sectores sin excepción, como para nuestro día a día. Sin embargo, la pandemia también ha exacerbado la brecha digital, que no es otra cosa que el reflejo de la situación socioeconómica de nuestra región.

Seguramente, la vida en confinamiento es más sencilla en los hogares que cuentan con una conexión a Internet. Los estudiantes podrán continuar con sus programas escolares (si la escuela cuenta con las herramientas para ello), los padres podrán seguir haciendo teletrabajo y hacer pedidos en línea y en momentos de ocio podremos ver una película en familia, ojalá en 4K.

Si hasta diciembre de 2019 era claro para los que trabajamos en este sector que el foco de la política pública debe ser la conectividad y la apropiación, en abril de 2020 podría asegurar que no hay gobierno (en todos los niveles) que tenga duda respecto de la relevancia de las TIC. Se están dando cuenta “en carne propia” de la gravedad que implica tener 40 por ciento o más de desconectados, como es la realidad de buena parte de nuestra región.

Ahora las discusiones en torno a mercados relevantes, preponderancia, dominancia, competencia, intervención de precios, cargos de acceso, etcétera, están siendo reemplazadas por gestión de tráfico, velocidad, banda ancha, continuidad del servicio, conectividad, educación virtual y comercio electrónico, lo cual, en mi opinión, es la mejor oportunidad que tenemos para actualizar nuestras aburridas discusiones regulatorias por otras que tengan un impacto directo en la disminución de la brecha digital y el desarrollo de la economía digital, aprovechando que el sector es el protagonista (superado obviamente por temas de salud pública) y está presente en todas las discusiones.

Lo anterior no significa que debemos abandonar los temas de competencia. Incluso creo que los principales ganadores de toda esta crisis van a ser seguramente las grandes empresas globales que controlan el sector TIC, contrario a las pequeñas compañías que en el mejor de los casos tienen caja para un par de meses. Sin embargo, de todo este proceso saldrán grandes lecciones para el diseño de políticas públicas y regulación que no podemos desaprovechar y que seguramente nos permitirán mejorar nuestros marcos legales, en especial desarrollar agendas digitales y así lograr crecer como región.

Solo son tres ejemplos dentro de cientos de posibles impactos, pero creo que son suficientes para demostrar que estamos en un cambio de era que debemos aprovechar como sociedad, donde a pesar de los grandes riesgos que implica el uso de las TIC y la toma de decisiones sin el tiempo suficiente para hacer los análisis de impacto regulatorio necesarios, el poner en marcha acciones en tiempo real que no nos atreveríamos a aplicar en tiempos normales tiene que servir para adelantar los cambios que necesitamos.

Sin olvidar que el centro de toda intervención son las personas y, por lo tanto, debemos proteger sus derechos por encima de todas las cosas, sin castigar la innovación, la libertad de empresa y la competencia efectiva, a través de lo cual debemos buscar que nuestros países logren, como principio fundamental, conectar a todas las personas sin importar su situación socioeconómica y que todos nos beneficiemos de las TIC como herramienta para mejorar la calidad de vida.

^[1] https://www.lavanguardia.com/internacional/20200405/48285133216/yuval-harari-mundo-despues-coronavirus.html. Consultado el 13 de abril de 2020.

Germán Darío Arias, exdirector de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia (CRC) y actual consultor en telecomunicaciones, dialogó con el programa Ecosistema Digital 5G sobre las buenas prácticas que debe tener un regulador sectorial en el actual contexto de digitalización.

“Regular por sospecha no está bien (…). De cara a la cuarta regulación industrial donde hay innovación permanente, lo peor que hay es regular por sospecha”, puntualizó el especialista. Sostuvo que esta es una práctica que le quedó al regulador cuando el sector estaba atendido por monopolios. “Por ejemplo, la regulación de tarifas era porque el servicio de telecomunicaciones era un monopolio del Estado y eso se quedó en el imaginario de los reguladores”.

“Lo importante es monitorear el mercado, permitir sandbox regulatorios o un proyecto que se arme sin regulación, monitorear y después analizar si se requiere algún tipo de intervención. No regular es una forma de regular”.

Agregó que muchas de las normas del sector de telecomunicaciones están hechas hace más de 20 años, y están formuladas para un sector de telecomunicaciones tradicional donde existía un servicio por red. “Lo que le toca al regulador es darse cuenta de que el sector cambió, que las normas son obsoletas y que por lo tanto toca eliminarlas o modificarlas”.

Afirmó que en Colombia todavía hay quienes hablan del cargo de acceso, por acceso a la red, cuando la discusión va por el lado de privacidad y seguridades. Detalló que lo más importante es “estar un paso más allá de lo que viene, con buenas prácticas, estar estudiando constantemente, analizando mercados y estar quieto con la regulación”.

En este sentido, recordó que la CRC eliminó recientemente un 25 por ciento de la regulación antigua, como normas para instalación de teléfonos públicos o regulación para Blackberry, y que actualmente está analizando modificar el régimen de usuarios y de calidad para simplificar.

También consideró que es necesario que se le pida información a los regulados para tomar decisiones de política pública. “Hay que construir objetivos de política pública y de regulación, y ver qué información requiero para ese objetivo”.

Reflexionó que para que las leyes permitan la experimentación se necesitan normas por objetivos, “no leyes que vayan al detalle”. Las leyes tienen que ser de principios generales, afirmó Arias. Y agregó que el análisis del impacto regulatorio es la mejor herramienta para ver si las medidas tomadas por el regulador son eficientes.

Por último, puntualizó los componentes que debe tener un regulador digital: “Necesita independencia, que sea una entidad técnica con un poder distinto al gobierno en turno, que tome decisiones técnicas y no políticas, que tenga autonomía financiera, y que sus miembros sean elegidos públicamente por concurso”.

El marco regulatorio y la política pública en materia de telecomunicaciones tiene que configurarse al mismo ritmo que la innovación tecnológica. De ello depende que la implementación de 5G en México y en América Latina sea una realidad, coincidieron especialistas durante el foro “5G Switch: del conmutador al 5G”, organizado por Ericsson.

En ese sentido, el Presidente de Digital Policy & Law, Jorge Fernando Negrete, dijo que ya no son suficientes las agendas digitales que tradicionalmente se han elaborado, tanto en el país como por otros gobiernos de la región, sino que ahora el mercado exige una política fiscal sobre el espectro, pues fijar altos precios al recurso dificulta la inversión y la proyección de negocio de los operadores.

Los organismos reguladores de América Latina deben “cambiar el chip” y elaborar normativas diferentes con el fin de poner la tecnología al servicio de las personas, incluso pensadas de manera especializada según el mercado específico al que se dirige, comentó el exdirector Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, Germán Darío Arias.

México ha sido uno de los países pioneros en tecnología dentro de América Latina. El despliegue de 5G es “una oportunidad para la digitalización de la industria”; si se desaprovecha, existe el riesgo de que la población se enfrente a un “nuevo analfabetismo digital”, al no poder beneficiarse de la potencia de la nueva red, puntualizó el Director de Regulación de América Móvil, Daniel Bernal.

Por ello, Arun Bansal, presidente de Ericsson para Europa y América Latina, llamó a incentivar la inversión y a fomentar la innovación. La región se ha quedado atrás y está atrasada en todos los ámbitos, desde la academia con la investigación en tecnología hasta en la regulación, dijo.

Sin embargo, las compañías también juegan un papel relevante en el desarrollo de los mercados. Aunque el gobierno promueve la inversión, muchas empresas extranjeras que operan en México han prometido grandes inversiones que a la fecha sólo se han quedado en el papel, discrepó Salma Jalife, subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La cuarta revolución industrial ya está aquí, y esta nueva realidad tiene impactos profundos en todos los modelos de negocio. No sólo se trata de la virtualización de todas las actividades económicas y sociales, sino de la aparición de nuevas dinámicas donde las reglas del mundo físico no parecen tener el mismo efecto. 

Estas nuevas dinámicas impactan directamente a los Estados y sus modelos de intervención. La digitalización de las redes de telecomunicaciones y el desarrollo de internet, entre otros aspectos, han logrado borrar las fronteras regulatorias entre servicios, es así como la regulación tradicional, cuya construcción se basa en redes independientes para cada tipo de servicio, parece no tener sentido. 

Actualmente, no sólo se pueden prestar múltiples servicios por una sola red, también existen nuevas modalidades de prestación que retan el modelo de intervención tradicional. Ejemplo de ello son las plataformas OTT de video, voz y mensajes. Adicionalmente, las fronteras entre sectores también están sufriendo fracturas, no es extraño encontrar noticias acerca de las fricciones entre la regulación de servicios de telecomunicaciones y el transporte, el turismo y la salud, para sólo dar unos ejemplos. 

Pese a lo anterior, la regulación no parece reconocer esta realidad, y mantiene reglas anacrónicas que incluso se pueden convertir en barreras para el desarrollo y la innovación, razón por la cual es fundamental modernizar los marcos regulatorios de nuestros países, de tal manera que se incremente la competitividad y el desarrollo del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como herramienta transversal a todos los sectores de la economía. 

Para el logro de este objetivo, las autoridades de regulación deben repensar sus marcos de intervención, comenzando por algunos principios que no sólo reconozcan la nueva realidad, sino que sirvan como un apalancador de los nuevos modelos de negocio, sin olvidar la relevancia que tienen y seguirán teniendo las redes de telecomunicaciones y la infraestructura en general, pero en todo caso teniendo como punto central al ser humano y el impacto que cualquier intervención tenga sobre éste. 

Partiendo de este entorno, considero necesario que todos los reguladores “respiren profundo” y se pregunten si los principios sobre los cuales soportan sus actuales funciones siguen siendo válidos. Esta pregunta me la hice muchas veces en mi rol de regulador durante casi cuatro años, razón por la cual me he atrevido a proponer lo que he querido llamar “decálogo del buen regulador” y que presento a continuación. 

1. Conocer y entender las dinámicas del sector de las TIC. Generalmente, los órganos reguladores cuentan con personas muy talentosas y capaces, pero con poca y algunas veces nula experiencia en el mundo real, por lo tanto, su aproximación al sector es teórica, cosa que funcionó por más de dos décadas. Sin embargo, en los últimos 10 años, las cosas han cambiado radicalmente, los servicios tradicionales han perdido relevancia, la voz tradicional soportada en una red de telecomunicaciones ya es un simple commodity, los usuarios tienen muchas más opciones de comunicación que la voz fija y móvil tradicional. La digitalización y el boom de las aplicaciones y las OTT se convierten en un reto para el regulador, pues las reglas tradicionales parecen no tener sentido para estas nuevas soluciones de comunicaciones. Y qué decir de las OTT de video frente a la televisión por cable tradicional. 

Como se puede observar, no sólo es necesario que los reguladores estudien permanentemente estas dinámicas, sino también que cuenten con experiencia en el mundo real, por lo tanto, el buen regulador debería poder, ya sea con personal propio o a través de terceros, adquirir el conocimiento necesario que les permita tomar las mejores decisiones. 

2. La regulación para la cuarta revolución industrial (4RI) supera al sector de telecomunicaciones. Si bien es cierto que las redes de telecomunicaciones son el soporte para la 4RI, es igual de cierto que el desarrollo de Internet y las tecnologías disruptivas que lo acompañan, sin lugar a dudas, afecta todas las actividades humanas.  

El Internet de las cosas, la Inteligencia Artificial, el Big Data, pasando por la aparición de todo tipo de soluciones para el transporte, la salud, el e-commerce, la agricultura, la automatización industrial, etcétera, involucra no sólo redes de telecomunicaciones, sino aspectos que competen a otros actores del Estado. En las soluciones de e-health tendrá que opinar el Ministerio de Salud (para el caso colombiano), en las de transporte y carros autónomos el Ministerio de Transporte, etcétera. Pero no sólo cada una de estas entidades, se necesita un esfuerzo multidisciplinario, dado que en cada nueva solución aparecen elementos que no le competen a una sola entidad, sino a múltiples órganos estatales, por lo tanto, el modelo tradicional de intervención, donde se trabaja de manera sectorial por verticales, no funciona para este nuevo entorno, ahora la intervención debe ser transversal, es necesario entonces que los Estados entiendan esto y creen los mecanismos necesarios de cooperación (del más alto nivel) de tal forma que las decisiones se tomen con todas las variables necesarias y no sólo con la mirada sectorial y lineal tradicional.  

3. No regular por sospecha. Nada más peligroso para el desarrollo de nuevos modelos de negocio que intentar regular sin tener claro el posible impacto de las medidas (entre otras cosas por el desconocimiento de las nuevas dinámicas). Ejemplos de intentos fallidos de intervención existen por montones, y se dan precisamente porque el regulador (algunas veces presionado por algunos actores) se apresura a regular lo que no entiende. El resultado es obvio, el efecto puede ser nulo o incluso perjudicial, por lo tanto, antes de pensar en intervención, el buen regulador debe hacerse muchas preguntas, en especial relacionadas con el bienestar del usuario, pues al final todo se trata de eso, de bienestar. Por lo tanto, es necesario permitir que los negocios maduren y, posiblemente, limitarse a monitorear constantemente su evolución y el impacto que dicha evolución tenga en términos de bienestar, mercado y desarrollo. 

4. Información, información y más información. No tenemos que discutir la importancia de los datos, considero que es claro para todos el valor que tienen los datos para la 4RI. Esta realidad es igual de válida para los Estados y las agencias de regulación, que deberían preocuparse por tener la mejor y más completa información, apoyándose en todas las herramientas que nos brinda el desarrollo tecnológico, Big Data, Inteligencia Artificial, machine learning, etcétera. El buen regulador debe preocuparse por contar con toda la información que pueda recolectar antes de tomar cualquier decisión, y soportarse en los nuevos desarrollos de analítica de datos, lo cual le facilita la construcción de modelos económicos, modelos predictivos, escenarios, etcétera. 

5. Simplificación normativa. Como anteriormente lo he mencionado, la intervención regulatoria ex ante pura era válida en un mercado de telecomunicaciones análogo donde los servicios eran prestados a través de redes casi de manera independiente. Sin embargo, ahora esas mismas redes prestan sus servicios y los de otros, que a su vez son competencia entre sí o, al menos, tienen el potencial de llegar a serlo. La pregunta es entonces si toda la carga regulatoria que hoy tienen los operadores tradicionales de comunicaciones se justifica cuando se ven enfrentados a nuevos actores que no la tienen. La respuesta parece ser obvia, pero esto no significa que se debe desregular todo, la cuestión es un poco más compleja, pues lo primero que habría que preguntarse es si los servicios que pueden ser competencia de los tradicionales atienden el mismo mercado, cuentan con características similares, son o no sustitutos, usan bienes públicos o están sujetos a permisos o licencias especiales, etcétera. Pese a estas complejidades, lo único cierto es que hoy el sector de telecomunicaciones está sobrerregulado, estoy seguro que si cada agencia revisa su regulación se dará cuenta que no menos de 20 por ciento está obsoleta, ya cumplió su cometido o simplemente ya no tiene sentido. En el caso colombiano, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, sólo en la primera etapa de este proyecto, pudo eliminar 25 por ciento de su regulación. 

6. Análisis de Impacto Normativo: Un regulador moderno, antes de sacar nuevas normas o regulación, debería usar herramientas que le permitan medir el impacto de las normas que pretende expedir. Existen muchas maneras de hacerlo, en el caso colombiano nos hemos basado en la metodología RIA (Regulatory Impact Analysis, por sus siglas en inglés, AIN en español). Esta metodología se formalizó a través de un documento de política que en el mediano plazo deben aplicar todos los ministerios, agencias y entidades del orden nacional que pretendan expedir nueva regulación. La Comisión de Regulación de Comunicaciones es la entidad más adelantada y, al día de hoy, toda la regulación de carácter general que pretenda expedir debe cumplir con esta metodología que, luego de un proceso delicado de implementación, ha sido de una gran utilidad, especialmente en la “formulación del problema” que, de quedar bien definido, facilita enormemente el diseño regulatorio y los posibles escenarios de intervención o no intervención. 

7. Participación y discusión. Si bien se puede afirmar que la participación de los agentes regulados en los procesos regulatorios es parte de la metodología AIN (Análisis de Impacto Normativo), considero relevante ponerlo con un punto aparte, dada su gran relevancia.  

A nadie le gusta que lo sorprendan con nuevas reglas, por lo tanto, todos los procesos de intervención deben tener etapas regladas de participación y discusión por parte de los agentes. Es claro que tales discusiones enriquecen la regulación, dado que por un lado es el prestador de servicios el que puede determinar con certeza cuál es el verdadero impacto de las propuestas regulatorias y, por otro, al regulador le debe interesar que las normas tengan un impacto relevante.  

Para algunas personas la participación de los agentes en las discusiones está cargada de intereses particulares, lo cual es cierto; pero también es legítimo. Por lo tanto, le corresponde al regulador buscar el equilibrio donde se beneficie el interés general con el menor impacto posible para los destinatarios de la regulación. 

8. Auto-regulación, co-regulación y sandbox. Como se ha mencionado anteriormente, la regulación tradicional para el sector de telecomunicaciones (yo diría que para todos los sectores) parece no aplicar en el nuevo entorno. En este sentido, los reguladores deben acudir a nuevas alternativas para evitar un efecto negativo de las medidas.  

Estas nuevas alternativas incluyen la auto-regulación por parte de los agentes sujetos a intervención, la cual debe responder a las preocupaciones del regulador, en especial respecto de la protección de usuarios y la calidad de servicios. Existen numerosos ejemplos donde los mismos agentes acuerdan normas de comportamiento que no requieren intervención directa del regulador. Incluso en sectores como el financiero se tiene la figura del “auto-regulador”, que no es otra cosa que una agencia conformada por los mismos agentes del sector que se encarga de definir las reglas de juego para algunos temas particulares, claro está, bajo la vigilancia del Estado. 

Con respecto a la co-regulación, en la CRC aplicamos con frecuencia un modelo donde en conjunto con los agentes regulados discutimos ciertas reglas, y logramos llegar a numerosos consensos, donde, con el menor impacto posible se alcanzan objetivos relacionados especialmente con protección de usuarios y calidad, así como en temáticas como reportes de información y hurto de celulares (muy específico para el caso colombiano). 

Adicionalmente, existen los famosos “sandbox” regulatorios, que no son otra cosa que pruebas controladas a pequeña escala con ausencia de regulación (en diferentes proporciones) cuyo objetivo es monitorear el desarrollo de nuevos modelos de negocio para determinar posteriormente si deben ser o no sujetos a algún nivel de regulación. Este modelo es especialmente relevante para el desarrollo de la 4RI, donde la innovación por parte del sector privado se maximiza y se evitan los riesgos relacionados con el desconocimiento de este nuevo entorno por parte del regulador. 

9. Monitoreo de la regulación, nada está escrito en piedra, se vale la prueba y el error. Seguramente, muchas personas que lean esto estarán pensando que si el regulador actúa de esta manera se incentiva la inseguridad jurídica y que el costo del error puede ser muy alto; sin embargo, a lo que me refiero con este enunciado es que si bien el regulador hace su mayor esfuerzo para emitir normas positivas para el sector, en un ambiente como el actual, las posibilidades de error son altas, por lo tanto, el regulador debe estar dispuesto a monitorear los efectos de la regulación de manera permanente, y debe tener procesos formales ex-post (en un periodo de tiempo adecuado) para determinar si la regulación expedida ha tenido el impacto esperado o si es necesario modificarla o incluso eliminarla (aplicar el principio 5). 

10. Independencia. No conozco ninguna agencia, gremio, corporación o asociación que no esté de acuerdo con la relevancia que tiene para el sector (cualquiera de ellos) que el regulador sea una entidad independiente del gobierno. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo. No me voy a detener en los múltiples ejemplos que existen en este sentido, simplemente me limitaré a decir que un regulador independiente es aquel que toma decisiones por encima de los intereses particulares del gobierno en turno.  

Si bien es cierto que el regulador debe ser congruente con la política pública, el quehacer regulatorio debe estar cargado de técnica, por lo tanto, la motivación de los responsables (Comisionados en el caso de la CRC de Colombia) debe estar por encima de temas políticos, su motivación debe ser única y exclusivamente el desarrollo del sector. 

Cuando el gobierno en turno tiene asiento en el regulador, las dinámicas son distintas, las discusiones pueden tener matices más allá de la técnica, razón por la cual son tan criticados los reguladores cuyos miembros son puestos y removidos por el gobierno. Por lo tanto, es fundamental que dichos miembros sean elegidos a través de procesos meritocráticos, transparentes y públicos, y que sus períodos sean fijos, ojalá más allá de los períodos de los gobernantes de turno. 

Seguramente se me quedaron por fuera muchos aspectos necesarios para lograr tener un buen regulador, e incluso no se abordaron las grandes discusiones en torno a la privacidad, la seguridad, los datos y cuestiones éticas relacionadas con la Inteligencia Artificial, fundamentales en este nuevo mundo, o el nuevo enfoque que deben tener las autoridades de competencia con base en las nuevas dinámicas donde los grandes jugadores actúan de forma global dejando en el limbo las jurisdicciones nacionales. Sin embargo, considero que a través de estos 10 principios se pueden lograr grandes avances, en especial para apoyar el desarrollo de un sector tan dinámico y transversal a toda la economía, como el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Ojalá todos los reguladores y gobiernos de nuestra región se detuvieran a pensar un poco más acerca del modelo de intervención que se requiere para el desarrollo de la 4RI, lo cual seguramente redundaría en un mayor aprovechamiento de las oportunidades que nos brinda este nuevo entorno y, por lo tanto, en un mayor crecimiento del sector y de nuestras economías.