CRHOY

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a través de su marca comercial kölbi, habilitó al Banco Central de Costa Rica (BCCR) la consulta de numeración telefónica para la prevención de fraude, con el objetivo de evitar el acceso indebido a las cuentas SINPE ligadas a números de teléfonos móviles prepago retirados.

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Cinco días

Victoria judicial para Hacienda frente a Orange, a la que le reclama 35 millones de euros ―24,5 millones por la cuota dejada de ingresar y una sanción de 10,6 millones― por deducir indebidamente el impuesto sobre el valor añadido (IVA) entre los años 2014 y 2016 procedente de una trama defraudatoria.

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Capital Financiero

El impacto de los deepfakes es devastador porque expone una fragilidad que ningún firewall ni capacitación resuelven: La suposición de que la presencia humana equivale a la verdad. La Inteligencia Artificial (IA) generativa ha reducido drásticamente la barrera para crear falsificaciones audiovisuales convincentes, permitiendo que los delincuentes escalen ataques de suplantación mediante llamadas, mensajes y flujos completos de trabajo.

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Fuente: Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel)

El Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) informó que a partir del año 2026 la institución ejecutará, junto a otras entidades del Estado, una estrategia nacional orientada a enfrentar el chantaje, la extorsión digital y la difusión de noticias falsas en medios digitales y redes sociales.

El órgano regulador explicó que esta estrategia estará centrada en la educación y concientización de la ciudadanía, así como en el fortalecimiento y la actualización del marco legal, a fin de que este contribuya de manera firme, coordinada y eficaz al combate de los delitos digitales en República Dominicana.

La institución expresó que estas medidas surgen en un contexto de crecimiento preocupante de prácticas ilícitas que afectan la seguridad, la reputación y los derechos fundamentales de las personas e instituciones.

Subrayó que el conocimiento de la ley, la concientización y la educación son herramientas esenciales para proteger a la nación frente a este flagelo, y que la creación de alianzas estratégicas con instituciones clave será determinante para perseguir y erradicar la extorsión digital.

El Indotel indicó que en esta campaña participarán de manera activa el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), la Policía Nacional y el Ministerio Público, entre otras entidades del Estado.

Enfatizó la necesidad de enfrentar con rigor y determinación lo que denominó el “negocio de la extorsión”, señalando que la ciberdelincuencia recurre cada vez a mecanismos más sofisticados, como el uso de imágenes manipuladas y herramientas de inteligencia artificial.

Dijo que, por esta razón, se impulsarán iniciativas y esfuerzos interinstitucionales dirigidos a enfrentar de manera sostenida, coordinada y efectiva esta dañina e ilegal práctica.

En ese mismo orden, se informó que los esfuerzos estarán orientados a la conformación de una alianza interinstitucional sólida, que permita frenar de manera definitiva cualquier intento de arraigo de estas acciones ilícitas dentro del ecosistema digital del país.

La campaña surge ante la preocupación de que República Dominicana haya registrado la mayor cantidad de víctimas de fraude digital en el continente americano durante el segundo semestre de 2024, situación que de acuerdo al Indotel exige una respuesta contundente y responsable por parte del Estado.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) aprobó el 25 de diciembre de 2025 una norma que obliga a los operadores a dar de baja líneas y bloquear celulares vinculados a delitos en un plazo máximo de un día calendario, para frenar su uso delictivo. 

La resolución (Resol. 000134-2025-CD/OSIPTEL) ordena a las empresas ejecutar la baja del servicio y/o el bloqueo del IMEI cuando lo soliciten autoridades competentes (Ministerio del Interior, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial o INPE) y obliga a responder en un plazo máximo de un día calendario. 

El procedimiento se articula a través del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renseteg). El Osiptel traslada la orden al operador por ese mecanismo. El dispositivo o la línea deberá reactivarse en un día calendario si la entidad competente solicita la reversión dentro de los 90 días siguientes. 

Los operadores deben notificar al usuario el motivo, la fecha y los canales para formular objeciones. 

La norma refuerza y hace operable el Decreto Supremo N° 018-2025-IN, publicado el 21 de noviembre de 2025, que estableció los lineamientos para la baja temporal de servicios y el bloqueo de equipos utilizados en delitos. 

Ese decreto definió las entidades que pueden solicitar bloqueos y los mecanismos de verificación policial previos.

Desde abril de 2025, el Osiptel y el Ejecutivo han ordenado bloqueos masivos. En 2025 se han reportado más de 2.5 millones de equipos bloqueados por no figurar en la “lista blanca” del Renseteg.

Durante el estado de emergencia se registraron más de 650,000 equipos bloqueados y decenas de miles de solicitudes de suspensión por uso en extorsión y sicariato. 

La Defensoría del Pueblo ha pedido al Poder Ejecutivo medidas que garanticen los derechos de usuarios cuyos equipos fueron adquiridos en el exterior o no fueron registrados por importadores, para que no se vean afectados por el despliegue del Renseteg. 

Los operadores deberán procesar órdenes judiciales y administrativas con rapidez y sin errores. El regulador prevé sanciones por incumplimiento de plazos, falta de notificación o ausencia de reporte al Renseteg.

La norma acorta plazos y busca cerrar canales que alimentan el delito con servicios móviles. 

Prensa Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

El 7 de marzo de este año entraron en vigor las primeras medidas del Plan antiestafas del Gobierno: una Orden Ministerial que obligaba a los operadores de telecomunicaciones a bloquear determinadas comunicaciones (llamadas y SMS) con intenciones fraudulentes. Desde esa fecha y hasta el pasado 30 de noviembre, los operadores reportan haber bloqueado casi 135 millones de llamadas (134.985.321) y más de 5 millones de SMS (5.219.098).

A medida que han ido transcurriendo los meses desde la entrada en vigor de la Orden Ministerial, el número de llamadas y SMS bloqueados ha aumentado.
En agosto, cuando se hizo una primera valoración del plan, en el periodo del 7 de marzo al 31 de julio, la cifra de llamadas bloqueadas ascendía a cerca de 48 millones de llamadas (47.971.400), mientras que entre agosto y noviembre los operadores reportan 87.013.921 llamadas bloqueadas, es decir un 81% más de llamadas bloqueadas que en el periodo anterior. En cuanto a los SMS, hasta agosto se bloquearon más de 2 millones (2.212.950) frente a los 3.006.148 que se bloquearon entre agosto a noviembre, un 35% más de SMS interceptados.

“Está claro que el Plan antiestafas telefónicas y por SMS del Gobierno está funcionando”, ha asegurado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien también ha recordado que “aún falta una última medida que por su complejidad técnica se pondrá en marcha en 2026, y tendrá un impacto sustancial en los SMS fraudulentos que recibe la ciudadanía”.
Esta medida es la creación de una base de datos oficial con los códigos alfanuméricos que utilizan las empresas y las administraciones públicas como identificadores en los SMS. La base de datos será gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y permitirá registrar y verificar dichos identificadores.
Así se garantizará la autenticidad de las comunicaciones, se protegerá la identidad de las entidades legítimas, y se facilitará la detección y bloqueo de intentos de suplantación. La medida es muy importante porque muchos intentos de fraude por SMS simulan provenir de una entidad legítima, como una empresa de transporte o una entidad bancaria, para obtener información o ejecutar un programa dañino.

Medidas en vigor

El Plan del Gobierno entró en vigor el 7 de marzo. Desde esa fecha los operadores tienen la obligación de bloquear numeraciones que no están atribuidas a ningún usuario ni servicio, por ejemplo, los números que comienzan por 3 o por 4.

Posteriormente, desde el 7 de junio los operadores también están bloqueando las llamadas y SMS que son de origen internacional (excepto aquellos números que están en roaming), pero que simulan haber sido originadas en un número español para engañar al ciudadano, una de las prácticas más comunes en los intentos de fraude telefónico.

Llamadas comerciales

Además, el Plan prohíbe que se realicen llamadas comerciales y de atención al cliente desde números móviles, ya que una parte importante de las estafas se producían cuando el ciudadano recibía llamadas procedentes de móviles nacionales que no tiene guardados en su agenda, por lo que no puede identificar al llamante.

Ahora las llamadas comerciales y de atención al cliente solo se pueden realizar con numeración geográfica, numeración atribuida específicamente para comunicaciones comerciales o desde números 800 y 900. Estas numeraciones ya no están restringidas exclusivamente a la recepción de llamadas, permitiendo también que puedan emitirlas.

Además, en la Ley de Servicios de Atención al Cliente, que se somete hoy a la votación en el Congreso para su aprobación definitiva, se ha incorporado una medida más: la atribución de una numeración específica para las llamadas comerciales que se pondrá en marcha en un periodo de unos seis meses. A partir de esa fecha, las llamadas comerciales cuyo objetivo es captar nuevos clientes (telemarketing) solo podrán usar el nuevo rango numérico que se establezca para ello.

La Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones resuelve dudas sobre los derechos de los usuarios y permite presentar reclamaciones, por ejemplo, en el caso de que un ciudadano siga recibiendo llamadas comerciales desde numeración móvil.

Fuente: Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales del Osiptel

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó a la ciudadanía que pueden usar la herramienta digital Checa tus líneas, para verificar de manera sencilla cuántas líneas móviles están registradas bajo su nombre y evitar la suplantación de identidad.

Para utilizar la herramienta, los usuarios deben entrar al sitio web (https://checatuslineas.osiptel.gob.pe), seleccionar el tipo de documento con el que desean hacer la consulta (DNI, carné de extranjería, pasaporte, RUC, entre otros) e ingresar el número que corresponda.

Tras hacer un clic en “Consultar”, mostrará tres columnas: la modalidad de contrato (prepago, pospago o control), los números móviles a nombre del usuario (con los últimos cuatro dígitos ocultos) y el nombre de la operadora.

Si el usuario detecta líneas móviles que no reconoce, puede presentar un reclamo por contratación no solicitada a la empresa a través de sus canales de atención establecidos por la operadora (teléfono, página web o de forma presencial). La empresa operadora tiene un plazo de 20 días hábiles para responder y deberá notificar al usuario dentro de los 5 días hábiles siguientes, según lo haya solicitado al momento de reclamar, a su correo electrónico o a la dirección física.

Además, la plataforma de Checa tus líneas, cuenta con un formulario en el cual el usuario puede reportar los inconvenientes que tiene con las líneas que figuran registradas a su nombre. El OSIPTEL recibirá la información y orientará al ciudadano sobre los pasos a seguir para resolver la situación.

En caso desee hacer alguna consulta o presente un problema con la prestación de sus servicios de telefonía fija o móvil, TV cable o internet, puede llamar al OSIPTEL través de su FonoAyuda 1844 gratuito, o escribir al correo electrónico usuarios@osiptel.gob.pe. También tiene la opción de acudir a sus oficinas desplegadas en distintos puntos de los departamentos y algunos distritos de Lima y Callao.

El Observador

En dos décadas, el escenario de la seguridad digital cambió de manera radical. “Antes, la principal preocupación de un usuario particular era que un virus borrara sus archivos; hoy la amenaza puede ser una estafa millonaria a través de un mensaje de WhatsApp”, advierte José Luis López, director ejecutivo de Videosoft, distribuidor exclusivo de ESET en Uruguay desde 2004.

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El Tiempo

La empresa tecnológica Truecaller, especializada en identificación de llamadas y bloqueo de spam, anunció el lanzamiento de su Plan Familiar en Colombia. Este servicio permite compartir una suscripción premium con hasta cuatro personas adicionales, ofreciendo herramientas avanzadas de protección contra el fraude telefónico.

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Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

Con el firme propósito de proteger a los peruanos frente a delitos como la extorsión, el fraude y otras prácticas ilícitas realizadas mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha puesto a disposición de la ciudadanía el proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Marco Normativo para la lucha contra llamadas y mensajes con fines ilícitos.

Esta propuesta normativa establece un conjunto de medidas preventivas y reactivas que permitirán identificar, rastrear y bloquear comunicaciones sospechosas. Además, plantea una regulación estricta sobre el uso de la numeración telefónica, garantizando que las llamadas con fines promocionales o de telemercadeo sean trazables, verificables y transparentes, reforzando así la confianza del ciudadano en los servicios de telecomunicaciones.

Entre las principales disposiciones, se establece que los operadores deberán verificar la autenticidad del número llamante, medida clave para evitar el uso indebido de líneas telefónicas con fines delictivos. Asimismo, se les exige habilitar canales de atención accesibles y visibles en sus plataformas digitales, donde los usuarios puedan reportar comunicaciones sospechosas, recibir orientación y conocer cómo bloquear llamadas o mensajes no deseados.

El proyecto también incluye mecanismos de fiscalización y sanción para asegurar el cumplimiento estricto por parte de los operadores, reafirmando el compromiso del MTC con la defensa del usuario y la seguridad digital en el país.

El MTC invita a la ciudadanía, así como a entidades públicas y privadas, a revisar la propuesta publicada en el diario oficial El Peruano mediante la Resolución Ministerial N° 344-2025-MTC/01.03.

Los aportes y comentarios podrán enviarse hasta el 20 de junio de 2025 a través de la Mesa de Partes del MTC fìsica (Jirón Zorritos N.º 1203, Lima), Virtual (https://mpv.mtc.gob.pe) o al correo electrónico info.dgprc@mtc.gob.pe.

Con esta iniciativa, el MTC reafirma su compromiso con un entorno digital más seguro, confiable y libre de amenazas, en beneficio de todos los peruanos.