Tras la disolución de múltiples fondos fiduciarios, el Ministerio de Economía de Argentina dispuso que los activos de estos instrumentos serán transferidos al Tesoro.

La dependencia emitió una resolución mediante la cual reglamenta cómo se liquidarán los fondos fiduciarios públicos disueltos, y detalla pasos jurídicos, administrativos y financieros.

A través de la Resolución 1085/2025, el gobierno estableció una transición ordenada entre la disolución de los fideicomisos y la reintegración de sus bienes y obligaciones al Estado Nacional.

Particularmente, el artículo 4 del anexo de dicha resolución señala que los activos de los fondos fiduciarios disueltos serán transferidos al Tesoro Nacional.

“Las sumas líquidas, tenencias en títulos públicos y otros activos financieros representativos de inversiones de los fondos fiduciarios disueltos se considerarán de libre disponibilidad para el Tesoro Nacional”, dice el documento.

Te puede interesar: Fondo de Servicio Universal en Argentina: nueva resolución y más dudas en la industria

Además, se indica que estos activos deben ser transferidos a las cuentas que indique la Tesorería General de la Nación antes de firmar el acta de transferencia correspondiente.

No obstante, el documento aclara que las acciones y otras acreencias no comprendidas en ese grupo serán destinadas según disponga la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial.
De acuerdo con el Ministerio de Economía, estas reglas buscan garantizar la transparencia y responsabilidad patrimonial de los fondos.

En ese sentido, se define un proceso posdisolutorio, una fase de transición diseñada para ordenar el cierre administrativo y legal de un fondo fiduciario disuelto, garantizando que se cumplan los compromisos pendientes y se preparen los activos para su traspaso al Estado. Este es un paso clave para que la liquidación posterior pueda realizarse correctamente.

Los problemas del FFSU, según el gobierno

Aunque la resolución establece medidas para la liquidación de los fondos fiduciarios, estas no aplican para el Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU).

En marzo de este año, el gobierno emitió la Resolución 241/2025, que exceptúa al FFSU en particular del artículo 4 del anexo antes mencionado, lo que significa que sus activos no irán al Tesoro. Aun así, este fondo permanece disuelto y en liquidación.

El Fondo Fiduciario de Servicio Universal es uno de los varios fondos que el gobierno ha disuelto durante los últimos meses, en el marco de un proceso de revisión y saneamiento de los recursos públicos.

También lee: Fondos de servicio universal: en desuso, con fallas o la caja chica de América Latina

Según el gobierno nacional, la gestión del FFSU tenía múltiples deficiencias; entre ellas, la falta de un plan estratégico para direccionar inversiones acordes a los objetivos; la ejecución de programas sin prórroga formal y proyectos aprobados sin cumplir requisitos claros; así como pérdidas de poder adquisitivo en las inversiones.

Por esa razón, el gobierno concluyó que el FFSU no cumplió con su finalidad y que su disolución permitiría mejorar la administración de los recursos públicos asignados al acceso universal de tecnologías, asegurando mayor transparencia y eficiencia. 

El FFSU se nutría de aportes de las empresas licenciatarias de servicios de telecomunicaciones. Aunque se disolvió en enero, las compañías han continuado pagando sus respectivas aportaciones.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de Argentina publicó en el Boletín Oficial el llamado Plan Nacional de Infraestructura Critica de Comunicaciones, donde incluye los lineamientos de distintos programas de Servicio Universal que abarcan fondos concursables para redes de acceso móvil en áreas sin cobertura, el desarrollo de una red mayorista neutral, y financiamiento a tasa subsidiada para los proveedores de servicio TIC. Para llevar a cabo el plan se aplicarán los recursos provenientes del ex Fondo Fiduciario de Servicio Universal, que recientemente la administración de Javier Milei disolvió, pero mantuvo la obligación de que las empresas aporten el 1 por ciento de los ingresos.

El plan deja más dudas que certezas cuando menciona el desarrollo de una red mayorista neutral, pues no precisa si es una nueva red o se trata exclusivamente de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) de Arsat. La iniciativa prevé adaptar la infraestructura de fibra óptica tendida para facilitar la distribución y transmisión del tráfico de Servicios de Comunicaciones Móviles; fomentar el despliegue de la Refefo con nuevos puntos de acceso, desplegar “redes de última milla” (que no se detalla si las realizará Arsat o los privados) y “desplegar una red mayorista neutral para ser utilizada por los operadores móviles actuales” aunque no determina si es a través de espectro radioeléctrico.

La buena noticia para la industria es la mejora de las condiciones de financiamiento y apoyo a los proveedores. En este punto, se utilizarían los fondos para promover la actualización de la infraestructura instalada y desarrollar redes en zonas sin cobertura; prevé el otorgamiento de créditos a tasa subsidiada a micro, pequeñas y medianas empresas, empresas con participación de los estados provinciales, y cooperativas prestadoras de servicios TIC. Esta era una de las demandas de los operadores más pequeños.

En los programas de redes de acceso móvil en áreas sin cobertura, destinado principalmente a los grandes operadores móviles, se busca fomentar el despliegue de las redes 4G y 5G en zonas desatendidas, y propiciar el despliegue de redes de distribución o acceso en zonas donde se requiera la adopción de soluciones técnicas de difícil ejecución. Para eso, se destinarán fondos otorgados mediante concursos de asignación. Sobre este punto, el plan señala que la infraestructura pasiva y activa construida en el marco de estos programas “será de uso compartido obligatorio” (RAN sharing).

Además, determina que, para garantizar la eficiencia y el impacto de las inversiones, “se deberá establecer en cada uno de los programas mecanismos de supervisión y control adecuados y métricas que permitirán evaluar la efectividad”, atendiendo la necesidad de mejora de la fiscalización del uso del fondo de servicio universal.

Para la metodología de asignación de recursos, los programas de Servicio Universal “podrán prever la ejecución en un modelo hibrido público-privado donde el Enacom y los operadores podrán coparticipar en el financiamiento del despliegue”.

Objetivos del Plan

El plan busca acelerar el acceso a los servicios de tecnología de la información y las comunicaciones de tipo fijo y móvil; incrementar la cobertura a nivel poblacional y geográfico para disponer de acceso a servicios de banda ancha fija y móvil de última generación en manos de los consumidores, hogares y servicios esenciales de salud, educación y seguridad, como así también, cubrir y satisfacer las futuras demandas de capacidades necesarias para desarrollos de Inteligencia Artificial y centros regionales de datos, distribuidos en el país.

Entre otros objetivos se encuentran:

• Facilitar el acceso a los servicios TIC en rutas, parques, plazas, edificios públicos, bibliotecas, centros sanitarios y museos de los municipios a instituciones públicas o privadas, que brindan servicios de carácter social.
• Renovar y ampliar las redes de última milla, facilitando la interconexión a redes de servicio mayorista y el despliegue de infraestructura de conectividad, por parte de operadores pyme/cooperativas.

Pasan los días y la confusión crece en torno a la disolución del Fondo Fiduciario de Servicio Universal en Argentina. El Gobierno determinó el cese del Fondo pero no del aporte (del 1% de los ingresos) que deben hacer los operadores —tampoco de la política pública—, lo que abrió la polémica sobre si las obligaciones siguen corriendo o no para los prestadores de servicio. Una nueva resolución y más incertidumbre.

Distintas fuentes consultadas por DPL News hicieron énfasis en que el fin del Fondo determina, técnicamente, el fin de los aportes. Es que aunque el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) señaló que se trata de un cambio de administración de los fondos, eso parece no estar tan claro “en los papeles”, lo que incluso podría abrir una puja en el plano judicial. ¿Enacom sigue teniendo autoridad sobre qué ocurre con un Fondo que fue disuelto?

Enacom ratifica su decisión

El artículo quinto de la Ley de Bases autoriza al Poder Ejecutivo a modificar, transformar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos, y su inciso C agrega que si el fondo fuera financiado por una asignación específica de aportes, tanto la asignación como los aportes se considerarán eliminados. En esto se basó Movistar para efectuar una presentación concluyendo que “no le correspondía efectuar los pagos de los aportes del Servicio Universal” a partir de su liquidación.

La compañía fue por más al señalar que, siempre según la nueva resolución del Enacom, tampoco le corresponde su constitución en mora por falta de pago de dichos aportes ni la generación de interés alguno.

El regulador se respaldó en una respuesta del Ministerio de Economía, al que pidió intervención sobre el tema, para insistir en que “a los fines de asegurar la política pública de garantizar el acceso al Servicio Universal, que en los términos del DECTO-2025-6-APN-PTE permanece vigente, los licenciatarios de servicios TIC deberán continuar realizando el aporte según la forma y mecanismo utilizados al presente”.

En su intervención, la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía señaló que “resulta clara la subsistencia de la obligación de realizar aportes” y agregó que “la falta de pago de dichos aportes podría dar lugar a una situación de mora”. Esto tomando también como argumento que el artículo 7 del decreto de disolución del Fondo deja claro que las obligaciones continúan vigente”.

Aunque para el Enacom la decisión 6/2025 fue informada como un cambio prácticamente de formas, afín a hacer más transparente y eficiente la gestión de los recursos, la determinación no está tan clara para los actores involucrados, que analiza los pasos a seguir. ¿Se termina el FFSU? ¿Habrá marcha atrás del gobierno o se creará un nuevo Fondo, con otro nombre y distintas características? Las próximas semanas traerán respuestas para el tema; eso espera la industria.

El gobierno argentino disolvió el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, la herramienta con la que se administraban los recursos que resultan del aporte de los operadores para garantizar el cierre de brecha digital. Las empresas mantendrán la obligación de contribuir con el 1 por ciento de sus ingresos.

Se buscará una forma de administración más transparente y eficiente, señalaron fuentes oficiales a DPL News. Los prestadores tendrán que seguir haciendo el aporte como hasta ahora; próximamente el Ministerio de Economía y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) establecerán el nuevo procedimiento.

Hace poco menos de un año, la administración de Javier Milei intervino el regulador sectorial. Uno de los puntos revisados fue el manejo y destino del Servicio Universal al detectarse, en boca de las nuevas autoridades, “fuertes anomalías”, subejecución y recursos usados en sitios no prioritarios. Además, se informó que no había ningún mecanismo de medición y que el costo por hogar de los adjudicatarios multiplicó por 5 o 6 los costos habituales de la industria en algunos casos.

La decisión fue publicada este lunes 6 de enero en el Boletín Oficial. El gobierno determinó, en concreto, la eliminación del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, creado por el artículo 21 de la ley Argentina Digital. “Se ha puesto de manifiesto la existencia de casos de proyectos aprobados, como beneficiarios del Fondo, donde no se pudo fundamentar dicha condición, en tanto de las actuaciones no surge con claridad el cumplimiento de los requisitos establecidos normativamente para su inclusión en los beneficios”, fundamentó.

En el mismo decreto, el gobierno disolvió el fideicomiso Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf) y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. En todos los casos, las medidas corren desde su publicación en el Boletín Oficial.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de Argentina abrirá la convocatoria para que los prestadores de servicios TIC participen en el “Programa para el Desarrollo de Infraestructura de Internet en Pequeñas Localidades Rurales Indígenas”.

La convocatoria se abrirá el 1 de agosto y estará disponible por un plazo de 30 días. Para el programa se destinarán mil millones de pesos (7.6 millones de dólares) del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) para promover la independencia tecnológica y productiva en zonas rurales de baja densidad en general y comunidades campesino-indígenas desatendidas.

El programa fue elaborado por la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo del Enacom con la finalidad de promover el derecho a la comunicación y a las telecomunicaciones, mediante el acceso a las TIC.

El Ente detalló que logrará este objetivo a través de la entrega de gabinetes integrales TIC a las comunidades elegidas que no posean conocimientos tecnológicos ni respecto al mantenimiento.

Los espacios estarán equipados con computadoras de escritorio con el sistema operativo y software de ofimática, un sistema de captura y producción de audio profesional para ser conectado a las PC, un sistema de proyección de video HD y un sistema de proyección de audio y video.

Las comunidades beneficiarias del programa serán las de hasta 2 mil habitantes inscritas en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF), en el Registro Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar (RENOAF), así como las comunidades originarias inscritas en el Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas (RENOPI) y el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI).

La cooperativa FG Conexiones avanza en su proyecto para dotar de fibra óptica a 24 barrios populares de la ciudad de Posadas, en Misiones. La propuesta hace uso de recursos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) de Argentina y es parte del programa de desarrollo de infraestructura de Internet en barrios populares que ganó peso en el contexto de pandemia.

Se alcanzarán unos 5 mil hogares, de los cuales mil 700 todavía no contaban con servicios. El inicio de obras corresponde al primer desembolso del total de 147.2 millones de pesos (1.2 millones de dólares) que recibirá la cooperativa para cumplir su objetivo, según el plan aprobado previamente por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

La obra se llevará adelante en los siguientes barrios: Chacra 252, Chacra 248, Chacra 239, Chacra 96, Ciudad Nueva, La Chacra 101, La Chacra 142, Itaberá, Chacra 143 Barrio Santa Rita, 8 de Diciembre Chacra 141, Treinta de Octubre, Chacra 120, 112 Yohaza, Villa de la Chacra 127, Chacra 158, Chacra 159, Chacra 159, Villa de la Chacra 201, Chacra 190 del Barrio Laurel, El Mangal, El Mangal I, La Guayabira, La Chacra 187 y Chacra 181.

La Asociación Mutual Carlos Mugica anunció que brindará conectividad a través de fibra óptica en 24 sitios de la ciudad de Córdoba, en la provincia homónima de Argentina. Para la iniciativa se usarán recursos del Programa de Conectividad en Barrios Populares del Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU). El proyecto se gestó en la pandemia y fue aprobado por el Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom) en diciembre pasado.

En total, la entidad recibirá 108 millones de pesos (966 mil dólares) para el proyecto, que beneficiará potencialmente a 6 mil 469 ciudadanos. Para junio se estarán prestando servicios a nueve de los barrios, prometió. “Hoy se están desplegando obras en 424 barrios populares de todo el país, lo equivalente al 10 por ciento de las villas y asentamientos registrados”, dijo Natalia Vinelli, a cargo de la Subdirección de Proyectos Especiales.

La obra alcanzará a los barrios de Villa Martínez, Las Violetas, Villa La Tela, Barrio San Alberto, Residencia San Roque, El Tropezón, La Toma, El Pueblito, El Sauce, Villa Unión, Joven Amanecer, Villa Mafekin, Felipe Varela, Barrio Comercial, Comunidad Marta Juana Gonzales, Cooperativa Los Manantiales, Barrio Angelelli, Angelelli 2, El Milagro, 12 de Septiembre, Villa Rivadavia Anexo A, La Canchita, 12 de Julio y Nueva Esperanza.

El Programa para Internet en barrios populares consiste en promover el despliegue de redes para garantizar el acceso a las TIC de habitantes de asentamientos. Los proveedores que participan y resultan adjudicatarios reciben el 100 por ciento de financiación. Los recursos públicos pueden servir para gastos de mano de obra, equipamiento, software, insumos, bienes y remuneraciones por servicio para el despliegue y costo de mantenimiento.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) presentó el Programa de Conectividad para el Servicio Penitenciario Federal, por el que se buscará implementar proyectos de conectividad a cárceles federales de Argentina. Para lograrlo, se usarán mil millones de pesos (9.7 millones de dólares) del Fondo Fiduciario del Servicio Universal.

El programa presenta cinco finalidades específicas, bajo el objetivo final de reducción de la brecha digital en todos sus variantes:

1. Dotar de conectividad a los establecimientos pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que no cuenten con esta herramienta o sea insuficiente.

2. Mejorar las condiciones de conectividad de los establecimientos para un mejor desarrollo de las funciones.

3. Fortalecer la conectividad entre los distintos establecimientos en orden a la integridad de sus componentes.

4. Incrementar la calidad de las distintas prestaciones que el SPF desarrolla a través del equipamiento necesario para plataformas educativas, sistemas para el desarrollo de audiencias y otras medidas o requerimientos judiciales.

5. Promover el acceso a servicios TIC y favorecer procesos de conectividad de los internos.

En los objetivos específicos queda claro que la medida apunta a los establecimientos y su capacidad de conectividad como al acceso a servicios por parte de reos. Este último punto, la conectividad de personas privadas de su libertad, fue un tema de debate en distintas latitudes de América Latina que incorporaron bloqueos de señales en centros penitenciarios. Hubo quejas por privación de derechos, además de cuestiones técnicas como la afectación del servicio a viviendas linderas.

En el anexo, se agrega que el programa se ejecutará por un plazo no menor a dos años y a través de proyectos, que deberán estar destinados a proveer “adecuada conectividad y/o provisión y actualización de equipamiento y/o plantel de conectividad dentro de los centros especificados”, y se generarán en acuerdo con el Enacom y los establecimientos. Su ejecución, en tanto, se revisará a través de auditorias.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) dio detalles del programa Clubes en Red, por el que dará conectividad a 4 mil 930 espacios culturales, deportivos y de esparcimiento con uso del Fondo Fiduciario de Servicio Universal de Argentina. Se destinarán a esta iniciativa un total de 750 millones de pesos (7.4 millones de dólares).

Para cada proyecto aprobado se financiará el total de la obra con un máximo de 10 millones de pesos (99 mil dólares) por unidad. Los recursos podrán usarse para infraestructura activa y pasiva, materiales de instalación, infraestructura complementaria y servicios profesionales. En una primera instancia, los adjudicatarios recibirán un adelanto equivalente al 30 por ciento del proyecto.

El programa propiciará la instalación o actualización de infraestructura para el acceso a Internet en clubes, que deberán estar inscritos en el registro nacional de clubes de barrio y de pueblo, dependiente del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. Según el regulador, el proyecto tiene el potencial de beneficiar a cerca de 1.5 millones de niños y niñas del país.

Tras una nueva reunión del Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de Argentina, se aprobó el destino de 479.3 millones de pesos (4.5 millones de dólares) del Fondo Fiduciario del Servicio Universal para distintos programas de conectividad en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Misiones y San Juan. También se ampliaron montos ejecutables por proyecto.

Son 11 los beneficiados a través de cuatro proyectos en marcha por parte del regulador: el Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet Destinado a Villas y Asentamientos Inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap), el de Acceso a Internet para Instituciones Públicas, el Programa Conectividad y el Programa de Acceso a Conectividad para Instituciones Públicas.

En la misma reunión se determinó la actualización de los montos destinados a los diversos programas para “lograr satisfacer las urgencias en materia de conectividad de cada ámbito”, dijo el Enacom y añadió que la acción es consecuencia del “incremento de costos para el despliegue” y la demanda por “apoyo estatal que requiere el sector”.

En concreto, se amplió 50 por ciento el aporte no reembolsable (ANR) máximo por localidad e igual porcentaje de aumento se fijó como máximo para empresas con participación del Estado. En tanto, el cambio fue de 25 por ciento para proyectos que involucran a instituciones públicas y hasta de 50 por ciento para propuestas a favor de barrios populares. El máximo para proyectos de pequeños licenciatarios ahora es de 7 millones de pesos (70 mil 775 dólares), un 40 por ciento más.

En paralelo, se sancionó  el reglamento particular para la convocatoria en relación al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, que tiene como foco el apoyo y fomento de la gestión de medios radiofónicos y audiovisuales, y se abrieron concursos para la adjudicación de licencias FM en Catamarca, Chubut, Mendoza, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán.