La República Andrei Siles

Un total de $222 millones por año se necesitarían para dotar a cada estudiante de una computadora lo que representa la mitad del presupuesto invertido en dos décadas en el Programa Nacional de Informática Educativa del Ministerio de Educación Pública, según un comunicado remitido por la Fundación Omar Dengo.

En este sentido, la entidad aclaró que el 80% del presupuesto del Programa se utiliza para equipar a los centros educativos y no son transferidos a la organización.

“El programa ha logrado formar a estudiantes preparados para los trabajos del futuro y ha capacitado a los docentes para mejorar sus competencias digitales (…) El MEP no ha cumplido con el convenio establecido y ha realizado transferencias parciales, dejando un déficit de más de ¢4 mil millones”, indica el informe remitido por dicha entidad.

Así también, respecto a las 150 mil computadoras distribuidas en los distintos centros educativos, la Fundación aclaró que las mismas tienen una vida útil de tres años, pero gracias al mantenimiento y soporte técnico provisto por esta entidad se han podido extender hasta por cinco años, adquiridas además a precios competitivos, representando un ahorro para el Estado.

El Mundo Yamileth Angulo

La Fundación Omar Dengo (FOD) lamenta la decisión el Ministerio de Educación Pública (MEP) de no prorrogar el Convenio Marco de Ejecución del Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE-MEP-FOD).

Por otro lado critican que la ministra de Educación, Katherine Müller, no siguiera el debido proceso de comunicación entre las partes que establece el convenio y anunciara la decisión mediante una conferencia de prensa.

La FOD señaló que «esta es una decisión que afecta profundamente al país en general y abre una dolorosa herida en las comunidades con menos acceso a recursos».

«Es un retroceso pues, durante 35 años, la Fundación independientemente del Gobierno de turno ha liderado el PRONIE y ha dado enormes pasos para reducir la brecha digital en todo el país, beneficiando a miles de estudiantes y docentes, como lo refieren los testimonios de muchos jóvenes que crecieron con este programa».

Según la FOD hasta la fecha, el PRONIE ha tenido impacto positivo en 2.300.000 estudiantes de todo el país y ha crecido hasta llegar a zonas rurales e indígenas, democratizando el acceso a la educación y la tecnología.

«Nuestro trabajo ha sido evaluado positivamente y premiado por organismos como UNESCO, UNICEF, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Estado de la Nación y es un referente a nivel internacional», sostienen.

El PRONIE ha permitido preparar para la sociedad digital a más de 740.000 estudiantes en 4.200 centros educativos al año. De estos, cerca de 500.000 se benefician semanalmente con un programa STEAM en el que aprenden de robótica, programación y simulación, entre otros, en los laboratorios equipados para tal fin, lo que les permite desarrollar competencias fundamentales como resolución de problemas y pensamiento crítico, además de programas de certificaciones de valor laboral en industria 4.0 para los colegios técnicos.

Adicionalmente, más de 228.000 estudiantes se benefician con equipos de cómputo para ser utilizado en las materias curriculares en sus procesos de enseñanza y aprendizaje.

Ante esta decisión del MEP, la FOD está comprometida con realizar un traslado ordenado de los programas y bienes que actualmente ejecuta el PRONIE, con el propósito de que se afecte lo menos posible el servicio educativo que reciben los estudiantes.

«Es importante recalcar a la población costarricense que la FOD está anuente a hacer el traslado contable de los equipos en apego al convenio suscrito entre ambas partes, los cuales siempre han estado a disposición del Ministerio de Educación en los centros educativos», aseguran.

La Fundación manifestó que «creemos que todos los niños y jóvenes de Costa Rica merecen acceso a educación y tecnología de alta calidad, que les permita insertarse en un mercado laboral competitivo y contribuyendo al cierre de la brecha digital. Para esto, en la FOD estamos comprometidos y vamos a seguir trabajando como un ente facilitador para garantizar que esto sea una realidad».

La FOD continuará con su misión de la mano con otros aliados como lo ha venido haciendo durante todos estos años, en proyectos que impulsan la ciencia y la tecnología, empleabilidad, ciberseguridad, entre otros, con el mismo objetivo del cierre de la brecha digital y que las personas tengan acceso y máximo aprovechamiento de la tecnología.

«La Fundación es total y absolutamente respetuosa de la legislación costarricense, expresa su profundo respeto a las decisiones del Ministerio de Educación y hace un llamado vehemente para que esta transición se realice amparada al marco regulatorio y al fin último del interés público y la protección de los derechos de los niños y jóvenes beneficiarios», concluyen.

La República Tatiana Gutiérrez

El anuncio que realizó Anna Katherina Müller, ministro de Educación, de que se rompería la relación de más de tres décadas entre el Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo perjudicaría a 740 mil estudiantes en 4.200 centros educativos del país.

De estos alumnos, cerca de 500 mil se benefician semanalmente con un programa STEAM en el que aprenden de robótica, programación y simulación, entre otros, en los laboratorios equipados para tal fin.

Adicionalmente, más de 228.000 estudiantes se benefician con equipos de cómputo para ser utilizado en las materias curriculares en sus procesos de enseñanza y aprendizaje.

“La Fundación es total y absolutamente respetuosa de la legislación costarricense, expresa su profundo respeto a las decisiones del Ministerio de Educación y hace un llamado vehemente para que esta transición se realice amparada al marco regulatorio y al fin último del interés público y la protección de los derechos de los niños y jóvenes beneficiarios”, destacó mediante un comunicado de prensa.

Hasta la fecha, el programa tuvo un impacto positivo en más de dos millones de estudiantes de todo el país y ha crecido hasta llegar a zonas rurales e indígenas, democratizando el acceso a la educación y la tecnología.

El Financiero Caarlos Cordero

La Red Educativa del Bicentenario seguirá a la velocidad del Ministerio de Educación Pública (MEP) y de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para dar conectividad de banda ancha a 4.423 centros educativos.

La Sutel es la unidad ejecutora encargada de la instalación, a través de diferentes proveedores, de 2.375 escuelas y colegios. La otra unidad ejecutora, la Fundación Omar Dengo (FOD), fue separada del proyecto por orden de la Contraloría General de la República que consideró que los convenios establecidos no dan sustento legal para que sea la encargada de la conectividad de los otros 2.048 centros educativos.

“En acatamiento inmediato de la orden emitida por la Contraloría en octubre de 2021, el MEP remitió al ente contralor, y en el plazo debido, el plan de acción que detalla las actividades que deben ser ejecutadas para planificar la ruta que debe tomar”, dijo Paula Villalta, viceministra de planificación institucional y coordinación regional del MEP.

Para la entidad esto implicará determinar la unidad ejecutora e iniciar los procesos de contratación de operadores que deberán realizar las instalaciones de redes internas y de los enlaces de banda ancha en cada centro educativo.

En el caso de la Sutel apenas lleva, a través del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), menos de la quinta parte de las conexiones establecidas actualmente en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015-2021 (PNDT).

De acuerdo a Sutel, la meta establecida el 29 de febrero del 2021 por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) en el PNDT es de 516 escuelas y colegios, “proceso que culminará en 2022″.

Este 17 de diciembre, Sutel comunicó que ha conectado 95 escuelas y colegios a banda ancha entre 15 y 500 Mbps, de los cuales cinco aún están en proceso de aceptación por parte del MEP.

La Superintendencia agregó que desde la asignación de la meta inició acciones y firmó contratos con cuatro operadores de telecomunicaciones para proveer Internet de banda ancha a los primeros 673 centros educativos. Aseguró que actualmente se realizan trabajos simultáneos en 458 centros educativos que se encuentran en diferentes fases de ejecución.

“El Consejo Directivo de la Sutel, en coordinación con los operadores contratados, realiza un esfuerzo adicional para avanzar al máximo con la meta asignada y lograr el mayor avance antes del inicio del ciclo lectivo el 17 de febrero del 2022″, prometió la entidad en el comunicado enviado.

Nuevo proceso

El MEP recibió la orden de la Contraloría de separar a la FOD del proyecto de la Red del Bicentenario hace dos meses, pero el Ministerio y la Fundación presentaron recursos que fueron resueltos el pasado 14 de diciembre. La Contraloría mantuvo su decisión.

Villalta indicó que la gran mayoría de centros educativos que iban a ser atendidos por la FOD ya disponen de conectividad, muchos incluso con fibra óptica, lo que hará factible mantener, garantizar y mejorar (en los casos en que sea posible) el servicio. Para cumplir con lo que se propuso en el proyecto, sin embargo, el MEP deberá desarrollar los estudios “pertinentes”.

La funcionaria reiteró que lamenta la decisión de la Contraloría y que el proyecto planificado con la Fundación era la mejor alternativa en tiempo y forma, pues incluso ya había iniciado y estaba muy cerca de comenzar las instalaciones.

“La situación actual implicará mayores plazos para alcanzar los mismos objetivos, lo que tendrá repercusiones sobre las amplias brechas de acceso a conectividad en el sistema educativo”, acusó Villalta.

El MEP mantiene que, luego de 10 años de intentos fallidos por iniciar una red educativa, se había conseguido finalmente arrancar con dos unidades ejecutoras (Sutel-Fonatel y FOD).

“Que una de estas unidades ejecutoras no pueda continuar participando, dada la orden emitida por la Contraloría, afecta enormemente a los estudiantes y personal docente, quienes no lograrán contar con estos servicios de conectividad en el corto plazo”, dijo Villalta. “Deberán esperar un poco más de tiempo para tener una solución concreta e integral a sus problemas de conectividad; condición agravada por la situación vivida actualmente con motivo de la pandemia”.

La viceministra respondió que las acciones para que el MEP se haga cargo de la Red directamente, siguiendo la orden de la Contraloría, ya se comunicaron a el órgano contralor a comienzos de noviembre pasado. “Todas tienen plazos para su ejecución, por lo que desde ese momento todas se vienen desarrollando según el calendario de trabajo definido en el plan de trabajo solicitado por el ente contralor”, indicó Villalta.

La FOD también lamentó la resolución emitida por la Contralora y acusó que los principales afectados serán más de 700.000 estudiantes —el 73% de la población estudiantil del sistema público— “a quienes se les están negando las condiciones adecuadas para el aprendizaje híbrido que imponen las circunstancias actuales”.

La Fundación afirmó que la decisión marca un retroceso educativo de al menos dos años, en un contexto de “apagón educativo” y una década de atraso del proyecto de la Red Educativa.

“La gravedad de las consecuencias de esta resolución es realmente preocupante frente a la ausencia de propuestas integrales que atiendan las necesidades de los estudiantes y los requerimientos del propio MEP, así como de capacidades demostradas de ejecución de una iniciativa compleja como esta”, manifestó Marcelo Carvajal, gerente general de la FOD.

Carvajal agregó que el modelo técnico de la Red del Bicentenario —basado en las mejores prácticas internacionales, planteado por el MEP y desarrollado junto a la FOD— nunca estuvo bajo cuestionamiento y que la FOD está especializada en la incorporación de las tecnologías para aprender y mejorar la gestión educativa.

CRHOY Alexánder Ramírez

La Contraloría General de la República (CGR) despedazó la defensa del Ministerio de Educación Pública (MEP) para mantener a la Fundación Omar Dengo en la Red Educativa del Bicentenario, proyecto estrella del gobierno de Carlos Alvarado.

La entidad fiscalizadora rechazó este martes los recursos de apelación presentados por la exministra del MEP, Giselle Cruz, y el presidente de la Junta Directiva de la Fundación Omar Dengo, Gabriel Macaya, contra la decisión de dejar por fuera a esta última entidad del proyecto, cuyo propósito es conectar a más de 4 mil centros educativos con banda ancha.

También descalificó alegatos en una línea similar hechos por el actual jerarca del MEP, Steven González.

En términos generales, la CGR ha mantenido la tesis de que el MEP no puede transferirle competencias constitucionales y legales a un ente privado para el desarrollo de proyectos de interés público, como la Red Educativa del Bicentenario.

Uno a uno, la contralora general de la República, Marta Acosta, se trajo abajo los argumentos del MEP para mantener a la Fundación Omar Dengo en el proyecto que ha despertado dudas.

Aquí encontrará un resumen de las principales razones técnicas y legales en las que se basó la Contraloría para rechazar los recursos:

• Hay incumplimientos legales y técnicos relacionados con el traslado de competencias esenciales del MEP para el desarrollo de la Red Educativa del Bicentenario.
• La Red Educativa del Bicentenario no es simplemente un servicio complementario para brindar calidad en la conectividad y mejorar la implementación de tecnologías digitales, sino que va más allá de eso porque se trata de un proyecto de alcance nacional.
• No es de recibo que se pretenda hacer creer que luego de trasladarle las competencias a la Fundación Omar Dengo, el MEP realizara un análisis de la factibilidad técnica y legal porque debió haberse efectuado antes de tomar la decisión.
• Tampoco se puede aceptar el argumento de contratar un proveedor externo que brinde los servicios porque lo procedente es que el MEP active los procedimientos de la contratación administrativa.
• La CGR reprocha que los datos sobre los fondos económicos para el proyecto los maneje la Fundación Omar Dengo y no el MEP.
• No es de recibo que la Red Educativa del Bicentenario se considere un proyecto para la adecuada implementación del Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie).
• La Contraloría no ve pertinente referirse a la totalidad de argumentos planteados, sino solo a aquellos que guarden relación directa con la medida cautelar de dejar por fuera a la Fundación Omar Dengo del proyecto.
• El MEP alega que los estudios complementarios que realizó evidencian que tuvo una participación activa en la gestión y desarrollo del proyecto, pero a criterio de la Contraloría, no logró demostrarlo.
• Sobre el argumento de la falta de capacidad del MEP para asumir la Red Educativa del Bicentenario y la forma de llevar el servicio a la ciudadanía, la CGR aclaró que no puede coadministrar en la toma de decisiones, pero sí recordó que con respecto a la decisión de utilizar a la Fundación Omar Dengo no se hizo un estudio para demostrar que tenía la capacidad de asumir el proyecto.

En su pronunciamiento, la Contralora General de la República reconoció la importancia de la Red Educativa del Bicentenario y la participación de entes privados en la articulación de soluciones para cubrir necesidades de interés público.

“No obstante, la posibilidad de contar con la participación de privados no puede conducir a renunciar a las potestades y competencias públicas y a un vaciamiento del aparato estatal casi por una inoperancia de hecho. El MEP tiene a cargo grandes desafíos y responsabilidades, como también una importante dotación de recursos económicos y la planilla más grande del Estado. Por eso, es inadmisible que tratándose de la Red Educativa del Bicentenario prácticamente se abdique de las competencias aludiendo a una imposibilidad de llevar adelante el proyecto”, reprendió Acosta.

En agosto de 2018, el MEP -con el beneplácito del presidente Carlos Alvarado– eligió a dedo a la Fundación Omar Dengo para la ejecución del proyecto y alegó que no tenía la capacidad y los recursos para hacerlo.

El Gobierno se comprometió a girarle a ese ente privado $7,4 millones anuales. De ese monto, la Fundación podía dejarse un 10% para gastos administrativos.

CRHoy Erick Carvajal

La Contraloría General de la República (CGR) definió como inconsistentes las millonarias cifras que el Ministerio de Educación Pública (MEP) pagó a la Fundación Omar Dengo (FOD) por los trabajos realizados para el proyecto de la Red Educativa del Bicentenario (REB).

Así quedó consignado en la revocatoria del recurso presentado por el MEP ante la orden del ente contralor de suspender el proceso de adjudicación de la REB, ejecutado por la FOD a la empresa Ufinet Costa Rica S.A.  por un monto total anual de $7.368.774,36.

En el documento R-DFOE-CAP-00003-2021 de Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa la CGR del 10 de noviembre pasado, se determina que existían inconsistencias que limitaban identificar con certeza el monto transferido por el MEP a la FOD.

En el recurso presentado por el MEP, se cuestiona el monto que el Área de Fiscalización consignó en la orden donde se suspende la adjudicación.

El ministerio indicó que “… las estimaciones numéricas contienen errores… por lo cual, los porcentajes calculados y referenciados en la orden también son incorrectos y no reflejan la realidad de las transferencias presupuestarias…”.

Ante dicha observación, la Contraloría indicó que la suma citada por el Área de Fiscalización no corresponde a un análisis de los datos del Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera (SIGAF), que son, precisamente, “alimentados” por el MEP.

“No obstante, considerando las observaciones realizadas se procedió a revisar dicho monto con base en la información suministrada, determinando inconsistencias que limitan identificar con certeza el monto transferido por el MEP a la FOD”, señala el documento.

La Contraloría estableció dichas inconsistencias de la siguiente manera:

¿MEP aportó información financiera?

La Contraloría explicó que en el recurso presentado por el MEP, el ministerio sustentó el monto transferido a la FOD por medio de un correo electrónico.

Sin embargo, cuando el Área de Fiscalización solicitó la información financiera, ante la fiscalización que se ejecutaba del proyecto y cuya adjudicación fue suspendida, la misma fue enviada mediante un oficio DVM-PICR-0453-2021 del 10 de agosto de 2021.

En ese oficio el MEP indicó: “… Este requerimiento se encuentra en construcción por parte de la FOD… excepto lo del rubro de ‘otros del 2020’, ya que ese monto corresponde a otras coletillas del Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE), y no estaban asignados a los identificadores presupuestarios de la Red Educativa, dado que para esa fecha (del 2020) no existían coletillas presupuestarias autorizadas por el Ministerio de Hacienda para la Red Educativa”.

Dentro de sus conclusiones, la Contraloría determinó que, de las revisiones hechas el MEP, el ente no aporta información financiera con la calidad que se requiere para fundamentar en forma razonable el monto exacto que de los recursos trasladados a la FOD por concepto de la REB al mes de agosto pasado, lo que es un dato considerado por el ente contralor como fundamental para la toma de decisiones y rendición de cuentas.

FOD recomendó llave en mano

Documento de la Contraloría donde se rechaza el recurso presentado por el MEP.

La Contraloría incluso hace referencia a una comunicación enviada por la FOD mediante el oficio DE 082-2019 al MEP, al MICITT y a un asesor de Casa Presidencial, donde les envía el estudio técnico presentado por la empresa SPC Internacional, S.A.

En ese oficio es la Fundación quien recomienda el modelo de contratación de servicios llave en mano a través de un implementador – integrador.

“Como conclusión prioritaria, de no decidirse por el esquema del implementador/integrador, consideramos que no se darían las condiciones que le den viabilidad al proyecto para cumplir con los requerimientos establecidos por el señor Presidente. De tal forma, recomendamos dar prioridad a la contratación de la Red Nacional Educativa del Bicentenario bajo un esquema de servicios mediante la figura de un implementador/integrador”, se indica en el oficio de la FOD.

CRHoy.com reveló, en una nota publicada el 22 de octubre pasado, como en julio del 2019 –dos años antes de adjudicarle un millonario contrato– la FOD recomendó en 5 ocasiones ante Casa Presidencial, el MEP, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) a la empresa Ufinet, para implementar REB.

Esto se menciona en el oficio DE-082-2019, del cual este medio tiene copia, enviado por la directora ejecutiva de la FOD Leda Muñoz, a los jerarcas de dichas entidades y al asesor de Presidencia Rándall Otárola.

En el mismo documento recomendaron la subcontratación de “servicios llave en mano” y presentaron los resultados de un estudio subcontratado por ellos mismos con $165.000 de fondos propios. Incluyeron también el modelo de gestión del proyecto, a Ufinet como la empresa que lo podría ejecutar y el esquema para garantizar de “manera exitosa” la interconexión previamente a mayo del 2022.

El Financiero Carlos Cordero

Para la Fundación Omar Dengo (FOD) el convenio de tres décadas con el Ministerio de Educación Pública (MEP) es suficiente justificación para tener fundamento técnico y jurídico como unidad ejecutora del proyecto de la Red Educativa del Bicentenario (REB).

“Se cuenta con dos respaldos legales del más alto nivel”, argumentó Marcelo Carvajal, gerente general de la FOD.

El proyecto de la REB tiene como meta brindar enlaces de banda ancha a casi 4.500 escuelas y colegios, así como instalar redes en los centros educativos para aprovechar velocidades que alcanzarían hasta 500 Mbps. El proyecto tiene dos unidades ejecutoras: la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), que debe brindar conectividad a 2.375 centros educativos, y la FOD, a cargo de 2.139 escuelas y colegios con un total de 700.000 estudiantes.

El 14 de octubre anterior la Contraloría General de la República ordenó que la FOD no continuara en la REB debido a situaciones técnicas y legales detectadas. Carvajal respondió por correo electrónico las consultas de EF.

¿La elección de la FOD para la REB debió realizarse mediante concurso público o la FOD considera que el mecanismo utilizado fue legalmente viable, en la medida que la FOD es un ente privado? Incluso la FOD tuvo que recomendar al MEP cómo resolver el tema de la formalización legal de su intervención al proponer el anexo 2 al convenio que ya tenían ambas partes.

Así como organizaciones, como Cruz Roja, CINDE y Procomer, entre otros, colaboran con el Estado a través de un mandato legal, también lo hace la FOD con el MEP. En consecuencia, la FOD mantiene una alianza público-privada con el MEP desde hace más de tres décadas para la implementación del Pronie, al cual pertenece el proyecto de la Red Educativa.

Se cuenta con dos respaldos legales del más alto nivel que son la Ley de Declaración de Utilidad Pública del Programa de Informática Educativa (Nº 8207) de enero de 2002 y el mandato del Consejo Superior de Educación, órgano de rango constitucional, que le asignan el mandato legal de la ejecución del Pronie y por ende de la Red Educativa.

A través de esta alianza es que la Fundación procede a realizar los concursos públicos para la contratación de la Red Educativa según lo establece la ley de contratación administrativa, todo lo cual está bajo la fiscalización de la Contraloría General de la República.

El Anexo No. 2 únicamente establece las responsabilidades de las partes para la ejecución del proyecto, en donde el MEP claramente nunca renuncia a sus competencias ni deberes. Este Anexo llevó todo el rigor de los ajustes, validaciones técnicas, y aprobaciones por parte del MEP.

A diferencia del servicio actual de enlaces residenciales, además de la conectividad de banda ancha simétrica (hasta 500Mbps en el primer año), los centros educativos se interconectan entre sí (ahorrando costos por tráfico externo innecesario).

Se tendrán niveles de servicio robustos y un régimen de sanciones a los proveedores, bajo un esquema de servicio flexible según demanda mediante el cual se protege al MEP del riesgo de obsolescencia tecnológica. Además, contempla un centro de seguridad (SOC) en defensa de los estudiantes que la utilicen, y un centro monitoreo (SOC) que permitirá gestionar la red de forma centralizada.

Uno de los cuestionamientos de la Contraloría es que el MEP cedió a la FOD sus responsabilidades en el proyecto. En el expediente se advierte que la FOD le indica al MEP cómo debe ser el contrato o convenio entre ambas entidades, es la que le presenta el diseño de la REB y el que elabora el cartel de la licitación y elige al proveedor de los enlaces. ¿Cuál es la posición de la FOD al respecto?

La supervisión de la implementación de la REB no es una competencia esencial del MEP, según el mandato legal definido en su Ley Orgánica. La misma Contraloría en su argumentación califica que los servicios de telecomunicaciones y de tecnologías, son servicios conexos requeridos por el MEP, por definición si esta actividad es conexa, entonces la Red Educativa no puede ser esencial.

Tal y como el MEP estableció en su recurso de revocatoria y apelación, existe abundante evidencia a disposición de la Contraloría, en donde el MEP y la FOD han estado trabajando de forma conjunta a lo largo de todo el proceso de la REB, desde que se inició con este proyecto.

[ ¿Cuándo se enredó la Red del Bicentario para conectar con banda ancha a escuelas y colegios? ]

Así consta en numerosos archivos completos que recogen la amplia y constante articulación entre ambas instancias, en todas las etapas y decisiones estratégicas del proyecto, información que ha estado a disposición de la CGR. Existe incluso un consejo interinstitucional que se encarga de la gobernanza de la REB.

Lo cierto es que el MEP y el Micitt participaron en la conceptualización inicial de la red, definieron las especificaciones para la contratación del diseño y recibieron a satisfacción dicho diseño, según las definiciones de política pública de los ministerios rectores. Incluso el MEP participó activamente en las especificaciones del cartel de licitación, su aprobación final, así como la valoración de las ofertas recibidas y recursos interpuestos ante la CGR por parte de los oferentes.

Uno de los temas planteados es si la FOD es la entidad idónea para este proyecto, toda vez que es muy distinto al del programa de informática educativa donde sí ha sido exitoso. Se cuestiona que tuvo que repetir la licitación para contratar a un operador y que en ambas ocasiones las empresas participantes cuestionaron y la Contraloría les dio la razón. ¿Cuál es la posición de la FOD al respecto?

La Fundación no está sustituyendo la labor de un operador de telecomunicaciones, sino que está colaborando con el MEP en la recepción de los centros educativos que vayan ingresando a la Red, así como administrando el contrato. Sobre esto la FOD tiene amplia experiencia en la administración de proyectos de envergadura nacional y en la administración de fondos públicos.

En las dos licitaciones de la REB, la Contraloría intervino en la resolución de los respectivos recursos de objeción al cartel y de apelación, con lo cual la Contraloría admitió la capacidad jurídica de la Fundación como órgano competente para ejecutar el proyecto de la Red Educativa. Amparados en lo que jurídicamente se denomina la teoría del acto implícito y el principio de confianza legítima.

Es importante señalar que la FOD posee la certificación de idoneidad en el manejo de fondos públicos. Adicionalmente, ha implementado sólidos esquemas de rendición de cuentas a diferentes entes del Estado y ha sido fiscalizada siempre por la CGR.

Otro aspecto importante es que los costos logrados a través de los procesos de licitación ejecutados por la FOD son altamente eficientes y le generarían ahorros millonarios al Estado, en consideración con el alcance real de la REB. Ampliamente, la prensa nacional ha difundido el eficiente uso de los recursos de la FOD y ha resaltado los excelentes precios que obtiene en la compra de equipos para la implementación del PRONIE.

Se cuestiona si la FOD deberá devolver los dineros que le ha girado el MEP en caso de que la Contraloría rechace el recurso del MEP y se mantenga la posición de que la FOD no puede seguir en el proyecto. ¿Cuál es la posición de la FOD al respecto?

Sobre este tema, se está en espera a que la CGR resuelva el recurso de revocatoria y apelación.

El Financiero Carlos Cordero

La Contraloría General de la República ordenó al Ministerio de Educación Pública (MEP) asumir directamente la Red Educativa del Bicentenario y que la Fundación Omar Dengo (FOD) suspenda cualquier actuación relacionada con este proyecto.

“Se advierte que, independientemente de las acciones que se ejecuten, el MEP deberá garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones de acuerdo con las opciones que actualmente utiliza el MEP, las cuales, según lo indicado por la Administración, permiten la conexión de 4.821 centros educativos”, indica la resolución DFOE-CAP-ORD-00001-2021 con fecha del 11 de octubre y elaborado por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría.

La Contraloría respondió también el 12 de octubre una denuncia ciudadana que cuestionaba las relaciones entre el MEP y la FOD en la que se indica que “producto de las revisiones y análisis ejecutados, se detectaron incumplimientos legales y técnicos relacionados con el traslado de competencias esenciales del MEP para el desarrollo de la citada Red a la FOD”.

Con el proyecto de la Red del Bicentenario se conectan a 2.375 centros educativos a través del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) y otras 2.139 por medio del Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie) del MEP, cuya ejecución está a cargo de la FOD y para lo cual se estableció un anexo 2 al Convenio Marco de Cooperación entre el MEP y la FOD.

La Contraloría aclaró que la orden no se refiere a las actuaciones de Fonatel, a cargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), ya que su participación fue oficializada y formalizada en una meta dispuesta en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT). El PNDT es establecido por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y por su medio se indican los proyectos de Sutel y Fonatel en brecha digital.

El pasado 6 de octubre la Contraloría anuló la adjudicación que realizó la FOD a favor de Ufinet para este proyecto. Adicionalmente la Contraloría ha advertido que varios proyectos de alfabetización de ley que se han planteado en la Asamblea Legislativa para desviar recursos de Fonatel hacia Pronie, cuya ejecución estaría a cargo de la FOD, son innecesarios.

Sutel, por su parte, comunicó el pasado 8 de octubre que a través de Fonatel ya se han conectado 41 escuelas y colegios públicos con enlaces de hasta 500 Mbps, como parte de lo que le corresponde de la Red Educativa del Bicentenario. De esos centros educativos, 18 habrían sido recibidas a satisfacción por el MEP y las restantes están en proceso de revisión.

Tres mandatos

La Contraloría ordenó al MEP “adoptar, a la brevedad posible, las medidas necesarias a efecto de retomar y asumir directamente las competencias esenciales y los deberes públicos vinculados a la Red Educativa del Bicentenario”. Asimismo, que en un plazo de 24 horas a la Fundación Omar Dengo suspenda cualquier actuación relacionada con el proyecto y otorga cinco días hábiles para entregar una certificación en la que haga constar las acciones adoptadas en cumplimiento de lo ordenado.

En la orden la Contraloría recordó las responsabilidades del MEP en el área educativa y en la contratación de los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información requeridos, para lo cual cuenta con un órgano técnico responsable, la Dirección de Informática de Gestión, que a su vez tiene una unidad (el Departamento de Adquisición Tecnológica) encargado de la actualización de equipos y comunicaciones. Además, recordó que la misma Dirección de Asuntos Jurídicos del MEP señaló en 2019 que en las adquisiciones se deben seguir las normas de contratación administrativa.

Pese a eso la Contraloría acusa una nula participación del Ministerio en la planificación, dirección, control, coordinación, establecimiento de condiciones, indicadores de desempeño y demás aspectos de definición, conducción y ejecución del proyecto de la Red del Bicentenario. “Estas actividades y responsabilidades se transfieren a la Fundación como si fuere el propio MEP”, indica la Contraloría.

El documento indica que cuando el MEP identificó la necesidad de mejorar la conectividad de los centros educativos se suscribió una carta de entendimiento con la FOD y que la FOD participa en el Consejo Asesor y el Comité Técnico del proyecto, obviando que la misma Procuraduría General de la República ha sostenido que las fundaciones son personas jurídicas privadas.

Se agrega que la FOD contrató una empresa para obtener el diseño de la Red, adoptado por el Consejo Técnico y fue designada por el MEP para el desarrollo del proyecto en diciembre de 2019. Eso quedó oficializado en el anexo 2 añadido al convenio del MEP y la FOD y en las 19 funciones ahí incluidas, que van desde la planificación hasta la confección de los carteles de licitación, pago a proveedores, supervisión de obras y servicios, y el establecimiento de planes de mejora.

La Contraloría insistió que las responsabilidades asignadas a la FOD corresponden a diferentes instancias del MEP. “El MEP, al haber asignado a la FOD responsabilidades que corresponden a sus unidades institucionales, genera un vaciamiento de las competencias dadas por el legislador e incluso el constituyente a dicho Ministerio”, dice la Contraloría.

“Si bien es el MEP quien aporta los recursos públicos para el desarrollo del proyecto, no ha sido el actor que definió los elementos básicos de la conceptualización y desarrollo de la Red”, reitera el documento. “El MEP ha transferido la función de determinar cómo satisfacer las necesidades educativas a su cargo, relacionadas con la incorporación de las tecnologías de información en un sujeto de Derecho privado”.

Más allá de lo establecido

La Contraloría también indicó que la Ley Declaración de Utilidad Pública del Programa de Informática Educativa (N° 8207) del 3 de enero de 2002 facultó al MEP a trasladar fondos a la FOD para el Pronie, pero no establece la transferencia de las competencias y deberes del MEP “dado que el ejercicio de las competencias de la Administración Pública constituyen un deber público”. “Considerar otra cosa, resultaría una lectura contraria al ordenamiento jurídico”, recalcó la Contraloría.

El documento también indica que no se realizó un análisis que motive la decisión tomada por ese Ministerio, respecto a la inclusión de la Red del Bicentenario como parte del Pronie ni un análisis de factibilidad para tener la certeza sobre la idoneidad o capacidad técnica de la FOD para la ejecución del proyecto. “El MEP además de transferir indebidamente a un sujeto privado sus competencias, tampoco acreditó que este cuenta con la capacidad técnica para el desarrollo de las actividades encargadas”, recalcó la Contraloría.

El documento indica que para la ejecución de la Red del Bicentenario la FOD requirió la contratación de personal técnico para ocupar 13 plazas para la atención exclusiva del proyecto “con cargo a los recursos públicos transferidos por el MEP” y un proceso licitatorio para adjudicar a un operador la ejecución del proyecto. De hecho, la FOD eligió en un primer concurso al consorcio del ICE-Huawei y luego a Ufinet el contrato por 7,3 millones, ambas adjudicaciones anuladas por la Contraloría.

La Contraloría también cuestionó algunas cifras de costos. En primer lugar, que el MEP aprobó una propuesta de la FOD que incorpora gastos de administración del 8,26% del monto total “sin detallarse el desglose de este rubro o definirse parámetros para su ejecución”. En segundo lugar, gastos administrativos por $4,5 millones durante la ejecución del proyecto. En tercer lugar, que en los cinco años se requeriría casi $1,2 millones para pago de remuneraciones al personal técnico.

“Lo anterior evidencia que la transferencia indebida de las competencias del MEP a la Fundación representa costos que se estiman en un total aproximado de $5,683,058 por el plazo estimado del proyecto (5 años), el cual podría incrementar, dada la posibilidad de prórroga concebida en el artículo 15 del Anexo N° 2″, indica la Contraloría.

Otro cuestionamiento es que, aunque la instalación de las conexiones no realizó nunca, desde el 1° de enero de 2020 al 31 de agosto del 2021 el MEP habría transferido más de ¢12.512 millones a la FOD para pago de personal técnico, gastos operativos, costos de conectividad e implementación de la Red.

La Contraloría insistió: “Lo anterior se realiza aun cuando el MEP cuenta con la estructura organizacional que gestiona los servicios de conectividad, tecnología e internet para los centros educativos y sus dependencias administrativas en diversas zonas del país, actualmente contratados y en operación”.

La República Johnny Castro

Unas 2.139 escuelas y colegios públicos deberán esperar más para contar con una conexión a Internet de alta velocidad, mediante el desarrollo del proyecto denominado Red Educativa del Bicentenario.

Esto después de que la Contraloría General de la República anuló por segunda vez, la adjudicación realizada por la Fundación Omar Dengo (FOD) para el desarrollo de la mitad de esta iniciativa.

El ente contralor determinó serias deficiencias en la adjudicación, especialmente en el análisis efectuado por la Fundación en proyectos aportados por los oferentes como experiencia previa, al considerar que existen ambigüedades importantes, en cuanto al tipo y cantidad de actividades que para un mismo proyecto debía ser acreditado como experiencia por cada oferente.

La Contraloría ya había anulado la adjudicación realizada a favor del Grupo ICE, lo que obligó a abrir un nuevo concurso, donde también participaron las empresas Tigo y Ufinet.

La última fue adjudicada a finales de julio anterior, pero el acto fue apelado por Tigo y el ICE.

El primer reclamo fue descartado pero el segundo fue acogido de forma parcial, por lo que obligará a reiniciar el concurso por tercera ocasión.

Esto significará un nuevo retraso en el trámite del proyecto, el cual estaba planeado para iniciar a un ritmo de 300 escuelas y colegios mensuales en agosto anterior.

La Red Educativa del Bicentenario es un proyecto de $350 millones que busca interconectar o mejorar la conexión a Internet de 4.514 escuelas y colegios públicos y tiene dos encargados de ejecutarlo: la FOD y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

La FOD tiene a su cargo 2.139 centros educativos, mientras que Sutel debe supervisar la conexión de 2.375 colegios y escuelas, donde tiene proyectado entregar 516 centros educativos al cierre de este año; el primero de los cuales fue entregado el 25 de julio en Nicoya, Guanacaste.

Los recursos para el desarrollo de la mitad del proyecto provienen del presupuesto del ministerio de Educación Pública (Mep), mientras que el resto del Fondo Nacional de las Telecomunicaciones (Fonatel).

Al respecto, Marcelo Carvajal, gerente general de la FOD, señaló que esta resolución no da por terminado el proceso de contratación, sino que solicita a la Fundación Omar Dengo valorar la etapa de adjudicación a la luz de lo contenido en

la resolución, por lo que ek proceso se encuentra activo y realizarán con prontitud la revisión de las ofertas elegibles según se solicita, para emitir un nuevo acto de adjudicación a la brevedad.